A pesar de las innumerables protestas y campañas en su contra, el Parlamento Europeo ha aprobado la polémica modificación de la Ley de Copyright. La reforma supone un gran cambio de las reglas en Internet: a partir de ahora, las plataformas tecnológicas deberán aplicar filtros para impedir el acceso, sin autorización, a creaciones protegidas por derechos de autor u obtener licencias de los creadores, lo que convierte a las plataformas en responsables de lo que suben sus usuarios de forma continua y masiva.
Asimismo, la reforma también incluye que los editores de prensa podrán exigir a webs y agregadores de noticias -como Google News- un pago por el empleo de sus informaciones. Las plataformas y agregadores de noticias tendrán que solicitar licencias de publicación a los editores de medios de comunicación para la reproducción de noticias, unos permisos que generarán ingresos a las editoriales que repercutirán en los periodistas.
Pero hay excepciones, puesto que los hipervínculos a artículos de noticias, acompañados de “palabras individuales o extractos muy cortos”, se pueden compartir libremente; quedan exentas de la nueva regulación Wikipedia, GitHub o los usos en centros educativos de búsquedas y acopio de datos, y también se salvan los memes o gifs.
Las grandes plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram están totalmente en contra -así lo han manifestado- porque creen que la normativa supondrá un severo castigo a la configuración de Internet, mientras que los autores cuyas creaciones nutren Internet y las redes, están a favor.
El siguiente paso es que el texto aprobado en la Eurocámara deberá ser refrendado por los ministros en Consejo de la Unión Europea. Tras ser publicado en el Diario Oficial de la UE, los países miembros tendrán hasta dos años para incorporar las normas a sus legislaciones nacionales.

El pasado mes de marzo se aprobó la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual con el fin de incorporar las directivas europeas de 2014 y 2017. A pesar de que no es la última que se tendrá que realizar -puesto que el 27 de marzo se aprobó la polémica Ley de Copyright-, su objetivo es reforzar la transparencia y gestión de los derechos de propiedad intelectual. Entre las novedades destacan:

• La regulación del pago de los derechos a los escritores y traductores, nacionales y extranjeros, por el préstamo de sus libros en bibliotecas.
• Se unifica la regulación del uso de obras sin la autorización del titular de los derechos en favor de personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos, y formatos de audio y digitales.
• Se confirma que el uso de artículos de prensa dentro de las empresas e instituciones requiere de la autorización de los titulares de derechos.
• Se incluyen medidas que agilizan la tramitación contra las infracciones de derechos de autor en el entorno digital, entre ellas, la posibilidad de cerrar páginas web que incumplan la ley de manera grave y reiterada, sin necesidad de autorización judicial.
• Se regulan varios aspectos de las entidades de gestión de los derechos para que ésta sea más transparente, con la introducción de obligaciones jurídicas y administrativas. Además, la modificación incluye normas específicas aplicables a aquellas entidades de gestión de otros Estados que operen en España, a las entidades dependientes de una entidad de gestión y a los operadores de gestión independientes.
• Se modifica el régimen sancionador, aclarando el reparto competencial cuando la potestad sancionadora corresponda al Ministerio de Cultura y Deporte, la especificación de los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por la comisión de infracciones muy graves y graves y el mecanismo de intercambio de información entre autoridades europeas respecto de las infracciones cometidas por entidades de gestión que tengan establecimiento en otro Estado miembro de la Unión Europea pero que presten servicios en España.

¿Es obligatorio formalizar un contrato de encargo de tratamiento de datos? Sí, sin duda. El Contrato de EDT (Encargo de Tratamiento) es un acuerdo que se tiene que formalizar cuando un proveedor, en virtud de una prestación de servicios, procesa o tiene acceso a datos personales titularidad y responsabilidad de la empresa.
Es importante recordar que no se trata de un contrato de nueva existencia, pues la antigua LOPD/99 -ahora derogada- ya preveía formalizarlo.
Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la ley nacional LOPDGDD en mano, se constata claramente que la obligatoriedad persiste, no obstante, la exigencia es aún más amplia respecto al contenido y estricta respecto al cumplimiento.
La evolución de este contrato ha pasado de ser un documento básico con requisitos mínimos, a ser un acuerdo mucho más completo y riguroso en su clausulado.
Visto que es obligatorio tenerlo, ¿quién debe proporcionarlo, la empresa o el proveedor? Ambos o cualquiera de los dos. De hecho, es obligatorio para ambas partes por igual formalizar el acuerdo -con independencia de que quien facilite el contrato de EDT sea el proveedor o sea la empresa-, siempre que éste ofrezca garantías suficientes y cumpla la normativa.
Definitivamente la necesidad de este contrato es incuestionable, pero es que además la consecuencia de no formalizarlo supone una infracción tipificada como grave en la mentada LOPDGDD.

La medida llega tras la convalidación del Real Decreto Ley 8/2019.

Desde la sentencia de Bankia -dictada por la Audiencia Nacional a finales del año 2015- hasta el Real Decreto Ley 8/2019 de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, pasando por las sentencias del Tribunal Supremo -que, en 2017, anularon la primera-, y sin olvidar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que en breve se pronunciará sobre este asunto, en el que el Abogado General ya ha concluido que la normativa española se opone a la comunitaria-, parece que, por fin, esta cuestión debería empezar a quedar resuelta.

Texto impreciso
Sin embargo, no va a ser fácil. En primer lugar, por la incertidumbre política de las próximas semanas, que fácilmente podría dar lugar a la modificación o, incluso, la derogación, del nuevo artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores; en segundo lugar, porque la propia regulación está pendiente de desarrollo reglamentario “para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”, y ello puede desdibujarla sustancialmente; y, en tercer y último lugar, porque el texto actual ya es, de por sí, lo bastante impreciso para generar múltiples dudas en su aplicación práctica.
En definitiva, habrá que estar expectantes a lo que pueda acontecer.

Algo que revela que, por el momento, las alzas salariales y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) no se han trasladado a los precios, lo que sí sucederá en los dos próximos ejercicios, cuando la inflación escalará al 1,5% y 1,6%, respectivamente.  La institución previene ante los «efectos adversos» sobre el crecimiento del empleo y la competitividad de las subidas salariales no ligadas a la productividad, al haber detectado subidas medias, y muy generalizadas, en los convenios del orden del 2,2% en febrero, así como «desacoples» entre la evolución de los salarios y la productividad. Además, el informe evidencia, sin alertar, una ralentización del ritmo de avance del empleo. España resiste la incertidumbre global gracias a la demanda interna.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El cambio en la definición del concepto de accidente mortal, que ahora son los fallecimientos que se produzcan en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de su gravedad inicial, y, sobre todo, la incorporación de todos los trabajadores autónomos, suponen una ruptura de las series estadísticas que dificultarán el seguimiento de la evolución de la siniestralidad en España. Los accidentes con baja registraron un aumento del 3,3% en el mes de enero respecto al mismo mes de 2018, sustentado en el aumento de los accidentes en jornada de trabajo, que se incrementan en un 4,5%, frente a un descenso de los in itinere de un -3,9%. En los accidentes mortales se ha producido una importante reducción, pasando de 54 a 44 fallecimientos en enero, lo que supone un descenso de -18,5%.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que, en la dación en pago de un inmueble hipotecado al acreedor del crédito, sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Ni en el supuesto más optimista entrarían en vigor en 2019. No tiene sentido que las empresas tomen medidas para hacer frente a los nuevos cambios legislativos si luego no se tiene certeza de si serán aprobados o no. Tampoco beneficia los vaivenes en la política fiscal a la atracción de inversiones a España, de lo cual no estamos sobrados. La disolución de las Cortes el 5 de marzo de 2019 ha llevado a la caducidad automática de todos los proyectos de ley no tramitados hasta el momento, entre ellos el de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) y la del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (ISD). La única medida fiscal de impacto que seguro entrará en vigor independiente de quien gobierne es la derivada de la trasposición de la Directiva 2018/822, en vigor desde el 25 de junio de 2018. En virtud de esta directiva, los intermediarios (o en su defecto los contribuyentes) quedan obligados a declarar determinadas operaciones que pudieran ser consideradas como planificación fiscal transfronteriza.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La nueva LOPD prevé, por fin y expresamente, la licitud de estos tratamientos. En efecto, el artículo 21.1 presume lícitos los tratamientos de datos derivados de cualquier operación de modificación estructural o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, incluida su comunicación previa. Por último, el artículo 21.2 de la nueva LOPD obliga a la entidad cesionaria de los datos a suprimirlos en caso de que la operación no llegue a buen fin. Y ello es totalmente lógico que sea sí, dado que el acceso a los datos habría quedado limitado a la finalidad indicada (el buen fin de la operación), sin posibilidad de que las entidades participantes puedan conservar información personal de otras.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Entre los elementos que sumarán puntos, se encuentran el estar dado de alta y declarar mediante el Suministro de Información Inmediata del IVA (SII), contar con un sistema de compliance, informes de transparencia y un buen historial tributario. Para mejorar el cumplimiento voluntario, Gascón reiteró que la Administración tributaria está estudiando publicar sus criterios en la web de la Aeat para que pueda ser consultada por las empresas con antelación a realizar sus declaraciones impositivas. Y en la misma línea, se proyecta publicar en el BOE las resoluciones interpretativas. También está en estudio la posibilidad de elaborar una lista blanca con los esquemas de planificación fiscal admitidos y otra lista negra con los esquemas ilícitos para general conocimiento.

FUENTE: SINTESIS DIARIA