Ninguna de las disposiciones estatales publicadas hasta la fecha ha previsto ninguna medida para los casos de locales donde se ejerce una actividad económica, ni la posible modificación o extinción de los contratos de arrendamiento de local de las empresas en una situación de fuerza mayor. Ante la falta de regulación no queda más remedio que arrendador y arrendatario acuerden una solución para evitar la extinción del contrato, que puede pasar por la posible condonación total o parcial de las cuotas de alquiler durante un determinado espacio temporal, o el aplazamiento del pago de las cuotas de alquiler, prorrateándolas en el resto de cuotas del año.
Cualquiera que sea el acuerdo, deberá quedar justificado mediante un anexo al contrato.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ha tenido un impacto directo en la Administración de Justicia y, más concretamente, en la práctica procesal.
La disposición adicional segunda de la citada norma establece la suspensión generalizada de los términos y la suspensión e interrupción de los plazos procesales y actuaciones judiciales para todos los órdenes jurisdiccionales, todo ello sin perjuicio de las excepciones previstas. En todo caso, se trata de una medida temporal, de forma que tanto el cómputo de los plazos como las actuaciones judiciales se reanudarán en el momento en que pierda vigencia el citado Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
En este escenario, en fecha 2 de abril de 2020, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado iniciar la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia para cuando se reanude la actividad judicial. Los principales objetivos que busca el citado plan de choque son: i) evitar una situación de colapso generalizada en la Administración de Justicia tras el levantamiento del estado de alarma, ii) agilizar la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda tener un impacto más negativo, así como iii) proporcionar un escenario fiable tras la vuelta a la normalidad.

Recientemente y como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, el Gobierno ha publicado diferentes Reales Decretos-Ley que recogen medidas extraordinarias que afectan a los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales de las empresas.
Según la normativa mercantil, las empresas tienen la obligación de formular las cuentas anuales dentro de los tres primeros meses posteriores al cierre del ejercicio. El Decreto-Ley 11/2020 establece que esta obligación queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo otros tres meses a contar desde esa fecha. Si por ejemplo el Gobierno decreta el fin del estado de alarma el 26 de abril, el plazo para formular cuentas se alargaría hasta el 26 de julio.
No obstante, se permite la posibilidad de formular voluntariamente las cuentas anuales, dentro del periodo de tiempo en el que el estado de alarma esté en vigor.
La aprobación de las cuentas anuales se deberá producir en la junta general ordinaria, celebrada dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que finalice el plazo anterior para formular las cuentas. Posteriormente, el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil se efectuará en el plazo de un mes desde su aprobación. En el ejemplo, este plazo finalizaría el 26 de noviembre.
Finalmente, en cuanto al plazo para el diligenciado de los libros de contabilidad, aunque no se contempla nada expresamente en las nuevas medidas, según interpreta el Colegio de Registradores, considerando la suspensión general de los plazos ordinarios y, en particular, la del plazo para formulación de cuentas con el que está relacionado el plazo límite para legalización de libros, también este plazo quedaría suspendido. Por lo que el plazo resultante sería el de cuatro meses desde la finalización del estado de alarma o sus prórrogas. En nuestro ejemplo, hasta el día 26 de agosto.

Transcurridas varias semanas desde la publicación del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que se aprobó una línea de avales de 100.000 millones de euros por parte del ICO para dar cobertura a la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos, finalmente, en la segunda semana de abril, se ha puesto a disposición el primer tramo de 20.000 millones. La mitad de este importe está destinada a autónomos y pymes y la otra mitad a grandes empresas, siempre que estén relacionados con una reducción de la actividad por la situación de emergencia del Covid-19.
La cobertura del aval es del 80% para pymes y autónomos y entre el 60% y el 70% para grandes empresas. El periodo del préstamo puede llegar a cinco años y el tipo de interés y los gastos de formalización varían según los importes y las entidades financieras, pero siempre en buenas condiciones de mercado.

Llega el segundo tramo
Ante la clara insuficiencia de este importe el 10 de abril se ha publicado una resolución de la Secretaría de Estado de Economía por la que se pone a disposición el segundo tramo de la línea de avales, por otros 20.000 millones. Se dirige exclusivamente a pymes y autónomos -no es de aplicación a las grandes empresas- y podrá aplicarse a renovaciones o a nuevos préstamos.
Las solicitudes podrán realizarse hasta el 30 de septiembre y el precio tiene que ser inferior al de otros préstamos que no tengan la garantía del aval, no pudiendo las entidades financieras someterlos a otras condiciones adicionales de la entidad.

Sería oportuna una revisión normativa, que estableciera un marco propio y que contemplara también las ventajas que las UTES aportan a la ejecución de los contratos públicos, de tal forma que su concurrencia se tomara en consideración por los órganos de contratación como un elemento esencial a la hora de aceptar y fomentar las UTES en las licitaciones públicas. Es necesario que la CNMC, en consonancia con la reciente jurisprudencia, tienda hacia una interpretación más flexible de lo que son prácticas contrarias a la competencia y aplique criterios de razonabilidad, valorando cuando efectivamente se producen efectos restrictivos reales de la competencia en cada supuesto.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La supresión de este precepto, impulsada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, responde a la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al cuidado de personas dependientes. El Real Decreto-ley, aprobado hoy, cumple además con las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en la sentencia del 18 de enero de 2018 ya había advertido a España de que la aplicación de esta modalidad de despido objetivo, por faltas de asistencia justificadas, iba en contra de la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Sucede que pese a haberse configurado como un impuesto indirecto, realmente no lo es, según el consenso de los expertos, y suscitará pleitos de empresas que se consideren doblemente gravadas, al acumularse el IDSD sobre los tributos directos que pagan, así como las de aquellos países con los que España tiene convenio para evitar la doble imposición, que verán gravada su actividad en el país pese a tributar en el territorio donde están domiciliadas.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Una de las actuaciones que va a emprender la Agencia Tributaria en el ejercicio 2020 es el control de las sociedades que, de forma reiterada, declaran bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros. Estas bases imponibles supondrán un ahorro en el Impuesto sobre Sociedades en los próximos ejercicios -al compensarse con los beneficios que se generen- y una merma en la recaudación del tributo para la Agencia Tributaria. Entre los sectores que más bases negativas acumulan están la construcción, la industria y el comercio.
Según la Agencia Tributaria, se centrarán en las empresas de mediano y gran tamaño, aunque sin obviar a algunas menores o desaparecidas. Se prevén visitas domiciliarias en los casos de información opaca o cuando los datos de las sociedades se desvíen notoriamente de la media de su sector.
También se prevé enfocar el control en grandes patrimonios, en especial en aquellos que ofrezcan importantes rasgos de opacidad y deslocalización.

El 28 de diciembre de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 18/2019, por el que se adoptaron determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se prorrogaron para 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva (módulos) para las actividades económicas que engloba, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos; esta prórroga ha evitado que muchos empresarios se vieran expulsados de ese régimen especial.
Al igual que ocurre en el IRPF, en el IVA también se prorrogan para 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
En lo que concierne al Impuesto sobre el Patrimonio, se ha prorrogado de nuevo para el ejercicio 2020 el mantenimiento de su gravamen. Sigue pues pendiente la revisión y reforma de este impuesto, del que se viene reclamando su supresión, o como mínimo su homologación en las diferentes comunidades autónomas, dado que existe un agravio importante entre contribuyentes según su residencia.

“Hemos de dar un voto de confianza al nuevo Gobierno”

¿Cómo valora Fepime el nuevo Gobierno español de coalición liderado por Pedro Sánchez desde la óptica de la economía productiva?
Hemos de dar un voto de confianza al nuevo Gobierno. En el mismo hay personas de contrastada solvencia en gestión económica como el nuevo ministro de Seguridad Social o la vicepresidenta económica. La apuesta por las políticas sociales tiene que ser compatible con el apoyo al mundo de la empresa y ahí está el reto de este nuevo Gobierno. Para ello contará con todo el apoyo de Fepime.

La ministra Calviño integra en su vicepresidencia económica responsabilidades en materia de transformación digital. ¿Puede hacer un diagnóstico de cómo las pymes están gestionando su digitalización?
Este es el gran reto de la pyme a nivel catalán y nacional. Así lo hemos diagnosticado en el 3er Congreso de Fepime Catalunya, focalizado en la digitalización de las pymes. Esta es la principal línea de trabajo en la que estamos centrados. La digitalización tiene que ver con la generación de empleo de calidad, más tecnología significa más empleo.

La patronal que preside lamenta la falta de mano de obra cualificada a disposición de las empresas. ¿Son el sistema educativo y los programas formativos existentes los culpables de esta situación?
Sin duda. Hay una falta de oferta de FP y no se prioriza la FP Dual. Eso lleva a que cualquier joven que empieza estudios ahí no los culmine porque recibe a mitad de su formación ofertas desde el mundo de la empresa. En Catalunya, muchas comarcas no tienen ofertas de programas en FP y eso lleva a las empresas a no poder cubrir las ofertas de trabajo que realizan. Si no abordamos este tema como una prioridad, condenamos a muchas zonas de Catalunya a ser un desierto industrial.

Parecería que con los tipos de interés de referencia en mínimos históricos la financiación empresarial ya no es un problema. Pero ustedes discrepan, al menos en lo que respecta a las condiciones específicas a las que deben hacer frente las pymes.
Efectivamente, la crisis bancaria lleva a que las pymes tengan que hacer frente a unas exigencias tanto de tipo de interés como de concesión de créditos numantinas. Y por otra parte, otras vías de financiación a través de capital privado o inversores siguen siendo en nuestro país aún solo incipientes. Apostamos porque el nuevo Gobierno incremente los fondos ICO que permitan a las empresas dejar de tener problemas de tesorería y tener capacidad para invertir.

¿Cuáles deben ser las prioridades en materia de política industrial y en qué medida los ejes de actuación de las administraciones públicas coinciden con las mismas?
Nos preocupa que el propio ministro de Universidades haya dicho que no es una buena idea separar el Ministerio de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación. El porcentaje del PIB que España dedica a investigación tiene que crecer de forma exponencial si no queremos seguir siendo una economía solo vinculada a la restauración, la hostelería y el turismo.

El temor a una nueva recesión marcó buena parte del año 2019, pero ahora se percibe una simple desaceleración que podría mitigarse conforme avance 2020. ¿Un pronóstico para la economía catalana del año que empezamos?
Hay síntomas de desaceleración que son especialmente preocupantes en el mercado de trabajo, que durante el segundo semestre de 2019 ha decrecido. Las incertidumbres generadas por una posible reforma laboral y por otras políticas del nuevo Gobierno tendentes a la creación de nuevas figuras fiscales pueden provocar un freno en la inversión que, por otra parte, en los últimos años en Catalunya ya ha experimentado un retroceso. El presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, ya ha manifestado recientemente la necesidad de que la Generalitat no implante nuevas figuras tributarias que lastren la capacidad de inversión de la empresa catalana y afecten a la capacidad de consumo de los ciudadanos.