Dos conceptos reñidos que se han convertido en dos normas fundamentales de supervivencia empresarial. Dentro de los viajes de empresas, los desplazamientos en avión sigue siendo el principal desembolso. De hecho, los billetes aéreos suponen casi dos tercios (un 64%), del total que se dedica a viajes corporativos. No obstante, este gasto registra una caída de cinco puntos porcentuales en los últimos tres años, según el último estudio Benchmarking del mercado español elaborado por Diners Club. El motivo de esta disminución es que las principales aerolíneas, sobre todo las europeas, han reducido significativamente los precios de estos viajes en los últimos cuatro o cinco años, en su lucha por emerger de un entorno altamente competitivo. Ahora se reduce al máximo el número de noches de estancia, para evitar el gasto del hotel se impone el patrón del viaje de ida y vuelta en el día, que representa ya un 60% de los desplazamientos, un 16% más que dos años atrás, según el estudio de GEBTA y Vueling.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Según los datos de la EPA, al cierre del tercer trimestre había 4,355 millones de asalariados con un contrato temporal en España, lo que supone su nivel más alto desde finales de 2008. La tasa de temporalidad ha vuelto a subir, hasta situarse en el 22,86%.  La tasa de temporalidad marcó mínimos en el primer trimestre de 2013, cuando se situó en el 18,02%. Hasta septiembre, la duración media de los contratos temporales ha bajado hasta los 52,03 días, su segundo nivel más bajo de la serie histórica, con excepción del año pasado. El promedio de 2017 es un 33% menor que la que registraron los contratos firmados a lo largo de 2008. En los años previos a la crisis, la duración media de los contratos temporales rozaba los 80 días, según los datos del Ministerio de Empleo.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La legislación vigente contempla que a partir del 1 de enero de 2018 se endurezcan las condiciones para que los autónomos tributen por módulos. Fuentes de la Administración confirmaron que la voluntad de Hacienda es mantener el régimen transitorio y salvaguardar al menos un ejercicio más los límites incrementados. La idea inicial era establecer la prórroga de los límites incrementados de los módulos en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, sin embargo, el Ejecutivo no tiene actualmente los suficientes apoyos. Hacienda está buscando la fórmula para hacer efectiva la prórroga a partir de enero de 2018 y ello podría a articularse a través de la aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley en diciembre.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Los datos muestran que se han centrado en sectores poco productivos y peor remunerados que antes de la crisis. Según el Banco de España «destaca la ganancia de peso de la rama de Hostelería y restauración, a expensas de la construcción, lo cual reflejaría el hecho de que, al tratarse de actividades donde el nivel de cualificación de la mano de obra es, en general, relativamente reducido, el trasvase de trabajadores entre ellas se ve facilitado». Reclama que «ante la posibilidad de que las ramas de hostelería y construcción se aproximen a sus límites de creación de puestos de trabajo en el futuro próximo, parece necesario buscar fórmulas para expandir las oportunidades laborales de los desempleados con menor formación».

FUENTE: SINTESIS DIARIA

En el texto del real decreto elaborado se establece que la cuantía exenta de tributación en el IRPF de estos vales o cheques se elevará desde los nueve euros diarios actuales hasta 11. Sin embargo, pese a tratarse de un importante incremento, del 22%, lo cierto es que la CEOE y las tres grandes empresas emisoras de estos vales han reclamado al Ejecutivo que eleve la exención hasta los 12 euros diarios. Argumentan que en muchos lugares de España es muy difícil conseguir un menú diario por debajo de esa cantidad. El Ejecutivo exige a las empresas llevar un férreo control del uso que hacen sus trabajadores de este beneficio social, lo cual puede ser, en opinión de la CEOE, un incentivo más para dejar de ofrecer los vales a su plantilla.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Es lo que se desprende de un estudio internacional de Sage, que tiene como objetivo analizar los costes y la reducción de la productividad que supone para las pequeñas y medianas empresas no digitalizar sus tareas administrativas.  Un aumento del 10,5% de la productividad en las pymes españolas, supondría un incremento anual de 32.000 millones de euros en el PIB nacional. Este incremento de la productividad, podría ser fácilmente accesible con la reducción de las cargas administrativas y la consecuente digitalización de estos procesos.

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En concreto, el Gobierno y las comunidades acordaron ayer que, dentro de los indicadores que se tienen en cuenta para el reparto de fondos de políticas activas para el empleo, ya no estará el uso de agencias privadas de colocación por parte de las Administraciones regionales. Empleo tuvo que renunciar también a incentivar el desarrollo del cheque formación, incluido en la reforma de la formación de ocupados de 2015. Ninguna comunidad lo está aplicando de forma efectiva; la mayoría por miedo al fraude que podría suponer. Ayer, Empleo aceptó también eliminar que el reparto de estos cheques se tenga en cuenta para recibir más dinero en políticas activas en 2018.

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La Ley General Tributaria señala que para aplicar la reducción de conformidad de una sanción tributaria (del 30%) se debe firmar, consecuentemente, acta en conformidad. Sin embargo la resolución del TEAC admite la aplicación de dicha reducción en determinados supuestos en que se ha firmado el acta en disconformidad si finalmente la liquidación no se ha recurrido. Así, el TEAC aplica una interpretación finalista y no literal de la norma a pesar de que ello perjudique a Hacienda.

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En vísperas de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos el 25 de mayo de 2018, y con el objeto de adaptar la legislación española a la nueva regulación comunitaria, se ha publicado el Anteproyecto de Ley Orgánica que sustituirá a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). La normativa busca un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos a la protección de sus datos personales y la libre circulación de los mismos, e intenta lograr una regulación más uniforme en la Unión Europea.
La nueva ley orgánica parte de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, teniendo en cuenta la tradición legislativa y jurisprudencial nacional. A pesar de que el anteproyecto nos deja con muchas dudas, es necesario aguardar a la publicación del reglamento que desarrolle la futura LOPD y esperar a que la Agencia Española de Protección de Datos emita las recomendaciones sobre cómo proceder en determinados casos.

El 23 de marzo de 2016 entró en vigor el Reglamento (UE) 2015/2424 por el que se modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria. La reforma, en aplicación desde hace unos meses, pretende hacer más eficiente y uniforme el sistema de marcas de la Unión Europea (UE), además de adaptarlo a los avances tecnológicos, optimizando los procedimientos y aumentando la seguridad jurídica, así como definiendo con claridad las tareas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). El 23 de marzo de 2016 entró en vigor el Reglamento (UE) 2015/2424 por el que se modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria. La reforma, en aplicación desde hace unos meses, pretende hacer más eficiente y uniforme el sistema de marcas de la Unión Europea (UE), además de adaptarlo a los avances tecnológicos, optimizando los procedimientos y aumentando la seguridad jurídica, así como definiendo con claridad las tareas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Algunas disposiciones adicionales entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2017. Los cambios afectarán a tres ámbitos principales:

• Representación gráfica de la marca: el requisito de representación gráfica de la marca dejará de aplicarse al presentar una solicitud, esto es, los signos podrán representarse de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
• Marcas de certificación: es un nuevo tipo de marca en el ámbito general de la UE, aunque en el sistema español existe desde hace algunos años. La marca de certificación de la UE es la que “permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación”. Su objetivo será indicar que los productos y servicios que llevan dicha marca, cumplen con una norma determinada establecida en los reglamentos de uso y están sometidos a controles bajo la responsabilidad del titular de la marca, con independencia de la identidad de la empresa que realmente fabrica los productos o presta los servicios en cuestión. La marca de certificación conlleva obligaciones y limitaciones adicionales a las de una marca de productos/servicios común: el titular de una marca de certificación no puede desarrollar una actividad empresarial dedicada al suministro de los productos y servicios del tipo certificado y la marca de certificación no puede presentarse con el fin de distinguir productos o servicios certificados con respecto a la procedencia geográfica.
• Cambios en el procedimiento: se aplicarán cambios adicionales a los procedimientos seguidos ante la EUIPO, entre otros, respecto a la reivindicación de prioridad, a la reivindicación de carácter distintivo, a la relación entre el procedimiento de oposición y el de nulidad, a la aportación de traducciones y a la comunicación con la Oficina.