La falta de recursos humanos lastra la eficacia de la Agencia Tributaria
¿Satisface el plan de control tributario de 2022 las expectativas de la IHE en lo que concierne a la lucha contra el fraude fiscal?
El plan se limita a reiterar planteamientos contra el fraude fiscal internacional, el contrabando, la economía sumergida, el análisis de grandes patrimonios, o lucha contra la morosidad. Sin embargo, olvida los necesarios cambios organizativos que de forma imperiosa necesita la Agencia Tributaria desde su creación, así como medidas de mejora de la conciencia fiscal.
¿Dispone el colectivo que representa de suficientes recursos para el desarrollo de su labor y la consecución de sus objetivos?
La falta de recursos humanos lastra la eficacia de la Agencia Tributaria. Entre 2010 y 2018, los trabajadores de la AEAT pasaron de 27.880 a 24.930 y ello provocó la reducción del 5,5% del personal de Inspección y del 9% en Recaudación. Además, si nos comparamos con otros países, el ratio de 2.270,9 habitantes por cada empleado de la Agencia Tributaria queda lejos de los 1.498 de Francia o los 757 de Alemania, países que tienen una economía sumergida muy inferior a la nuestra.
La IHE ha publicado de forma reciente un libro que, entre otras cuestiones, se centra en la reforma de las administraciones tributarias. ¿Qué modelo defiende para España en este ámbito?
Defendemos una Administración Tributaria única, que aplique todo el sistema tributario estatal, recuperando las competencias que hoy ejercen las comunidades autónomas sobre tributos cedidos, y que integre a los Tribunales Económico-Administrativos, a los órganos consultivos en materia tributaria y al catastro inmobiliario, así como, al menos, la recaudación de cuotas por cotizaciones a la Seguridad Social, cuya gestión es estatal y en nada se diferencia de la de los impuestos. Este sistema ideal estatal se coordinaría con las demás administraciones tributarias, mediante un sistema de interconexión en red, de modo que se compartiese información y permitiera a la AEAT prestar la colaboración que le pudieran solicitar el resto de administraciones.
¿Hay un déficit de conciencia fiscal en el país? ¿Es un factor que pueda someterse a educación o pedagogía?
Según el CIS, el 68,2% de los encuestados cree que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión, lo que evidencia la falta de conciencia fiscal. En la misma encuesta, el 84% consideraba que Hacienda hace muy pocos esfuerzos para explicar el destino de los impuestos, lo que constata que la pedagogía fiscal, en unión de una percepción social del acertado uso del gasto público, sin duda mejoraría la conciencia fiscal.
¿Un enfoque en exceso coercitivo o normativista en materia tributaria por parte de las administraciones puede generar efectos contrarios a los buscados y dar pie a un mayor fraude? ¿Cómo hallar el equilibrio necesario en esta materia?
El enfoque coercitivo es necesario, pero no hay que cargar las tintas sobre él. Es necesario contrapesarlo con estímulos positivos que estimulen el cumplimiento tributario de manera espontánea, tanto a nivel de reducir los costes indirectos de la tributación como a nivel de mejorar la conciencia fiscal. De la misma manera, puede ocurrir que un incremento en la carga tributaria pueda generar efectos no deseados, al hacer más rentable el fraude fiscal o desincentivar la creación de riqueza. El equilibrio se debería buscar tratando de ajustar el nivel de gasto y, por tanto, el nivel de impuestos a los servicios públicos que los ciudadanos necesitan.
¿Falta consenso para erradicar el fraude internacional? ¿Habría que tender, en la medida de lo posible, hacia una mayor armonización fiscal?
Sin duda. Los esfuerzos de la OCDE o de la UE son importantes, pero los resultados son poco ambiciosos y los avances lentos, por la disparidad de las posiciones de los distintos países. Estamos en presencia de un problema agravado por la globalización, por lo que la solución solo puede venir en clave internacional, aproximando las normas nacionales para evitar una competencia fiscal perniciosa entre países, y estableciendo reglas claras que garanticen que la renta que se genera en un país se grave en ese país, evitando estructuras de planificación fiscal agresivas.
La falta de recursos humanos lastra la eficacia de la Agencia Tributaria
¿Satisface el plan de control tributario de 2022 las expectativas de la IHE en lo que concierne a la lucha contra el fraude fiscal?
El plan se limita a reiterar planteamientos contra el fraude fiscal internacional, el contrabando, la economía sumergida, el análisis de grandes patrimonios, o lucha contra la morosidad. Sin embargo, olvida los necesarios cambios organizativos que de forma imperiosa necesita la Agencia Tributaria desde su creación, así como medidas de mejora de la conciencia fiscal.
¿Dispone el colectivo que representa de suficientes recursos para el desarrollo de su labor y la consecución de sus objetivos?
La falta de recursos humanos lastra la eficacia de la Agencia Tributaria. Entre 2010 y 2018, los trabajadores de la AEAT pasaron de 27.880 a 24.930 y ello provocó la reducción del 5,5% del personal de Inspección y del 9% en Recaudación. Además, si nos comparamos con otros países, el ratio de 2.270,9 habitantes por cada empleado de la Agencia Tributaria queda lejos de los 1.498 de Francia o los 757 de Alemania, países que tienen una economía sumergida muy inferior a la nuestra.
La IHE ha publicado de forma reciente un libro que, entre otras cuestiones, se centra en la reforma de las administraciones tributarias. ¿Qué modelo defiende para España en este ámbito?
Defendemos una Administración Tributaria única, que aplique todo el sistema tributario estatal, recuperando las competencias que hoy ejercen las comunidades autónomas sobre tributos cedidos, y que integre a los Tribunales Económico-Administrativos, a los órganos consultivos en materia tributaria y al catastro inmobiliario, así como, al menos, la recaudación de cuotas por cotizaciones a la Seguridad Social, cuya gestión es estatal y en nada se diferencia de la de los impuestos. Este sistema ideal estatal se coordinaría con las demás administraciones tributarias, mediante un sistema de interconexión en red, de modo que se compartiese información y permitiera a la AEAT prestar la colaboración que le pudieran solicitar el resto de administraciones.
¿Hay un déficit de conciencia fiscal en el país? ¿Es un factor que pueda someterse a educación o pedagogía?
Según el CIS, el 68,2% de los encuestados cree que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión, lo que evidencia la falta de conciencia fiscal. En la misma encuesta, el 84% consideraba que Hacienda hace muy pocos esfuerzos para explicar el destino de los impuestos, lo que constata que la pedagogía fiscal, en unión de una percepción social del acertado uso del gasto público, sin duda mejoraría la conciencia fiscal.
¿Un enfoque en exceso coercitivo o normativista en materia tributaria por parte de las administraciones puede generar efectos contrarios a los buscados y dar pie a un mayor fraude? ¿Cómo hallar el equilibrio necesario en esta materia?
El enfoque coercitivo es necesario, pero no hay que cargar las tintas sobre él. Es necesario contrapesarlo con estímulos positivos que estimulen el cumplimiento tributario de manera espontánea, tanto a nivel de reducir los costes indirectos de la tributación como a nivel de mejorar la conciencia fiscal. De la misma manera, puede ocurrir que un incremento en la carga tributaria pueda generar efectos no deseados, al hacer más rentable el fraude fiscal o desincentivar la creación de riqueza. El equilibrio se debería buscar tratando de ajustar el nivel de gasto y, por tanto, el nivel de impuestos a los servicios públicos que los ciudadanos necesitan.
¿Falta consenso para erradicar el fraude internacional? ¿Habría que tender, en la medida de lo posible, hacia una mayor armonización fiscal?
Sin duda. Los esfuerzos de la OCDE o de la UE son importantes, pero los resultados son poco ambiciosos y los avances lentos, por la disparidad de las posiciones de los distintos países. Estamos en presencia de un problema agravado por la globalización, por lo que la solución solo puede venir en clave internacional, aproximando las normas nacionales para evitar una competencia fiscal perniciosa entre países, y estableciendo reglas claras que garanticen que la renta que se genera en un país se grave en ese país, evitando estructuras de planificación fiscal agresivas.
La falta de recursos humanos lastra la eficacia de la Agencia Tributaria
¿Satisface el plan de control tributario de 2022 las expectativas de la IHE en lo que concierne a la lucha contra el fraude fiscal?
El plan se limita a reiterar planteamientos contra el fraude fiscal internacional, el contrabando, la economía sumergida, el análisis de grandes patrimonios, o lucha contra la morosidad. Sin embargo, olvida los necesarios cambios organizativos que de forma imperiosa necesita la Agencia Tributaria desde su creación, así como medidas de mejora de la conciencia fiscal.
¿Dispone el colectivo que representa de suficientes recursos para el desarrollo de su labor y la consecución de sus objetivos?
La falta de recursos humanos lastra la eficacia de la Agencia Tributaria. Entre 2010 y 2018, los trabajadores de la AEAT pasaron de 27.880 a 24.930 y ello provocó la reducción del 5,5% del personal de Inspección y del 9% en Recaudación. Además, si nos comparamos con otros países, el ratio de 2.270,9 habitantes por cada empleado de la Agencia Tributaria queda lejos de los 1.498 de Francia o los 757 de Alemania, países que tienen una economía sumergida muy inferior a la nuestra.
La IHE ha publicado de forma reciente un libro que, entre otras cuestiones, se centra en la reforma de las administraciones tributarias. ¿Qué modelo defiende para España en este ámbito?
Defendemos una Administración Tributaria única, que aplique todo el sistema tributario estatal, recuperando las competencias que hoy ejercen las comunidades autónomas sobre tributos cedidos, y que integre a los Tribunales Económico-Administrativos, a los órganos consultivos en materia tributaria y al catastro inmobiliario, así como, al menos, la recaudación de cuotas por cotizaciones a la Seguridad Social, cuya gestión es estatal y en nada se diferencia de la de los impuestos. Este sistema ideal estatal se coordinaría con las demás administraciones tributarias, mediante un sistema de interconexión en red, de modo que se compartiese información y permitiera a la AEAT prestar la colaboración que le pudieran solicitar el resto de administraciones.
¿Hay un déficit de conciencia fiscal en el país? ¿Es un factor que pueda someterse a educación o pedagogía?
Según el CIS, el 68,2% de los encuestados cree que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión, lo que evidencia la falta de conciencia fiscal. En la misma encuesta, el 84% consideraba que Hacienda hace muy pocos esfuerzos para explicar el destino de los impuestos, lo que constata que la pedagogía fiscal, en unión de una percepción social del acertado uso del gasto público, sin duda mejoraría la conciencia fiscal.
¿Un enfoque en exceso coercitivo o normativista en materia tributaria por parte de las administraciones puede generar efectos contrarios a los buscados y dar pie a un mayor fraude? ¿Cómo hallar el equilibrio necesario en esta materia?
El enfoque coercitivo es necesario, pero no hay que cargar las tintas sobre él. Es necesario contrapesarlo con estímulos positivos que estimulen el cumplimiento tributario de manera espontánea, tanto a nivel de reducir los costes indirectos de la tributación como a nivel de mejorar la conciencia fiscal. De la misma manera, puede ocurrir que un incremento en la carga tributaria pueda generar efectos no deseados, al hacer más rentable el fraude fiscal o desincentivar la creación de riqueza. El equilibrio se debería buscar tratando de ajustar el nivel de gasto y, por tanto, el nivel de impuestos a los servicios públicos que los ciudadanos necesitan.
¿Falta consenso para erradicar el fraude internacional? ¿Habría que tender, en la medida de lo posible, hacia una mayor armonización fiscal?
Sin duda. Los esfuerzos de la OCDE o de la UE son importantes, pero los resultados son poco ambiciosos y los avances lentos, por la disparidad de las posiciones de los distintos países. Estamos en presencia de un problema agravado por la globalización, por lo que la solución solo puede venir en clave internacional, aproximando las normas nacionales para evitar una competencia fiscal perniciosa entre países, y estableciendo reglas claras que garanticen que la renta que se genera en un país se grave en ese país, evitando estructuras de planificación fiscal agresivas.