El Anteproyecto será sometido a información pública como a informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado, y, una vez incorpore las aportaciones resultantes de este proceso, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación. El Anteproyecto recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas. En ese sentido, el anteproyecto incluye la realización de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso. En base a ese informe, se elaborará una propuesta de calendario para la revisión de tales ayudas y medidas consistentes con los objetivos de descarbonización.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Así se recoge en el borrador del Real Decreto Ley que el Ejecutivo está negociando con la patronal y los sindicatos. La segunda consecuencia es la preocupación que suscita esta medida en la patronal CEOE, porque pueden darse casos de que el padre y la madre trabajen en la misma empresa, y falten los dos durante las seis primeras semanas de la maternidad/paternidad, según explican las fuentes empresariales. Las empresas tendrán tres años para implantar los planes de igualdad y el registro salarial, en función del número de trabajadores.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Gobierno prevé aprobar bonificaciones de hasta el 80% en el IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta sea inferior a la determinada por el índice de precios de los contratos de vivienda en alquiler, según se recoge en el borrador del real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Además el borrador retoma la posibilidad de que los ayuntamientos puedan bonificar mediante ordenanza fiscal hasta el 95% de este impuesto para inmuebles con renta limitada por una norma jurídica, que ya se recogía en el decreto-ley que se tumbó en el Congreso.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Esa es la principal conclusión del informe Paying Taxes 2019, elaborado por PwC para el Banco Mundial y que analiza los sistemas tributarios de 190 países de todo el mundo. Dicha contribución tributaria, entendida como el porcentaje de beneficios que las empresas destinan a las cotizaciones sociales de sus empleados y al pago de impuestos como el de sociedades, se sitúa en el caso de las compañías españolas en el 47%, por encima del 40,3% de media de los países que integran la OCDE y del 39,3% de la Unión Europea. También es ligeramente superior al 46,6% de media de los países que conforman el G20.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Según el balance presentado, la ejecución de ambos planes ha dado como resultado, de agosto a diciembre de 2018, la conversión de 61.445 contratos temporales en indefinidos, lo que representa el 76,3% de los trabajadores. Además, se ha incrementado la jornada de 8.824 personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial, lo que supone un 17,5% de los afectados por el Plan de choque contra el uso irregular de la contratación a tiempo parcial. Además de los Planes de Choque, destacan los resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo en la lucha contra la utilización fraudulenta de la contratación temporal. Así, en el año 2018, y al margen de los resultados obtenidos como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Director, se han transformado en indefinidos 132.501 contratos temporales irregulares, 39.576 más que en el año 2017 (42,58% más) y 50.229 más respecto a 2016 (37,90% más).

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La nueva normativa que introduce el IVA intracomunitario propone «que los sujetos pasivos del IVA, con el fin de que puedan tener la condición de fiables, cuenten con el reconocimiento a nivel comunitario de lo que se denomina Sujeto Pasivo Certificado», según explican expertos. La nueva normativa europea «pretende dar uniformidad a una serie aspectos fundamentales del comercio intracomunitario de mercancías bienes». Además, propone un nuevo sistema de tributación en destino para las operaciones intracomunitarias de bienes. Un sistema que debería entrar en vigor en el año 2022, pero que, «está siendo aún objeto de negociación.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Según una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Valencia, la Agencia Tributaria no puede iniciar un procedimiento de comprobación sobre un contribuyente reclamándole directamente la cantidad a pagar si no tiene datos suficientes para ello, toda vez que este modo de actuar desvirtúa la propia naturaleza del procedimiento de comprobación limitada, y conduce a la indefensión de la interesada al privarle de aportar suficientes elementos en dicho procedimiento para justificar su situación.
Hasta ahora Hacienda trasladaba la carga de la prueba al contribuyente, pero a raíz de esta resolución del TEAR, esto se invierte.

La Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) aprobó el pasado mes de enero las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario de 2019.
Entre las principales novedades, cabe destacar el uso intensivo de la tecnología de datos tipo “Big Data” y la explotación de las nuevas fuentes de información, así como la creación de la Unidad Central de Coordinación de Control de Patrimonios Relevantes, creada con el objetivo de potenciar las actuaciones de control sobre aquellos contribuyentes con grandes patrimonios y con especial atención a los bienes y derechos situados en el extranjero, a los entramados financieros y societarios y a la facturación irregular.

CORPINNAT es una marca colectiva de la Unión Europea que permite al consumidor distinguir los grandes vinos espumosos que se elaboran en el corazón del Penedès y que cumplen con el estricto reglamento de uso que afecta su cultivo y elaboración.

“Fraude y evasión fiscal son las principales losas de recaudación en España”

¿Cómo desenmarañar el nudo gordiano en el que se sitúa el debate entre el modelo público de pensiones y el déficit en la Seguridad Social?
Es difícil poner en duda que serán la creación de empleo y la reducción de la precariedad laboral, con su consiguiente efecto en el aumento de las cotizaciones sociales, las claves para reducir y llegar a eliminar dicho déficit. En tanto se logra dicho propósito, el mantenimiento del actual modelo requerirá de ingresos compensatorios de tal déficit, a través del sistema fiscal.

La economía sumergida en España supone alrededor de un 20% del PIB. ¿Qué medidas son necesarias para mitigar el fraude?
El fraude y la evasión fiscal son las principales losas de la recaudación en España: la ‘factura’ de la evasión para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar de más en impuestos, para compensar el fraude de otros. Para mitigar las cifras actuales de fraude y evasión, está pendiente la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de prevención y lucha contra el fraude, para su posterior tramitación en el Congreso. Pero al margen de las medidas concretas que éste prevé, serían necesarias iniciativas adicionales: más coordinación entre administraciones tributarias; elaboración de informes oficiales sobre economía sumergida y fraude desagregado por sectores, territorios e impuestos; aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos e incremento del número de efectivos en la AEAT, a la que habría que dotar de estructuras más horizontales y de una capacidad de decisión más compartida para evitar injerencias políticas o económicas.

Su organización defiende la modernización de la Agencia Tributaria. ¿En qué términos?
La plantilla de la Agencia Tributaria este año ocupará el último lugar en la UE en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE. Así, el proyecto de PGE para 2019 recoge un aumento de los efectivos de la AEAT de apenas 387 personas, por lo que a final de año alcanzarán los 25.916 empleados. España sufre una brecha de 25.504 empleados menos que la media ponderada de Europa, es decir, cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar contra la economía sumergida y otras 792 personas menos de apoyo. Es decir, sólo un trabajador por cada 2.836 ciudadanos, frente a la media europea, por la que cada empleado controla a menos de la mitad de ciudadanos.

Si el objetivo es disponer de un sistema fiscal más eficiente y justo, ¿cuáles son los requisitos para alcanzarlo?
De un informe elaborado hace poco más de un año por el FMI se desprendía que el relativo abandono del concepto de la progresividad por parte de la mayoría de los sistemas tributarios en lo últimos años obedecía a las inquietudes en torno a los supuestos efectos negativos que tendría en el crecimiento. Sin embargo, para el Fondo, los resultados empíricos no respaldan este argumento. Las economías avanzadas con niveles relativamente bajos de progresividad en términos del IRPF dispondrían, de acuerdo al propio FMI, de margen para subir las tasas impositivas marginales máximas sin trabar el crecimiento económico. Y en esta situación está España, dado que ocupa el puesto 15 de la UE en cuanto a marginales máximos en el IRPF, por detrás de los países más desarrollados.

Gestha ha denunciado la brecha salarial entre mujeres y hombres. Además de la injusticia intrínseca que ello supone, es evidente que esta realidad acaba por incidir en la recaudación de impuestos y en su vertiente distributiva. ¿Se puede corregir tal anomalía?
Las mujeres ocupan, en mayor medida que los hombres, los empleos a tiempo parcial y los más precarios, de forma que más de tres millones no llegaron a cobrar en cómputo anual, en 2018, una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional, como destacamos en nuestro informe “Brecha salarial y techo de cristal”. Las medidas encaminadas a reducir la precariedad laboral incidirán, no sólo en la reducción de la brecha salarial, sino también en la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales.

¿Cuál es el papel de los técnicos del Ministerio de Hacienda a los que el sindicato Gestha representa?
Los cerca de 8.000 técnicos destinados en la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y los Tribunales Económico Administrativos, entre otros centros del Ministerio de Hacienda, representan el 75% de los funcionarios habilitados para ejercer las funciones de gestión, inspección y recaudación del sistema tributario estatal y aduanero, la auditoría pública y el control del gasto público y la resolución de las reclamaciones económico administrativas.