Los intereses de demora son gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, tanto los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación o los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado. Así, establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de noviembre de 2021, que los intereses de demora tienen por objeto compensar por el incumplimiento de una obligación de dar, o mejor, por el retraso en su cumplimiento, por lo que tienen un claro carácter indemnizatorio. El ponente, el magistrado Montero Fernández, concluye que no admitir la deducción de los intereses de demora sería una penalización que, como tal, requeriría una previsión legislativa expresa, cosa que no sucede en nuestro sistema legislativo tributario.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Es conocida la sanción del 150% prevista sobre la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) regularizada por la Inspección en el caso tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos en el extranjero que el contribuyente no hubiera cumplido su obligación de declarar en el modelo 720, salvo que pudiera acreditar que su titularidad proviene de rentas declaradas o de rentas de periodos en los que no tuviere la condición de contribuyente del IRPF, por ser no residente en España.

Esta sanción, introducida mediante D.A.1ª de la Ley 7/2012, ha sido desestimada por el Tribunal Económico Administrativo (TEA) Central en dos resoluciones de fecha 22/11/2019 y 03/12/2019, y en base a las mismas recientemente los TEA Regional de las Canarias y de las Baleares han optado por desestimar dicha sanción del 150%.

No obstante, el motivo de la desestimación no ha sido que la sanción del 150% sea desproporcionada respecto a la omisión de los bienes que debían haberse declarado. En las referidas resoluciones el motivo argumentado ha sido que al tratarse de bienes no declarados procedentes de ejercicios anteriores a 2012, con la entrada en vigor de la Ley 7/2012 y la obligación de declarar el modelo 720, la Inspección no ha justificado la culpabilidad de los contribuyentes por no declararlos en este modelo.

Las entidades y las personas físicas que en el ejercicio de sus actividades económicas satisfagan rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos están obligadas a retener el 19% a cuenta del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo cuando se trate de arrendamientos de vivienda por empresas para sus empleados, así como cuando la renta satisfecha por el arrendatario a un mismo arrendador no supere los 900 euros anuales o bien cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes del grupo 861 de la sección primera de las tarifas del IAE.

En este último caso, el arrendador debe entregar al arrendatario o subarrendatario una certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se acredite que el arrendador o subarrendador figura dado de alta en el censo del impuesto por alguno de los epígrafes citados sin que resulte cuota cero y que no ha presentado declaración de baja de los mismos.

La Dirección General de Tributos ha aclarado que hasta que no se produzca dicha entrega existe la obligación de retener, con independencia de la fecha de expedición del certificado y a pesar de que la vigencia del mismo es durante el año natural al que corresponda su expedición.

La Gala + IN 2021 organizada por Fundación Grupo SIFU, líder en proyectos sociales, celebra este año nueva edición en Madrid y Barcelona consolidando así una trayectoria de éxito rotundo como el mayor evento artístico inclusivo de Europa en el que artistas con y sin discapacidad toman el escenario para poner en valor y dar visibilidad a sus capacidades.

En BELLAVISTA nos sentimos, una vez más, orgullosos de participar y contribuir a sensibilizar y concienciar a nuestra sociedad sobre que la diversidad funcional o las dificultades de inserción no son sinónimo de límite.

Los PGE contemplan un escenario demasiado optimista

¿Cómo valora los Presupuestos Generales del Estado para 2022?

Son expansivos, alejados de la realidad y de las necesidades de las empresas, con un incremento de los gastos estructurales que conducirán a un mayor endeudamiento y unos ingresos basados en el aumento de la carga fiscal, que afectará negativamente a la actividad empresarial y a la recuperación económica. Están alejados de la situación actual, marcada por la crisis que nos ha dejado la pandemia, cuya recuperación no va a ser tan fácil ni rápida como prevén estas cuentas públicas.

El Banco de España ha anunciado una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento de la economía. ¿Cree que las previsiones del Gobierno pecan de optimistas?

Los presupuestos contemplan un escenario demasiado optimista a la luz de la realidad de las empresas y del ritmo de recuperación, que está siendo más lento y con más obstáculos de los previstos: incremento de la inflación, subida de los precios de las materias primas y la energía, nuevos rebrotes, entre otros. También Funcas y la Comisión Europea han rebajado las expectativas de crecimiento, frente al optimismo infundado de los PGE.

El programa de regulación temporal de empleo (ERTE) ha visto la aprobación de su sexta prórroga, hasta el 28 de febrero de 2022. ¿Será necesaria su ampliación? ¿Puede hacer una valoración retrospectiva de la medida?

Los ERTE han cumplido una función muy importante, convirtiéndose en un instrumento imprescindible para mantener el empleo. Pero su prolongación en el tiempo nos obliga a adaptarlos a las nuevas circunstancias. Siguen siendo necesarios en determinados sectores –los más afectados por la pandemia– pero es preciso tener en cuenta la realidad de las empresas, tras casi dos años de crisis, y asegurar la flexibilidad necesaria para adaptar sus plantillas a la  nueva situación y mantener la viabilidad de las compañías.

La reforma laboral se ha convertido en un terreno de confrontación entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué planteamiento defiende CEPYME y qué espera que surja de la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronales?

La reforma laboral de 2012 incluyó medidas de flexibilidad para las empresas que les ayudan a no cerrar en tiempos de crisis. Bruselas tampoco pide derogar la reforma de 2012, al revés, la alaba y destaca de ella que ayuda a la creación de empleo y a la resistencia de las empresas. En cuanto a la temporalidad, uno de los puntales de la reforma que se está negociando, hay que recordar que el empleo en España es mayoritariamente estable: el 80% de los trabajadores tienen contrato indefinido. Además, la temporalidad responde a causas muy concretas y propias de la estructura de nuestro tejido productivo, con un alto protagonismo de actividades de carácter estacional. Limitar la contratación temporal tendría un fuerte impacto en estas actividades y en el conjunto de la economía. Aun así, estamos trabajando para buscar las mejores soluciones: creemos en el diálogo social y creemos que consensuar la solución siempre va a ser mejor que dejar que el Gobierno lo apruebe de forma unilateral. Pero para llegar a una solución válida para todos es necesario que todas las partes escuchen.

¿Cómo se puede objetivar el impacto que puede tener en el empleo una subida del Salario Mínimo Interprofesional? ¿Cuál es la posición de la patronal que preside al respecto?

Los datos demuestran que la subida del SMI de más de un 40% en los últimos años dejó fuera del sistema a los más vulnerables y con la subida de 2019 se perdieron hasta 180.000 empleos. El Banco de España ha alertado de que la subida del SMI afectará a los sectores más débiles con una recuperación más lenta. Pensamos que no es el momento de incrementar los costes que soportan las empresas, ni de encarecer la creación de empleo cuando estamos empezando a encauzar una recuperación que se prevé más lenta y costosa de lo previsto.

¿El incremento de los costes energéticos pone en peligro la recuperación de la economía del país y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas?

Es una dificultad más. La crisis no ha terminado y es preciso consolidar la recuperación y que esta llegue a las empresas, en especial a las de menor tamaño. Las pymes arrastran graves secuelas de la pandemia, con problemas de falta de liquidez e incluso de solvencia. Esta delicada situación se agrava todavía más por la falta de certidumbre en el medio plazo y la recepción de menos ayudas que nuestros competidores de la UE, a lo que se une un entorno de mayores costes de materias primas, electricidad y subidas no planificadas como la del SMI.

El 15 de diciembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia (LMEPSJ), y que forma parte de la base legislativa de la Estrategia Justicia 2030.

Los propósitos de la LMEPSJ son, entre otros, afianzar que el acceso a la justicia suponga la consolidación de derechos y garantías por parte de los ciudadanos/as, el funcionamiento eficiente de la Administración de Justicia y la potencialidad de los medios telemáticos en la misma.

La aprobación definitiva de la LMEPSJ, que se prevé para principios de 2022, supondrá reformas estructurales de notoria entidad en el sistema procesal español. Se destacan las siguientes medidas: i) el presupuesto necesario de acudir a medios alternativos de solución de conflictos en el ámbito civil y mercantil antes del inicio del procedimiento judicial y ii) la priorización de las vistas y declaraciones telemáticas frente a las presenciales.

Sin perjuicio de lo anterior, la LMEPSJ no ha estado exenta de voces críticas. El informe del Consejo General del Poder Judicial de 22 julio de 2021 sostiene que algunas medidas introducidas en el  anteproyecto podrían condicionar el ejercicio del derecho a la tutela judicial, y puede atentar contra asentados principios procesales como la oralidad y la inmediación.

El Gobierno plantea una modificación a las principales leyes nacionales de Propiedad Industrial (Ley de Marcas, de Diseños Industriales y de Patentes) para equiparar las normativas a la realidad del mercado.

Los cambios propuestos para la Ley de Marcas vienen a reforzar la ley existente –modificada recientemente– y la dotan de una mayor coherencia y precisión; por otro lado, las modificaciones propuestas para la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial vienen a adaptar la normativa al mercado actual, cada vez más dinámico y virtual; y en cuanto a las modificaciones propuestas para la Ley de Patentes, dotan a dicha normativa de mayor claridad y coherencia.

En la actualidad, el anteproyecto está en proceso de revisión y la Oficina Española de Patentes y Marcas ha abierto un plazo para que los profesionales y ciudadanos afectados por el cambio normativo puedan presentar alegaciones. Prevemos que el anteproyecto sea aprobado en el curso de 2022.

El pasado 15 de octubre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Las principales novedades en materia tributaria son:

Impuesto sobre Sociedades: i) Establecimiento de una tributación mínima del 15% de la base imponible para aquellos contribuyentes con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 20 millones de euros o que tributen en régimen de consolidación fiscal, ii) La tributación mínima será del 10% en las entidades de nueva creación y del 18% para las entidades de crédito, iii) Reducción del 85% al 40% de la bonificación a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas para las sociedades acogidas a este régimen especial.

En lo que concierne al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: i) Reducción de 2.000 a 1.500 euros en el total de las aportaciones a los planes de pensiones. El límite se incrementará en 8.500 euros siempre que provenga de aportaciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la contribución de la empresa, ii) Prórroga de los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito del método de estimación objetiva.

En otro orden de cosas, se mantiene el interés legal del dinero en el 3% y el interés de demora en el 3,75%.

De aprobarse estas medidas tal como están en el proyecto, pueden perjudicar la creación de empleo, desincentivar las actividades de I+D+i al ver limitada su aplicación en las deducciones del impuesto y reducir el interés de los inversores. Tampoco tiene mucho sentido la reducción de las aportaciones a los planes de pensiones después de  la rebaja realizada en 2020.

Esperemos que en su tramitación parlamentaria se puedan corregir y que prime el sentido económico sobre el afán recaudatorio que se desprende de las mismas, facilitando la creación de empleo y la ansiada recuperación económica.

En solo 15 días el impuesto de la plusvalía municipal ha visto su anulación por el Tribunal Constitucional y su posterior reforma con carácter de urgencia.

Hemos vivido unas semanas de vértigo desde que salió a la luz la ya archiconocida sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba determinados preceptos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La sentencia deja momentáneamente moribunda –desde el 26 de octubre de 2021– la determinación del cálculo de la plusvalía municipal. Pero no por mucho tiempo, pues vuelve a renacer al cabo de quince días con la aprobación del Real Decreto-Ley 26/2021, en vigor a partir del 10 de noviembre de 2021. Y eso que se trata de una sentencia “fantasma”, pues en el momento de elaborar esta información no ha sido aún publicada en el Boletín Oficial del Estado y solo conocemos de ella por la página web del Tribunal Constitucional y por mencionarla la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley.

Como consecuencia de la citada sentencia, parece que sería clara la recuperación del impuesto en los siguientes casos:

• Liquidaciones tributarias no firmes por haber sido impugnadas antes del 26 de octubre de 2021.
• Autoliquidaciones impugnadas con anterioridad al 26 de octubre  de 2021.
• Liquidaciones cuyo impuesto es devengado con anterioridad pero notificadas por la Administración Tributaria a partir del 26 de octubre de 2021.
• Autoliquidaciones o declaraciones cuyo impuesto es devengado con anterioridad pero su plazo de presentación es posterior al 26 de octubre de 2021.

Para el resto de situaciones deberá analizarse si sería posible ir por el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

Reforma de urgencia

La modificación del impuesto fue aprobada mediante Real Decreto-Ley –y no vía Ley– justificado por “urgente necesidad” aunque, de forma paradójica, el borrador casi idéntico estaba guardado en un cajón desde el año 2018, pues el TC ya venía avisando de su inconstitucionalidad hacía tiempo.

En cualquier caso, las principales novedades son:

• No sujeción al impuesto cuando se acredite la inexistencia de incremento patrimonial siendo los valores de transmisión y adquisición el mayor de (i) el que conste en el título de la operación (en el caso de adquisiciones lucrativas, el declarado a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) o (ii) el comprobado por la Administración.
• La base imponible se determina aplicando al valor catastral del terreno un coeficiente actualizado por los Presupuestos Generales del Estado. No puede exceder del resultado que se determine por la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión calculado según las reglas de no sujeción del punto anterior. Los ayuntamientos pueden corregir dicho valor catastral a la baja hasta en un 15%.
• Están sujetas las plusvalías generadas en menos de un año (medida ya aplicada en el Ayuntamiento de Barcelona).

Un aliado para el negocio y sus líderes, elaborado por LLYC, en el que se desarrollan las claves que facilitan la creación y el mantenimiento de la cultura del compliance y que será presentado este martes. El compliance se posiciona así como un recurso clave para garantizar la sostenibilidad del negocio en cuanto a maximizar el cumplimiento de leyes, normativas y compromisos, ya sean impuestos o autoimpuestos (valores y propósitos de la compañía). El compliance debe estar impulsado de arriba abajo, desde el mismo consejo de administración, pero son aún muchas las compañías que no incluyen este de forma adecuada en su estrategia.

FUENTE: SINTESIS DIARIA