Los PGE contemplan un escenario demasiado optimista
¿Cómo valora los Presupuestos Generales del Estado para 2022?
Son expansivos, alejados de la realidad y de las necesidades de las empresas, con un incremento de los gastos estructurales que conducirán a un mayor endeudamiento y unos ingresos basados en el aumento de la carga fiscal, que afectará negativamente a la actividad empresarial y a la recuperación económica. Están alejados de la situación actual, marcada por la crisis que nos ha dejado la pandemia, cuya recuperación no va a ser tan fácil ni rápida como prevén estas cuentas públicas.
El Banco de España ha anunciado una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento de la economía. ¿Cree que las previsiones del Gobierno pecan de optimistas?
Los presupuestos contemplan un escenario demasiado optimista a la luz de la realidad de las empresas y del ritmo de recuperación, que está siendo más lento y con más obstáculos de los previstos: incremento de la inflación, subida de los precios de las materias primas y la energía, nuevos rebrotes, entre otros. También Funcas y la Comisión Europea han rebajado las expectativas de crecimiento, frente al optimismo infundado de los PGE.
El programa de regulación temporal de empleo (ERTE) ha visto la aprobación de su sexta prórroga, hasta el 28 de febrero de 2022. ¿Será necesaria su ampliación? ¿Puede hacer una valoración retrospectiva de la medida?
Los ERTE han cumplido una función muy importante, convirtiéndose en un instrumento imprescindible para mantener el empleo. Pero su prolongación en el tiempo nos obliga a adaptarlos a las nuevas circunstancias. Siguen siendo necesarios en determinados sectores –los más afectados por la pandemia– pero es preciso tener en cuenta la realidad de las empresas, tras casi dos años de crisis, y asegurar la flexibilidad necesaria para adaptar sus plantillas a la nueva situación y mantener la viabilidad de las compañías.
La reforma laboral se ha convertido en un terreno de confrontación entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué planteamiento defiende CEPYME y qué espera que surja de la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronales?
La reforma laboral de 2012 incluyó medidas de flexibilidad para las empresas que les ayudan a no cerrar en tiempos de crisis. Bruselas tampoco pide derogar la reforma de 2012, al revés, la alaba y destaca de ella que ayuda a la creación de empleo y a la resistencia de las empresas. En cuanto a la temporalidad, uno de los puntales de la reforma que se está negociando, hay que recordar que el empleo en España es mayoritariamente estable: el 80% de los trabajadores tienen contrato indefinido. Además, la temporalidad responde a causas muy concretas y propias de la estructura de nuestro tejido productivo, con un alto protagonismo de actividades de carácter estacional. Limitar la contratación temporal tendría un fuerte impacto en estas actividades y en el conjunto de la economía. Aun así, estamos trabajando para buscar las mejores soluciones: creemos en el diálogo social y creemos que consensuar la solución siempre va a ser mejor que dejar que el Gobierno lo apruebe de forma unilateral. Pero para llegar a una solución válida para todos es necesario que todas las partes escuchen.
¿Cómo se puede objetivar el impacto que puede tener en el empleo una subida del Salario Mínimo Interprofesional? ¿Cuál es la posición de la patronal que preside al respecto?
Los datos demuestran que la subida del SMI de más de un 40% en los últimos años dejó fuera del sistema a los más vulnerables y con la subida de 2019 se perdieron hasta 180.000 empleos. El Banco de España ha alertado de que la subida del SMI afectará a los sectores más débiles con una recuperación más lenta. Pensamos que no es el momento de incrementar los costes que soportan las empresas, ni de encarecer la creación de empleo cuando estamos empezando a encauzar una recuperación que se prevé más lenta y costosa de lo previsto.
¿El incremento de los costes energéticos pone en peligro la recuperación de la economía del país y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas?
Es una dificultad más. La crisis no ha terminado y es preciso consolidar la recuperación y que esta llegue a las empresas, en especial a las de menor tamaño. Las pymes arrastran graves secuelas de la pandemia, con problemas de falta de liquidez e incluso de solvencia. Esta delicada situación se agrava todavía más por la falta de certidumbre en el medio plazo y la recepción de menos ayudas que nuestros competidores de la UE, a lo que se une un entorno de mayores costes de materias primas, electricidad y subidas no planificadas como la del SMI.
Los PGE contemplan un escenario demasiado optimista
¿Cómo valora los Presupuestos Generales del Estado para 2022?
Son expansivos, alejados de la realidad y de las necesidades de las empresas, con un incremento de los gastos estructurales que conducirán a un mayor endeudamiento y unos ingresos basados en el aumento de la carga fiscal, que afectará negativamente a la actividad empresarial y a la recuperación económica. Están alejados de la situación actual, marcada por la crisis que nos ha dejado la pandemia, cuya recuperación no va a ser tan fácil ni rápida como prevén estas cuentas públicas.
El Banco de España ha anunciado una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento de la economía. ¿Cree que las previsiones del Gobierno pecan de optimistas?
Los presupuestos contemplan un escenario demasiado optimista a la luz de la realidad de las empresas y del ritmo de recuperación, que está siendo más lento y con más obstáculos de los previstos: incremento de la inflación, subida de los precios de las materias primas y la energía, nuevos rebrotes, entre otros. También Funcas y la Comisión Europea han rebajado las expectativas de crecimiento, frente al optimismo infundado de los PGE.
El programa de regulación temporal de empleo (ERTE) ha visto la aprobación de su sexta prórroga, hasta el 28 de febrero de 2022. ¿Será necesaria su ampliación? ¿Puede hacer una valoración retrospectiva de la medida?
Los ERTE han cumplido una función muy importante, convirtiéndose en un instrumento imprescindible para mantener el empleo. Pero su prolongación en el tiempo nos obliga a adaptarlos a las nuevas circunstancias. Siguen siendo necesarios en determinados sectores –los más afectados por la pandemia– pero es preciso tener en cuenta la realidad de las empresas, tras casi dos años de crisis, y asegurar la flexibilidad necesaria para adaptar sus plantillas a la nueva situación y mantener la viabilidad de las compañías.
La reforma laboral se ha convertido en un terreno de confrontación entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué planteamiento defiende CEPYME y qué espera que surja de la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronales?
La reforma laboral de 2012 incluyó medidas de flexibilidad para las empresas que les ayudan a no cerrar en tiempos de crisis. Bruselas tampoco pide derogar la reforma de 2012, al revés, la alaba y destaca de ella que ayuda a la creación de empleo y a la resistencia de las empresas. En cuanto a la temporalidad, uno de los puntales de la reforma que se está negociando, hay que recordar que el empleo en España es mayoritariamente estable: el 80% de los trabajadores tienen contrato indefinido. Además, la temporalidad responde a causas muy concretas y propias de la estructura de nuestro tejido productivo, con un alto protagonismo de actividades de carácter estacional. Limitar la contratación temporal tendría un fuerte impacto en estas actividades y en el conjunto de la economía. Aun así, estamos trabajando para buscar las mejores soluciones: creemos en el diálogo social y creemos que consensuar la solución siempre va a ser mejor que dejar que el Gobierno lo apruebe de forma unilateral. Pero para llegar a una solución válida para todos es necesario que todas las partes escuchen.
¿Cómo se puede objetivar el impacto que puede tener en el empleo una subida del Salario Mínimo Interprofesional? ¿Cuál es la posición de la patronal que preside al respecto?
Los datos demuestran que la subida del SMI de más de un 40% en los últimos años dejó fuera del sistema a los más vulnerables y con la subida de 2019 se perdieron hasta 180.000 empleos. El Banco de España ha alertado de que la subida del SMI afectará a los sectores más débiles con una recuperación más lenta. Pensamos que no es el momento de incrementar los costes que soportan las empresas, ni de encarecer la creación de empleo cuando estamos empezando a encauzar una recuperación que se prevé más lenta y costosa de lo previsto.
¿El incremento de los costes energéticos pone en peligro la recuperación de la economía del país y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas?
Es una dificultad más. La crisis no ha terminado y es preciso consolidar la recuperación y que esta llegue a las empresas, en especial a las de menor tamaño. Las pymes arrastran graves secuelas de la pandemia, con problemas de falta de liquidez e incluso de solvencia. Esta delicada situación se agrava todavía más por la falta de certidumbre en el medio plazo y la recepción de menos ayudas que nuestros competidores de la UE, a lo que se une un entorno de mayores costes de materias primas, electricidad y subidas no planificadas como la del SMI.
Los PGE contemplan un escenario demasiado optimista
¿Cómo valora los Presupuestos Generales del Estado para 2022?
Son expansivos, alejados de la realidad y de las necesidades de las empresas, con un incremento de los gastos estructurales que conducirán a un mayor endeudamiento y unos ingresos basados en el aumento de la carga fiscal, que afectará negativamente a la actividad empresarial y a la recuperación económica. Están alejados de la situación actual, marcada por la crisis que nos ha dejado la pandemia, cuya recuperación no va a ser tan fácil ni rápida como prevén estas cuentas públicas.
El Banco de España ha anunciado una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento de la economía. ¿Cree que las previsiones del Gobierno pecan de optimistas?
Los presupuestos contemplan un escenario demasiado optimista a la luz de la realidad de las empresas y del ritmo de recuperación, que está siendo más lento y con más obstáculos de los previstos: incremento de la inflación, subida de los precios de las materias primas y la energía, nuevos rebrotes, entre otros. También Funcas y la Comisión Europea han rebajado las expectativas de crecimiento, frente al optimismo infundado de los PGE.
El programa de regulación temporal de empleo (ERTE) ha visto la aprobación de su sexta prórroga, hasta el 28 de febrero de 2022. ¿Será necesaria su ampliación? ¿Puede hacer una valoración retrospectiva de la medida?
Los ERTE han cumplido una función muy importante, convirtiéndose en un instrumento imprescindible para mantener el empleo. Pero su prolongación en el tiempo nos obliga a adaptarlos a las nuevas circunstancias. Siguen siendo necesarios en determinados sectores –los más afectados por la pandemia– pero es preciso tener en cuenta la realidad de las empresas, tras casi dos años de crisis, y asegurar la flexibilidad necesaria para adaptar sus plantillas a la nueva situación y mantener la viabilidad de las compañías.
La reforma laboral se ha convertido en un terreno de confrontación entre PSOE y Unidas Podemos. ¿Qué planteamiento defiende CEPYME y qué espera que surja de la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronales?
La reforma laboral de 2012 incluyó medidas de flexibilidad para las empresas que les ayudan a no cerrar en tiempos de crisis. Bruselas tampoco pide derogar la reforma de 2012, al revés, la alaba y destaca de ella que ayuda a la creación de empleo y a la resistencia de las empresas. En cuanto a la temporalidad, uno de los puntales de la reforma que se está negociando, hay que recordar que el empleo en España es mayoritariamente estable: el 80% de los trabajadores tienen contrato indefinido. Además, la temporalidad responde a causas muy concretas y propias de la estructura de nuestro tejido productivo, con un alto protagonismo de actividades de carácter estacional. Limitar la contratación temporal tendría un fuerte impacto en estas actividades y en el conjunto de la economía. Aun así, estamos trabajando para buscar las mejores soluciones: creemos en el diálogo social y creemos que consensuar la solución siempre va a ser mejor que dejar que el Gobierno lo apruebe de forma unilateral. Pero para llegar a una solución válida para todos es necesario que todas las partes escuchen.
¿Cómo se puede objetivar el impacto que puede tener en el empleo una subida del Salario Mínimo Interprofesional? ¿Cuál es la posición de la patronal que preside al respecto?
Los datos demuestran que la subida del SMI de más de un 40% en los últimos años dejó fuera del sistema a los más vulnerables y con la subida de 2019 se perdieron hasta 180.000 empleos. El Banco de España ha alertado de que la subida del SMI afectará a los sectores más débiles con una recuperación más lenta. Pensamos que no es el momento de incrementar los costes que soportan las empresas, ni de encarecer la creación de empleo cuando estamos empezando a encauzar una recuperación que se prevé más lenta y costosa de lo previsto.
¿El incremento de los costes energéticos pone en peligro la recuperación de la economía del país y la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas?
Es una dificultad más. La crisis no ha terminado y es preciso consolidar la recuperación y que esta llegue a las empresas, en especial a las de menor tamaño. Las pymes arrastran graves secuelas de la pandemia, con problemas de falta de liquidez e incluso de solvencia. Esta delicada situación se agrava todavía más por la falta de certidumbre en el medio plazo y la recepción de menos ayudas que nuestros competidores de la UE, a lo que se une un entorno de mayores costes de materias primas, electricidad y subidas no planificadas como la del SMI.