Además, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos demanda que dicha reducción sea del 75% de la cuota mínima para aquellos autónomos cuyos rendimientos netos no lleguen al 50% del SMI. Por otro lado, propone permitir que los autónomos mayores de 48 años -prácticamente la mitad de los autónomos- puedan adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos pudiendo cotizar por una base superior a los 2.077 euros mensuales que se les permite actualmente. Asimismo, pide que se permita que los autónomos societarios puedan deducir como gasto de empresa, al igual que las cotizaciones de los trabajadores, su cotización a la seguridad social. A este respecto, la Asociación destaca que el 60% de los autónomos societarios estarían dispuestos a subir su cotización mensual si esto fuera posible.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Ha decidido valerse de la regulación de la liquidación del nuevo impuesto a las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin, para crear, de forma inminente, una nueva declaración informativa –acorde ya con los criterios judiciales– que deberán entregar al fisco las personas, entidades y “en particular” las plataformas colaborativas, como Airbnb. El plazo de presentación de este documento, que hasta ahora era trimestral, se definirá en una orden ministerial que podría exigir nuevos datos.

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La principal causa de esta evolución es la mejora de los ingresos tributarios un 13% por el ciclo económico con una previsión de crecimiento del PIB en 2021 que alcanzará el 9,8% con el impulso de los fondos europeos. También influyen algunas medidas fiscales. Entre otras, se recoge en el IRPF un aumento de dos puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros. Este incremento afecta al 0,07% de los contribuyentes. Se incrementa en tres puntos las rentas del capital a partir de los 200.000 euros, lo que afectará al 0,08% de los declarantes. Por otra parte, se prorrogan para 2021 los límites vigentes para aplicar el régimen de módulos.

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Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán un 2,5% en 2020.

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La Sección Segunda de la Sala III del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia el criterio interpretativo de que “para aplicar la exención en el IRPF por reinversión en vivienda habitual no resulta preciso emplear en su totalidad el dinero obtenido de la venta de la anterior vivienda siendo suficiente con aplicar para el mismo fin dinero tomado a préstamo de un tercero, ya sea directamente o bien como consecuencia de la subrogación en un préstamo previamente contratado por el transmitente del inmueble”. El tribunal responde así a la cuestión de si para aplicar la exención por reinversión regulada en el artículo 36 del TRLIRPF de 2004, y en el 39.1 Reglamento del Impuesto -Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio-, resulta preciso emplear en su totalidad el dinero obtenido de la venta de la anterior vivienda o, por el contrario, es suficiente con aplicar para el mismo fin dinero tomado a préstamo de un tercero, ya sea directamente o bien como consecuencia de la subrogación en un préstamo previamente contratado por el transmitente del inmueble.

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Según cálculos de la consultora Álvarez & Marsal, la compañías tendrán que llevar a cabo procesos de refinanciación de deuda para evitar los impagos de sus deudas. Aunque una parte de ellas se verá abocada a la quiebra. Los sectores productivos con mayores exigencias de fondos para poder subsistir son los más expuestos a la pandemia, es decir, el transporte, la hostelería y las manufacturas, además de los medios de comunicación.

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Concretamente, no se trata de un desembolso sino que este es el dinero que espera dejar de ingresar en el Sistema la Seguridad Social por las diferentes medidas de apoyo impulsadas en los peores meses de la pandemia para mitigar la destrucción de empleo y la erosión del tejido productivo, según refleja el Plan Presupuestario 2021.

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Con la ‘tasa Tobin’, el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Por su parte, la ‘Tasa Google’ gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

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El pasado mes de abril muchos trabajadores autónomos con necesidades financieras o de refinanciación, solicitaron préstamos ICO en el primer paquete de créditos. El vencimiento del primer pago de estos créditos se producirá a finales de este mes. Con este escenario, miles de autónomos que aún no han podido facturar nada, bien por impedimento legal o por una muy baja actividad económica durante los meses de verano, tendrán que hacer frente al pago de estas cuantías. Eduardo Abad, presidente de UPTA, “es necesario aprobar una moratoria para asumir los pagos correspondientes a estos préstamos. Por ello, solicitamos al Gobierno esta medida especial para todos aquellos trabajadores autónomos que demuestren que se encuentran en una situación de cese de actividad ordinario o extraordinario o que la facturación de sus negocios haya disminuido como mínimo un 50%”.

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De momento, ha propuesto en la Mesa Tripartita que negocia la continuidad de los expedientes temporales de empleo que continúen como fuerza mayor aquellas empresas que están vinculadas al turismo, lo que no significa necesariamente todos los sectores relacionados con el turismo, según explican fuentes de la patronal. Estas mismas fuentes apuntan que se podrían quedar fuera empresas del transporte de autobuses o aerolíneas cuyas rutas no fuesen necesariamente turísticas. Igualmente, señalan que de los 800.000 trabajadores que actualmente están hoy en Erte, la futura prórroga, según la propuesta del Gobierno, podría amparar a unos 120.000.

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