El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha empezado a imponer sanciones a aquellas sociedades que no han depositado sus cuentas anuales. Las sanciones -que oscilan entre los 1.200 a 60.000 euros por cada año que no se hayan depositado los documentos- pueden alcanzar los 300.000 euros cuando la sociedad facture más de 6 millones de euros.

Estas sanciones se determinan en función del importe total del activo y de la cifra de ventas del último ejercicio declarado a la Administración Tributaria. Hay que tener en cuenta que las infracciones prescriben a los tres años. En el supuesto de que las cuentas anuales se depositen con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, la sanción se impondrá en su grado mínimo y se reducirá en un 50%.

Otra de las consecuencias de no presentar las cuentas anuales es el cierre del Registro transcurrido un año desde la fecha de cierre del ejercicio social mientras el incumplimiento persista, no permitiéndose inscribir en el Registro Mercantil documento alguno, exceptuándose los de cese o dimisión de adminis-tradores, gerentes o liquidadores, revocación de poderes, así como la disolución de la sociedad y nombra-miento de liquidadores.

Tomen nota los miembros del órgano de administración porque, aparte de la posible derivación de responsabilidad que se les pueda plantear, ahora la sociedad puede recibir una sanción importante

¿Cuáles son los ejes estratégicos de IQS Tech Factory?
Como centro de actividad emprendedora del IQS, su misión es contribuir al desarrollo industrial, transformando tecnologías disruptivas en oportunidades de negocio. Apoya a nuevos proyectos empresariales de base científico-técnica con el desarrollo de estrategias de protección intelectual y modelo de negocio, búsqueda de financiación, asig-nación de un mentor y acceso a los recursos y talento del IQS; se ocupa de la transferencia tecnológica para que la investigación realizada en el IQS se oriente a mercado y para que las nuevas tecnologías tengan un im-pacto en el mercado vía modelos de licencia o creación de spinoffs (de las que el IQS tiene actualmente seis); se erige en partner clave de los pro-cesos de innovación de la industria establecida; y promueve el emprendimiento industrial.

¿La crisis económica ha alentado el emprendimiento entre los jóvenes?
Por regla general, el emprendimiento surgido de la necesidad suele ser en forma de autoempleo. El emprendimiento interesante es el de alto valor añadido. Desde IQS Tech Factory nos enfocamos en emprendimiento de base científico-técnica, ya que éste suele derivar en empresas de carácter transformador e industrial. Factores como el acceso a herramientas, la proliferación de aceleradoras y programas de apoyo, la diversificación de fuentes de financiación, las oportunidades surgidas de la digitalización y la proliferación de referentes en los que fijarse han alimentado la pasión por el empren-dimiento.

Hay quien señala que vivimos una burbuja emprendedora. ¿Estallará?
Más que una burbuja, lo que hay es un ecosistema que no existía y que, además, ha vivido un proceso de ma-duración. Al hablar de emprendimiento asumimos que nos referimos a emprendimiento de base digital, y puede que aquí el sentimiento de burbuja esté más extendido. Pero en sectores como ciencias de la vida, técnicas industriales avanzadas, nuevos materiales, química o robótica, los ciclos específicos de desarrollo, las inversiones necesarias y las dinámicas del merca-do motivan que la barrera de entrada sea más elevada que en proyectos digitales y, en consecuencia, se percibe menos actividad emprendedora.

¿Qué países cuentan con un ecosistema emprendedor más eficiente? ¿Cómo se posiciona Catalunya?
En el caso del emprendimiento industrial, de base científico-técnica, destacaría Reino Unido, Holanda, Alemania o Finlandia, donde innovación y desarrollo industrial son aspectos clave de la estrategia económica. En el Estado español, Catalunya ha asu-mido la importancia del desarrollo industrial. Este año, un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona ha ratificado que más de un 50% del PIB catalán depende directa e indirectamente de la industria transformadora.

¿Qué se requiere para que la ciencia derive en oportunidades de negocio?
La investigación realizada en centros públicos y privados debe estar orientada al mercado, ya que es mucho más fácil convertir ciencia en empresa cuando el punto de partida es una necesidad a cubrir. Deben existir mecanismos para que la transferencia tecnológica (del centro de investigación al mercado) se haga bajo tales condiciones que el investigador decida convertirse en emprendedor. Y hace falta que los investigadores adquieran conocimientos de gestión empresarial, o que reconozcan sus necesidades e incorporen este perfil al equipo

¿Los efectos de la crisis económica, sobre todo en materia de paro, se-rían distintos con una apuesta más decidida por el sector industrial?
El desarrollo industrial va acompañado de puestos de trabajo de alto valor añadido, que no solo benefician al empresario, sino que en épocas de crisis tienen una mayor capacidad de crear nuevas oportunidades por sí mismos.

IQS Tech Factory ha firmado un acuerdo de colaboración con el des-pacho Bellavista. ¿Con qué objetivos?
IQS Tech Factory y Bellavista colaboramos para aumentar el número de proyectos empresariales de base científico-técnica en nuestro país. Bellavista tiene mucha experiencia evaluando tecnologías y elaborando acuerdos de licencia. IQS Tech Factory dispone de acceso privilegiado a nuevas tecnologías, talento emprendedor y necesidades industriales. El tándem puede ser generador de nuevos proyectos empresariales de alto valor añadido.

La Comunidad Europea ha consi-derado la importancia de proteger los conocimientos técnicos y empresaria les conocidos como “secretos comerciales”, con el objetivo de garantizar la competitividad empresarial y la innovación en investigación en el mercado. Los secretos comerciales abarcan conocimientos técnicos, pero también datos comerciales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios y estrategias de mercado, y son aplicados por las compañías para obtener ventajas competitivas.

Teniendo en cuenta que los secretos comerciales son la modalidad de cono-cimiento que las empresas más suelen utilizar y, a la vez, la menos protegida por el actual marco jurídico de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado 8 de junio la Directiva (UE) 2016/943, relativa a la protección frente a la obtención, utilización y revelación ilícita de secretos comerciales. Ésta pretende establecer un nivel de protección equi valente en toda la Unión y eliminar las notables diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a la protección de los secretos comerciales.

Las principales bases que sienta la Directiva son: definición y establecimiento del alcance del concepto de “secreto comercial”; definición de las conductas infractoras consistentes en la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales; es-tablecimiento del marco de acciones, procedimientos y recursos que el poseedor de un secreto comercial podrá ejercitar contra el infractor ante las au-toridades judiciales competentes; y establecimiento en seis años de la dura-ción máxima del plazo de prescripción de las mencionadas prácticas ilícitas.

La Directiva entró en vigor el pasado 5 de julio y el plazo para su transposición y su integración en el ordena-miento español finalizará el 9 de junio de 2018.

El pasado mes de julio el Tribunal Supremo ha estimado dos recursos de casación para unificación de doctrina rechazando la postura actual de la Administración Tributaria en la que, para poder aplicar la bonificación del 95% en las participaciones de em-presa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones, se exigía que la persona que formara parte del grupo familiar y que cumpliera el requisito de ejercer funciones efectivas de dirección debía, además, ser socio de la empresa familiar.

El supuesto más típico sería el de un matrimonio con hijos en el que los padres tienen el 100% de participa-ción en la empresa familiar pero son los hijos los que ejercen las funciones directivas. Hasta ahora se rechazaba la aplicación de la bonificación por no ostentar los hijos participación alguna en la compañía. A partir de estas trascendentales sentencias, las Administraciones autonómicas -que son las competentes en aplicación del referido impuesto- se verán forzadas a cambiar su postura.

Ha entrado en vigor el “sistema de oposición” en el procedimiento de registro de marcas en México, por el que los titulares de derechos de marca anteriores tendrán la posibilidad de oponerse al registro de mar cas similares. El nuevo sistema pretende incrementar la certidumbre jurídica del procedimiento de registro de marcas.

En China, por su parte, la música de apertura de la Radio Internacional de China se ha convertido en la primera marca sonora registrada por dicho país.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Jus-ticia de Las Palmas dictamina que para despedir a un empleado por la realización de actividades incompatibles durante su situación de baja médica, no basta con probar un hecho puntual o aislado, sino que exige acreditar la duración de dichas actividades y su carácter contraproducente por retrasar la curación, y ello en atención a la sintomatología, tratamiento pautado y limitaciones del empleado.

El supuesto de dicha sentencia es el de una empresa que despidió a una empleada al comprobar que había publicado en Facebook fotografías en las que, estando de baja, aparecía haciendo bricolaje o tocando una guitarra en una fiesta. El tribunal rectifica el criterio del Juzgado de lo Social nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria y declara la improcedencia del despido por los motivos expuestos, si bien hace otro pronunciamiento no exento de interés: declara que la utilización de las fotos por la empresa no implica vulneración del derecho a la intimidad personal ni familiar de la trabajadora, dado que fue ella misma la que expuso públicamente las fotografías en una red social abierta, sin claves de acceso ni restricción alguna.

El pasado mayo se publicó la norma europea de mayor relevancia adoptada en los últimos años en materia de protección de datos. Se trata del nuevo reglamento de protección de datos.

El objetivo principal del nuevo reglamento, además de consensuar a nivel comunitario las garantías de protección sobre los datos de carácter personal tratados por las empresas, es reforzar el control de los usuarios sobre su información privada.

Algunas de las principales novedades que impondrá la nueva regulación son:

• Responsabilidad activa. Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están cumpliendo con los principios, derechos y garantías que el reglamento establece.

• Nuevo sistema de recogida de datos. Los textos legales aplicados por la empresa deberán adaptarse a nuevas obligaciones informativas, incluyendo en ciertos casos un consentimiento inequívoco y/o explicito, los datos de contacto del Data Protection Office, el plazo de conservación y el derecho a presentar reclamación.

• Ampliación de los derechos de los interesados. Además de los derechos ARCO, se incluyen el derecho al olvido (derecho de los ciudadanos a solicitar que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos) y el derecho de portabilidad (que el interesado pueda solicitar recuperar sus datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable).

• Nuevas obligaciones para los responsables de ficheros. Las entidades que traten datos personales deberán cumplir con nuevos deberes organizativos (designación de un Data Protection Officer; registro de las actividades de tratamiento de datos; notificación de una violación de seguridad en 72 horas; entre otros).

• Transferencias internacionales de datos. La autorización de la Agencia Española de Protección de Datos dejará de ser necesaria para transferir datos a terceros países cuando se usen las “cláusulas contractuales tipo” adoptadas por la Comisión Europea o normas corporativas vinculantes.

• Autoridades competentes. La autoridad de control principal competente será la del lugar donde el responsable cuente con su establecimiento principal (en caso de grupos de empresas multinacionales radicadas en la UE, será la que se corresponda con su sede central de operaciones).

• Nuevo régimen sancionador. Se endurecen las sanciones en caso de incumplimiento, con multas de hasta 20 millones de euros o de hasta el 4% del volumen de negocios a nivel mundial del infractor.

• Ventanilla única. Opción mediante la que los responsables establecidos en varios Estados miembros o que estando en un solo Estado miembro y hagan tratamientos que afecten significativamente a ciudadanos en varios Estados de la UE, tengan una única autoridad de protección de datos como interlocutora.

• Seudonimización. Se introduce el concepto de datos codificados para cuando los datos no puedan atribuirse a un interesado sin recurrir a información adicional, separada y sujeta a medidas de seguridad que garanticen el anonimato del mismo.

• Evaluación de impacto. Las empresas deberán asumir la responsabilidad de evaluar el grado de riesgo que representa para las personas que sean objeto de tratamiento, debiendo realizar una evaluación de impacto cuando se prevea un alto riesgo para los derechos, libertades e intereses legítimos de las mismas

• Se introduce la figura de corresponsable del tratamiento cuando existan varios responsables o encargados que determinen los fines y los medios del tratamiento. Los encargados de tratamiento estarán sujetos a las mismas sanciones que los responsables. La vacatio legis de esta nueva norma es de dos años, por lo que no será obligatoria hasta el año 2018, permitiendo a las empresas prepararse y adaptarse a las nuevas exigencias.

que el Govern prevé aprobar antes de finalizar el año para iniciar el trámite parlamentario lo antes posible, liberaliza el periodo de rebajas y fija un máximo de 75 horas de apertura semanal, tres más que hasta ahora. También hay cambios para las panaderías con servicio de cafetería y terraza y para las paradas de mercados municipales que tengan un espacio para mesas, ya que una vez se apruebe la ley la licencia solo permitirá que el área de degustación equivalga a un 33% de la superficie del local, y en caso de que se requiera más espacio el establecimiento deberá solicitar la doble licencia.

Los juristas trasladan que está teniendo un “impacto brutal ” en las empresas, mientras se preparan demandas de trabajadores. Auguran más costes laborales y menos contratación. Pero es que no está claro si la sentencia afecta sólo a los trabajadores interinos o a todos los temporales, ni si los interinos deberán equipararse con el resto de temporales o con los fijos en el caso de que hagan la misma función que estos, apuntan los expertos. La mayoría de los juristas cree que los jueces tienen la potestad de aplicar la sentencia, pero consideran que sería aconsejable que el Gobierno realice los cambios legales pertinentes y marque una pauta, tarea de momento vetada a un Ejecutivo en funciones y que dejaría encima de la mesa del próximo Gobierno el impulso de una nueva reforma laboral. En lo que sí coinciden todos los consultados es en que este fallo puede llevar a la instauración del contrato único. También muestran su inquietud sectores como el de los call center, advierte del “efecto en el empleo: estamos hablando de incrementar indemnizaciones un 40%. Elevará los costes para el empresario y detraerá la contratación”.

Se han producido 124 operaciones de este tipo en el año en curso. La Dirección General de Tributos advierte de la posibilidad de que las plusvalías afloren en la absorción. Una fórmula utilizada para evitar que las plusvalías de una sicav tengan que declararse es fusionar la sociedad con un fondo de inversión. Los socios de la sicav se convierten en partícipes del fondo a través de un canje. Así, invocando el régimen especial de fusiones, estos pueden mantener el diferimiento de las eventuales plusvalías que acumulen en la sociedad. Pero una reciente respuesta vinculante de la DGT pone en jaque que se mantenga esa ventaja. La respuesta de la DGT genera incertidumbre y habría que analizar si realmente las ventajas económicas justifican la operación.