Hacienda ha introducido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una modificación del artículo 21 de la Ley del impuesto sobre sociedades que puede poner patas arriba la fiscalidad de las inversiones de estas entidades, así como las de empresas familiares o los llamados business angels. El Gobierno ha planteado ahora en los Presupuestos para 2021 -como ya intentó en 2019- un cambio que aumentará la carga fiscal para este tipo de entidades y que puede provocar una avalancha de ventas de participaciones en empresas medianas en los próximos años. Fuentes del sector indicaron que se espera que en el plazo de enmiendas el Gobierno pueda corregir esta situación y facilitar la inversión en capital riesgo

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La orden ministerial del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de 30 de octubre de 2020, que ha publicado el procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, ha sido, sin duda, una de las novedades normativas que más repercusión mediática ha tenido en las últimas semanas.

El procedimiento de actuación establece cuatro niveles diferentes de activación que pretenden detectar las campañas de desinformación, analizar sus posibles impactos en la seguridad nacional y gestionar situaciones de crisis derivadas de dichas campañas. Asimismo, se prevé que para la detección de campañas de desinformación se podrá solicitar la colaboración de, entre otros, los medios de comunicación.

A pesar de que, desde hace años, las instituciones europeas han mostrado su preocupación por las denominadas ‘fake news’ y han animado a los Estados miembros a que adopten estrategias de lucha contra las mismas, la orden ministerial ha sido duramente criticada por la mayoría de los grupos políticos de la oposición, así como por los principales medios de comunicación. En concreto, las voces más críticas sostienen que la norma supone un grave ataque a la libertad de expresión y de prensa pues da cobertura legal a censurar y vigilar a los medios de comunicación.

No obstante, tras su aprobación, el portavoz de la Comisión Europea ha dado el visto bueno a la orden, sosteniendo que el objetivo de la misma es la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación.

Cada vez es más común que sucedan incidentes en los sistemas de almacenamiento de los datos, ya sea debido a la ausencia de medidas de control y seguridad o por el uso invasivo de las nuevas tecnologías por parte de los ciberdelincuentes. Cualquier situación que afecte a la confidencialidad, a la integridad o a la disponibilidad de los datos que se tratan va a provocar que se deban tomar medidas.

Según el art. 33 del RGPD, el responsable del tratamiento de los datos deberá notificar en el plazo máximo de 72 horas las incidencias que se produzcan en materia de protección de datos, siempre que éstas supongan un riesgo para los derechos y libertades de las personas.

Ante las numerosas dudas a la hora de determinar si se debe notificar o no la brecha de seguridad sufrida, el pasado mes de octubre la Agencia Española de Protección de Datos publicó una herramienta (Comunica-Brecha RGPD) para ayudar a los responsables del tratamiento.

Esta herramienta consiste en un formulario en el que en función de las contestaciones aportadas se ofrecerán tres escenarios posibles (necesidad de notificar, no es necesaria la notificación o que no se puede determinar). Debe quedar claro que rellenar este formulario no sustituye en ningún caso la obligación de notificar la brecha sufrida en caso de que sea necesario.

En caso de producirse este tipo de situaciones indeseadas, se recomienda siempre contar con la ayuda de especialistas.

El confinamiento ha destapado la escasa digitalización empresarial

¿Será el auge del teletrabajo vinculado a la pandemia el catalizador definitivo para el impulso de la digitalización?
La pandemia y el confinamiento han destapado la escasa digitalización de las empresas, hay industrias enteras que se han de transformar y esta crisis les obligará a hacerlo porque no hacerlo las sitúa al borde del cierre. La crisis del coronavirus marcará un antes y un después en la digitalización del país, acelerando su implementación. Es una tarea de las empresas, pero la escasa digitalización también se relaciona con la escasa cualificación del personal. Sólo el 42% de las empresas consultadas en el Barómetro de CTecno considera que su personal tiene competencias adaptadas a la era digital, por lo que aquí hay un reto también a afrontar.

¿En qué estadio de desarrollo nos encontrábamos en esta materia justo antes de la llegada del virus? ¿Qué país sería el ejemplo a seguir?
Según una encuesta que lanzamos desde CTecno al principio de la pandemia, el 64% de las empresas tecnológicas en Catalunya afirmaban que ya estaban preparadas para teletrabajar, reconociendo que no tuvieron que implementar nuevas herramientas o procedimientos para poder realizar el teletrabajo.
Aunque el 22% de los trabajadores podría trabajar desde casa, el año pasado apenas lo hicieron 1,5 millones de personas, el 7,5% del total. Países como Dinamarca, Noruega o Suecia destinan entre el 42% y el 50% de sus fondos a la digitalización de la empresa.

¿Qué oportunidades ofrece el sector TIC en materia de empleo?
El sector tecnológico es actualmente el motor más potente de la economía catalana, tal y como lo demuestra nuestro ‘Barómetro del sector tecnológico en Catalunya 2020’. El ecosistema tecnológico catalán está formado por 16.339 empresas y 124.100 trabajadores, lo que supone un 3,8% de la población ocupada en Catalunya. De acuerdo con el informe el sector TIC ha creado 10.000 nuevos puestos de trabajo durante el primer semestre de 2020. Por lo tanto, en un contexto de crisis, con mucha destrucción de empleo, el sector digital es la principal palanca de creación de ocupabilidad.

¿Es posible hablar de talento sin contar con una oferta formativa adecuada a las necesidades reales de las empresas? ¿Qué ofrece  Catalunya en este ámbito?
Es imprescindible disponer de una oferta formativa adecuada para formar a profesionales que cubran las necesidades de las empresas.  El Barómetro alerta de que la falta de talento en el sector TIC puede suponer un freno para la competitividad de las empresas. Cerca del 70% de las empresas TIC incrementaría su facturación si dispusiera de más profesionales formados. El talento es un elemento inseparable para la evolución del sector, por este motivo CTecno es fundador y socio impulsor de Barcelona Digital Talent, una iniciativa público-privada para afrontar la brecha de talento digital y posicionar a Barcelona como un ‘hub’ del talento digital.

¿Son la promoción del ecosistema emprendedor y las políticas públicas de digitalización los vectores principales de dinamización de la industria TIC?
El emprendimiento y las políticas públicas son vectores importantes para la dinamización de la industria TIC. El Barómetro apuesta por la colaboración entre empresa y sector público como clave para contribuir en el proceso de digitalización del país e incidir en políticas de creación de talento. Pero no debemos olvidar el factor talento: sin talento digital no podremos conseguir la evolución del sector TIC, ya que su escasez impide que el sector sea aún mejor.

El Fondo de recuperación de la Unión Europea (UE) incidirá en la transformación digital. ¿Cuáles deben ser las prioridades en su asignación al objeto de lograr el mayor retorno colectivo?
El 70% de los fondos del Plan de Recuperación se destinarán a la inversión verde y a la transformación digital. En el caso de la transformación digital, el Gobierno ha asignado a esta partida un porcentaje bastante superior al 20% que recomienda la UE: un 33%. Las prioridades para incidir en esta transformación digital deben ser la ciberseguridad, el 5G, el emprendimiento a través del fomento de nuevas startups y la formación en competencias digitales tanto a nivel ciudadano como laboral para crear talento cualificado.

El Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal contiene un aumento de los impuestos relacionados con la transmisión de inmuebles (ITP, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio), al tomar como base de los tributos un valor de referencia para cada inmueble, que calculará el Catastro. Esta variable se determinará a partir de los precios de las transacciones de inmuebles, con información facilitada por notarios y registradores.

Actualmente, en el Impuesto sobre el Patrimonio, se declaran los inmuebles por el mayor valor entre los siguientes: el catastral, el comprobado por la Administración o el de adquisición. El valor de referencia vendrá a afectar de forma importante a los contribuyentes con inmuebles con valores de adquisición y catastrales bajos, lo que conllevará una mayor tributación. En numerosos casos se verán obligadas a declarar personas hasta el momento no sujetas a ello por no llegar al mínimo para hacerlo.

En caso de que el contribuyente no pueda acreditar lo contrario, se entenderá que el valor de referencia es el valor de mercado, lo que conllevará una carga para el contribuyente que antes no tenía.

Desde el año 2017 la normativa referente a los aplazamientos de impuestos se ha vuelto más restrictiva. Entre otras deudas, no pueden aplazarse las retenciones practicadas, las deudas por pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, y los impuestos repercutidos y cobrados, como es el caso del IVA.

Los aplazamientos de IVA sólo se pueden conceder cuando se acredite que las cuotas de IVA repercutido no se hayan cobrado y se justifique que existen dificultades transitorias de tesorería. No obstante, si el importe de las deudas aplazadas no supera los 30.000 euros, Hacienda presume que los aplazamientos solicitados cumplen los requisitos legales para ser aplazables y, en el caso del IVA, se presume acreditada la transitoriedad de las dificultades de tesorería y la falta de ingreso.

El Tribunal Económico Administrativo Central ha cambiado el criterio seguido hasta ahora por la Administración Tributaria, en relación a la aplicación de la deducción por adquisición de la vivienda habitual en los supuestos de extinción del proindiviso (por ejemplo, en el caso de separación o divorcio).

Aquellos contribuyentes que adquieran el 100% de la propiedad de la vivienda habitual como consecuencia de la extinción del proindiviso, podrán aplicar el 100% de la deducción, siempre y cuando hubiesen aplicado en ejercicios anteriores al 2013 la deducción en su porcentaje correspondiente. Respecto a la parte adquirida, la deducción a aplicar no podrá superar la deducción que hubiese tenido derecho a deducirse el otro comunero. Hasta ahora, la Administración Tributaria no permitía la deducción de la parte adquirida.

Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, por el que se establecen medidas reales y concretas para dotar de efectividad el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en lo referente a la retribución salarial.

Las empresas deberán aplicar el principio de transparencia retributiva, entendido como la correcta valoración de un puesto de trabajo y la retribución que se percibe por él, que busca el cumplimiento de igual retribución por trabajo de igual valor.

Los instrumentos para implementar dichos principios –de obligado
cumplimiento para las empresas– serán los registros retributivos anuales de toda la plantilla, que deberán incluir los valores medios de salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales desglosados por sexo, categoría o cualquier sistema de clasificación aplicable. Los representantes legales podrán acceder a dicho registro íntegro, mientras que a los trabajadores sin representación legal se les puede facilitar tan solo las diferencias porcentuales entre hombres y mujeres.

Otro instrumento obligado para las empresas que elaboren un plan de igualdad será la auditoría retributiva, que deberá reflejar una evaluación exhaustiva de los puestos de trabajo, su retribución y su promoción profesional, el reflejo de las medias aritméticas y medianas de las agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa desglosados por sexo, y un plan de actuación para corregir las desigualdades retributivas (con un sistema de seguimiento y de implementación para subsanar los desajustes).

La información retributiva o ausencia de la misma derivada de la aplicación del real decreto, le podrá servir al trabajador para que pueda llevar a cabo las acciones legales que considere oportunas, pudiendo conllevar sanciones por parte de la Inspección Laboral, considerando la ausencia de los registros retributivos  correspondientes como una infracción grave, con importes desde 626 hasta 6.250 euros.

El Decreto Ley 34/2020 trae novedades significativas en las condiciones del contrato de arrendamiento de locales en el contexto de la pandemia en Catalunya.

El 22 de octubre de 2020 entró en vigor en Catalunya el Decreto Ley 34/2020, que faculta a los arrendatarios afectados por las medidas de suspensión de actividades o restricción parcial del aprovechamiento de los bienes inmuebles, a requerir al arrendador una modificación razonable y equitativa de las condiciones del contrato de arrendamiento.

¿Y si no se alcanza un acuerdo?
En el supuesto de que, transcurrido un mes, las partes no hubieren llegado a un acuerdo, se aplicaran las siguientes reglas: (i) en el caso de suspensión de actividades, la renta se reducirá en un 50%; y (ii) en el caso de restricción parcial del aprovechamiento de los bienes inmuebles, la renta se reducirá en una proporción igual a la mitad de la pérdida de dicho aprovechamiento.

La prestación de servicios de envío a domicilio o recogida de productos en el establecimiento no excluirá la aplicación de la normativa. Además, el arrendatario podrá exigir que el arrendador impute total o parcialmente todas las cantidades que se hubiesen entregado como garantía de sus obligaciones, excluidas la fianza legal y aquellas depositadas en el organismo competente.

En el caso de que una actividad se viera suspendida por un periodo superior a tres meses en el transcurso de un año a contar desde la entrada en vigor de la norma, el arrendatario podrá optar por desistir del contrato sin penalización, siempre que lo notifique con un mes de antelación.

Los registradores aclaran las grandes dudas societarias sobre prevención del blanqueo. Una sociedad controlada por una cotizada no está exenta de proceder a la identificación. Todos los firmantes de un protocolo familiar que sindiquen su voto en una sociedad para ejercitarlo frente a los socios no familiares de una manera conjunta, se consideran cotitulares y, por tanto, deben designar a un representante como titular real (TR) a los efectos de la prevención del blanqueo de capitales. Así, se determina en las Normas sobre procedimiento del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), sobre la identificación del Titular Real a los efectos de la legislación antiblanqueo, elaborado por el Colegio de Registradores de España y remitido a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia para su aprobación y puesta en marcha.

FUENTE: SINTESIS DIARIA