Son cuatro los requisitos para que una cláusula sea considerada como condición general de la contratación: a) contractualidad, o que haya sido redactada para ser incorporada a un contrato; b) predisposición, siendo aquí indiferente que su autor sea el empresario o profesional que lo utiliza en la contratación o un tercero; c) imposición, en tanto la incorporación de la condición general al contrato se haya producido por obra exclusivamente de uno de los contratantes, sea el empresario o el profesional; y d) generalidad, por estar destinada a una pluralidad de contratos.

El régimen de nulidad de tales condiciones generales es diferente según si, el contrato en el que se integran, se haya celebrado o no con un consumidor, en tanto en cuanto, en los celebrados con no consumidores, la consecuencia es la que se desprende del régimen de la nulidad contractual por contrariedad a norma imperativa o prohibitiva, no siendo de aplicación el criterio de la “abusividad” previsto para los contratos con consumidores.

Nuevamente el Tribunal Supremo (TS), en su reciente sentencia 226/2017, evidencia lo importante que es contar con un código de conducta de uso de las herramientas telemáticas (cuentas de e-mail, Internet, entre otros) que fije tanto las reglas de uso del trabajador como los límites de control de la empresa que garanticen los derechos fundamentales de los trabajadores.

En el caso de autos la empresa pretendía la revisión de una sentencia que ratificaba el derecho de la trabajadora a la reducción de jornada por cuidado de hijos en base al descubrimiento de un correo electrónico cruzado entre la trabajadora y su abogado en el que manifestaba que el motivo de la reducción de jornada protegida no era el cuidado de los hijos sino forzar un despido indemnizado. La empresa justifica la intromisión en el correo de la trabajadora por encontrarse ésta de baja médica y la necesidad de continuar con los trabajos inacabados.

El TS no admite la prueba dado que no quedan acreditados los motivos de la revisión del correo y no puede valorar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida al no existir instrucciones previas acerca del uso del correo ni la advertencia de que puede ser controlado, ni consentimiento previo de la trabajadora, ni presencia de otro trabajador, entre otros.

La existencia del código de conducta no puede asegurar el éxito en el juicio pero sitúa a la empresa en mejor posición y en este caso el correo interceptado por la empresa podría haber tenido valor probatorio.

Tras la sentencia de fecha 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional por la que declaraba improcedente exigir la plusvalía municipal cuando no existe un incremento real del valor del terreno entre su adquisición y su transmisión -al vulnerar el principio constitucional de capacidad económica-, Hacienda, ante las dudas suscitadas, se plantea elaborar un protocolo de actuación tanto para los contribuyentes como para los ayuntamientos, así como para las entidades recaudadoras del impuesto, con el fin de esclarecer el modo de actuar de las partes implicadas.

Ya está en marcha el nuevo Impuesto de la Generalitat de Catalunya sobre los Activos No Productivos de las Personas Jurídicas. Éste se devengará con una periodicidad anual, el 1 de enero –excepto para 2017, cuando el devengo se producirá el próximo 30 de junio–, y gravará la titularidad de determinados activos no productivos que posean las personas jurídicas.

La Ley es de aplicación en todo el territorio catalán y no se especifica que los sujetos pasivos deban tener su residencia fiscal en el mismo. Los inmuebles no productivos estarán afectos al impuesto cuando estén ubicados en Catalunya, pero no se definen para los demás bienes no productivos los criterios aplicables para calificarlos como situados dentro del territorio.

Finalmente no se ha fijado ningún mínimo exento tal como se preveía, y el tipo impositivo será el resultado de aplicar unas tarifas coincidentes con las del Impuesto sobre el Patrimonio (con un tipo mínimo del 0,21% y un máximo del 2,75%).

Se duda de la efectividad tributaria de la medida por considerar que va a ser una fuente de ingresos secundarios con unos costes de administración elevados, y además, puede generar una doble tributación para aquellos socios de sociedades que posean activos no productivos y sean contribuyentes del Impuesto sobre Patrimonio, ya que la Ley no especifica la incompatibilidad entre ambos impuestos.

El pasado 8 de junio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en marzo de 2012.

La sentencia anula la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, que regulaba la posibilidad de que los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades pudieran regularizar los bienes no declarados, sometiéndoles a la tributación de un tipo de gravamen específico del 10%, en principio, sobre el importe o valor de adquisición de los bienes o derechos que no se correspondieran con rentas declaradas a 31 de diciembre de 2010, mediante “Declaración Tributaria Especial” (Modelo 750). Todo ello sin la aplicación de sanciones, intereses ni recargos.

Los efectos de esta disposición adicional impugnada y anulada consintieron la regularización de las rentas previamente ocultas al tipo reducido del 10% y la no imposición de ningún tipo de sanción a quienes se acogieron a la misma.

En consecuencia, las cantidades afloradas y regularizadas pasaron a ser rentas declaradas a todos los efectos.

El Tribunal Constitucional considera que la amnistía fiscal ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad.

Es por esta razón que ha declarado la disposición impugnada inconstitucional y nula.

Seguridad jurídica

La sentencia del Constitucional ha declarado que no son susceptibles de ser revisadas, como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, las situaciones jurídicas-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica.

Los delitos cometidos por un empleado contra la privacidad de los datos personales y contra la seguridad de los sistemas de información pueden generar responsabilidad penal de la empresa para la que trabaje, si ésta no ha adoptado las medidas de prevención necesarias para evitar su comisión. Según puso de manifiesto la fiscal jefa de Sala del Tribunal Supremo: “Hay una normativa de protección de datos que hay que cumplir y si su incumplimiento implica responsabilidades delictivas, podría derivarse de él la responsabilidad penal de la persona jurídica”. En la actualidad, se estima que la ciberdelincuencia es el segundo negocio ilegal más lucrativo, solo por detrás de la venta de armas, y multiplicando por tres el dinero que mueve el tráfico de drogas.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Desde Upta, consideran que la inspección está actuando justo en la línea contraria a la filosofía de la Ley, inspeccionando a las empresas que cumplen con lo establecido en las Leyes y dejando en total impunidad a otras muchas que no adoptan los mecanismos necesarios con la legislación. Tan solo tenemos registrados algo más de 10.000 contratos de TRADES en el registro del SEPE, con lo que tenemos más de 290 mil  autónomos dependientes en una situación irregular. Curiosamente son los contratos de TRADES registrados en el Servicio Público de Empleo sobre  los que se está realizando un completo análisis y a los que se está cambiando unilateralmente las condiciones contractuales pasándolos a personal  laboral.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión del Tribunal no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada. Todo ello lleva al Tribunal a afirmar que la previsión contenida en el Real Decreto-ley 12/2012 “ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas –aunque ocultadas a la Hacienda Pública por un gravamen único del 10 por ciento, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales)”. Por tanto, la norma “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” que enuncia el art. 31.1 CE al haber “alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes”. Y lo ha hecho en unos términos “prohibidos” por el art. 86.1 CE.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Entonces será cuando entre en vigor la marca de certificación a nivel europeo, cuyo objetivo es armonizar la regulación existente en los diferentes países de la UE. En España, explica esta experta, este sistema de protección ya está regulado y se conoce como marca de garantía. Sin embargo, no es igual a la de, por ejemplo, Francia o Alemania. La cancelación de este tipo de marcas que no cumplan con la definición no será automática, ya que los reguladores no revisarán los registros ya aprobados.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El organismo ha difundido entre sus empleados la Instrucción 1/2017, cuyo contenido determina que la falta de este control horario “no es constitutiva, en cuanto tal, de una infracción del orden social”.El documento, firmado el pasado 18 de mayo, reconoce que después de que el Tribunal Supremo tumbara la obligación del registro -en una sentencia del 21 de marzo; doctrina confirmada en otra del 20 de abril- resulta necesario enmendar el criterio de la Inspección en materia de control del tiempo de trabajo y las horas extra -expuesto en la Instrucción 3/2016-. Trabajo, no obstante, asevera que la no obligatoriedad del registro no exime a las empresas de respetar los límites de tiempo de trabajo, ni impide a los inspectores emplear otros medios de prueba para controlar su cumplimiento. “La Instrucción recuerda que en el ámbito administrativo-sancionador también aplica la prueba de indicios, que jugará en contra de aquellas empresas en las que, ante la constatación de la realización de jornadas superiores a la ordinaria, no dispongan de un registro que lo desvirtúe”.

FUENTE: SINTESIS DIARIA