El 19 de septiembre de 2023 entró en vigor el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR) y se aprueba su Reglamento. El RCTIR es el registro electrónico, central y único en todo el territorio nacional, que tiene por objeto recoger y dar publicidad a la información sobre la Titularidad Real de las entidades. Como consecuencia de la creación del mismo, los registros que tratan información sobre la titularidad real deberán compartir sus datos con el RCTIR, con el fin de mantenerlo actualizado.

Además de crear dicho registro, el Real Decreto 609/2023 establece que cuando haya un cambio en la titularidad real en las entidades, estas tendrán un plazo máximo de diez días para comunicarlo al Registro Mercantil. Asimismo, las entidades deberán realizar una declaración anual en el mes de enero. De acuerdo con el artículo 5.3 del reglamento del RCTIR, aquella persona u organización que pueda demostrar un interés legítimo en su conocimiento podrá acceder a la información relativa a la titularidad real de las entidades.

Desde el pasado 1 de noviembre las personas trabajadoras empleadas en España al servicio de una empresa (española o no) que ejerce sus actividades en territorio español y que son desplazadas al extranjero para realizar un trabajo asalariado para dicha empresa, cuentan con una nueva regulación por lo que se refiere a su alta y cotización a la Seguridad Social en España.

Cuatro son los supuestos contemplados: (i) cuando la empresa desplace a la persona a un país sin convenio bilateral en materia de coordinación de los sistemas de Seguridad Social (por ejemplo, Singapur o Emiratos Árabes); (ii) desplazamiento a un país con convenio bilateral pero que éste no incluya a la persona trabajadora por aplicarse solo a nacionales de cada una de las partes (por ejemplo, España y México, Chile o Filipinas); (iii) desplazamiento a un país con convenio bilateral, una vez agotado el periodo máximo de duración previsto para el mismo; y (iv) cuando se desplace a un país con los sistemas de Seguridad Social coordinados, pero que éste no prevea el desplazamiento de personas trabajadoras por sus empresas al territorio de la otra parte.

En los dos primeros supuestos, las personas trabajadoras se considerarán en situación asimilada al alta en el régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadradas, continuando la obligación de cotizar, mientras estas permanezcan en el país de destino y se mantenga la relación laboral con la empresa. En el tercer y cuarto supuesto, la persona trabajadora podrá continuar sujeta voluntariamente a la legislación española de Seguridad Social, en situación asimilada al alta, manteniéndose en ambos casos la obligación de cotizar en España. La acción protectora comprenderá las situaciones de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes o profesionales, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, así como las pensiones contributivas de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes o profesionales y la pensión contributiva de jubilación.

La falta de desarrollo reglamentario del nuevo permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos, hijas o menores acogidos hasta la edad de ocho años que ha sido excluido del resto de permisos remunerados reconocidos en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, está generando controversia y, del mismo modo, sembrando muchas dudas.

Una de las principales radica en el tratamiento de la cotización a la Seguridad Social al ser un permiso no retribuido. En este contexto, puede entenderse que la empresa no está obligada a cotizar durante el periodo de disfrute del mismo.

A día de hoy, por las razones expuestas y toda vez que ni la normativa ni las administraciones públicas han sido capaces de momento de resolver la obligación o no de cotizar en este ámbito, la principal consecuencia es que se ha generado una evidente inseguridad jurídica. Cabe añadir que esta permanecerá, en la medida que las consultas se vayan resolviendo al respecto, al menos hasta el 2 de agosto de 2024, fecha establecida por la Directiva Europea 2019/1158 del Parlamento Europeo, hasta que estos permisos estén previstos como remunerados.

El Tribunal Constitucional avala el nuevo tributo a las grandes fortunas con siete votos favorables y cuatro en contra.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas, creado por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre.

La sentencia rechaza todas las impugnaciones y tumba uno por uno los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid: (i) respecto del derecho de enmienda, establece que no existe una evidente y manifiesta falta de conexión entre el contenido de la enmienda y la iniciativa respecto de la que se presenta, (ii) respecto de la vulneración de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid, recuerda que este impuesto es complementario del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) (tributo estatal cedido a las CCAA) de modo que lo satisfecho por éste se descuenta del anterior, lo que no interfiere en ninguna de las competencias autonómicas sobre el IP, (iii) también rechaza que se vulneren los principios de no confiscatoriedad y de capacidad económica, manifestando que solo tendría efecto confiscatorio en caso de agotar el valor del patrimonio apuntando que, según las estadísticas de la Agencia Tributaria, el tipo efectivo de gravamen está por debajo del 0,5% del valor del patrimonio gravado, por lo que no es desproporcionado, y (iv) respecto a la infracción del principio de seguridad jurídica, subraya que el impuesto no se aplica en relación con un periodo impositivo, sino solo por referencia a un fecha concreta (31 de diciembre de 2022 y 2023), por lo que, a la fecha de entrada en vigor (29 de diciembre de 2022), no había ninguna situación que hubiera empezado a producir efectos, por lo que no tiene carácter retroactivo y no se vulnera el principio de seguridad jurídica.

Cuatro votos desfavorables

El Pleno de la Corte de Garantías respalda este tributo con el voto favorable de los siete magistrados progresistas y el voto en contra de los cuatro magistrados conservadores. El voto particular de los cuatro magistrados conservadores considera que: (i) la enmienda no guarda relación con la proposición de ley, ya que el gravamen a la banca y energéticas no tiene carácter tributario, (ii) vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas, porque neutraliza las bonificaciones sobre el IP, y (iii) vulnera el principio de seguridad jurídica, toda vez que el impuesto se aplica a todo el ejercicio 2022 cuando la entrada en vigor de la ley fue el 29 de diciembre de 2022.

El 29 de julio de 2023 entró en vigor el Real Decreto 5/2023, de 28 de junio de 2023, en virtud del cual se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/2121 en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. El referido Real Decreto deroga íntegramente la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y aprueba un régimen legal que se aplicará a todos los procesos de transformación, fusión, escisión y cesión tanto internas como transfronterizas cuyos proyectos no hubieran sido aprobados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor.

Entre las novedades aprobadas por el Real Decreto destacamos los nuevos mecanismos de protección dirigidos a los acreedores, socios y trabajadores, así como también la obligación de las sociedades participantes de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

El valor de los activos intangibles a nivel mundial ha aumentado significativamente en los últimos años y, además, se ha observado que los activos intangibles representan el 90% del valor de las empresas incluidas en el índice S&P 500. Sin embargo, muchas empresas ricas en propiedad intelectual (PI) enfrentan dificultades para obtener financiamiento, especialmente las empresas emergentes y las pymes.

Una de las principales razones de esto es que a los inversores les resulta más complicado valorar y analizar los activos intangibles -esto es, conocimientos técnicos y datos- en comparación con los activos físicos tangibles, tales como bienes raíces y maquinaria. Esta circunstancia ha llevado a un esfuerzo global por encontrar formas de proporcionar financiamiento respaldado por activos intangibles y abordar el problema de la financiación basada en la PI.

En noviembre de 2022, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) presentó un plan de acción estructurado en tres partes: (i) Mejorar la visibilidad y la importancia de la financiación mediante activos intangibles; (ii) Proporcionar información sobre la situación de la financiación respaldada por la PI, y (iii) Dotar de herramientas a las partes interesadas en los ecosistemas financieros y de valoración.

Este enfoque busca ayudar a empresas que se basan en activos intangibles a obtener financiamiento para su crecimiento y desarrollo, y se espera que esta tendencia continúe creciendo en el futuro. La tecnología, como la inteligencia artificial, está desempeñando un papel importante en la evaluación y valoración de los activos intangibles, lo que hace que la financiación respaldada por la PI sea más accesible para empresas de diferentes tamaños y en diversas etapas de desarrollo.

En resumen, se está trabajando para impulsar la financiación respaldada por activos intangibles y aprovechar el valor de la propiedad intelectual y otros activos intangibles en el mundo empresarial.

«La tarifa regulada debería acotarse a consumidores en situación de vulnerabilidad»

¿Cuál es la valoración de aelēc de la propuesta de reforma del mercado eléctrico de la Comisión Europea?

Valoramos positivamente la reforma propuesta por la Unión Europea (UE) en materia de diseño del mercado eléctrico, ya que no supone una ruptura del modelo de mercado existente y aprovecha las ventajas de un mercado único de la energía, para asegurar el suministro y avanzar en el proceso de descarbonización. Creemos que la reforma debe basarse en tres principios básicos: la protección de los consumidores, especialmente los más vulnerables; el garantizar precios competitivos para los consumidores, trasladándoles los beneficios económicos de la generación renovable mediante mercados y contratos de largo plazo; y el fomento de las energías renovables, todo ello asegurando la estabilidad regulatoria y evitando medidas intervencionistas.

¿Supone el plan un riesgo de fragmentación en el mercado interior europeo eléctrico?

Desde aelēc creemos que la propuesta de reforma aboga por mantener un mercado único de energía. La reforma de mercado debe ser coherente con los objetivos de descarbonización marcados por la UE, debe ser aplicada de forma homogénea en todos los países europeos y no debe incluir medidas de intervención estructurales ni de carácter retroactivo, que sí hubieran afectado de forma negativa a la cohesión del mercado.

¿Es adecuado el nuevo esquema de cálculo de la tarifa regulada de la electricidad, que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2024?

La aprobación de esta reforma permite a España cumplir con un compromiso adquirido con la UE. Por tanto, desde aelēc valoramos de forma positiva la reforma de la tarifa regulada (PVPC) porque proporciona mayor estabilidad al precio para el pequeño consumidor, no pierde completamente la señal de la variación horaria de los precios y genera más liquidez en los mercados a plazo. Sin embargo, creemos también que la tarifa regulada debería acotarse únicamente a consumidores en situación de vulnerabilidad.

¿Qué peticiones hace el sector al nuevo Gobierno que surja de las elecciones del 23 de julio?

Consideramos que el Gobierno resultante debe fomentar la descarbonización de la economía y su competitividad, ya que resulta perentorio tanto para el desarrollo presente como futuro del país. En ese sentido, se debe avanzar en la electrificación y reforzar la descarbonización de la industria, además de ir sustituyendo combustibles fósiles por energías renovables.

¿Ve factible una modificación del impuesto a las energéticas que implique su aplicación sobre los beneficios y no sobre la facturación?

Concierne al próximo Gobierno. En aelēc hemos señalado desde el inicio que se trata de un gravamen discriminatorio e injustificado debido a que en Europa se aplica sobre beneficios y no sobre ingresos, como ocurre en España. Además, es un gravamen único en Europa, ya que la UE ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, no sobre el sector eléctrico. Por tanto, la Ley española debería haberse homogeneizado con el Reglamento europeo para no afectar a las inversiones renovables ni restar competitividad a las empresas eléctricas españolas frente a las europeas. Por otra parte, este impuesto resulta contradictorio con las políticas de cambio climático, ya que afecta negativamente a las empresas, al detraer fondos para la inversión en transición energética y renovables, alargando aún más la dependencia del gas y, por tanto, la crisis energética y económica. Afecta, además, a toda la cadena de valor asociada.

¿Vamos a una mayor integración de las renovables y del autoconsumo en el actual contexto de descarbonización?

Sí, las energías renovables son la palanca fundamental para el impulso de la transición energética y para la descarbonización de la economía, por lo que deben ser protagonistas en la demanda y producción de energía. En este sentido, las redes de distribución eléctricas son un elemento determinante para esa transición. En cuanto al autoconsumo, desde aelēc creemos que contribuye a incrementar la independencia energética de nuestra economía, a eliminar emisiones de gases de efecto invernadero y a ayudar a la electrificación. Es una palanca más para alcanzar la descarbonización, pero para lograr su despliegue masivo hay que desarrollar la regulación, sobre todo en la regulación pendiente, seguir trabajando entre los distintos agentes para superar las barreras y fomentar una mayor simplificación de los procesos y procedimientos de los agentes involucrados en su desarrollo. 

Finalmente, el pasado mes de julio se aprobó el modelo que deberán utilizar los contribuyentes que tengan criptomonedas en entidades situadas en el extranjero. Así, por primera vez, en el primer trimestre de 2024 deberá informarse sobre las monedas virtuales que se posean en 2023, cuando su valor exceda los 50.000 euros.

Recientemente, el Comité Europeo de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos se han pronunciado sobre las nuevas directrices que deberán ser implementadas antes del 11 de enero del 2024 por los titulares de los sitios web respecto al uso de las cookies.

Pero, ¿por qué tanto revuelo acerca de las cookies? ¿qué son exactamente? Las cookies son pequeños archivos que almacenan y recuperan información sobre los hábitos de navegación del usuario, capaces de rastrearlo e identificarlo. En ocasiones, y entre otras funciones, permiten reconocer al usuario, personalizar la forma en la que se muestra el contenido, conocer sus hábitos de navegación, mostrar publicidad relacionada con su perfil y mejorarlo y guardar las preferencias de navegación, entre otros.

En pocas palabras, pese a la practicidad de las cookies, que evitan tener que repetir la configuración en los sitios web cada vez que se accede a ellos, no dejan de afectar a la privacidad al tratar numerosos datos personales de los usuarios, hecho a menudo desconocido, contra el cual pretenden luchar las autoridades de control a través del refuerzo de la obligación de informar y solicitud el consentimiento previo a su uso.

Los cambios más destacados van dirigidos a reiterar la obligación de transparencia de la información que además de ser concisa, clara, sencilla e inteligible, debe estar adaptada al público al que va dirigido el sitio web, debe ser de fácil acceso y lo suficientemente amplia. Se establece la obligación de incluir la siguiente información en el banner: titular del sitio web, finalidades, si las cookies son propias o de terceros, tipología de datos, breve explicación sobre cómo aceptar, rechazar o modificar las cookies, incluyendo la opción “rechazar” en primera línea y el enlace a la Política de Cookies.

En relación con la solicitud del consentimiento, no será necesaria para las cookies de personalización (idioma, moneda, tamaño de fuente, etc.), cuando sea el propio usuario que así lo escoja. No obstante, cualquier finalidad ulterior con el uso de estas cookies, requerirá el consentimiento previo.

Asimismo, para un mayor control de los datos personales por parte de los usuarios, se recomienda como buena práctica por parte de los titulares de los sitios web, actualizar el consentimiento de las cookies aceptadas cada dos años, mediante nueva solicitud.

Otra modificación destacada es la posibilidad de denegar el acceso a los usuarios que rechacen las cookies, siempre y cuando se les informe de ello previamente y se les ofrezca una alternativa, la cual puede incluso no ser gratuita.

Las consecuencias de una posible estimación del recurso de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio planteado por el Grupo Parlamentario Popular contra dos disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021 podría conllevar una anulación temporal del impuesto.

La cuestión de inconstitucionalidad planteada se refiere, por un lado, a la elevación del tipo impositivo máximo de la tarifa hasta el 3,5% que supondría una posible confiscatoriedad, y cuya estimación afectaría a aquellas Comunidades en que se aplica la tarifa estatal, supuesto que no ocurre en Catalunya en que tenemos nuestros propios tipos de gravamen. No obstante, la segunda disposición impugnada se refiere a la que suprimió definitivamente la bonificación del 100% del impuesto que, en caso de estimarse, implicaría su restablecimiento por lo que las Administraciones deberían proceder a la devolución total del impuesto satisfecho.

Sin embargo, debemos tener en cuenta los efectos temporales de la posible estimación de la inconstitucionalidad planteada, puesto que el Tribunal Constitucional podría establecer, como ha ocurrido con el Impuesto de la Plusvalía Municipal, que solo afectaría a los contribuyentes que no tuviesen “una situación consolidada”, es decir, que a la fecha de dictarse la sentencia hubiesen impugnado las autoliquidaciones de los ejercicios 2021 y 2022, que serían los ejercicios afectados.

Sin embargo, y antes de proceder a interponer cualquier escrito de rectificación de las referenciadas autoliquidaciones, debe tenerse presente la interrupción del cómputo del plazo de prescripción y una posible comprobación de dichos ejercicios, por lo que debe valorarse cada caso particular para determinar si conviene instar la rectificación de este impuesto.