Tal y como recoge la última memoria anual publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en 2022 se han impuesto 283 sanciones por un importe total cercano a los 23 millones de euros. Las cifras confirman la escalada sancionadora en esta materia desde 2018, año en que entró en vigor el nuevo Reglamento.
Entre las sanciones más altas se encuentra la de 10 millones impuesta a Google por no gestionar de forma
adecuada las solicitudes de derecho al olvido. La tendencia sancionadora en los países europeos también es al alza, especialmente en Irlanda o Luxemburgo donde se encuentran las sedes de grandes empresas.
Tal y como recoge la última memoria anual publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en 2022 se han impuesto 283 sanciones por un importe total cercano a los 23 millones de euros. Las cifras confirman la escalada sancionadora en esta materia desde 2018, año en que entró en vigor el nuevo Reglamento.
Entre las sanciones más altas se encuentra la de 10 millones impuesta a Google por no gestionar de forma
adecuada las solicitudes de derecho al olvido. La tendencia sancionadora en los países europeos también es al alza, especialmente en Irlanda o Luxemburgo donde se encuentran las sedes de grandes empresas.
Tal y como recoge la última memoria anual publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en 2022 se han impuesto 283 sanciones por un importe total cercano a los 23 millones de euros. Las cifras confirman la escalada sancionadora en esta materia desde 2018, año en que entró en vigor el nuevo Reglamento.
Entre las sanciones más altas se encuentra la de 10 millones impuesta a Google por no gestionar de forma
adecuada las solicitudes de derecho al olvido. La tendencia sancionadora en los países europeos también es al alza, especialmente en Irlanda o Luxemburgo donde se encuentran las sedes de grandes empresas.