Como medida inmediata, el informe propone equiparar los tipos impositivos de gasolina y diésel, algo que recomiendan desde hace años los organismos internacionales. Las externalidades de transporte aéreo no están incluidas en el precio de los billetes de avión”. Solo los vuelos domésticos dentro de la UE están sujetos al mercado de derechos de emisiones, que obliga a pagar por el CO2emitido. “Además, el transporte aéreo goza de un régimen fiscal único caracterizado por un bajo nivel de imposición”, añade. Proponen un impuesto sobre los billetes similar al que tienen en marcha países como Alemania.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Se debe asumir un coste, pero permitirá aumentar la bondad de su producto o servicio, por lo que sus ventas a otros mercados se incrementarán, gracias a la confianza de estas normas en clientes extranjeros. Los recursos, o la falta de ellos, es la dificultad básica a la que apuntan todas las pymes para referirse a la implantación de las normas ISO. Sin embargo, la implantación de los procesos para conseguir la satisfacción de los clientes ofrece un retorno muy efectivo.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Su trasposición vence en julio de 2020. Las modificaciones de la Directiva incluyen el principio de igualdad de pago, que implica que se debe garantizar que una persona contratada en un país que se desplaza a otro para prestar servicios recibirá el mismo importe que cualquier trabajador del país de destino. Se establece además que el límite del desplazamiento sea de 18 meses. A partir de ese periodo, la relación laboral se establece como si el trabajador fuera del país de destino en el que presta los servicios. Las modificaciones de la Directiva han venido acompañadas de la creación de la Autoridad Laboral Europea, que tiene previsto comenzar su acción en octubre de este año.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El nuevo impuesto podría producir una «sensible reducción» de las matriculaciones, según varias patronales y asociaciones del sector del automóvil. Las entidades han trasladado sus alegaciones y observaciones sobre el Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 16/2017 del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos de tracción mecánica elaborado por la Generalitat de Cataluña. El anteproyecto establece un gravamen adicional a los impuestos de matriculación y circulación, que fija un pago por parte de los propietarios de vehículos en Cataluña en función de los niveles de emisión de CO2 de sus automóviles en defensa del Medio Ambiente.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

“Las leyes ecológicas en vigor ahora mismo se miden por miles”. Según el Instituto de Investigación Grantham, un organismo británico especializado en cambio climático, a finales de los noventa, apenas existían 72 textos ambientales en todo el mundo; en la actualidad son unos 1.500. Existen normas internacionales, comunitarias y estatales; en España, además, otras provienen de gobiernos y organismos autonómicos y, finalmente, de algunos Ayuntamientos. “Esto genera una situación un tanto caótica”, y debido a esta dispersión del ordenamiento, “estar actualizado y ser consciente de qué normativa se aplica en cada momento supone un reto importante”. Adaptarse a las exigencias legales puede obligar a modificar sustancialmente los procesos productivos o, incluso, abandonar determinadas actividades. Decisiones que “suponen un coste significativo” y que pueden laminar el ánimo cumplidor de la organización.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Se están creando perfiles de riesgo para cada tipo de fraude en base a la información de la que dispone la Inspección sobre incumplimientos de cada empresa. También, se aplican técnicas de minería de datos para elaborar perfiles predictivos de posibles situaciones de riesgo. Y, además, se hace un seguimiento de las actuaciones inspectoras para evaluar la eficacia de los perfiles en la actuación inspectora, y de todo el sistema, que se retroalimenta. Las nuevas inspecciones se ejecutan entre agosto y diciembre de 2019 y serán objeto de evaluación en enero de 2020. En la misma línea que la Agencia Tributaria van a inundar de comunicaciones a las empresas, advirtiéndoles de la posibilidad de ser inspeccionadas e invitándoles a regularizar los contratos de los empleados.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Supondrá que, por primera vez, los impuestos de la electricidad sean diferentes en función de la comunidad autónoma en la que se resida. Las eléctricas comenzarán a trasladar a los clientes el coste de los impuestos autonómicos que 15 regiones impusieron en el año 2013. Bajo el epígrafe de «Suplementos territoriales de 2013», las comercializadoras iniciarán la recuperación de estas cantidades que irán posteriormente a las distribuidoras para hacer frente a dichos impuestos. Gesternova ha realizado una estimación del coste que puede suponer por autonomías. Galicia, Castilla y León y Cantabria serán las regiones que más cobrarán por este motivo, frente a Cataluña, Madrid y Andalucía que serán las que menos. El cobro tendrán que realizarlo todas las comercializadoras.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que el titular de un sitio web que incluya el botón “me gusta” de Facebook es responsable junto con la Red Social, de las operaciones de recogida y de comunicación de datos a Facebook, respecto de los usuarios del sitio.
La cuestión planteada es si el administrador de un sitio web que inserta el botón “me gusta” debe considerarse responsable conjuntamente con Facebook de la gestión de dichos datos, y según explica la sentencia, el Tribunal resuelve entendiendo que ambas empresas pueden ser consideradas responsables de las operaciones de recogida y de comunicación por transmisión a Facebook de los datos en cuestión, dado que ambas partes influyen en el tratamiento de datos personales y participan en la determinación de los fines y los medios de dicho tratamiento de manera conjunta.
De conformidad con lo señalado, y dado que el consentimiento de los interesados para la recogida de datos debe darse con carácter previo, el TJUE concluye que corresponde al administrador del sitio web solicitar el consentimiento y cumplir las obligaciones de información a sus usuarios.

El pasado mes de julio entró en vigor el Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para el pan. La nueva norma, aplaudida por la mayoría de instituciones de defensa de los derechos de los consumidores, tiene como principal propósito establecer las normas básicas de calidad para la elaboración y comercialización del pan en España.
Es un hecho que los consumidores somos cada vez más exigentes y demandamos conocer, a través de un etiquetaje claro, cuáles son los componentes e ingredientes utilizados para la elaboración de los alimentos que consumimos.
En este sentido, la nueva norma supone un gran avance respecto de la normativa anterior del año 1984 y se augura que tendrá un impacto muy favorable para los consumidores. En concreto, gracias a la nueva normativa el consumidor dispone de una información más adecuada sobre los diferentes tipos de panes y su forma de elaboración.
Entre las principales novedades se encuentra el endurecimiento de los requisitos para considerar y denominar un pan como integral, exigiéndose que el 100% de la harina empleada sea integral, o la definición legal de conceptos como “masa madre”.

“La fiscalidad empresarial
supone un lastre para la
competitividad exterior”

¿Puede valorar el momento actual de las exportaciones españolas?
Las exportaciones españolas llevan ya varios trimestres, desde finales de 2018, experimentando un proceso de desaceleración, que nos ha llevado a registrar un crecimiento nulo durante el primer trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin duda, se trata de un dato muy preocupante, que nos está indicando una tendencia y nos adelanta un comportamiento menos expansivo del ciclo económico.

¿En qué factores debe fundamentarse la competitividad internacional de las empresas del país?
Las empresas se examinan cada día en el mercado y deben tratar de incorporar innovación tanto en los bienes y servicios que producen como en sus procesos, deben potenciar la marca y tener estrategias de largo plazo orientadas a la internacionalización. Todo esto depende de las propias empresas. Sin embargo, hay un factor que no depende de ellas: es el marco regulatorio, que puede encorsetar o dar alas a su actividad productiva. Por esa razón, aspectos como el de la fiscalidad empresarial, que ha venido siendo fuertemente gravada por los últimos Gobiernos, supone un lastre para la competitividad exterior de nuestras empresas.

¿El marco público y privado de financiación de la actividad exportadora se adecua a las necesidades y a las características del tejido productivo en España?
Puede decirse que, en términos generales, contamos con instrumentos adecuados para la financiación de la actividad exportadora; otra cosa es la dotación de estos instrumentos y la agilidad con que se gestionan. Por ejemplo, creemos que deberíamos contar con unos esquemas oficiales de financiación más agresivos para las regiones con alto potencial de crecimiento económico, como África o Asia, donde nuestra presencia empresarial es más reducida. También, en lo que concierne a las tareas de apoyo y promoción del comercio exterior, sería deseable que organismos como el ICEX incrementasen su dotación presupuestaria a niveles precrisis.

Venimos de una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. ¿Qué pediría a las cuentas públicas para 2020 pensando en el impulso del sector exportador?
En la medida en que el milagro de la exportación española en los últimos diez años ha sido consecuencia de una mejora general de la competitividad vía el ajuste de costes, solicitamos que el Gobierno adopte una política fiscal que no penalice a las empresas en esta vertiente. Asimismo, sería deseable que se les facilite la desgravación de gastos incurridos por filiales y operaciones en el exterior. Además, existen otras medidas que no tienen coste, como ampliar la red de países con los que España tiene convenios para evitar la doble imposición.

¿Qué opinión le merece el reciente tratado de libre comercio alcanzado por la Unión Europea y Mercosur?
Nuestra valoración es muy positiva. Creemos que puede representar un revulsivo para las exportaciones españolas a esa área económica, donde las empresas españolas mantienen unos flujos comerciales discretos, a pesar de los vínculos históricos que España mantiene con los cuatro países que la conforman (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de la elevada inversión directa de empresas españolas en estos países.

¿Cree que los conatos proteccionistas mediante la aplicación de aranceles puede generar una crisis económica global? ¿O se trata solo de meras estrategias de presión y negociación, muy del agrado del presidente Donald Trump?
La guerra comercial genera incertidumbre en todo el mundo, retrae la inversión y penaliza el crecimiento. No puede hablarse de países beneficiados y perjudicados por estas medidas; al final, perdemos todos. No debemos olvidar que las empresas -sean del país que sean- están integradas en cadenas globales de valor, y si por razón de los aranceles se encarecen los insumos que necesitan para fabricar sus productos, el coste final de estos productos se elevará y las exportaciones se resentirán. Además, pierden también los consumidores, que ven encarecidos los productos que consumen.