Dicha normativa, que podría tomar la forma de un Decreto ley, busca otorgar al Ejecutivo la potestad para mantener abierta la frontera española a los viajeros británicos sin necesidad de visado, además de autorizar los vuelos entre los dos países y evitar que los 750.000 ciudadanos de Reino Unido que residen en España se vean en situación irregular y sin acceso a la Sanidad pública. Los expertos jurídicos del Gobierno están analizando a fondo los detalles de la ley, ya que hay ámbitos donde España deberá seguir la legislación comunitaria. Podría ser el caso del intercambio de productos agrícolas e industriales. En otros terrenos, señalan fuentes gubernamentales, existe una «zona gris» en el reparto de competencias entre Madrid y Bruselas.
FUENTE: SINTESIS DIARIA
Dicha normativa, que podría tomar la forma de un Decreto ley, busca otorgar al Ejecutivo la potestad para mantener abierta la frontera española a los viajeros británicos sin necesidad de visado, además de autorizar los vuelos entre los dos países y evitar que los 750.000 ciudadanos de Reino Unido que residen en España se vean en situación irregular y sin acceso a la Sanidad pública. Los expertos jurídicos del Gobierno están analizando a fondo los detalles de la ley, ya que hay ámbitos donde España deberá seguir la legislación comunitaria. Podría ser el caso del intercambio de productos agrícolas e industriales. En otros terrenos, señalan fuentes gubernamentales, existe una «zona gris» en el reparto de competencias entre Madrid y Bruselas.
FUENTE: SINTESIS DIARIA
Dicha normativa, que podría tomar la forma de un Decreto ley, busca otorgar al Ejecutivo la potestad para mantener abierta la frontera española a los viajeros británicos sin necesidad de visado, además de autorizar los vuelos entre los dos países y evitar que los 750.000 ciudadanos de Reino Unido que residen en España se vean en situación irregular y sin acceso a la Sanidad pública. Los expertos jurídicos del Gobierno están analizando a fondo los detalles de la ley, ya que hay ámbitos donde España deberá seguir la legislación comunitaria. Podría ser el caso del intercambio de productos agrícolas e industriales. En otros terrenos, señalan fuentes gubernamentales, existe una «zona gris» en el reparto de competencias entre Madrid y Bruselas.
FUENTE: SINTESIS DIARIA