El día 4 de marzo de 2022, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Con el referido texto, el Ejecutivo acata el compromiso de transposición, aunque con demora, de la Directiva Europea 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, más conocida como Directiva “Whistleblowing”.
La finalidad principal del Anteproyecto de Ley, tal y como indica su exposición de motivos, es proteger de manera efectiva y adecuada a todas aquellas personas -ya formen parte de la administración pública como del sector privado- que comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión Europea como del Derecho nacional.
Por lo tanto, el espíritu de la norma es evitar que las personas físicas que colaboren informando de presuntas infracciones, irregularidades y/o conductas ilegales puedan sufrir represalias dentro de su ámbito laboral.
La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva “Whistleblowing” se augura que tendrá un impacto directo y claro en el sector privado, toda vez que aquellas compañías que cuenten con 50 o más trabajadores o generen un volumen de negocio igual o superior a diez millones de euros tendrán la obligación de disponer de canales internos de información y de destinar recursos para la gestión y tramitación de las comunicaciones.
Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
Sin perjuicio de que el Anteproyecto de Ley está aprobado por el Consejo de Ministros, el contenido de la futura ley podría diferir del Anteproyecto, ya que el mismo está sujeto a las enmiendas que puedan presentar el resto de grupos parlamentarios.
El día 4 de marzo de 2022, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Con el referido texto, el Ejecutivo acata el compromiso de transposición, aunque con demora, de la Directiva Europea 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, más conocida como Directiva “Whistleblowing”.
La finalidad principal del Anteproyecto de Ley, tal y como indica su exposición de motivos, es proteger de manera efectiva y adecuada a todas aquellas personas -ya formen parte de la administración pública como del sector privado- que comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión Europea como del Derecho nacional.
Por lo tanto, el espíritu de la norma es evitar que las personas físicas que colaboren informando de presuntas infracciones, irregularidades y/o conductas ilegales puedan sufrir represalias dentro de su ámbito laboral.
La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva “Whistleblowing” se augura que tendrá un impacto directo y claro en el sector privado, toda vez que aquellas compañías que cuenten con 50 o más trabajadores o generen un volumen de negocio igual o superior a diez millones de euros tendrán la obligación de disponer de canales internos de información y de destinar recursos para la gestión y tramitación de las comunicaciones.
Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
Sin perjuicio de que el Anteproyecto de Ley está aprobado por el Consejo de Ministros, el contenido de la futura ley podría diferir del Anteproyecto, ya que el mismo está sujeto a las enmiendas que puedan presentar el resto de grupos parlamentarios.
El día 4 de marzo de 2022, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Con el referido texto, el Ejecutivo acata el compromiso de transposición, aunque con demora, de la Directiva Europea 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, más conocida como Directiva “Whistleblowing”.
La finalidad principal del Anteproyecto de Ley, tal y como indica su exposición de motivos, es proteger de manera efectiva y adecuada a todas aquellas personas -ya formen parte de la administración pública como del sector privado- que comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión Europea como del Derecho nacional.
Por lo tanto, el espíritu de la norma es evitar que las personas físicas que colaboren informando de presuntas infracciones, irregularidades y/o conductas ilegales puedan sufrir represalias dentro de su ámbito laboral.
La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva “Whistleblowing” se augura que tendrá un impacto directo y claro en el sector privado, toda vez que aquellas compañías que cuenten con 50 o más trabajadores o generen un volumen de negocio igual o superior a diez millones de euros tendrán la obligación de disponer de canales internos de información y de destinar recursos para la gestión y tramitación de las comunicaciones.
Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
Sin perjuicio de que el Anteproyecto de Ley está aprobado por el Consejo de Ministros, el contenido de la futura ley podría diferir del Anteproyecto, ya que el mismo está sujeto a las enmiendas que puedan presentar el resto de grupos parlamentarios.