La integración refuerza la apuesta de ambas firmas de ser, en un plazo breve, uno de los diez grandes operadores jurídicos y de servicios profesionales a nivel nacional.

BELLAVISTA, firma de abogados y economistas de referencia en Cataluña, dispone de oficinas en Granollers, Barcelona y Madrid, donde cuenta con cerca de 30 profesionales.

La integración refuerza el objetivo de ambas firmas de ser uno de los diez grandes operadores de servicios profesionales a nivel nacional y ha permitido, dentro de la reestructuración que está llevando a cabo el Grupo Morison ACPM en las diferentes áreas, reforzar especialmente sus servicios jurídicos.

BELLAVISTA viene desarrollando su actividad esencialmente en los ámbitos del derecho tributario, mercantil, sucesorio, concursal, procesal, inmobiliario, laboral, propiedad intelectual y LOPD, que permite reforzar tanto el equipo humano de Morison ACPM como ampliar sus áreas profesionales, en especial en el ámbito jurídico.

El Presidente del Consejo de Administración de Morison ACPM, José Miguel Contreras, afirma que: “la atracción de talento para ofrecer servicios integrales y de máxima calidad es el objetivo de la incorporación de Bellavista a Morison ACPM”. Por su parte, Carlos Nicolau, Socio Responsable del Área Legal de BELLAVISTA, destaca: “estamos orgullosos de poder añadir a nuestra experiencia jurídica los servicios que ofrece Morison ACPM y que son de alto valor añadido para nuestros clientes”.

La firma resultante cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia y Girona, así como en diversas ciudades de esas provincias. El equipo contará con más de 250 profesionales y espera alcanzar una facturación de 20 millones de euros a finales del año 2022.

La Inspección de Trabajo ha reforzado las medidas de control para dar cumplimiento al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023.

Ya en 2021 la actuación del organismo fue determinante en la conversión de 370.000 contratos temporales en fijos.

Así, de las 877.490 conversiones en indefinidos realizadas el año pasado -según consta en los registros del Ministerio de Trabajo-, un 42,17% se derivan de la inspección. Las otras líneas de actuación que ya se están notando en su acción son el control del registro retributivo, el registro horario, los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo, los falsos autónomos y el control de las falsas cooperativas de autónomos.

El aumento de las obligaciones laborales de los últimos años para las empresas hace conveniente un repaso por parte de las mismas del cumplimento de dichas nuevas obligaciones.

La Comisión Europea ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para regularizar las transferencias internacionales de datos de carácter personal, con el objetivo de que éstas garanticen un nivel de protección adecuado, supliendo las carencias que presentaba el Escudo de Privacidad (“Privacy Shield”) declarado nulo en 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

De forma aleatoria, los titulares y solicitantes de marcas a nivel nacional, europeo e internacional están recibiendo cartas y correos electrónicos de carácter fraudulento en los que se les requiere el pago de tasas por servicios relacionados con las marcas. Las comunicaciones recibidas parecen oficiales y utilizan el nombre real de las Oficinas de Marcas, llegando incluso a reproducir membretes, sellos y firmas, ello no obstante, son COMPLETAMENTE FALSOS.

En caso de recibir este tipo de comunicación, les recordamos que se trata de una ESTAFA, por lo que es importante hacer caso omiso y NO proceder con ningún pago.

Para más información:

• OEPM: http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/advertencias_oepm/index.html
• EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/misleading-invoices

La incertidumbre se trasladará al mercado inmobiliario y, por supuesto, a su financiación

La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de subir tipos y el Banco Central Europeo ha modificado el discurso por boca de su presidenta, Christine Lagarde. El euríbor viene descontando desde hace tiempo el endurecimiento de la política monetaria…

Efectivamente, parece que tenemos en ciernes una subida de tipos.

¿Qué escenario prevé en cuanto a la estrategia hipotecaria del sector bancario español en un contexto de encarecimiento del precio del dinero, inédito en los últimos años?

Si se endurece la política monetaria, iremos viendo un paulatino ascenso de los tipos de interés. No obstante, en este escenario alcista es muy probable que en el corto plazo veamos estrategias diferenciadas según qué entidades financieras: habrá entidades que trasladen la subida al precio y habrá otras entidades con ánimo de ganar cuota que mantengan las tarifas. Sí observaremos un traslado de la actividad hacia tipos variables que reflejen mejor la situación general de la evolución de tipos.

¿Las actuales tasas de inflación condicionan ya a los clientes en el momento de optar entre hipotecas variables o a tipo fijo?

No es tanto la inflación como la expectativa de evolución de los tipos de interés. No obstante, a pesar de la incertidumbre, los criterios para contratar fijos o variables se mantienen intactos siendo ambas opciones igualmente válidas en este nuevo escenario.

Venimos de la crisis sanitaria y económica causada por el coronavirus. Ahora, el ataque ruso en Ucrania añade incertidumbre y provoca una crisis energética con múltiples derivadas. ¿Habrá afectación en el sector inmobiliario y, en consecuencia, en el mercado hipotecario?

Es muy posible que sí. En una inversión tan importante como la inmobiliaria en el entorno de una economía familiar, las expectativas de futuro son determinantes para su evolución futura. La pandemia no superada y la crisis de Ucrania generan una gran incertidumbre sobre la evolución de precios, tipos de interés, crecimiento  económico y nivel de empleo, entre otros factores, lo que sin duda alguna se trasladará a la actividad inmobiliaria y, por supuesto, a su financiación. No será posible mantener estos ritmos de crecimiento en los que está instalado el mercado, dependiendo su evolución del tiempo por el que se prolongue la incertidumbre.

¿Cómo valora la evolución de la morosidad hipotecaria en España durante la pandemia?

Realmente bien porque estamos en unos niveles del entorno del 3% que, sin duda, son muy tranquilizadores. Y, aunque se arbitraron medidas paliativas -las conocidas “moratorias”- que han ayudado a su contención, éstas han ido venciendo y la morosidad ha resistido en niveles desconocidos en este último decenio.

¿Las fintech pueden ejercer competencia en materia hipotecaria?

Desde el punto de vista crediticio, no. El mercado hipotecario necesita muy altos volúmenes de inversión para su desarrollo y no está en el ánimo de estas entidades ser relevantes en la financiación. Otra cuestión es su reconocida importancia en la intermediación y  u capacidad de llegada al cliente final. En la comercialización del producto irán cobrando a futuro una mayor relevancia.

Hay ayudas públicas directas para jóvenes destinadas al alquiler de vivienda. ¿Es realista pensar en la implicación pública en la  financiación de su compra?

Hay que intentarlo. La financiación de compra de vivienda en el segmento de la población más sensible a la falta de ahorro,  inestabilidad laboral y recursos escasos es muy complicada y no puede ser solo responsabilidad de las entidades financieras. Si se financia todo lo necesario, se sobreendeuda a la población y no se es riguroso en la gestión de los riesgos; y si se financia menos, altos porcentajes de jóvenes no pueden acceder a la compra. Parece muy razonable pensar que, para ir avanzando en programas de ayuda a este colectivo, hay que ir probando medidas de colaboración públicoprivada que suavicen la dificultad: cesión de suelos, avales, ayudas a la compra y fiscalidad son algunas cuestiones a valorar.

La Administración Tributaria iniciará una campaña informativa dirigida a las personas jurídicas que presentan inconsistencias significativas entre las ventas declaradas en el Impuesto sobre Sociedades y las entradas y salidas de las cuentas bancarias. En consecuencia, aquellas personas jurídicas con diferencias significativas entre sus movimientos bancarios y su cifra de ingresos declarada en el Impuesto sobre Sociedades, pueden recibir una carta de la Administración Tributaria manifestando esta divergencia.

No estaremos ante un requerimiento, por lo que no debe contestarse, excepto en el caso que se considere oportuno justificar esa diferencia o, en su caso, regularizar la situación mediante la correspondiente autoliquidación complementaria.

Por otra parte, la Administración Tributaria advierte que las sociedades destinatarias de las cartas serán objeto de un especial seguimiento por parte de los servicios de inspección y, en caso de que las inconsistencias comunicadas persistan, podría dar lugar al inicio de un procedimiento de comprobación.

El día 4 de marzo de 2022, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Con el referido texto, el Ejecutivo acata el compromiso de transposición, aunque con demora, de la Directiva Europea 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, más conocida como Directiva “Whistleblowing”.

La finalidad principal del Anteproyecto de Ley, tal y como indica su exposición de motivos, es proteger de manera efectiva y adecuada a todas aquellas personas -ya formen parte de la administración pública como del sector privado- que comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión Europea como del Derecho nacional.

Por lo tanto, el espíritu de la norma es evitar que las personas físicas que colaboren informando de presuntas infracciones, irregularidades y/o conductas ilegales puedan sufrir represalias dentro de su ámbito laboral.

La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva “Whistleblowing” se augura que tendrá un impacto directo y claro en el sector privado, toda vez que aquellas compañías que cuenten con 50 o más trabajadores o generen un volumen de negocio igual o superior a diez millones de euros tendrán la obligación de disponer de canales internos de información y de destinar recursos para la  gestión y tramitación de las comunicaciones.

Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

Sin perjuicio de que el Anteproyecto de Ley está aprobado por el Consejo de Ministros, el contenido de la futura ley podría diferir del Anteproyecto, ya que el mismo está sujeto a las enmiendas que  puedan presentar el resto de grupos parlamentarios.

El pasado 14 de febrero se publicaron las directrices del Plan de Control Tributario de la Agencia Tributaria de Catalunya para el  ejercicio 2022, incidiendo, un año más, en la comprobación e investigación de los cambios de domicilio y deslocalizaciones en territorios de fiscalidad ventajosa para el contribuyente.

En el caso de Catalunya, nos encontramos ante uno de los territorios con un coste fiscal elevado, como consecuencia de sus políticas tributarias que, por un lado, han supuesto la creación de nuevas figuras impositivas -como el Impuesto de los activos no productivos de las personas jurídicas, lo que podría llegar a identificarse como el “Impuesto del Patrimonio de las sociedades”, o el Impuesto sobre las viviendas vacías- y, por otro lado, la regulación de tipos impositivos elevados en los impuestos directos cedidos, como la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que implica un tipo máximo de gravamen del 48% entre el tramo estatal y autonómico, y los elevados tipos, con escasas reducciones o bonificaciones, en los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones; el conjunto de dichas medidas ha impulsado traslados de domicilio a territorios de menor tributación, con la consecuente pérdida de ingresos para la Administración catalana.

Estamos a la espera de la tan anunciada armonización fiscal en los impuestos cedidos en que se regularían unos tipos impositivos mínimos, y las reducciones y/o bonificaciones aplicables, lo cual conllevaría que se eliminen o reduzcan las desigualdades fiscales dentro del territorio nacional.

Hay novedades en eficiencia energética, arrendamientos de inmuebles distintos de viviendas y criptomonedas, entre otros.

Como ocurre en cada ejercicio la campaña de la Renta 2021 presenta diversas novedades, entre las que destacamos las siguientes:

• Los arrendadores de inmuebles distintos de viviendas a arrendatarios que los utilicen en determinadas actividades económicas podrán deducir como gasto, para el cálculo del rendimiento de capital inmobiliario, la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de marzo de 2020 correspondiente a las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, siempre que no se compense con posterioridad por el arrendatario o cuando los arrendatarios sean una persona o entidad vinculada con el arrendador.
• En materia de transacciones con monedas virtuales, se incluye de modo específico una clave para consignarlas en la declaración.
• La reducción por aportaciones a los planes de pensiones se rebaja hasta los 2.000 euros.
• Se establecen nuevas deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en la vivienda habitual o vivienda arrendada o susceptible de ser arrendada. Estas deducciones se aplican a las cantidades satisfechas en obras de mejora entre el 6 de octubre de 2021 y 31 de diciembre de 2022, y que supongan una reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, o del consumo de energía primaria no renovable o tratarse de obras de rehabilitación energética de edificios de uso predominante residencial (éstas últimas pueden deducir las cantidades satisfechas hasta 31 de diciembre de 2023), y siempre que se acredite esta eficiencia energética mediante los correspondientes certificados oficiales expedidos por técnico competente, y registrados con arreglo a la normativa vigente.  La base de la deducción estará constituida por las cantidades satisfechas  mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, debiendo descontar las cuantías que hubieran sido subvencionadas.

El 1 de enero de 2022 entró en vigor la modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. La nueva regulación -que contiene nuevos derechos y garantías en beneficio de los consumidores y usuarios- supone una auténtica conquista para las asociaciones de consumidores que llevaban reclamando durante años una mayor protección de los consumidores.

Entre los principales cambios se encuentra la ampliación del periodo de la garantía legal, que pasa a ser de tres años para la compraventa de bienes y de dos años en el caso de tratarse de contenidos o servicios digitales. Asimismo, la nueva normativa de consumo ha ampliado de seis meses a dos años la carga de la prueba a favor del consumidor -un año en caso de tratarse de contenidos o servicios digitales-. Por consiguiente, si surge un defecto en un producto durante los dos primeros años se presumirá -salvo prueba en contrario- que el defecto ya estaba presente en el momento de la venta, por lo que el vendedor deberá dar respuesta a la garantía.

Para impulsar la durabilidad y la vida útil de los productos, los fabricantes deberán mantener la existencia de piezas de reparación y de un servicio técnico adecuado durante 10 años a partir de la fecha en la que el producto deje de fabricarse, lo que supone doblar el plazo que se preveía con la anterior regulación.