Supondría el primer retoque a la reforma laboral ante la imposibilidad de derogarla por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. el Gobierno ha trasladado la propuesta a los agentes sociales, aunque no es firme y todavía se está estudiando en los diferentes grupos de trabajo. Todavía ni siquiera está definida la cuantía de la indemnización.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

También plantean la introducción de mecanismos de resolución de disputas, un sistema para notificar de forma automática cambios en las normas de IVA en los países y un portal de información para obtener información adecuada y rápida sobre tipos de IVA en la UE.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Con este nombre aprobó el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2018 este texto -ya en vigor, con 55 medidas operativas y 20 organizativas- y cuya esencia radica en aflorar las situaciones laborales irregulares que, de algún modo, la crisis pudo traer pero que se siguen manteniendo.
Entre las medidas operativas destaca la lucha contra: 1) El abuso-fraude en la contratación temporal injustificada (España tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea); 2) El abuso de la contratación a tiempo parcial; 3) Excesos de jornada y horas extras no abonadas; 4) Los falsos autónomos y regularizar su situación, y 5) Brecha salarial de género.
Para esto se dota de medidas organizativas que suponen la incorporación de unos 800 inspectores y subinspectores de trabajo, la colaboración de las fuerzas y cuerpos del Estado con la Inspección de Trabajo y el inicio inmediato del plan, así como la estrecha colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo.
De hecho, este mes de agosto desde la Inspección de Trabajo ya se han enviado cartas a 55.000 empresas con contratos a tiempo parcial para que en el caso de que la jornada de dichos contratos no se ajuste a la realizada pasen a regularizar la situación y pagar las diferencias de cotización que correspondan. La segunda campaña que se está lanzando es la de la contratación temporal. De aquí a final de año se intensificarán las inspecciones.

La propiedad industrial e intelectual (IP) es uno de los elementos más importantes que debe tener en cuenta el emprendedor. La legislación nacional, comunitaria e internacional nos ofrece un amplio abanico de posibilidades para proteger aquello que se ha desarrollado desde una idea y que lleva al emprendedor a embarcarse en una empresa, en el sentido literal de la palabra.
Dentro de los primeros pasos de un emprendedor debería siempre encontrarse la tarea de establecer una estrategia de IP; no obstante, este paso que con toda certeza es uno de los más importantes, normalmente no se tiene en cuenta. El emprendedor no debería obtener registros sin ningún tipo de criterio, sino que debe analizar la efectividad y la utilidad de los mismos.
A menudo, empresas consolidadas y grandes con altos recursos económicos buscan una estrategia basada en conseguir y mantener un gran número de registros. Pero registrar sin ningún tipo de análisis de los intereses para la empresa puede resultar costoso e incluso inútil, una estrategia por lo demás que un emprendedor normalmente no se puede permitir. Para determinar una estrategia de IP no hay una fórmula preestablecida; en esencia, se trata de conocer las opciones, la empresa y el plan de futuro de la misma y con estos datos se podrá concretar cuáles son las mejores opciones para el emprendedor.
Realizar una buena estrategia de IP pasa porque el emprendedor se familiarice con todas las posibilidades que hay a su alcance: desde la protección de invenciones, marcas y secretos, hasta la protección de algoritmos, bases de datos y/o códigos fuente. Además, es necesario que sea consciente del alcance y las limitaciones de cada tipo de protección, así como los plazos de ésta que afecten a su estrategia.
Es importante tener en cuenta que una planificación de IP bien desarrollada y justificada en el plan de negocio, constituye la base de una empresa fuerte y un atractivo para inversores.

“Luchamos para que se apruebe una auténtica ley de mecenazgo, de corte europeo”

¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades del sistema fundacional en Catalunya?
Como fortalezas, señalaría el know how acumulado por fundaciones en sectores como los servicios sociales, la educación, la salud, la cultura, la cooperación o la investigación, donde en algunos casos desarrollan su labor en exclusiva, bien con sus propios recursos, bien con programas contratados o subvencionados en parte por las administraciones. Otra característica derivada de esta experiencia es la calidad, el talante y el estilo del servicio prestado. En cuanto a los retos, hay que avanzar en la percepción social de la filantropía y en dar a conocer la actividad de las fundaciones, y en la equiparación de los incentivos fiscales a los de los países de nuestro entorno.

¿Qué elementos del sistema no lucrativo de Estados Unidos deberían inspirar al autóctono?
En Estados Unidos los ciudadanos tienen claro que no pueden esperar que el Estado resuelva sus problemas y que es precisa una sociedad civil organizada que permita completar la actividad pública. El Estado debería apreciar el ahorro para sus arcas que le supone el servicio que prestan las fundaciones porque le evita tener que asumir esas prestaciones. Por tanto, falta una mayor conciencia pública que incentive fiscalmente las donaciones -de empresas y de ciudadanos individuales- a las fundaciones. La otra batalla por ganar es la de la conciencia social. Sigo el ejemplo de Estados Unidos: allí hay una gran concienciación, pero insisto, en este país las donaciones tienen un trato fiscal avanzado.

¿Es adecuada la actual legislación relacionada con la captación de recursos económicos por parte de este tipo de entidades?
Estudios publicados en Estados Unidos en 2016 y en Europa en 2013 cifraban el monto de las donaciones en Norteamérica en el equivalente al 2,1% del PIB, el 1,2% en Gran Bretaña, el 0,6% en la media europea y un escaso 0,2% en España. ¿Por qué sucede esto? Por una falta de compromiso ciudadano, quizás, pero también por los escasos beneficios fiscales. En España, una donación de hasta 1.000 euros tiene una deducción del 35% en la declaración de la renta, y en Francia supera el 60%. Desde hace años luchamos para que se apruebe una auténtica ley de mecenazgo, de corte europeo, pero nunca supera la resistencia del Ministerio de Hacienda de turno, aunque se debe reconocer un leve avance en las medidas dictadas en agosto de 2014.

En lo que respecta a la estrategia colaborativa entre las mismas, ¿es suficiente?
En la Coordinadora detectamos que muchas fundaciones que se ocupan de la misma materia no se conocían entre ellas. La existencia, en la entidad, de cuatro comisiones -Educación, Ámbito social, Investigación y Tecnología y Cultura- pretende aunar esfuerzos, conocer a fondo el sector e influir en las políticas públicas, pero también interrelacionar a las fundaciones de un mismo ámbito.

El debate en torno al papel de la mujer en la sociedad es de plena actualidad. ¿Cuál es la realidad en la materia en el ámbito de las fundaciones?
El Observatorio de las Fundaciones de Catalunya que hemos puesto en marcha tiene por objeto realizar una radiografía de la realidad del sector, con datos cuantitativos y cualitativos. No obstante, un estudio de la Asociación Española de Fundaciones cifra la plantilla de mujeres en un 59%. Algún otro informe sitúa la presencia femenina en un 74% en lo que se refiere exclusivamente al tercer sector, esto es, las entidades del ámbito social. Pero es obvio que hay espacio para la mejora en la paridad de los patronatos, ahora con una presencia masculina mayoritaria en una proporción de siete a tres.

En 2018 la Coordinadora cumple 40 años. ¿En qué medida los cambios económicos, sociales y tecnológicos obligan a una redefinición del papel de la organización que preside?
Es evidente que las fundaciones debemos reconvertirnos. El Estado del bienestar tal como lo hemos entendido es insostenible y alguien deberá satisfacer las demandas sociales crecientes. La solución debe venir de la colaboración público-privada, con una financiación que asegure la prestación de los servicios y con una gestión de las fundaciones eficaz y transparente que aligere el peso del sector público en plantilla e instalaciones. En tal contexto, la Coordinadora debe aportar permanentemente para avanzar en el conocimiento del sector, su relevancia social y humana, y la profesionalización de las actividades y de los integrantes del sector fundacional en Catalunya, en el camino del buen gobierno y el servicio a la sociedad.

En consulta vinculante de la Dirección General de Tributos se indica que los contribuyentes que desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento se determine por estimación directa, con independencia de la calificación que dichas actividades puedan tener a efectos distintos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en otros ámbitos normativos, pueden deducir los gastos comprendidos en el artículo 30.2 5ª de la Ley del Impuesto (IRPF).
Esto es, las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente para su cobertura y la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él, con un límite de 500 euros por cada una de las personas, o de 1.500 euros por cada una que tenga discapacidad. También si el contribuyente afecta parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica podrá deducir determinados gastos de dicha vivienda y, por último, los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente.
Hay que recordar que la Ley del IRPF establece que se consideran rendimientos de actividades económicas los obtenidos por un contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital participe, derivados de la realización de actividades profesionales, cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ha elevado del 20% al 30% la deducción aplicable en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las cantidades satisfechas por los contribuyentes por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en su normativa. Además, se ha elevado la base máxima de deducción, que pasa de 50.000 a 60.000 euros.
Entre otros requisitos, la entidad deberá ejercer una actividad económica con medios personales y materiales; el importe de los fondos propios de la misma no podrá ser superior a 400.000 euros en el inicio del periodo impositivo de la entidad en que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones; la participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, no puede ser, durante ningún día de los años naturales de tenencia de la participación, superior al 40% del capital social de la entidad o de sus derechos de voto; además, la entidad no puede ejercer la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormente mediante otra titularidad.

La Agencia Tributaria de Catalunya ha emitido un comunicado mediante el cual informa que a partir del 2 de octubre de 2018 están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para efectuar cualquier trámite de un procedimiento administrativo las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera la colegiación obligatoria (para aquellos trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad) y quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
A partir de esa fecha estos colectivos recibirán las notificaciones por medios electrónicos. A tal efecto, la Agencia Tributaria de Catalunya habilitará un formulario de contacto a través del que se podrá facilitar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil a los que se enviará aviso de notificación electrónica.

Mediante sentencia de 23 de mayo de 2018 el Tribunal Supremo considera que no es idóneo comprobar el valor real de los inmuebles y sus efectos tributarios multiplicando el valor catastral por coeficientes, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a valoración. La aplicación de este método no dota a la Administración de una presunción de veracidad y deberá ser ésta y no el contribuyente quien justifique las razones por las cuales tal valor declarado no se corresponde con el valor real.
Con la sentencia se hace justicia a las innumerables reclamaciones efectuadas, alegando que el valor real no es un algoritmo exacto y único sino una franja admisible entre un valor máximo y un mínimo, interpretando que el valor puede fluctuar según las circunstancias del mercado, la urgencia o necesidad de vender o el hecho de tener o no una hipoteca, entre otros factores.
También hay que tener en cuenta que, en determinados casos, el valor real de los inmuebles puede ser superior al resultado de multiplicar el valor catastral por los coeficientes establecidos (coeficientes que determinan un valor mínimo por el que la operación no es objeto de comprobación prioritaria por parte de la Administración).
En definitiva, una sentencia importante por el gran número de operaciones relacionadas con inmuebles y por los efectos que puede producir en la recaudación tanto de la Administración Central como de las comunidades autónomas.

El Tribunal Supremo deniega la revisión por parte de la Administración de los valores declarados por un contribuyente a los efectos del Impuesto sobre Sucesiones.

El Tribunal Supremo, en una sentencia reciente, da la razón a un contribuyente frente a la Administración que pretendía revisar la valoración realizada por aquél para la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones por un inmueble recibido en herencia.
Dicho contribuyente aplicó los criterios y tomó los valores publicados en la página web por la Generalitat de Catalunya mediante una Instrucción dictada a efectos de comprobación de valores.

Valor catastral como referencia
En la comentada sentencia, el Alto Tribunal entiende que, toda vez que la Generalitat de Catalunya publicó en la Red y puso a disposición del conjunto de contribuyentes unos coeficientes aplicables por municipio y tributo -asumiendo por consiguiente el valor catastral como parámetro de referencia-, esto permite determinar el valor real del bien, no siendo posible que la Administración proceda en este caso a comprobar los valores declarados.