Empieza la conflictividad por la nueva jornada a la carta. Los trabajadores ya están presentando demandas contra las empresas por no concederles la jornada a la carta que han solicitado amparándose en el Real Decreto-ley 6/2019. Así lo trasladan empresas y despachos, que tienen «cola» de peticiones y de procesos de negociación abiertos y pleitos en los casos en los que no se ha llegado a acuerdo. Se está generando una «conflictividad» y «litigiosidad» máximas que amenazan la organización empresarial de turnos y jornadas, alertan.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Las madres y padres que contaban con una resolución o sentencia firme contraria a la devolución de la prestación de maternidad o paternidad podrán recibir la devolución mediando una nueva solicitud posterior a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 3 de octubre. ​ Así lo han determinado los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda, en función de la interpretación dada al Real Decreto de diciembre pasado que introdujo el cambio legal necesario para dar cumplimiento al fallo del Supremo que declaró exentas las prestaciones de maternidad. La Agencia Tributaria estima que la decisión puede beneficiar a unos 8.000 contribuyentes.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Decreto Ley 9/2019, de 21 de mayo, permite a la Administración calificar ciertas zonas del territorio como áreas con mercado tenso de vivienda y sujetar los contratos de arrendamiento que se concluyan en tales áreas a un régimen de contención de las rentas. Dicha contención de rentas se instrumenta por medio de la aplicación del índice de referencia de precios de alquiler de viviendas que elabora, actualiza y publica el departamento competente. Esta normativa entró en vigor el pasado 24 de mayo, si bien está pendiente de convalidación por parte del Parlament de Catalunya.

En mayo ha entrado en vigor el impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas en Cataluña, tras la Sentencia 28/2019, de 28 de febrero, del Tribunal Constitucional, que declaró el impuesto adecuado al marco constitucional vigente.
Este tributo, pionero en España, grava la titularidad, por parte de sociedades u otras entidades con objeto mercantil, de determinados bienes no productivos situados en Cataluña y no asociados a una actividad económica, así como algunos derechos que recaen sobre estos, y que en realidad son utilizados para fines particulares.
Se consideran activos no productivos la residencia habitual y segundas residencias, los vehículos de más de 200 caballos, las embarcaciones de recreo, antigüedades y joyas. El periodo de liquidación del impuesto se establece del 1 al 30 de junio de cada año. De forma adicional, se habilita el plazo extraordinario para presentar autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios ya devengados 2017, 2018 y 2019 que comprenderá del 1 de octubre al 30 de noviembre de este 2019.

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que las sanciones impuestas por la falta de presentación del modelo 720 son desproporcionadas y discriminatorias, al poder alcanzar hasta un 150% de la cuota defraudada y la infracción nunca prescribe. Bruselas abrió un expediente a España hace cuatro años y le dio unos meses para cambiar el modelo pero el Gobierno español hizo caso omiso. No obstante, se ha detectado un freno del ímpetu sancionador de la autoridad tributaria a partir de 2015, que es cuando se abrió el procedimiento de infracción.

“Hay margen de mejora en cultura de la competencia”

¿Cuál es el ámbito competencial de la ACCO en relación a las conductas que afectan a la competencia y a las operaciones de concentración empresarial?
En materia de defensa de la competencia, la labor de la ACCO se basa en la investigación y sanción de conductas infractoras de la misma circunscritas al ámbito territorial catalán. Ante una denuncia, realizamos un análisis preliminar -para determinar si la actuación infractora se ha producido indiciariamente a nivel catalán o supraautonómico- que se remite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que da inicio a un procedimiento de asignación de casos que finaliza con la determinación del órgano competente.
En cambio, en la promoción de la competencia no hay un límite competencial estricto: el organismo tiene la potestad de emitir informes de regulación sobre normas elaboradas por las distintas administraciones siempre que afecten a la competencia en Catalunya y, en el mismo sentido, dispone de legitimación activa para impugnar las normas de rango inferior a ley.
Por último, señalar que no se ha establecido un mecanismo de coordinación en relación con las operaciones de concentración, aun cuando nuestro deseo es que la ACCO asuma en el futuro el análisis de operaciones de concentración de ámbito catalán.

¿Cómo modular el grado exacto de competencia a introducir pensando en el bien superior de la protección de los intereses de consumidores y ciudadanía?
Si bien el objetivo último de la disciplina de competencia es el
bienestar de consumidores y usuarios, también es cierto que éste no es el único bien jurídico a proteger y que, por lo tanto, la protección del interés general va más allá de la defensa de la competencia. Es en base a esta consideración que la ACCO vela por la maximización del grado de competencia en los mercados. Pero con un matiz: queremos interpretar el objetivo del bienestar de los consumidores y usuarios en un sentido que permita incluir a la ciudadanía en general y que posibilite, por ejemplo, tener en cuenta otras variables más allá del precio, como por ejemplo las restricciones a la competencia con relación a la calidad, la privacidad y la normativa fiscal y laboral entre otros factores.

¿Es frecuente recibir denuncias de consumidores o de terceras empresas sobre actividades restrictivas de la competencia? ¿En cuántos expedientes debe posicionarse la ACCO cada año?
La ACCO recibió una veintena de denuncias y consultas en 2018. Quiero destacar que hemos creado un canal de colaboración que puede utilizarse de forma anónima (https://acco1.typeform.com/to/C7vKWX) para incentivar la puesta en conocimiento de prácticas eventualmente restrictivas de la competencia. Y contamos con el programa de clemencia, que permite exonerar de la sanción a los infractores que pongan de forma voluntaria en conocimiento de la ACCO información relevante -y no conocida- para desmantelar cárteles.

¿Puede valorar en qué medida la legislación emanada de las administraciones públicas en Catalunya consiente o constriñe la competencia?
Hay margen de mejora en la llamada cultura de la competencia. Por lo general no se hace un análisis de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión que debería acompañar a cualquier norma para determinar su impacto en términos de competencia.

¿Qué opina de las críticas que ha recibido la Unión Europea a causa de una postura en exceso restrictiva que impide la creación de empresas europeas que puedan competir globalmente?
Dudo que las críticas estén fundamentadas en una errónea aplicación de la normativa de la competencia. Más bien pueden denotar la falta de una aplicación homogénea a nivel internacional, la cual sería deseable.

Observamos con creciente frecuencia que los nuevos modelos de negocio vinculados a la digitalización se confrontan con esquemas regulatorios poco adaptados a los mismos…
Desde la ACCO hemos sugerido en incontables ocasiones la necesidad de que la regulación se adapte a la nueva realidad digital y que lo haga desde una doble óptica. Primero, entendiendo esta nueva realidad y, por consiguiente, eliminando las barreras de entrada existentes pero a la vez regulándola de forma adecuada para corregir las externalidades negativas que la propia actividad pueda generar. Y segundo, la regulación debe utilizar los mecanismos que las nuevas tecnologías ponen a disposición del regulador.

La Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General permitía a los partidos políticos recopilar datos personales de opiniones políticas de la ciudadanía. Ahora, tras el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo en contra de dicha potestad, en mayo de 2019 el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso y ha declarado dicha potestad contraria a la Constitución y nula.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha indicado que los días de trabajo perdidos debido a motivos relacionados con la seguridad y la salud constituyen cerca del 4% del PIB mundial; no es, por tanto, una cuestión menor.
Asimismo, y cuando todavía quedan muchos problemas por resolver en materia de prevención de riesgos laborales, la OIT ha destacado que, desde hace ya unos años, están apareciendo nuevas causas de accidentes y enfermedades directamente relacionadas con un nuevo entorno laboral digitalizado e interconectado, que está generando toda una nueva problemática que requerirá de nuevas medidas de prevención diseñadas para eliminar o, al menos, mitigar estos nuevos riesgos laborales.
No hay duda de que la tecnología está siendo de gran ayuda para lograr una mayor seguridad en el trabajo -las máquinas están sustituyendo a los trabajadores en un gran número de trabajos peligrosos-, pero la Organización Internacional del Trabajo recomienda que no se pierda de vista que esta evolución constante de las tecnologías pone en peligro el bienestar del empleado, no solo por el exceso de trabajo, sino como consecuencia de la hiperconectividad, la continua conexión de la mente con el teléfono móvil, el correo electrónico y las redes sociales.
Esta circunstancia resulta tan evidente que la ley, siempre a remolque de la realidad, ha empezado ya a dar sus primeros pasos para regular la desconexión laboral, como en el caso de Francia, de hace un par de años, o el más reciente de España, con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

El pasado 1 de marzo se publicó el Real Decreto-Ley 6/2019 de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Se trata de una iniciativa que pretende combatir aspectos de desigualdad cotidianos que están a la orden del día.
Una de las medidas más notorias fue la ampliación del permiso de paternidad con el objeto de equipararlo al de maternidad. Con esta voluntad en el año 2019 se establecen ocho semanas de descanso, que serán 12 en 2020 y 16 en 2021, con lo que se igualan de este modo ambos permisos.
Se establece la obligatoriedad de elaborar y aplicar un plan de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores con un periodo transitorio de tres años. En el mismo deberán incluirse aspectos como la auditoría salarial entre mujeres y hombres, el trato de la infrarrepresentación femenina y el correcto ejercicio de la conciliación.
Se incorpora asimismo en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores el “trabajo de igual valor” en materia de remuneración a ambos sexos. El mero hecho de situarnos en la tesitura de especificar que un hombre y una mujer deben ser remunerados por igual siempre que realicen el mismo trabajo denota que, efectivamente, se ha llegado a un punto en el que son necesarias medidas como éstas.
Además, se deberá llevar un registro de las retribuciones segmentado por sexos y se establecerá la presunción de discriminación en empresas de más de 50 trabajadores en los casos en los que la diferencia salarial entre ambos géneros sea superior en un 25%.
En cualquier caso, y una vez analizadas dichas medidas, debemos preguntarnos: ¿serán suficientes para corregir la situación?

La nueva norma, aplicable a cualquier organización, fija los requisitos para establecer un sistema de gestión de riesgos fiscales.

El pasado 1 de marzo de 2019 se publicó la norma UNE 19602 de Sistemas de gestión de compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso.
En primer lugar hay que señalar que ésta va destinada a las empresas y no supone una norma tributaria de obligado cumplimiento: fija una serie de requisitos y recomendaciones al objeto de establecer un sistema de gestión de riesgos fiscales, cuyo seguimiento y observancia evidencie la voluntad clara de conseguir el cumplimiento de obligaciones fiscales ajustada a las normas. Es decir, señala pautas para implantar un sistema de cumplimiento tendente a minimizar los riesgos tributarios y, en caso de producirse, indica los mecanismos de detección, corrección y futura prevención.

OCDE, Unión Europea y España
La UNE 19602 representa un paso más en España en el proceso iniciado en los últimos años desde una perspectiva internacional en el ámbito de la OCDE y de la Unión Europea y, a nivel interno, con la reforma del Código Penal, que estableció en 2015 la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que decreta, asimismo, la posibilidad de exención penal cuando se hayan implantado en la organización y gestión social medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. Por su parte, la Ley de Sociedades de Capital establece medidas para las sociedades cotizadas, mientras que la Agencia Tributaria aprobó en el contexto del Foro de Grandes Empresas de 2010 el Código de Buenas Prácticas Tributarias, una iniciativa a la que pueden adherirse las empresas a través de un procedimiento reglado.
Aplicable a cualquier organización -con independencia del tipo, tamaño, naturaleza, sector privado o público, con o sin ánimo de lucro-, la norma es un esquema de directrices para adoptar las políticas de compliance tributario y la gestión y control de los riesgos tributarios, sistemas de prevención, detección, gestión y mitigación de tales riesgos, tanto en la forma como en el fondo. Es previsible que la dinámica económica y social futura lleve a que las empresas adopten el modelo de compliance tributario.