Esta es la posición del Col·legi d’Advocats de Barcelona, que esta semana urgió al legislador a tomar medidas para acabar con la inseguridad jurídica. “La normativa está pensada para un sector industrial y de servicios clásico. La transformación digital ha creado lagunas que hacen que los abogados se encuentren indefensos para saber cuáles son las reglas del juego.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Aún es pronto para que el derecho a la desconexión digital se haya desplegado con toda su intensidad en las compañías, es más, no es algo que les preocupe demasiado; pero ya hay algunas grandes organizaciones que empiezan a negociar medidas para garantizarlo en sus convenios colectivos, según el vicepresidente de Adirelab. Y otras que consideran que “es innecesario porque ya tenemos regulado el tiempo de trabajo y de descanso”. Axa es una de las pocas que lo ha llevado ya a su convenio colectivo. También Ikea se ha anticipado a la legislación al reconocer el derecho a la desconexión en el Acuerdo Horario que firmó con los sindicatos en septiembre de 2018 para “ser ejemplo para otras empresas”, indica la organización. Y Telefónica lo hizo en noviembre de 2018 y negocia actualmente con sus representaciones sindicales cómo poner en marcha las medidas internas que requiere la posterior normativa.

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Así, tal y como establece en una reciente sentencia, mientras no se levanten los efectos de la situación concursal, la Administración Tributaria no podrá dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa. En su lugar, para instar el pago de los mismos, deberá dirigirse al juez que dirige el proceso siguiendo los trámites del incidente concursal. Con esta resolución, el alto tribunal resuelve en casación la difícil interpretación conjunta de los artículos 84.4 de la Ley Concursal y el 164.2 de la Ley General Tributaria (ambos modificados por la Ley 38/2011).

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Según fuentes del sector, los propietarios, temerosos de que la nueva legislación dificulte o dilate los plazos para recuperar su vivienda en caso de impago, están recurriendo en mayor medida a intermediarios inmobiliarios. Estos servicios no son nuevos, pero su mayor demanda incrementa los costes, que a su vez se repercuten en el precio, lo que acaba perjudicando al inquilino. El Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) recibe más de 1,5 millones de consultas al año pero añade que recientemente la demanda ha repuntado con fuerza. Los seguros frente a posibles impagos son otra de las fórmulas que están siendo más demandadas. “Las peticiones se han incrementado un 40% desde el primer real decreto”.

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Un estudio del Gabinete Económico confederal de CCOO revela que, como resultado de la reforma laboral de 2012, se necesita firmar más contratos indefinidos que antes de la reforma para consolidar un empleo estable. En 2018 se firmaron 1,6 contratos indefinidos por cada nuevo empleo indefinido que se mantenía a final de año, cuando antes de 2012 solo requería entre 1,1 y 1,2 contratos.

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“Los esfuerzos de la Agencia Tributaria para hacer más accesible la declaración explica que sean sobre todo los mayores y los que presentan declaraciones más complejas, como los autónomos, quienes recurren más a los asesores fiscales”. No obstante, para este experto “es vital que a ello se acompañe una mejora del conocimiento general sobre la declaración”.

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El día 3 de abril ha entrado en vigor la ampliación del permiso por nacimiento -al progenitor distinto de la madre biológica- a 16 semanas, de las que serán de obligado disfrute las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de forma ininterrumpida y a jornada completa.
Las 16 semanas se implementarán de forma paulatina hasta la total equiparación de periodos para ambos progenitores: en 2019 ocho semanas, las dos primeras obligatorias; en 2020 12 semanas, las cuatro primeras de disfrute obligatorio; hasta que en 2021 ambos progenitores disfrutarán de igual periodo de permisos (16 semanas, seis primeras obligatorias). Por consiguiente, y merced a la nueva regulación, se suprime el permiso retribuido de dos días (o cuatro) que se concedía hasta ahora al padre.
Además, la nueva regulación de la suspensión del contrato en los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, establece una duración de 16 semanas para cada adoptante, guardador o acogedor, de las que las seis primeras serán de obligado disfrute y a jornada completa. Las diez semanas restantes se podrán disfrutar dentro de los 12 meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
Señalar por último que ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores tienen derecho al permiso para el cuidado del lactante hasta que cumpla nueve meses. El periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.

En reciente consulta vinculante la AEAT incide en su criterio con relación al tratamiento fiscal por la cesión del uso de un automóvil a un trabajador, al considerar que constituye una retribución en especie cuando así se establezca en el contrato laboral, por la parte proporcional del uso que se realice del vehículo para satisfacer necesidades privadas del trabajador, calificándola como una prestación de servicios a título oneroso, por lo que estarán sujetas y no exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Como estas operaciones no se efectúan a título gratuito, la AEAT precisa que podrán deducir las cuotas soportadas en la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de los automóviles, por no ser aplicable la exclusión que establece la Ley del IVA, que establece como no deducibles las cuotas soportadas de bienes y servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o terceras personas.

“No hay innovación y emprendimiento sin fracaso”

¿Cuáles son los rasgos que definen el actual esquema de relaciones económicas bilaterales entre España e Israel?
Israel es el socio comercial más importante de España en Oriente Medio. Las exportaciones españolas suman un valor aproximado de 1.500 millones de euros en ámbitos como la automoción, las materias primas y la confección, mientras que las importaciones ascienden a unos 600 millones, con un peso preeminente de la tecnología destinada a múltiples aplicaciones, por delante de química y materias primas. Con un matiz: una parte importante de la tecnología israelí que llega a España no se refleja en las cifras disponibles, pues está integrada en productos dirigidos a los usuarios como son teléfonos móviles, ordenadores u otros.

¿Qué sectores en Israel ofrecen más oportunidades de negocio para las empresas españolas?
Las empresas españolas deben observar a Israel desde dos puntos de vista: como un mercado desarrollado con más de ocho millones de habitantes, pero también como una fuente de tecnología innovadora. Hay que fomentar los puentes tecnológicos entre España e Israel en beneficio de la competitividad empresarial y para ello es necesario cierto apoyo institucional, sobre todo pensando en las pymes españolas que, por regla general, todavía no asumen esta concepción de forma natural. Israel presenta buenas oportunidades en infraestructuras -se está invirtiendo mucho en esta materia-, del mismo modo que la adopción de la certificación kosher puede permitir a las empresas españolas el desarrollo de productos muy competitivos y atractivos para los mercados internacionales.

¿Puede definir en qué consiste la ‘nación startup’ y valorar si la realidad que subyace en ella es consecuencia o causa de la capacidad innovadora del país?
Sin duda, el ecosistema emprendedor propio es causa de su capacidad innovadora. Si bien Israel es uno de los cuatro países más innovadores del mundo porque ha desarrollado mucha tecnología en el área de defensa que tiene un uso civil, desde la Cámara trabajamos para intentar replicar en España algunas de las características de tal modelo, en base a cuatro consideraciones: hay que financiar la innovación y aquí juegan un papel crucial las empresas de capital riesgo, puesto que los bancos no la sufragan porque el riesgo es demasiado alto; para innovar no basta con emprender, sino que hay que disponer de tecnología de primer nivel, en buena medida gracias a la capacitación de universidades y parques tecnológicos; tienen que coexistir la cultura del emprendimiento -en Israel los alumnos de las universidades desean ser emprendedores antes que optar por carreras en el seno de multinacionales- y la aceptación del fracaso, porque no hay innovación y emprendimiento sin fracaso; y debe establecerse un marco regulatorio y administrativo facilitador de tales actividades, al tiempo que se prioriza una estrategia de especialización.

¿En qué medida la colaboración público-privada debe ser un factor relevante en la salud y la competitividad de un ecosistema emprendedor?
En Israel este aspecto es clave. Tanto en lo que respecta al desarrollo de conocimientos de una forma constante, como también a la disponibilidad de recursos económicos y humanos, la combinación público-privada es perfecta.

¿Echa en falta un plan estratégico vertebrador del crecimiento a medio y largo plazo para la economía española?
Es cierto que la estructura competitiva española no se ha desarrollado lo suficiente. La única opción con garantías es competir por valor añadido y no por coste, para lo cual la innovación es un imperativo. Lo ocurrido en Israel es paradigmático: un país agrícola en los años 70 y 80 del siglo pasado, hoy exporta tecnología al mundo. España debe encarrilar su modelo competitivo, para lo que es necesaria la planificación -si pensamos en términos de plan estratégico, China lo está haciendo muy bien-, así como la coordinación en lo que respecta a los recursos disponibles para la innovación y la búsqueda de un nicho competitivo.

¿Afecta a Israel la incertidumbre derivada de factores geopolíticos y económicos internacionales o su especialización en servicios tecnológicos supone un blindaje ante coyunturas de este tipo?
Israel ha sido uno de los pocos países desarrollados que no ha sufrido recesión en la última crisis económica global. La clave ha sido la especialización: sus exportaciones globales han crecido de forma exponencial en materia de tecnología, mientras que en otros ámbitos el crecimiento ha sido lineal. No podemos hablar de blindaje, pero sí de una evidente ventaja competitiva.

A pesar de las innumerables protestas y campañas en su contra, el Parlamento Europeo ha aprobado la polémica modificación de la Ley de Copyright. La reforma supone un gran cambio de las reglas en Internet: a partir de ahora, las plataformas tecnológicas deberán aplicar filtros para impedir el acceso, sin autorización, a creaciones protegidas por derechos de autor u obtener licencias de los creadores, lo que convierte a las plataformas en responsables de lo que suben sus usuarios de forma continua y masiva.
Asimismo, la reforma también incluye que los editores de prensa podrán exigir a webs y agregadores de noticias -como Google News- un pago por el empleo de sus informaciones. Las plataformas y agregadores de noticias tendrán que solicitar licencias de publicación a los editores de medios de comunicación para la reproducción de noticias, unos permisos que generarán ingresos a las editoriales que repercutirán en los periodistas.
Pero hay excepciones, puesto que los hipervínculos a artículos de noticias, acompañados de “palabras individuales o extractos muy cortos”, se pueden compartir libremente; quedan exentas de la nueva regulación Wikipedia, GitHub o los usos en centros educativos de búsquedas y acopio de datos, y también se salvan los memes o gifs.
Las grandes plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram están totalmente en contra -así lo han manifestado- porque creen que la normativa supondrá un severo castigo a la configuración de Internet, mientras que los autores cuyas creaciones nutren Internet y las redes, están a favor.
El siguiente paso es que el texto aprobado en la Eurocámara deberá ser refrendado por los ministros en Consejo de la Unión Europea. Tras ser publicado en el Diario Oficial de la UE, los países miembros tendrán hasta dos años para incorporar las normas a sus legislaciones nacionales.