A partir del 1 de julio las empresas que realizan ventas a distancia y prestaciones de servicios a consumidores situados en otros estados miembros de la Unión Europea (UE), principalmente a través de una página web, quedarán sujetas a este nuevo régimen, en el que se ha reducido el umbral de ventas anuales a 10.000 euros.

A partir de esta cifra, el vendedor deberá repercutir el tipo de IVA aplicable en el país donde está localizado el consumidor final.

La Agencia Tributaria española habilitará su web para que, mediante la presentación por vía electrónica, de una única declaración-liquidación (Modelo 369), el empresario pueda ingresar el IVA devengado por todas sus operaciones efectuadas en la UE. Para ello la Administración española asignará, previa solicitud del interesado (Modelo 035), un número de identificación individual.

Los empresarios y profesionales sujetos a este régimen deberán conservar durante diez años el registro de todas estas operaciones realizadas.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la esperada Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que, conforme establece su preámbulo, tiene como propósito adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Una de las principales reformas que introduce la Ley 8/2021 es, sin duda, la nueva redacción del Título XI del Libro Primero del Código Civil, que, tras la entrada en vigor de la norma, pasará a rubricarse “De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica”.

En plena sintonía con su rúbrica, la nueva redacción del Título XI del Código Civil regula diferentes medidas de apoyo para las personas mayores de edad así como para los menores emancipados con discapacidad con el objetivo de permitir el pleno desarrollo de su personalidad en condiciones de igualdad.

En concreto, se eliminan las instituciones de la tutela, la patria potestad rehabilitada y la patria potestad prorrogada por considerarlas menos adecuadas para el impulso de la autonomía de dichas personas, y se establecen como medidas de apoyo: i) las medidas de naturaleza voluntaria, tales como el acompañamiento amistoso o el otorgamiento de poderes y mandatos preventivos; ii) la guarda de hecho, como medida de apoyo informal que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente; iii) la curatela, para quienes precisen el apoyo de modo continuado; y por último, iv) el defensor judicial, medida pensada para aquellas personas que necesiten el apoyo de manera ocasional.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha cumplido tres años desde su entrada en vigor y una de las novedades más llamativas ha sido el endurecimiento y cuantía de las sanciones. Es indiscutible que, desde entonces, las autoridades de control de cada Estado miembro han interpuesto numerosas multas a todo tipo de entidades, sin hacer ninguna distinción. Las más polémicas han sido dirigidas a reputadas multinacionales y por cantidades multimillonarias.

Google fue sancionada por incumplimiento del deber de información (50 millones de euros) y por falta de consentimiento informado respecto al uso de cookies (100 millones), igual que Amazon (35 millones); H&M por la monitorización de sus empleados, sin que hubieran sido informados (35 millones); British Airways por la ausencia de medidas técnicas y organizativas, que salió a la luz a raíz de una notificación tardía de una brecha de seguridad (22 millones); y Vodafone por sus agresivas acciones comerciales (8,15 millones). No hay que olvidar que entidades bancarias, partidos políticos y sindicatos han sido también multados, por lo que es obvio y deducible que nada previene mejor de ser desorbitadamente sancionado que un buen cumplimiento.

La estricta normativa y su complejidad suponen una dificultad hasta para las multinacionales, que cuentan con elevados recursos materiales y humanos. El cumplimiento requiere de grandes costes para su implementación, siendo uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan y, por si fuera poco, se requiere un esfuerzo continuado con grandes cargas de trabajo.

De todas maneras y pese a que el RGPD pueda parecer desmesurado y un impedimento en el desarrollo de la actividad de las empresas, obligando a rediseñar el funcionamiento interno y las comunicaciones, es evidente que el endurecimiento de la normativa ha ido de la mano de la rápida evolución de las nuevas tecnologías, junto a la globalidad de internet. Todo ello con el propósito de generar a los interesados una mayor confianza y control sobre sus datos personales, permitiendo así mejorar el desarrollo de la  economía digital en el mercado interior.

En definitiva, por engorroso y costoso que parezca, una buena adecuación al RGPD no solo puede eludir infinidad de sanciones sino también proteger los datos de millones de usuarios cuya exposición diaria dispondría de menor protección sin esta normativa.

Llegan 11.000 millones de euros en respuesta a la pandemia y en beneficio del tejido empresarial, aunque con una evaluación de cumplimiento de determinados criterios y concesión por orden de solicitud.

El pasado mes de marzo se publicó el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, por un importe total de 11.000 millones de euros. Las ayudas se canalizarán a través de tres fondos: 7.000 millones de euros para ayudas directas; 3.000 millones de euros se destinarán a la reestructuración financiera; y 1.000 millones de euros irán a la recapitalización de empresas.

El primer fondo de ayudas directas de 7.000 millones de euros irá destinado a las empresas cuya actividad económica está incluida en uno de los CNAE indicados en el anexo del Real Decreto, y podría suponer una ayuda de hasta 200.000 euros a fondo perdido. No obstante, cada comunidad autónoma podrá ampliar las actividades con derecho a las ayudas. Para acceder a los fondos de 3.000 millones de euros para restructuración financiera y los 1.000 millones de euros de recapitalización de empresas no es preciso estar incluido en dicho listado de actividades.

Preevaluación de cumplimiento

Al objeto de evaluar si la empresa tiene derecho a poder acceder a  estas ayudas deberá realizarse una preevaluación de cumplimiento de los criterios de elegibilidad, la validación de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, preparar la documentación precisa, solicitar formalmente la ayuda y hacer un seguimiento de su  concesión.

Estos fondos son de importe limitado y se concederán por orden de entrada de solicitud.

El pasado mes de febrero se dio publicidad al Plan de Control Tributario para el ejercicio 2021. Uno de sus objetivos prioritarios se centra en la promoción de la prevención y reducción del fraude fiscal, para lo que incluye medidas como las que destacamos a continuación: potenciación del buzón de denuncias para la colaboración ciudadana en la reducción del fraude; detección de no declarantes en el Impuesto sobre el Patrimonio; comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en compraventas, sucesiones hereditarias o donaciones; comprobación y control de los bienes declarados exentos o no sujetos al impuesto  correspondiente; control y cruce de información de las transmisiones de bienes muebles usados por particulares realizadas por internet; comprobación de la renuncia a la exención del IVA en inmuebles, con énfasis en las transmisiones de grandes edificaciones; comprobación del valor de la masa hereditaria y el valor de los bienes declarados por los herederos; así como una larga lista de propósitos para promover el aumento de la recaudación y la reducción del fraude en Cataluña.

Con motivo de la pandemia provocada por el Covid-19, las administraciones han ido adoptando diversas medidas paliativas en materia económica y fiscal. Conviene repasar los efectos fiscales de algunas de ellas ahora que toca presentar la declaración de renta correspondiente al ejercicio 2020.

Los saldos de dudoso cobro de clientes o inquilinos podrán deducirse como gasto si transcurridos tres meses desde la fecha de su exigibilidad no han podido cobrarse, siempre y cuando no se haya acordado previamente un aplazamiento o suspensión del mismo. Anteriormente este plazo era de seis meses.

Por otra parte, la prestación extraordinaria percibida por el cese de actividad de los trabajadores autónomos se considera rendimiento del trabajo, al ser tratada como una prestación por desempleo. Hay que indicar no obstante que los primeros 2.000 euros de los rendimientos de trabajo no tributan, dado que todos los contribuyentes con rendimientos de trabajo pueden deducir con carácter general unos gastos de 2.000 euros.

Aquellos empresarios o profesionales a los que se les haya excluido total o parcialmente del pago de algunas cuotas de autónomos durante el ejercicio, no deberán incluir como ingreso ni como gasto de la actividad las cantidades no pagadas.

Indicar para concluir que las subvenciones percibidas para paliar las dificultades económicas ocasionadas por la caída de ingresos o suspensión de la actividad, deberán incluirse como ingresos de la actividad, excepto que se hayan otorgado para la realización de inversiones en inmovilizado, en cuyo caso se imputarán como ingreso a medida que se amorticen dichas inversiones.

Estamos ultimando los trabajos para tener cuanto antes lista la Ley de Startups

¿Constituye la escasa digitalización de las pymes el talón de Aquiles de la economía española?

Las pymes son el grueso del tejido económico de España, su digitalización es un elemento imprescindible para la transformación digital de nuestro país y sí, la transformación tecnológica de las mismas supone uno de los aspectos en los que se dan aun importantes deficiencias.
Por ello, nuestro compromiso es impulsar los procesos de transformación digital de las empresas a través del Digitalización de Pymes, uno de los ejes estratégicos de la agenda España Digital 2025. Siendo conscientes, además, de que si bien las pymes son quienes deben realizar un mayor esfuerzo de adaptación, también son quienes más beneficios pueden obtener de la digitalización.
El plan contempla casi 5.000 millones de inversión pública en los próximos tres años.

¿En qué medida los recursos procedentes del Fondo de Recuperación Europeo pueden corregir esta situación?

Sin duda, en gran medida. En concreto, casi 5.000 millones se dirigirán a poner en marcha las actuaciones del Plan de Digitalización de Pymes.
Se trata de una inversión muy potente dirigida a proyectos como el impulso de la digitalización básica de estas pequeñas y medianas empresas, con el programa Digital Toolkit como proyecto más ambicioso; pero también a programas como la modernización en el modelo de gestión de estas empresas, la mejora de su eficiencia y competitividad y el apoyo a la innovación disruptiva y el emprendimiento digital.
Reducir la brecha digital en sus múltiples expresiones (educativa, social, de género y geográfica, entre otras) exige de un enfoque multifactorial.

¿Se dotará el Plan Nacional de Competencias Digitales de los instrumentos y recursos suficientes?

La lucha por el cierre total y definitivo de las brechas digitales y sus efectos sobre el desarrollo de la ciudadanía en la nueva era digital es una prioridad absoluta para este Gobierno y la Secretaría de Estado que dirijo. La transformación digital que nuestro país necesita y que estamos decididos a abordar gracias al trabajo conjunto de todas las Administraciones, solo puede entenderse a través de un enfoque inclusivo, transversal y sostenible. El Plan Nacional de Competencias Digitales, dotado de 3.750 millones, es un instrumento clave cuya puesta en funcionamiento me atrevería a calificar como el proyecto más importante de cuantos hay actualmente en funcionamiento dentro de la SEDIA: el objetivo concreto es lograr la meta de que el 80% de la población española cuente con competencias digitales básicas, además de la digitalización de la educación en las escuelas, el fomento de vocaciones científicotecnológicas y de capacitación digital para mujeres y niñas, o el upskilling y reskilling laboral.

¿Por qué es clave la colaboración público-privada en el ámbito de las competencias digitales?

La colaboración público-privada es un aspecto clave no solo en este ámbito, sino para hacer realidad la transformación digital. En concreto, esta colaboración es fundamental para la identificación de las necesidades y el desarrollo de las diferentes medidas y proyectos de los programas de formación que han de ponerse en marcha.

El ecosistema emprendedor hace tiempo que ansía la Ley de Startups anunciada por el presidente Pedro Sánchez en 2018.  ¿Llegará pronto?

Estamos ultimando los trabajos para tener cuanto antes lista la Ley de Startups. Somos conscientes de los problemas que tienen que afrontar nuestras empresas y es nuestro objetivo principal remover la mayor parte de estas dificultades mediante esta Ley, que estamos trabajando con el resto de Ministerios, con medidas que reconozcan la figura específica de este tipo de iniciativas emprendedoras y facilidades para la captación de inversión y de talento.
Además, con ella queremos convertir a España en un lugar preferente para que entes inversores y startups europeas elijan nuestro país como lugar de establecimiento y potenciar así un ecosistema de emprendimiento digital fuerte, con un alto contenido en innovación y generador de empleo estable y de calidad.

¿Cómo garantizar a la ciudadanía que los avances en Inteligencia Artificial van de la mano de un mínimo común denominador ético? ¿Qué papel debería jugar aquí la Carta de Derechos Digitales?

Desde la SEDIA tenemos muy claro que el desarrollo de tecnologías disruptivas con tanto impacto en la vida de personas y con un potencial transformador tan importante como la Inteligencia Artificial (IA), ha de ir necesariamente de la mano con una perspectiva humanística y centrada en valorar los aspectos éticos que puedan derivar de su implantación efectiva en nuestro día a día y las incertidumbres que esta genere en el plano, legal, social y laboral. En este sentido, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada el pasado mes de diciembre, contempla la creación de un marco normativo que garantice la protección de los derechos individuales y colectivos, con el bienestar y la sostenibilidad como guía para encauzar este correcto desarrollo de la IA que permita disfrutar de sus avances a través de la responsabilidad social como premisa. Por supuesto, la Carta de Derechos Digitales va a tener un papel fundamental para equiparar los derechos de la ciudadanía en los mundos digital y analógico.

Tras años de debate, tanto parlamentario como mediático, el Congreso de los Diputados ha aprobado por amplia mayoría la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, que entrará en vigor -salvo algunas excepciones- el día 25 de junio de 2021.

En el preámbulo de la norma se define la eutanasia como “la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causaefecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”.

Asimismo, la citada ley regula los siguientes aspectos: los requisitos que deberá cumplir la persona que pretenda solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir y las condiciones para su ejercicio, que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio del paciente; el procedimiento que deberá seguirse y las garantías que habrá que observar; los deberes y derechos del personal sanitario y de las instituciones implicadas en el proceso -por ejemplo, se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios-; y la creación de las llamadas Comisiones de Garantía y Evaluación.

De acuerdo con la información recientemente publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, al cierre de 2020 se ha podido comprobar con datos estadísticos definitivos que ha habido un incremento del 19,7% en solicitudes de protección de las innovaciones técnicas en forma de patentes y modelos de utilidad respecto al año anterior.

Cabe destacar que 2020 es el primer año de tendencia positiva desde la entrada en vigor de la nueva Ley 24/2015 de Patentes y que gran parte de esta subida es consecuencia del aumento de la I+D asociada a la pandemia, es más, un número importante de solicitudes fueron relativas a desinfección (composiciones, recubrimientos, dispositivos, mobiliario, accesorios) y protección (mascarillas, prendas, filtros, pantallas, separadores), además de otras relacionadas con las enfermedades asociadas y su tratamiento.

Tras unos meses de debate es de esperar que próximamente se apruebe la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con novedades tanto en la Ley General Tributaria como en varios impuestos. Su entrada en vigor redundará en el incremento de la recaudación en varios tributos.

En la Ley General Tributaria se contempla una reducción del 25% al 40% de las sanciones no recurridas, con el fin de fomentar el ingreso y reducir la litigiosidad; se propone una reducción en el cálculo de  los recargos por ingreso extemporáneo, que será del 1% por cada mes completo de retraso, hasta un máximo de 12 meses; se establece un nuevo tipo de infracción, y la correspondiente sanción, por la tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión (multas de 50.000 euros por cada ejercicio aunque no los usen, pues se habla de tenencia); se adapta la norma para regular la entrada en el domicilio por parte de la inspección, dado que el Tribunal Supremo se pronunció recientemente en contra de las pretensiones de la Inspección de Hacienda, al no estar suficientemente justificadas y motivadas; se prevé la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros cuando alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional; será obligatorio incluir en la declaración del modelo 720, correspondiente a los bienes situados en el extranjero, información sobre las monedas virtuales custodiadas por empresas que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

Respecto a los Impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, así como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se establecerá un valor de referencia a los efectos de determinar las bases imponibles  sujetas a los mismos, y que deberá aplicarse para liquidarlos. Conviene tener en cuenta este nuevo valor, dado que hará aumentar de forma notable el Impuesto sobre el Patrimonio, pues con seguridad este valor será mayor que el que se viene utilizando como valor a declarar.

En las sociedades acogidas al régimen fiscal especial de grupos de entidades del IVA, el sujeto infractor por los eventuales incumplimientos de las obligaciones específicas será la entidad dominante.

Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas, del cual están actualmente eximidas las sociedades con una cifra de negocio inferior a un millón de euros, se establece que el cómputo del importe neto de la cifra de negocios se efectuará de forma conjunta, de las sociedades del grupo, con independencia de que se realice consolidación contable o no.

Todos estamos de acuerdo en que es justo y necesario reducir el fraude fiscal en aras de poder tener unos servicios públicos de calidad, pero sería también justo y necesario que los contribuyentes tuviesen un acceso más fácil a la Administración, hoy día cuestión difícil; se demanda también una mayor comprensión para con los administrados, que en medio de una maraña de normas, en ocasiones de difícil interpretación y en continuos cambios, no encuentran las razones por las que se les sanciona de forma automática por cualquier discrepancia con los criterios mantenidos por la Administración, y cuesta, no solo aceptar, sino también gestionar el tsunami de requerimientos de información, aportación de facturas y registros contables, justificación de gastos, que a día de hoy entorpecen el normal desarrollo de la actividad económica generando y añadiendo costes que son ya insoportables para el contribuyente.