El nuevo registro retributivo reforzará las políticas de igualdad en el entorno empresarial y lleva aparejado un régimen sancionador.

El impulso del Gobierno a las políticas de igualdad se intensifica con la entrada este mes de abril de la obligación de llevar un registro retributivo con independencia del número de trabajadores que tenga la empresa.

Por lo tanto, todas las empresas están obligadas a llevar este registro en el que han de constar calculada la media y la mediana del salario base, complementos salariales, extrasalariales y horas extraordinarias desagregadas por grupos salariales, categorías y puestos de trabajado y por sexos.

Detectar la brecha salarial

El objetivo es detectar la brecha salarial, indagar en los motivos y aplicar políticas de igualdad tendentes a minimizar dicha brecha. En caso de que la brecha sea superior al 25% se ha de justificar objetivamente el porqué de la misma.

El registro está a disposición en su integridad de los representantes de los trabajadores a través de los cuáles tienen derecho al acceso. En caso de no existir RLT los trabajadores tendrán acceso limitado, y solo a las diferencias porcentuales.

Indicar también que el registro queda a disposición de la Inspección de Trabajo y que la carencia del mismo -así como la llevanza incorrecta o fraude en los resultados- lleva aparejadas sanciones de hasta 6.000 euros.

Esta semana ha entrado en vigor en la UE y el Reino Unido el ‘Derecho a reparar’, una ley aprobada por el Parlamento Europeo (PE) en noviembre de 2020. El objetivo de la ley es que las reparaciones sean “más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, proporcionando garantías para las piezas reemplazadas o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento”. En la práctica, esto significa que los fabricantes estarán obligados a proveer de los manuales y disponer durante diez años de las piezas necesarias para que los compradores puedan restaurar los dispositivos que adquieren con herramientas convencionales.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Cada año esta modalidad de muy corta duración gana peso en el conjunto de contratos y explica en parte que en 2019 se superaran los 22,5 millones de contratos. Pues de ellos, 6,14 millones tenían una duración inferior o igual a 7 días, un 27,2% del total. El ministro Escrivá ya adelantó que entre las alternativas se estudiaba la posibilidad de que las empresas abonen una tasa, como la que se cobran por hacerse el DNI, cada vez que diese de baja a un trabajador con estos contratos. Una medida que se podría circunscribir a las empresas que utilicen la corta duración de forma masiva para sus plantillas. Aunque no es la única alternativa en la está trabajando la Seguridad Social.

 FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con el que se transpone una directiva comunitaria y por el que se modifican la Ley del Impuesto sobre Sociedades y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. La materia que se ve modificada por la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, en la redacción dada por la Directiva (UE) 2017/952, es la relativa a las asimetrías híbridas y, en particular, su objetivo es la neutralización de sus efectos que suelen llevar aparejados elusión fiscal. Las normas introducidas serán aplicables a las asimetrías híbridas que tienen lugar entre España y otros Estados miembros de la Unión Europea, y entre España y terceros países o territorios, siempre que las partes que intervienen en la operación sean personas o entidades vinculadas, así como cuando la asimetría tenga lugar en el marco de un mecanismo estructurado.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El legislador ha aprovechado la aprobación del Real Decreto-ley 2/2021, de 27 de enero, cuya principal medida ha sido la prórroga de los ERTEs por fuerza mayor, para introducir una modificación en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social en virtud de la cual se habilita un procedimiento sancionador iniciado mediante la extensión de actas de infracción automatizadas, esto es, sin intervención directa de un funcionario actuante en su emisión y sin reducción de las garantías jurídicas de las empresas.

Según el Ministerio de Trabajo se trata de aprovechar las ventajas del Big Data para detectar patrones de fraude, sin tener que depender de las limitaciones de recursos por el insuficiente número de funcionarios con que cuenta la Inspección de Trabajo.

El ministerio manifiesta que se utilizará exclusivamente para las infracciones cuya existencia se puede detectar automáticamente, de los registros de las bases de datos de las Administraciones Públicas, que en ningún caso requiere un proceso de investigación previa e individualizada mediante visitas a los centros de trabajo o comprobaciones en la sede de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, ni una valoración o apreciación jurídica de hechos y pruebas.

El Sindicato de Inspectores de Trabajo ha manifestado su preocupación porque no se haya acotado qué tipos de infracciones serán objeto de este procedimiento y que no sean supervisadas por un profesional.

El Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona, en sentencia 1/2021 de 8 de enero, ha considerado procedente reducir en un 50% la renta de un contrato de arrendamiento durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

La demanda judicial fue interpuesta por un hostelero que tenía arrendados 27 inmuebles destinados a alojamiento turístico, actividad que quedó suspendida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de mayo, y reanudada el 9 de mayo, aunque con muchas limitaciones. Al haberse reducido de una manera muy elevada los beneficios que racionalmente se pretendía obtener, el Juzgado entiende que el contrato es excesivamente oneroso para la parte arrendataria y, aunque en dicha onerosidad no haya intervenido ninguna actuación culpable por parte del arrendador, considera que, en aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, una disminución del 50% de la renta es una modificación justa y equitativa.

Asimismo, declara que a pesar de que el Real Decretoley 15/2020, de 21 de abril, fijó las consecuencias de los contratos de arrendamiento para los grandes tenedores, ello no impide acudir a dicha cláusula en aras a solicitar otra medida que restablezca la equidad en el contrato si se considera que la que prevé la normativa no lo hace de una manera adecuada.

La gestión ha sido muy mejorable por parte de todas las administraciones

¿Cómo se valora desde RetailCat la nueva Ley de las Áreas de Promoción Económica Urbana (APEU)?
De forma muy positiva. Llevamos muchos años hablando de esta cuestión y, por primera vez en el Estado, se ha conseguido aprobar una ley que da cobertura legal a esta forma de organización público-
privada que hace años que existe en otros países. Ahora hemos de ser capaces de hacerlo realidad y empezar a trabajar para crear las primeras APEU, pero sin duda, el futuro de muchos ejes comerciales pasa por esta fórmula.

¿Qué consideraciones le merece la gestión por parte de las distintas administraciones públicas en lo relativo a las normas y restricciones aplicadas al pequeño comercio en el contexto de la pandemia sanitaria?
Estamos bastante decepcionados por la gestión que se ha hecho de la situación. Se han tomado medidas precipitadas, no siempre de fácil interpretación, con poco margen de maniobra y, en algunos casos, inexplicables e incoherentes. Entendemos que es una situación muy complicada, pero la gestión ha sido, en general, muy mejorable por parte de todas las administraciones.

¿Y en lo que concierne a los centros comerciales?
Totalmente desconcertante. En algunos casos las medidas no se entienden, y menos como se han aplicado. Nos hemos encontrado con centros comerciales al aire libre, donde las tiendas de mayores dimensiones estaban abiertas, en algunos casos haciendo caso omiso de las restricciones, y las tiendas pequeñas estaban cerradas, un absoluto despropósito…

¿Tienen cuantificado desde la asociación que preside el número aproximado de negocios del sector retail en Catalunya que han cerrado o lo harán como consecuencia de dichas restricciones?
Es difícil y doloroso hablar de estas cifras, y habría que analizarlo por sectores y por zonas, pero es evidente que hay negocios que han cerrado definitivamente por culpa de la situación, y otros que no sabemos cuánto tiempo van a poder resistir si no se toman las medidas de ayuda necesarias.

¿Qué medidas de ayuda reclama para minimizar el impacto en el sector?
Somos conscientes de la situación y entendemos que se decrete el cierre de los negocios por una razón sanitaria. Pero lo que no comprendemos es que no se nos ayude. La única ayuda real que hemos recibido han sido los ERTE. Es inaudito que en 2020 hayamos tenido que pagar los mismos impuestos que otros años, como si la actividad se hubiese podido realizar con normalidad, cuando hemos estado muchas semanas cerrados. Se necesitan ayudas directas a  fondo perdido, sobre todo en los sectores más afectados. Una buena fórmula sería la condonación de una parte de los créditos ICO.

El comercio electrónico es una tendencia en auge y ustedes reivindican el comercio de proximidad. ¿Coexistirán ambos modelos?
El comercio físico no desaparecerá. Sin duda la venta online seguirá creciendo, pero serán canales que convivirán en el tiempo. Las tiendas físicas han de modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos, por supuesto. Pero hace falta una mayor regulación y control del canal online, porque actualmente se permite que algunos operadores actúen con impunidad sin cumplir con sus obligaciones, comerciales y tributarias, y esto supone una competencia desleal para el comercio físico.

Por último, pongamos el foco en el consumidor, en el ciudadano: 
¿existe un factor de concienciación del mismo como condición necesaria para la pervivencia del modelo del pequeño comercio?
A pesar del aumento de las compras por Internet, creo que también se ha producido una mayor concienciación por parte de la gente del activo que supone el comercio físico para las ciudades y para la sociedad. La gente ha podido ver cómo serían las ciudades sin comercio, sin actividad comercial. A diario vemos personas que van a las tiendas de proximidad, a las tiendas de barrio, y manifiestan que prefieren comprar en las tiendas físicas de su entorno para apoyar al comercio local y poner su granito de arena para salir de esta crisis, cosa que es muy de agradecer.

En anteriores News apostábamos por la prórroga de las carencias y los vencimientos de los préstamos y créditos concedidos con la garantía del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ante la evidencia de que la pandemia se extendía en el tiempo, agudizando sus devastadores efectos.

La prórroga se aprobó mediante el Real Decreto 34/2020, de 17 de noviembre, con un título revelador: “medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial…”.

Destacamos tres flashes y una incógnita relevante: 1) el 15 de mayo es la fecha tope para solicitar la prórroga; 2) la carencia inicial puede alargarse hasta 24 meses; y 3) el vencimiento final puede prorrogarse hasta tres años más, con un máximo de 8. La incógnita radica en que la disposición no garantiza de forma clara e inequívoca que se mantengan las condiciones iniciales. Auguramos un posible encarecimiento vía comisiones. ¡Ojalá nos equivoquemos!

El Real Decreto-ley 2/2021, de 12 de enero, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría de Cuentas, establece en una Disposición Adicional los criterios para determinar el importe de la sanción por no depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil, que serán del 0,5 por mil del importe total de las partidas del activo, más el 0,5 por mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la Administración Tributaria, que deberá aportarse en la tramitación del procedimiento. En caso de no aportar la declaración tributaria citada, la sanción se establecerá en el 2% del capital social según los datos obrantes en el Registro Mercantil.

En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2% del capital social, se cuantificará la sanción en este último, reducido en un 10%.

El Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, ha establecido que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, así como los contribuyentes del IRPF, que cumplan los requisitos para ser consideradas empresas de reducida dimensión (en general, las que facturan menos de diez millones de euros al año), podrán deducir en los ejercicios que se inicien en 2020 y 2021, de manera excepcional, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores, cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación sea de tres meses.

Hay que recordar que el plazo establecido por la normativa tributaria es de seis meses, por lo que se recorta a tres meses en estos casos.