Ya en fase de desescalada, pero con la cautela de que se deben tomar medidas de prevención para no propagar el contagio del Covid-19, muchas empresas se han planteado la posibilidad de tomar la temperatura a sus trabajadores.

Hay que tener en cuenta que según la normativa de protección de datos la temperatura corporal se trata de un dato de salud y, por lo tanto, es un dato con una especial protección.

Para que la toma de temperatura sea legítima se deben cumplir los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) para su tratamiento. Incluso, podría ser necesaria la realización de una Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD).

En cuanto a la base jurídica para tratar este tipo de datos, hay que observar el considerando 46 del RGPD, que indica que el tratamiento podrá basarse en el interés público o en los intereses vitales del interesado en caso de que dicho tratamiento sea necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación.

Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emitido en un comunicado que también podría basarse este tratamiento de datos en una obligación legal conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuya norma resulta obligatoria para el empleador y que implica velar por la seguridad de los trabajadores.

Ante este panorama y de cara a implantar un tratamiento de este tipo conforme a la normativa, se debe hacer un estudio pormenorizado caso por caso, teniendo en cuenta los riesgos inherentes y la obligación de informar a los trabajadores.

Muchas startups se han puesto en modo supervivencia

¿Cuál puede ser la afectación del parón económico por el Covid-19 para el ecosistema emprendedor en España?
Estamos todavía midiendo el impacto real. Creemos que muchas startups lo van a pasar francamente mal. Lo que están haciendo muchas de ellas es reorientar sus actividades hacia la obtención de ingresos. Sabemos que muchas rondas de inversión se han paralizado, pero debemos mirar a más largo plazo. En junio se han cerrado varias rondas y eso es positivo.

La liquidez empresarial va a ser un factor decisivo que permita salvar el periodo sin actividad y la progresiva vuelta a la normalidad. Pero este no es precisamente un punto fuerte de las startups…
La liquidez es el principal problema, por eso muchas startups se han puesto en modo supervivencia. Lo importante es que el ecosistema con el conjunto de actores resista el golpe y administre la incertidumbre a futuro.

Una posible alternativa ante el déficit de capital sería la entrada de nuevos inversores, pero el Gobierno español ha limitado la inversión extranjera en empresas nacionales. ¿Qué opinión le merece?
Se puede entender desde un punto de vista de estrategia de país que se quiera proteger a grandes empresas estratégicas cuya valoración bursátil ha caído, pero la forma en que lo hace el real decreto crea enormes problemas para otras compañías como las startups. Muchos de los inversores en los fondos y en las startups españolas son extranjeros. Sin esa inversión no habrá futuro para la innovación y el ecosistema emprendedor.

¿Qué otras medidas reclama la Asociación al Gobierno en apoyo de las startups del país?
Hemos pedido de forma insistente que todas las agencias públicas aceleren sus operaciones y que la liquidez llegue a las startups. También que se haga un plan urgente por el que se tenga en cuenta la singularidad de la startup. Por sus parámetros una startup es difícil que obtenga un crédito bancario, por lo tanto, el modelo de avales vía ICO no nos sirve. Finalmente, si queremos que la innovación sea la clave para reimpulsar la economía es necesario un esfuerzo para que el Estado coinvierta con inversores privados en las startups. Así lo están haciendo Francia, Alemania o Reino Unido.

¿Cree que Europa debe jugar un papel preeminente en la salida de esta crisis económica? ¿Qué espera de la Unión Europea en materia de startups?
Se habla de que los fondos para la recuperación van a exigir inversiones en digitalización: creemos que es una oportunidad para que las startups europeas sean impulsadas. El problema con las normas europeas es que no están pensadas desde la óptica de las startups. Estos días hemos presentado nuestras propuestas en la consulta pública sobre el Libro Blanco de Inteligencia Artificial que ha lanzado la Unión Europea y, tras su lectura, la conclusión es que la UE no puede ser líder en esta tecnología como pretende y, al mismo tiempo, poner tantos impedimentos y tantos palos en las ruedas para el desarrollo de innovaciones a partir de esa tecnología. Impulsar no es sinónimo de teledirigir.

La anterior crisis financiera, iniciada en 2008, supuso un acicate en términos de nuevos proyectos de emprendimiento. ¿Puede repetirse de nuevo este esquema en el medio plazo?
Los emprendedores están acostumbrados a la incertidumbre y al riesgo. Los que ya lo son se reinventarán y también emergerá una nueva generación de emprendedores que ya están pensando en resolver problemas económicos y sociales. Lo que necesitamos es que nos quiten barreras, nos dejen hacer y podamos contribuir. Nosotros seguimos reclamando una Ley de Startups y de Innovación para contemplar la singularidad de las startups como proyectos empresariales y una serie de políticas fiscales y económicas para hacer de España el mejor país para emprender. Hoy es más necesaria que nunca.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, preveía la suspensión e interrupción de los plazos procesales en curso –salvo algunas excepciones– que se reanudarían en el momento en que finalizara el estado de alarma, así como la suspensión de los plazos de caducidad y prescripción de acciones y derechos hasta la finalización del estado de alarma.

Sin embargo, la confusa literatura relativa a la suspensión de los plazos judiciales no estuvo exenta de críticas y dio lugar a diferentes interpretaciones acerca de cómo debía interpretarse la suspensión de los plazos o qué debía entenderse por reanudar un plazo procesal suspendido. En efecto, con el propósito de proporcionar seguridad jurídica, el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, apuesta por el reinicio –esto es, empezando desde cero– de los plazos procesales una vez se levante la suspensión de los mismos, modificando, de esta forma, la solución inicial (de interrupción y posterior reanudación).
La citada norma nada aclara sobre este extremo respecto de los plazos sustantivos y debe entenderse que la caducidad y la prescripción se reanudarán una vez se levante su suspensión, por lo que para su cálculo deberá tenerse en consideración el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma.

Finalmente señalar que, a fin de evitar o al menos minimizar el más que previsible colapso judicial, mediante Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, se decidió anticipar, con efectos a partir de 4 de junio de 2020, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales y sustantivos sin esperar al levantamiento general del estado de alarma, lo que supone anticipar la vuelta a la normalidad a dicha fecha y la plena aplicación de lo anteriormente comentado para el cómputo de plazos.

El artículo 19 del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, ha previsto que la forma telemática sea el modo preferente de celebración de las actuaciones judiciales mientras dure el estado de alarma y durante los tres meses posteriores a su finalización. Esta previsión supone para la Administración de Justicia un auténtico reto: conciliar dicha aplicación preferente de medios telemáticos con el necesario respeto de las garantías procesales.

Por ese motivo, la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial ha aprobado una Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas. No obstante, si bien el referido documento ofrece pautas y recomendaciones a seguir en cuanto a la forma de celebración, el lugar y los requisitos técnicos mínimos que deben tenerse en cuenta, en la propia Guía se reconoce que las experiencias con las que se cuenta en la aplicación de tecnologías telemáticas en actos procesales son limitadas, por lo que su uso generalizado en actuaciones judiciales complejas requiere, entre otros aspectos, de un marco normativo más completo, de una mayor inversión económica y de una apuesta decidida por las tecnologías por parte de la Administración de Justicia.

Después de años de espera, finalmente tenemos un texto refundido de la Ley Concursal de 2003 y de sus modificaciones legales posteriores, el cual ha sido aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y entrará en vigor –salvo algunas excepciones– el próximo 1 de septiembre. Ello significa que, a partir de dicha fecha, la Ley Concursal de 2003 quedará derogada casi en su totalidad.

La publicación de este texto refundido no implica que el proceso de reforma del derecho de la insolvencia haya finalizado, ya que España tiene pendiente de transponer la Directiva europea relativa a este tema. El preámbulo del texto refundido indica que el mismo puede constituir una base para acometer esa inexcusable transposición.
Adicionalmente, como es bien sabido, en el contexto de la crisis sanitaria originada por el Covid-19 se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal, de modo que durante un cierto periodo de tiempo coexistirán ambas normas, texto refundido y normas excepcionales. Está por ver si la convivencia temporal de ambas normativas será pacífica, ya que sus respectivos ámbitos son, en muchos aspectos, plenamente coincidentes.
Sí parece claro, dada la actual situación, que se avecinan unos meses complicados en esta materia concursal; probablemente el hecho de que entre en vigor este texto refundido, con las pequeñas innovaciones que introduce, podría añadir todavía más problemas a las empresas que precisen de su aplicación. En consecuencia, cabe plantearse si el 1 de septiembre era el mejor momento para que este texto refundido entrase en vigor o si, por el contrario, habría sido más conveniente retrasar su entrada en vigor, por ejemplo, al 1 de enero de 2021.

El Alto Tribunal se pronuncia sobre el concepto de ajuar doméstico a fectos del Impuesto sobre Sucesiones.

El Tribunal Supremo, a través de las sentencias 499/2020, de 19 de mayo (con un voto particular) y 342/2020, de 10 de marzo, se ha pronunciado sobre el concepto de ajuar doméstico a efectos del Impuesto sobre Sucesiones. Hasta ahora, si el contribuyente quería fijar una cantidad inferior al 3% sobre el valor de todos los bienes debía demostrarlo fehacientemente y era de difícil aceptación por parte de la Administración Tributaria.
Tras las novedosas sentencias, la base para el cálculo del 3% la constituirían exclusivamente los bienes que puedan afectarse al uso particular o personal del causante. Se excluirían, por tanto, las acciones, el dinero, los bienes inmuebles susceptibles de generar renta y los bienes afectos a actividades económicas.

Mejor analizar cada caso
Sin embargo, al haber un voto particular y anteriormente una corriente jurisprudencial asentada, nuestro despacho recomienda analizar cada caso concreto y, con el fin de evitar sanciones, que el contribuyente liquide primero el ajuar por la totalidad de los bienes que forman el activo hereditario e inste, con posterioridad, a la rectificación de la liquidación y la solicitud de devolución de ingresos indebidos. El hecho de solicitarlo representa la interrupción de la prescripción y otorga a la Agencia Tributaria otros cuatro años más para realizar requerimientos y comprobaciones.

DataCOVID es un estudio que promueve el Ministerio de Asuntos Económicos para identificar la posición de entre 5.000 y 50.000 habitantes y que permitirá tener una muestra sobre más de 40 millones de móviles. El estudio se realizará mientras se mantenga en vigor el estado de alarma y servirá para analizar el efecto de las medidas sobre la movilidad de la población, analizando los desplazamientos o las zonas con mayor concentración de población, al objeto de determinar las estrategias a seguir en la gestión de la emergencia sanitaria.
Cabe destacar que la Administración ha hecho hincapié en que los datos analizados son anónimos, es decir, el estudio no rastreará movimientos individuales, sino que empleará datos de posicionamiento proporcionados directamente por los operadores, eliminando previamente cualquier información personal. En este sentido, podemos concluir que DataCOVID no entra en conflicto con el Reglamento General de Protección de Datos o la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales al no identificar a usuarios de móvil individuales, y sigue las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de Datos.

Debido a la situación de crisis sanitaria actual a causa de la propagación del Covid-19, el pasado 14 de marzo el Ejecutivo español activó en todo el territorio nacional el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020.
De las medidas que figuran en el texto, la disposición adicional tercera declara que “se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público”.
Esta situación provoca que las actuaciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) hayan quedado congeladas. Aquellos plazos que estuvieran vigentes antes del estado de alarma se interrumpen y, una vez finalice el mismo, se reanudará el cómputo. En cambio, los plazos que se inicien durante el estado de alarma no surtirán efecto hasta que el estado de alarma finalice, momento en el que se iniciará el cómputo.
No obstante, en la referida disposición adicional se faculta a las entidades del sector público a continuar algunos procedimientos. La OEPM ha sido uno de los organismos que ha emitido una resolución precisando que siguen operativos los trámites a través de medios electrónicos, continuando con la admisión de todo tipo de solicitudes con el fin de evitar paralizar por completo la actividad.
Por su parte, la European Union Intellectual Property Office (EUIPO) también ha emitido una decisión en la que indica que todos los plazos se amplían hasta el 1 de mayo. Al tratarse de una jornada festiva, en la práctica la prórroga será hasta el 4 de mayo. Y del mismo modo que la OEPM, la EUIPO ha manifestado que seguirá recibiendo solicitudes.

“Habrá que rediseñar el futuro de forma colectiva”

¿Puede valorar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Pacto Nacional para la Industria (PNI) 2017-2020?
El PNI ha logrado una ejecución presupuestaria de 796 millones de euros en los dos primeros años de vigencia (2017-2018) y valoramos de forma muy positiva su evolución. El Pacto es un instrumento que ha servido para dar estabilidad a la política industrial, y de ahí que ya estemos trabajando con los agentes económicos y sociales para darle continuidad en los próximos cuatro años.

Habida cuenta de que la iniciativa comprende seis grandes grupos de trabajo vinculados a áreas estratégicas, ¿considera que se podía haber sido más ambicioso en alguno de ellos?
El contexto económico de prórroga presupuestaria no ha ayudado a desarrollar el Pacto y es cierto que algunas acciones no se han podido realizar, pero en general estamos satisfechos del trabajo que se ha hecho en los seis grandes grupos. Si conseguimos darle continuidad cuatro años más, estoy segura de que podremos fortalecer todas las acciones pendientes.

¿En qué estadio se encuentra Catalunya en lo que respecta a la transición entre la industria tradicional y lo que se ha venido en denominar la nueva industria?
Estamos ante una cuarta revolución industrial que afecta a todas las empresas, de todos los sectores, ubicaciones y dimensiones. Nuestro tejido empresarial está configurado mayoritariamente por pymes y el Govern asume que no pueden perder el tren porque dejarán de ser competitivas. Desde el Departament d’Empresa i Coneixement hemos impulsado el programa ProAcció 4.0 para sensibilizar, acompañar y asesorar a las empresas catalanas en este ámbito. Se prevé que en los próximos tres años unas 1.000 empresas utilicen los servicios y programas de esta nueva iniciativa.

El ecosistema emprendedor catalán ha ejercido como tal con el impulso del Tech Spirit Barcelona, sustituto del Mobile World Congress. ¿Qué papel debe ejercer el sector público para facilitar la actividad emprendedora?
El Tech Spirit Barcelona es una muestra del compromiso, la proactividad, la solidez y la solidaridad de todo el ecosistema de las startups. El Departament destinará 20 millones de euros en el trienio 2020 – 2022 para impulsar el ecosistema de startups en Catalunya. En este sentido, los principales ejes estratégicos del programa Startup Catalonia son aumentar el apoyo a las startups en fase pre-semilla e intensivas en tecnología -proyectos de alto riesgo y de más difícil acceso al capital privado- ampliando líneas de ayuda y potenciando su conexión internacional mediante el acompañamiento a grupos de estas empresas emergentes a los ecosistemas con mayor potencial (Silicon Valley, Nueva York, Singapur o Corea del Sur, entre otros). El objetivo es fomentar la creación de más startups, más scaleups y de más base tecnológica.

Empresa i Coneixement acaba de presentar ‘Catalonia Industry Suppliers’. ¿Cuáles son las características de esta plataforma de internacionalización?
El ‘Catalonia Industry Suppliers’ ha creado el primer directorio de empresas industriales de Catalunya para impulsar la internacionalización del tejido industrial catalán: ya hay registradas 3.066 empresas catalanas industriales y exportadoras con más de 10 trabajadores y una facturación a partir de 2 millones de euros. Proporciona un buscador inteligente en inglés que permite encontrar tanto empresas como productos industriales específicos según parámetros como el sector, el tamaño de la empresa o su localización, entre otros. La plataforma clasifica los proveedores industriales en 35 sectores e incluye un listado de más de 32.200 productos y servicios que se actualizará y ampliará.

¿Qué medidas serán necesarias para recuperar la actividad industrial una vez nos sobrepongamos a la emergencia sanitaria por el Covid-19?
Habrá que rediseñar el futuro de forma colectiva. Ahora debemos centrarnos en la salud, pero no podemos menospreciar a nuestro tejido económico, formado en un 90% por pymes, y serán estas empresas las que necesiten un mayor apoyo de la Administración para su recuperación. La vuelta a la normalidad será gradual y a nuestra economía le costará porqué está interconectada a nivel internacional. Pero más allá de calendarios, mi foco es trabajar para que no desaparezcan empresas, porque si no hay empresas estos trabajadores no tendrán a donde ir.

En vista de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, y del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, para la convocatoria y celebración de las Juntas Generales Ordinarias de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019, las sociedades deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones:

• La Junta General Ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio 2019 se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales (que ha quedado asimismo prorrogado hasta tres meses más desde que finalice el estado de alarma).
• Si la convocatoria de la Junta General se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el Órgano de Administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para la celebración de la Junta o revocar el acuerdo de convocatoria. En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el Órgano de Administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
• En relación con la propuesta de aplicación del resultado, las sociedades mercantiles que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la Junta General Ordinaria a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta.