Hacienda ha elevado de 30.000 a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias. Este cambio ha entrado en vigor el 15 de abril, sin efectos retroactivos.

El pasado 4 de abril el Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Justicia, aprobó el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

La citada norma tiene como propósito desarrollar en un texto legal el derecho fundamental de defensa recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Sin duda, se trata de una novedad legislativa pionera que ha tenido una gran acogida y recibimiento ya que, tal y como ha destacado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en términos de política legislativa comparada, hasta el momento en ningún Estado miembro de la Unión Europea existe una ley integral de defensa.

Todavía en tramitación parlamentaria, la norma reconoce de forma expresa el derecho de defensa como un derecho fundamental indisponible que se manifiesta como garantía de los derechos y libertades y del Estado de Derecho. Asimismo, la norma desarrolla los cinco pilares básicos sobre los que se sustenta el mencionado derecho: i) el libre acceso a los tribunales de Justicia; ii) el derecho de defensa en las causas penales; iii) la salvaguarda del principio de igualdad de las partes en el proceso mediante el marco procesal adecuado; iv) la utilización de los medios electrónicos en la actividad de los tribunales y de la Administración de Justicia, y v) el derecho de defensa ante las Administraciones Públicas.

El 13 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La citada norma obliga, entre otras entidades y organizaciones, a las empresas con 50 o más trabajadores a disponer e implementar un sistema de gestión interna de comunicaciones confidencial, seguro e independiente dentro de la compañía para que los empleados, autónomos, y demás personas indicadas en dicha norma puedan denunciar infracciones administrativas, penales y/o del Derecho de la Unión Europea que descubran en la empresa.

Las compañías con 249 trabajadores o menos deberán habilitarlo entre el 13 de marzo y el 1 de diciembre de 2023. El resto de las empresas, administraciones y organismos obligados dispondrán de tres meses desde la entrada en vigor de la ley para la implantación efectiva del sistema de gestión interna de comunicaciones.

Los sujetos obligados que no dispongan del canal de denuncias interno o que no lo adapten y ajusten, para dar cumplimiento a los nuevos requisitos previstos en la ley, se arriesgan a ser sancionados con graves multas que pueden alcanzar, para las personas jurídicas, el millón de euros.

La Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado respecto a la obligatoriedad por parte de las aerolíneas de rectificar de manera totalmente gratuita el nombre en los billetes de avión de aquellos pasajeros que así lo soliciten.

Pese a que cobrar un extra a los pasajeros por la rectificación de sus datos personales erróneos o inexactos en un billete de avión e incluso, negarse a rectificarlos y obligar al pasajero a comprar otro billete, ha sido una práctica muy habitual por parte de muchas aerolíneas y agencias de viajes, la autoridad de control ha determinado que dicha práctica incumple con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos.

En definitiva, la solicitud de la corrección de aquellos datos personales inexactos, como el nombre o apellidos, constituye el ejercicio del derecho de rectificación que puede ejercer cualquier interesado, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos.

El ejercicio del derecho de rectificación debe gestionarse de forma gratuita, sin dilación indebida y en el plazo máximo de un mes, siempre y cuando la solicitud por parte del interesado no sea manifiestamente infundada o excesiva, en cuyo caso el responsable del tratamiento podría cobrar un canon proporcional por los costes administrativos soportados e incluso, negarse a actuar.

A partir del 1 de octubre de 2023 las empresas tendrán que dar de alta en la Seguridad Social a todos los becarios, perciban o no remuneración. Por lo tanto, las prácticas formativas o prácticas académicas externas (incluidas las realizadas por alumnos universitarios y de Formación Profesional) que hasta ahora no fuesen remuneradas también cotizarán a partir del próximo octubre.

En ambos casos, sean o no remuneradas, las cuotas a pagar por contingencias comunes estarán reducidas en un 95%. Esta medida se incluyó, como disposición adicional, en el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de reforma de las pensiones aprovechando la publicación de esta norma para su inclusión.

El Tribunal Supremo ha dictado recientemente sentencia por la que considera a los intereses de demora como ganancia patrimonial y que debe ser objeto de tributación, por lo que se produce un radical cambio de criterio, puesto que hasta ahora se trataban como renta exenta.

Con este pronunciamiento ya deberemos incluir estos intereses en la correspondiente autoliquidación tributaria, Impuesto sobre la Renta, o Sociedades, según la condición del contribuyente.