Tras la finalización de la última prórroga de la moratoria concursal, según el informe emitido por el Registro Mercantil, se ha producido un aumento del 15,6% de concursos de acreedores presentados en el mes de agosto con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En los próximos meses habrá que analizar la tendencia real de este  incremento ya que en el mes anterior ha influido de forma notable el fin de la moratoria.

Asimismo, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la creación de sociedades mercantiles cayó durante el mes de julio un 14,4% y en agosto un 6,1% interanual.

Derivado de la evolución previsible de los indicadores económicos, que señalan una ralentización de la economía, una reducción del consumo, de la facturación del comercio y una inflación de dos dígitos, probablemente estos porcentajes se puedan mantener o, incluso, aumentar.

No hay que olvidar que el encarecimiento generalizado de los costes de producción de las empresas, especialmente por el incremento desorbitado de la energía y de las materias primas, unido al aumento del coste de la financiación como consecuencia de la subida de los tipos de interés, crean un caldo de cultivo nada favorable para la evolución de la economía.

La combinación de estancamiento económico e inflación (esto es, la estanflación) hace prever un final de año difícil, que afectará de forma negativa al funcionamiento de las empresas.

Nos complace comunicarles que, desde el pasado 25 de julio, hemos trasladado nuestro despacho de Barcelona a unas nuevas instalaciones situadas en Via Augusta, 2 bis, 3º, esquina Av. Diagonal (Edificio Windsor).
Les facilitamos un mapa de la nueva ubicación en Barcelona.

Aproximadamente hace un año se acuñó en Estados Unidos el concepto de “Gran Huida” para calificar a los casi cinco millones de personas que renunciaban a su puesto de trabajo, a pesar del alto desempleo en el país y la crisis pospandemia. Los sociólogos atribuyen esta circunstancia a una conjunción de factores, tales como el replanteamiento de la vida tras un importante shock vital como la pandemia, el agotamiento laboral provocado por la conciliación familiar y el trabajo durante la pandemia, la voluntad de disponer de más tiempo libre y un cambio de valores en las nuevas generaciones en cuyo orden de prioridades el trabajo se relativiza frente al uso del tiempo personal o proyectos interesantes, entre otros.

Si bien en nuestro país no se ha producido una “huida” sí que se está viviendo la dificultad de contratación por causa de estos factores. Esta situación se agudiza en el sector de la restauración y ocio, como consecuencia de los bajos salarios y las largas jornadas de trabajo, en comparativa con el entorno europeo.

Esta realidad obliga a las empresas a replantearse las ofertas de trabajo, así como retener al personal estratégico.

Estas cartas se centran en las consecuencias tributarias de la cesión del uso de vehículos a los trabajadores para su uso particular, es decir, la imputación de la correspondiente retribución en especie en el IRPF, la deducibilidad parcial del IVA y la no deducción del gasto en el Impuesto sobre Sociedades. Se trata de cartas informativas, no requerimientos, por lo que, si fuera el caso, se podría regularizar la situación tributaria de la empresa sin la imposición de sanciones.

Recientemente se ha publicado el borrador del reglamento que prevé la inclusión de todos los empresarios, profesionales y retenedores como nuevos obligados a recibir las comunicaciones de la Agencia Tributaria de modo electrónico a través de la habilitación del correspondiente buzón, lo que va a suponer que estos nuevos obligados deban disponer de las herramientas necesarias para la recepción de estas comunicaciones.

La falta de recursos humanos lastra la eficacia de la Agencia Tributaria

¿Satisface el plan de control tributario de 2022 las expectativas de la IHE en lo que concierne a la lucha contra el fraude fiscal?

El plan se limita a reiterar planteamientos contra el fraude fiscal internacional, el contrabando, la economía sumergida, el análisis de grandes patrimonios, o lucha contra la morosidad. Sin embargo, olvida los necesarios cambios organizativos que de forma imperiosa necesita la Agencia Tributaria desde su creación, así como medidas de mejora de la conciencia fiscal.

¿Dispone el colectivo que representa de suficientes recursos para el desarrollo de su labor y la consecución de sus objetivos?

La falta de recursos humanos lastra la eficacia de la Agencia Tributaria. Entre 2010 y 2018, los trabajadores de la AEAT pasaron de 27.880 a 24.930 y ello provocó la reducción del 5,5% del personal de Inspección y del 9% en Recaudación. Además, si nos comparamos con otros países, el ratio de 2.270,9 habitantes por cada empleado de la Agencia Tributaria queda lejos de los 1.498 de Francia o los 757 de Alemania, países que tienen una economía sumergida muy inferior a la nuestra.

La IHE ha publicado de forma reciente un libro que, entre otras cuestiones, se centra en la reforma de las administraciones tributarias. ¿Qué modelo defiende para España en este ámbito? 

Defendemos una Administración Tributaria única, que aplique todo el sistema tributario estatal, recuperando las competencias que hoy ejercen las comunidades autónomas sobre tributos cedidos, y que integre a los Tribunales Económico-Administrativos, a los órganos consultivos en materia tributaria y al catastro inmobiliario, así como, al menos, la recaudación de cuotas por cotizaciones a la Seguridad Social, cuya gestión es estatal y en nada se diferencia de la de los impuestos. Este sistema ideal estatal se coordinaría con las demás administraciones tributarias, mediante un sistema de interconexión en red, de modo que se compartiese información y permitiera a la AEAT prestar la colaboración que le pudieran solicitar el resto de administraciones.

¿Hay un déficit de conciencia fiscal en el país? ¿Es un factor que pueda someterse a educación o pedagogía?

Según el CIS, el 68,2% de los encuestados cree que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión, lo que evidencia la falta de conciencia fiscal. En la misma encuesta, el 84% consideraba que Hacienda hace muy pocos esfuerzos para explicar el destino de los impuestos, lo que constata que la pedagogía fiscal, en unión de una percepción social del acertado uso del gasto público, sin duda mejoraría la conciencia fiscal.

¿Un enfoque en exceso coercitivo o normativista en materia tributaria por parte de las administraciones puede generar efectos contrarios a los buscados y dar pie a un mayor fraude? ¿Cómo hallar el equilibrio necesario en esta materia?

El enfoque coercitivo es necesario, pero no hay que cargar las tintas sobre él. Es necesario contrapesarlo con estímulos positivos que estimulen el cumplimiento tributario de manera espontánea, tanto a nivel de reducir los costes indirectos de la tributación como a nivel de mejorar la conciencia fiscal. De la misma manera, puede ocurrir que un incremento en la carga tributaria pueda generar efectos no deseados, al hacer más rentable el fraude fiscal o desincentivar la creación de riqueza. El equilibrio se debería buscar tratando de ajustar el nivel de gasto y, por tanto, el nivel de impuestos a los servicios públicos que los ciudadanos necesitan.

¿Falta consenso para erradicar el fraude internacional? ¿Habría que tender, en la medida de lo posible, hacia una mayor armonización fiscal?

Sin duda. Los esfuerzos de la OCDE o de la UE son importantes, pero los resultados son poco ambiciosos y los avances lentos, por la disparidad de las posiciones de los distintos países. Estamos en presencia de un problema agravado por la globalización, por lo que la solución solo puede venir en clave internacional, aproximando las normas nacionales para evitar una competencia fiscal perniciosa entre países, y estableciendo reglas claras que garanticen que la renta que se genera en un país se grave en ese país, evitando estructuras de planificación fiscal agresivas.

Estudios recientes informan que es cada vez más habitual que los ciberdelincuentes practiquen el “SIM swapping” o duplicación de la tarjeta SIM de las víctimas -con el consiguiente acceso a todos los datos contenidos en los teléfonos móviles, sus cuentas bancarias, contraseñas, redes sociales- y dejando a los afectados sin acceso alguno, lo que les causa graves perjuicios.

Los usuarios cada vez se encuentran más expuestos a sufrir nuevas estafas en el entorno digital como consecuencia de la rápida evolución de las mismas. Ante esta realidad, recomendamos aplicar medidas de seguridad adecuadas como la autenticación en dos pasos, el cambio de contraseña periódico, el uso de contraseñas robustas, la configuración adecuada de los ajustes de privacidad y seguridad y la actualización de las opciones de recuperación de contraseñas, entre otras.

El Ministerio de Trabajo ha avanzado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está perfilando el algoritmo Max para combatir tanto el exceso de horas extras como las horas extra realizadas y no remuneradas. El algoritmo comparará el total de horas que fichan los empleados de una empresa en su puesto de trabajo y las horas que el total de la plantilla pueden desarrollar legalmente a la semana, y determinará si el trabajo real es muy superior al que, nominalmente, puede desempeñar la plantilla, lo que suponen horas extras.

De ser así, el algoritmo lo revelará a la Inspección de Trabajo para que, si considera que hay suficientes indicios de irregularidades en el tratamiento de las horas extraordinarias, se planifique la visita de un inspector. Por otro lado el Gobierno, con el asesoramiento de un Comité de Expertos en derecho laboral y algoritmos, ha aprobado una Guía práctica y herramienta sobre la obligación empresarial de información sobre el uso de algoritmos en el ámbito laboral. Esta guía, pionera en el ámbito internacional, se basa en un cuestionario que los representantes de los trabajadores podrán solicitar a las empresas, así como los trabajadores en conflicto laboral individual, dentro del amparo del art. 64 del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo cambia su criterio y reconsidera su posición respecto a los requisitos necesarios de las parejas de hecho para acceder a la pensión de viudedad. En fecha 7 de abril de 2021, la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal se apartaba del criterio jurisprudencial que había mantenido hasta la fecha concediendo la pensión de viudedad al miembro de la pareja supérstite sin que la misma estuviera inscrita en ningún registro público, tal y como exige el artículo 38.4 de la Ley de Clases Pasivas del Estado. En concreto, el Supremo dio en aquel entonces por acreditada la existencia de lazos de pareja para acceder a la pensión de viudedad al haber un certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

Recientemente, antes de que transcurra un año de la ya mencionada resolución, el Tribunal Supremo en su sentencia 372/2022 de 24 de marzo ha rectificado su postura señalando que, a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad, únicamente son válidos y pertinentes los medios señalados en el apartado 4 del artículo citado, esto son, la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja, con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Sin duda, este nuevo giro jurisprudencial resulta de interés capital para todas aquellas personas que conviven con análoga relación de afectividad a la conyugal y que deciden no contraer matrimonio, más cuando, en los últimos tiempos el número de enlaces matrimoniales ha descendido notablemente.

Desde la década de los 70 la Unión Europea (UE) valora la propuesta para la creación de un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) y una Patente Unitaria (PU). Tras muchos años de discusión y superados varios obstáculos, a finales de este año veremos entrar en vigor el Acuerdo.

El TUP será un tribunal internacional que permitirá hacer valer los derechos de una patente a nivel europeo, así como la defensa de su validez o revocación mediante una decisión única con efecto en todos los países Rosa Maria Abadie Patente unitaria parte del Acuerdo, al tiempo que facilitará la aplicación de las patentes en toda Europa, ofrecerá mayor seguridad jurídica y reducirá los costes.

Por otra parte, la PU, muy similar al sistema de la marca de la UE, es un título único de patente que se concederá con los mismos efectos en todos los Estados miembros parte del Acuerdo y se mantendrá como una sola unidad.

Es importante tener en cuenta que la PU tendrá efecto unitario sólo en aquellos países que estén adheridos al Acuerdo, y actualmente España no forma parte de dicha lista. Por razones que ya ha justificado, España decidió no formar parte de dicho Acuerdo, y creemos que esa es la razón por la que no se ha hecho mucho eco de esta noticia en los medios de comunicación nacionales. No obstante, este nuevo sistema es de gran importancia para las empresas españolas.

A pesar que España no forma parte del Acuerdo, las empresas españolas sí tendrán la posibilidad de proteger sus invenciones mediante el sistema unificado. Esto puede verse como una gran ventaja, pero también es importante recordar que al ser un sistema unificado basado en el “o todos o ninguno”, la denegación, cancelación y/o ataque a la validez de una patente, será centralizado y podrían perderse los derechos de forma automática en todos los países parte del Acuerdo.

En definitiva, nos hallamos ante una noticia de gran trascendencia en el mundo de la investigación y el desarrollo, y estamos seguros que este nuevo sistema ayudará a fomentar la protección de la innovación a nivel internacional.