La Sala Tercera del TS ha dictado varios autos en los que plantea cuestión de inconstitucionalidad contra doce artículos de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, al tener dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en dicha norma: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos.

pero tampoco en aquellos países donde el ‘compliance’ está más arraigado. Salvo las grandes compañías del Ibex 35, las empresas españolas no destacan por haberse adaptar al nuevo Código Penal, que establece la responsabilidad de la compañía por los delitos que comentan sus empleados. A nivel internacional, cuatro de cada diez consejeros delegados no tiene entre sus prioridades la prevención de delitos por parte de sus empleados. La percepción de los directivos es que este tipo de herramientas sólo preocupa cuando afecta a nivel económico, es decir, a los objetivos de ventas. Sin embargo, sólo en el 9% de los casos se tiene en cuenta las consecuencias legales de un fraude o un delito de corrupción, a pesar de que un único problema de este tipo puede llegar a suponer hasta la disolución de la compañía por orden judicial.

de los últimos cuatro años, en concreto, desde abril de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015. Así lo cuentan sus abogados y así lo muestran varias sentencias que han estimado sus reclamaciones, ya que la Seguridad Social las deniega. En el caso del transporte, estas compañías han pagado a la Seguridad Social un 6,7% de cotización, tres puntos más de lo debido, cuando este tipo sólo es aplicable a las empresas que tienen en sus plantillas a conductores de vehículos pesados, pero cuya actividad principal no es el transporte por carretera. Esto es lo que se deduce de unas recientes sentencias de la Audiencia Nacional que están sirviendo de base para las solicitudes de devolución, trasladan desde Hispajuris.

El director de la Agencia recordó el miércoles que se ha seleccionado a un grupo de 7.000 contribuyentes que no han presentado esta declaración cuando tenían obligación de hacerla o han omitido datos. La Agencia ofrece ejemplos, sin dar nombres, de por qué ha sancionado a este tipo de contribuyentes. Entre los casos: la Agencia revisa la información que ha proporcionado un contribuyente que presentó la declaración de bienes en el extranjero y detecta la existencia de numerosas entradas en cuentas bancarias en otros países mientras que en la declaración solo informaba de bienes de carácter inmobiliario.

Según la firma de inversión francesa Natixis. Unos costes laborales competitivos, un mercado laboral algo más flexible que hace unos años, un capital humano formado y un clima templado favorecen a España. México, el sur de Asia y algunos países del centro y este de Europa también podrían verse beneficiados por este cambio de tendencia. Los costes de producción en los países emergentes se han disparado”, como ha sido el caso de China, país en el que la industria ha comenzado a perder peso. Por otro lado, “la disminución del peso de la industria a nivel mundial hace que sea aún más ineficiente tener múltiples centros de producción”.

Después de casi cuatro años de aplicación de la última reforma laboral, las medidas de flexibilidad interna para sortear las dificultades de las empresas pierden fuelle. Mientras, persiste el recurso del despido mediante un expediente de regulación de empleo (ERE). Los despidos con un ERE se acumulan en los servicios –también es el sector más numeroso–, al tiempo que las fórmulas de ajuste que no pasan por echar a los trabajadores a la calle se concentran en la industria. A pesar de los comentarios sobre una posible anticipación en los últimos meses de ERE con despidos por temor a la modificación del actual marco legislativo, los expertos consultados se muestran escépticos.

Según datos del INE, la ansiedad o la depresión afectan al 14,6 % de la población adulta española. Pero si el estrés es devastador para la salud de las personas, también puede poner en serios aprietos a las empresas. “Tener empleados estresados significa duplicar los días de baja de la plantilla”. Con el objetivo de frenar el estrés de sus empleados, cada vez más empresas ponen en marcha los llamados programas de bienestar o wellness, que persiguen fomentar una cultura de hábitos saludables dentro de la compañía. “Se trata de crear entornos agradables para el trabajo y que posibiliten una gestión inteligente del estrés para así evitar la necesidad de un tratamiento médico”.

Ambos países acuerdan mantener reuniones técnicas periódicas para evaluar el desarrollo del nuevo protocolo, que tiene plenos efectos desde 2014, e impulsar el intercambio de datos. Más allá del convenio bilateral con Suiza, España está interesada en el desarrollo de un nuevo estándar de intercambio de información de forma “automática y estandarizada”, bajo los auspicios de la OCDE. Los contribuyentes a la Hacienda española declararon en 2013 (primer año de vigencia del modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero) tener bienes y derechos situados en Suiza por valor de 19.900 millones de euros.

De contribuyentes que deberían presentar la declaración del impuesto de patrimonio y no lo hicieron y de otros que declararon menos de lo que debían. La directora de este organismo ha explicado que se han realizado unos 3.000 requerimientos que afectan al ejercicio del 2015. Ribas ha explicado que de los alrededor de 35 millones aflorados, en torno a la mitad corresponden a comprobaciones de declaraciones ya presentadas, mientras que el resto responden a  inspecciones que “parten de diligencias de colaboración con la agencia estatal” y que se gestionan conjuntamente.

El vicepresidente de Aspac, subraya que los costes de las tasaciones –tanto las voluntarias como las obligatorias– o de la compensación para los asesores en los casos más complejos corre a cargo de los administradores concursales. A menudo, según Comendador, dichos costes se revelan inasumibles debido al exiguo tamaño del concurso. “No tiene sentido que me impongan un coste porque yo quiera sacar el máximo valor de una unidad productiva a través del trabajo de los asesores”, ejemplifica. “La disyuntiva está entre hacer mi trabajo bien y pagar a los expertos para acabar cobrando mal, o hacerlo mal para cobrar más”.  Fuentes del Ministerio de Justicia admiten que se debería “avanzar, para la admisión del concurso, en la exigencia de activos suficientes para atender los gastos, como la retribución de la administración concursal o las tasaciones”. Cuando esta capacidad no exista, concede Justicia, “se ha de profundizar en la búsqueda de alternativas”.