El 14 de enero de 2019 entró en vigor la nueva Ley de Marcas. Entre los cambios más significativos que aporta podemos destacar:

• La marca se podrá solicitar por cualquier persona física o jurídica, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia o establecimiento.
• Con la intención de adaptarse a la evolución tecnológica presente y futura, la nueva ley indica que la representación de los signos distintivos podrá realizarse por cualquier medio, sin que este deba ser gráfico exclusivamente. De este modo, se facilita el acceso al registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de las denominadas marcas no convencionales (olfativas, gustativas, táctiles, entre otras).
• Se establece una prohibición absoluta de acceso al registro de signos distintivos que puedan resultar incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas anteriores; y se introduce una prohibición específica de registro de signos distintivos que reproduzcan elementos del nombre de una obtención vegetal ya existente.
• Desaparece la distinción entre notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre.
• Se otorga la competencia directa para la declaración de nulidad o caducidad de marcas a la OEPM, sin dejar de reconocer la posibilidad de plantear una nulidad o caducidad por vía judicial a través de la demanda reconvencional.
•  Se podrá exigir la prueba de uso en el procedimiento de oposición.

Los objetivos de esta nueva ley son facilitar la convivencia de marcas nacionales con marcas de la Unión Europea, agilizar los procedimientos en beneficio de los interesados y, en definitiva, mejorar el funcionamiento del mercado interior.

El pasado 6 de diciembre se publicó en el BOE la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que adapta nuestro ordenamiento jurídico al ya conocido Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y deroga la anterior ley en dicha materia.
Entre las novedades más destacables encontramos que facilita el ejercicio de los derechos, reconociendo específicamente el derecho de acceso y, en su caso, de rectificación o supresión por parte de quienes tuvieran vinculación con personas fallecidas por razones familiares o de hecho y a sus herederos, limitando el ejercicio de estos derechos si el fallecido así lo hubiera dispuesto. Se fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de manera autónoma.
Respecto al derecho al olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes, se exceptúa la supresión cuando los datos hubieran sido facilitados por terceros en el ejercicio de actividades personales o domésticas.
En el ámbito educativo, se refuerzan las obligaciones del sistema educativo para garantizar la formación del alumnado en el uso seguro y correcto de internet. Ello conlleva la exigencia de que el profesorado reciba una formación adecuada en esta materia.
La LOPGDD incluye los sistemas de denuncias internas anónimas, a través de los cuales puede ponerse en conocimiento de la empresa la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa.
Se actualizan las garantías del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo y se refuerzan las mismas ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, de los que se deberá informar a los empleados.
La nueva legislación también se refiere a los ficheros de morosos -se reduce de seis a cinco años el periodo máximo de inclusión de las deudas-, en los que se exige una cuantía mínima de 50 euros para la incorporación de las deudas a dichos sistemas de información crediticia.

El pasado 19 de diciembre entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre de 2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que, entre otros cambios, incorporaba notorias reformas en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda. Sin embargo, la norma no consiguió el respaldo parlamentario necesario y tan solo un mes más tarde de su entrada en vigor, la Cámara Baja no convalidó el texto, quedando derogado automáticamente.
La reforma del alquiler más corta de la historia, como ha sido llamada por la doctrina, ha provocado un escenario cuanto menos singular, pues aquellos contratos que fueron firmados durante la vigencia del citado Real Decreto Ley, es decir, entre el 19 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019, se beneficiarán de las reformas introducidas por el texto hasta la finalización del contrato. Entre las reformas más destacadas se encuentra la ampliación de la duración mínima del contrato de arrendamiento.
Resulta curioso observar como este fugaz Real Decreto Ley ha establecido durante sus escasos días de vigencia una regulación singular con aplicación exclusiva a contados inquilinos. Un ejemplo más de cómo la inseguridad política puede generar rarezas jurídicas.

Un Brexit -con acuerdo o sin él- traerá consecuencias, también en materia de marcas registradas.

Habida cuenta de que el 15 de enero de 2019 el Parlamento de Reino Unido rechazó el Acuerdo de Retiro de la Unión Europea (UE), es importarte girar la mirada a las marcas registradas en la UE, valorar las posibles consecuencias y determinar las mejores estrategias a seguir con el fin de mantener el derecho de marca en Reino Unido.

Sin acuerdo para el Brexit
¿Qué ocurre si no hay trato? La Oficina de Marcas de Reino Unido ha indicado que actuará para proteger los derechos de los titulares de marca, incluso si no hay acuerdo. Ha adelantado que el 29 de marzo de 2019 todas las marcas y diseños comunitarios registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) como marca y diseño de la UE respectivamente, recibirán un registro de marca o diseño equivalente o “comparable” en el Reino Unido. Hasta ahora poco se ha explicado sobre cómo será este proceso, pero ha avanzado que el procedimiento será optativo, no tendrá tasas oficiales y sí requerirá renovación individual.
¿Y qué pasa si hay trato? Las disposiciones anteriores también se aplicarán si se implementan los términos relevantes actuales del acuerdo de retiro. La principal diferencia es que tal acuerdo prevé un periodo de transición que finalizará el 31 de diciembre de 2020, como pronto.
Respecto a las solicitudes en proceso, es probable que la Oficina de Reino Unido requiera una nueva solicitud, no obstante, en este caso ha avanzado que, durante un periodo de nueve meses a partir de la fecha de salida, reconocerá todas las fechas de presentación y reclamaciones de prioridad anterior.
Es importante tener en cuenta que la UE y Reino Unido están aún en negociaciones, por lo que cualquier planteamiento puede cambiar en los próximos días. A medida que esté disponible nueva información, les mantendremos informados.

El informe sobre la situación del consumo en el segundo semestre afirma que la facturación del comercio electrónico rozó los 35.000 millones a mediados del 2018, que multiplica por 7,5 la cifra registrada en el 2008, y la tasa de penetración superó por primera vez el 50% de la población de entre 16 y 74 años para situarse en el 53%, lo que supone 18,5 millones de personas y 35 puntos porcentuales más que en el 2008. Estos datos contrastan con la evolución de la cifra de negocios del comercio minorista tradicional, que se redujo más de un 4% en el mismo periodo en la última década, y el exiguo crecimiento de la población entre 16 y 74 años (0,3%). “El crecimiento sostenido del comercio online se ve claramente como sustitutivo del comercio físico, ya que aunque el pastel del consumo sigue creciendo ligeramente, uno avanza a una velocidad mucho más alta”.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

De los más de 22 millones de contratos que se firmaron en España en 2018, solo 52.000 fueron contratos de formación y aprendizaje, el 0,2%. ¿Por qué se utiliza tan poco? La primera respuesta que aparece en boca de todos responsabiliza al sospechoso habitual:“La temporalidad se lo come todo”. Paro hay más. Los empresarios hablan de falta de flexibilidad. Los economistas también la piden, pero controlando la calidad de la formación. Los sindicatos hablan de la falta de implicación de los empresarios y de un uso perverso del contrato.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Los operadores logísticos y los transportistas, especialmente los implicados en el comercio internacional, este año estarán más vigilados y con más medios tecnológicos. Por lo que deberán extremar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias propias, y así dedicar especial atención, en los suministros de información que hacen de sus operaciones, a las Autoridades fiscales nacionales y extranjeras, al compliance fiscal y a mejorar sus controles internos (contables, facturación, contractuales, financieros, etc) para no verse innecesariamente contaminados por los riesgos tributarios de los demás agentes de la cadena comercial de la que son parte inseparable.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

«El nuevo texto legislativo sobre protección de datos aporta algo de luz frente a las diferentes interpretaciones que hacía la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre los canales de denuncias. La LOPD realiza una actualización de los requisitos en los tratamientos con fines de videovigilancia. Hasta el momento sólo existía una instrucción de la AEPD y ahora en el nuevo texto, por fin, se genera una base legitimadora regulada. Se lleva a cabo una simplificación de las obligaciones de transparencia e información al afectado.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Ministerio se ha dado percatado de que en la ley general sobre infracciones no existe una pena que castigue como delito o falta los falsos encuadramientos en un régimen u otro de la Seguridad Social. De momento la Tesorería General de la Seguridad Social ya tiene mandato para desarrollar un protocolo de vigilancia. «Tenemos que iniciar un proceso muy claro para evitar que se produzcan esas anomalías», ha añadido. La Inspección de Trabajo está levantando actas por las que se están pidiendo a las empresas hasta cuatro años de cotización atrasadas, lo que supone una petición que puede llegar a unos 7 o 10 millones de euros.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Tras haber modificado su fiscalidad, Andorra sale, junto con San Marino, de esa lista. Andorra no estaba en lista negra de jurisdicciones opacas, pero sí en la de estados con regímenes fiscales nocivos para el resto. El Gobierno andorrano explicó que la salida se produce después de que en mayo de este año se aprobara la modificación de la ley del impuesto de sociedades para modificar y suprimir algunas bonificaciones.

FUENTE: SINTESIS DIARIA