La sentencia de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional derogó determinados preceptos de la Ley de Haciendas Locales que definen el hecho imponible y la forma del cálculo de la base imponible de la comúnmente denominada “plusvalía municipal”.
En la actualidad entendemos que no hay fórmula legal alguna para poder determinar el impuesto en ningún caso, y no sólo en aquellos en los que no se haya producido plusvalía. Según esta sentencia debe ser el legislador quien modifique o adapte el impuesto y no los ayuntamientos o los jueces. Esta decisión ha llevado a los alcaldes de varias ciudades a interponer recursos de casación -pendientes de resolución- ante el Tribunal Supremo.
Como consecuencia de ello aconsejamos que, en el caso de que no haya habido plusvalía en la transmisión, si ya pagaron el impuesto, insten la rectificación de la autoliquidación y solicitud de ingresos indebidos y los que no lo hayan pagado, comuniquen la operación al ayuntamiento sin ingreso de cuota alguna. En cambio, si en la operación sí se produjo una ganancia, al no haber aún una postura clara, recomendamos esperar a recurrir hasta el momento en que el Supremo resuelva, pero siempre teniendo en cuenta en hacerlo dentro del plazo de prescripción del impuesto.

El pasado mes de enero, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aprobó las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018. Éstas pretenden continuar con la mejora del cumplimiento tributario, introducir medidas preventivas o simultáneas a la presentación de las autoliquidaciones y desarrollar actuaciones de comprobación e investigación sobre los obligados tributarios con perfiles de riesgo.
Entre las principales líneas de actuación está la investigación en internet -con especial atención a los nuevos modelos de prestación de servicios y de distribución por vía electrónica- y las prácticas defraudatorias como la detección de rentas y bienes ocultos en el extranjero de grandes patrimonios, al tiempo que se refuerza el control contra el fraude en IVA, patrimonio exterior y grandes deudores.

Finalizado el ejercicio 2017, recordamos la importancia de aplicar correctamente la compensación de bases imponibles negativas para el cálculo del Impuesto sobre Sociedades (IS), dado que a raíz de una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la Agencia Tributaria puede negar la compensación de bases negativas en las declaraciones del impuesto presentadas fuera de plazo. El TEAC considera que la compensación es una “opción” del contribuyente, y la presentación de la declaración del IS fuera del plazo reglamentario implica la renuncia a esa “opción” de compensación en dicho ejercicio. Además, si una sociedad con una base imponible positiva no compensa sus bases imponibles negativas hasta el límite de la misma, sólo podrá compensar las bases imponibles negativas restantes en ejercicios posteriores.

“Hay que promover las vocaciones técnicas”

Catalunya abanderó la industrialización en España. ¿Cómo afronta el reto de la cuarta revolución industrial?
Catalunya sigue siendo un referente de la industria tanto en producción como en exportación. El reto está en el desarrollo de la industria 4.0, esto es, en la introducción de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones en los procesos productivos y en la innovación de los productos y su comercialización. Para ello es clave disponer en el tejido social de suficiente talento tecnológico -a lo que contribuyen las universidades tecnológicas en Catalunya- y de un gran espíritu innovador.

¿Cuáles son los ámbitos de responsabilidad de los sectores público y privado ante el nuevo paradigma?
Las administraciones públicas deben favorecer la nueva revolución industrial: aquí radica el posicionamiento industrial futuro de Catalunya. Hay que orientar las políticas a la mejora de la financiación de las universidades y centros de innovación -donde se gestiona la calidad del talento- y promover las condiciones para la atracción de talento exterior. Y el sector privado tiene que acelerar la introducción de las tecnologías digitales para no perder competitividad y evitar quedarse fuera de los nuevos mercados emergentes. Los ámbitos público y privado deben coordinar acciones que permitan acelerar el proceso de forma eficaz con el impulso de una demanda innovadora que el sector productivo local pueda satisfacer y el favorecimiento de la concentración empresarial en entidades de mayor volumen que facilite los procesos de exportación.

¿Qué efectos pueden producirse en el mercado laboral como consecuencia de este cambio?
La transformación del tejido trae como consecuencia la sustitución progresiva de mano de obra de baja cualificación por automatismos y robots, al tiempo que se precisa de personal más cualificado para desarrollar, atender y mantener sistemas productivos tecnológicamente más complejos. Se da un desplazamiento de la tipología del trabajo por la que se transfieren trabajadores hacia el sector de servicios y se demandan nuevos trabajadores de más valor añadido.

¿El modelo educativo garantiza una posición de competitividad para la economía catalana?
El modelo educativo catalán, enfocado a la potenciación de las actitudes personales, es muy adecuado para favorecer la consecución del talento. Pero debería hacerse un esfuerzo suplementario en generar vocaciones técnicas -que se están mostrando insuficientes para atender la creciente demanda de perfiles para la nueva industria 4.0- y en revisar la formación profesional, que si bien ha mejorado mucho en los últimos años, deberá adecuarse a las nuevas necesidades industriales.

¿Puede valorar el aprovechamiento que se hace de las potencialidades de las TIC en nuestra sociedad?
No se puede pretender contar con un sector industrial avanzado dentro de una sociedad que no lo es en el uso de las TIC. Su adopción en la sociedad española ha ido siempre retrasada con respecto a los indicadores de los países de la Unión Europea (UE). Catalunya ha tenido una evolución algo más avanzada, en el entorno de la media europea, lo que facilitará un mejor desarrollo de la industria 4.0.

¿Ve factible blindar el Estado del Bienestar tras los efectos de las políticas de austeridad de la UE y, sobre todo, teniendo en cuenta cuáles son las tendencias demográficas en el país?
El Estado del Bienestar no sufre por la política de austeridad marcada por la Unión, sino por los recortes presupuestarios que algunos países -también el nuestro- se han visto obligados a hacer para atender a una deuda desbocada, por el despilfarro y la pésimas decisiones inversoras en el sector público y en el privado. Sea como fuere, parece que se estén priorizando los objetivos de crecimiento sobre los verdaderos retos de la sociedad, como son el envejecimiento de la población, el cambio climático, la sostenibilidad o el incremento de las desigualdades sociales fruto del proceso de globalización.

Como presidente del Cercle per al Coneixement, ¿qué objetivos y prioridades se plantea para este año?
La Societat Econòmica d’Amics del País, de la que forma parte el Cercle per al Coneixement, tuvo un papel muy relevante en la revolución industrial del siglo XIX a través de la reflexión y la ayuda al desarrollo de la industria en Catalunya. Puesto que en el siglo XXI tal desarrollo se fundamenta en la utilización intensiva del conocimiento -en el tejido productivo, pero también en el conjunto de la sociedad-, corresponde a esta entidad entender los retos y tendencias globales que nos afectan y analizar las líneas de actuación que la sociedad catalana puede emprender en el marco anterior.

El código nace con la reforma financiera en Estados Unidos para facilitar la identificación de las contrapartidas en operaciones financieras (especialmente, derivados OTC), pero, en un contexto de mercados internacionalizados, sólo será útil a partir de su adopción universal.
En la Unión Europa se introduce con la siguiente normativa: Reglamento EEMIR 648/2012, Reglamento MAR 596/2014 y Reglamento MIFIR 600/2015, en cuya virtud debe ser utilizado:

• A partir del 01/11/2017, por contrapartes –financieras y no financieras– de contratos de derivados financieros; entidades de intermediación; y entidades de contrapartida central, miembros compensadores y entidades remitentes.
• A partir del 03/01/2018, por toda persona jurídica (PJ) que opere en el mercado financiero y dé órdenes a intermediarios para realizar transacciones sobre instrumentos financieros admitidos a negociación (es decir: emisores de valores, entidades que ejecuten operaciones y sus clientes).
  Hay que señalar que se requiere su utilización en productos de renta fija o variable, ETF, estructurados y SICAV, entre otros. El código incluye datos de referencia mínimos para la identificación y la comprobación del estado de la PJ, y debe ser asignado y mantenido, en cada territorio, por una Local Operating Units y, en territorio español, por los Registros Mercantiles (RM).

Se solicita accediendo al siguiente enlace web del RM mediante un formulario sencillo de tres pasos: Acceder al formulario

l pasado 25 de enero el equipo BELLAVISTA participó en la IQS Tech Fest, un acto que contó con la presencia de más de 1.200 asistentes, 50 startups industriales y más de 200 inversores especializados. Las startups -procedentes de diversos sectores: automatización y robótica, salud, nuevos materiales, química, energía y medio ambiente, IoT, y alimentación y deporte, entre otros- tuvieron a su disposición una zona de exhibición destinada a exponer los prototipos funcionales.
BELLAVISTA mantiene un acuerdo de colaboración con el IQS Tech Factory con el objetivo de impulsar el emprendimiento y la innovación. En el marco de dicho acuerdo, la firma contó con un estand para atender e informar a los numerosos participantes del evento, del que también fue patrocinador.

El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital regula el llamado “derecho al dividendo” y configura el derecho de los socios minoritarios a separarse de la sociedad cuando no se hayan repartido beneficios, en los términos establecidos en dicho artículo.
Pese a que la finalidad de la norma era la de ofrecer mayor protección a los intereses del socio minoritario, su redacción expuso a las sociedades a situaciones de bloqueo y a contingencias financieras, y obligó a suspender su vigencia entre los años 2011 y 2017.
Con el objetivo de evitar el incremento de litigios como consecuencia de la poca claridad del artículo, el 1 de diciembre de 2017 se publicó una proposición de ley, que plantea significativas modificaciones al mismo. Veámoslas:

• Se modifica el periodo mínimo que faculta al socio minoritario para solicitar el reparto de dividendos, que pasa de uno a tres ejercicios sucesivos con beneficios.
• Se reduce el porcentaje mínimo de reparto al que tienen derecho los socios, de un tercio a un cuarto de los beneficios a distribuir.
• Se permite a los socios, por unanimidad, acordar estatutariamente su renuncia al derecho de separación. A falta de unanimidad, los socios que hayan votado en contra mantendrán su derecho de separación.
• Se excluye de su aplicación a las sociedades en concurso y se modifica el redactado para evitar dudas respecto del alcance del “derecho al dividendo”.
  Pese a la encomiable intención de dicha proposición de ley y a haber despejado algunas dudas interpretativas del precepto, las modificaciones propuestas no logran su propósito. Esencialmente, por el excesivo endurecimiento del periodo mínimo para solicitar el reparto de dividendos y la rebaja del porcentaje mínimo objeto de reparto.
  Lejos estamos todavía de una regulación que permitiera alcanzar un cierto equilibrio entre los intereses de los socios minoritarios y la salvaguarda de los intereses económicos y financieros de la sociedad.

Por cuarto año consecutivo se ha acordado la aplicación de un protocolo de servicio de guardia y actuación rápida para dirimir infracciones a la propiedad industrial e intelectual (IP).

Barcelona acoge entre el 26 de febrero y el 1 de marzo una nueva edición del Mobile World Congress (WMC), el certamen más importante a nivel mundial en el ámbito de la comunicación y la telefonía móvil.
Año tras año empresas internacionales líderes en los campos de la informática, la electrónica y las telecomunicaciones se congregan -y compiten- en el evento para lanzar sus productos y dar a conocer los últimos avances e innovaciones: comunicaciones inalámbricas y móviles (patentes tecnológicas); nuevas aplicaciones móviles y, en general, software de última generación (derechos de propiedad intelectual); nuevos diseños de dispositivos móviles y otros soportes informáticos y de comunicación (tabletas, phablets y laptops, entre otros).
Como se ha efectuado en anteriores ediciones del WMC y por cuarto año consecutivo, la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona ha acordado la aplicación de un protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para tratar las infracciones a la IP que puedan producirse durante el mes de febrero y los días que dure el evento.

Tramitación preferente

El acuerdo alcanzado por la junta de jueces se concentra en:

• Dar una tramitación preferente y prioritaria a las medidas cautelares (con o sin audiencia de parte), que tengan por objeto los productos y materiales que vayan a exponerse en el evento.
• Resolver en un plazo de 2 días la solicitud de medidas cautelares sin audiencia y resolver en un plazo de 10 días las medidas cautelares que se tramiten con señalamiento de vista, siempre que se haya presentado un escrito preventivo.
• Resolver en el mismo día de su presentación la admisión de escritos preventivos.

Según el Informe de Resultados del 2017 y tras cuatro años de poner a dis­posición el protocolo, hay una consolida­ción y una clara apuesta en favor de su utilización. Este año se prevé que se incremente el número de casos presentados, tanto de escritos preventivos como de medidas cautelares in audita parte.

El actual proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal determina una serie de entidades que estarían obligadas a tal nombramiento, como por ejemplo, las entidades financieras, las operadoras de telecomunicaciones, las aseguradoras, las distribuidoras de electricidad, gas o hidrocarburos, los centros sanitarios o empresas de seguridad privada. No obstante, aunque la empresa no se encuentre en tales supuestos, sí que puede realizar de manera voluntaria su designación. Actualmente, muchas empresas se encuentran en proyectos de adecuación para el cumplimiento del RGPD, y una de las cuestiones que se plantean es la necesidad de incorporar esta posición de DPD en sus organizaciones, así como que perfil es el requerido para cubrir esta posición, por si lo pueden encontrar internamente o tendrán que buscar candidatos fuera de la organización.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Este dato se desprende de un informe sobre la tasa de profesionales que se encuentran trabajando a tiempo parcial en España realizado por Randstad. Tras registrar la cifra más baja en 2007 (11,4%), la tasa de profesionales con este tipo de jornada creció durante seis ejercicios consecutivos hasta alcanzar el 16,1%, cifra que también se mantuvo en 2014 para luego encadenar tres años de descenso consecutivo hasta la cifra alcanzada en 2017. El 38,5% de los trabajadores de hasta 25 años tiene un empleo a tiempo parcial. Por comunidades autónomas, las que tienen mayores tasas de trabajadores con jornada a tiempo parcial son la Comunidad Valenciana (17,3%) y País Vasco (16,8%).

FUENTE: SINTESIS DIARIA