Informábamos en nuestra anterior Bellavista News que un juzgado de lo social de Barcelona -apoyándose en una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- declaró la nulidad de un despido por considerarlo discriminatorio por razón de discapacidad, al incluir en dicho concepto el supuesto de una baja médica que se pueda prolongar significativamente o que no tenga una perspectiva de curación a corto plazo.
No han tardado mucho otros juzgados de lo Social en dictar sentencias en el mismo sentido; así ha ocurrido en el Juzgado de lo Social n° 3 de Santa Cruz de Tenerife (de fecha 16 de marzo de 2017) y en el Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró (22 de febrero de 2017). Hasta el momento el Tribunal Supremo no apreciaba nulidad en los casos de despido en los que el trabajador estuviera de baja médica, criterio que seguían casi unánimemente los juzgados de lo Social, pero algo está cambiando y habrá que esperar a ver qué es lo que decide el alto tribunal.
Recordemos que la declaración de nulidad implica la
readmisión obligatoria del
trabajador en las mismas
condiciones previas a su
despido, con abono
de los salarios de
tramitación.

BELLAVISTA ultima los preparativos para participar en la reunión anual de la International Trademark Association (INTA), que este año tendrá lugar en Barcelona del 20 al 24 de mayo.

En la nueva edición asistirán más de 10.000 especialistas en propiedad industrial e intelectual de todo el mundo, una cifra que supera con creces las previsiones de los organizadores.

Podríamos enmarcar la incertidumbre en materia de pensiones en las siguientes coordenadas: que si el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está en las últimas al contabilizar poco más de 15.000 millones de euros a cierre de 2016 (frente a los 67.000 millones de 2011); que si el pleno empleo será insuficiente -alerta Fedea- para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social; o que España será en 2050 el segundo país más envejecido del mundo, avanza la CEOE con datos del INE.
Aunque el Gobierno acaba de anunciar que recurrirá a la deuda pública para canalizar recursos a la Seguridad Social, de no encontrarse respuestas adecuadas la situación puede devenir en un gran perjuicio para las personas que han cotizado toda la vida para tener una vejez digna; y lo que es peor, sin que nadie responda de ello. Habría que estudiar qué fue de las contribuciones recaudadas en los inicios del sistema cuando la jubilación se establecía en los 65 años y la esperanza de vida en los 59 años.

Si bien ya se ha empezado a proponer el pago de las pensiones de orfandad y viudedad con cargo a los presupuestos del Estado, o que se plantean medidas como el retraso de la edad de jubilación y la reducción de las pensiones, el grupo cada vez más numeroso y políticamente influyente de los mayores de edad difícilmente permitirá con sus votos la adopción de medidas que les perjudiquen.

Otro factor agrava la situación: el auge de la robotización, de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías impide asegurar un trabajo para la mayoría. ¿Pagarán las máquinas las pensiones? ¿Son pensiones y renta básica universal extremos de un mismo vaso comunicante?

Cualquier solución satisfactoria deberá incardinarse dentro de un modelo de sociedad distinto al actual. La duda radica en saber quién liderará el cambio y hacia dónde se orientará.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento que va a permitir la ejecución y el pleno desarrollo de esta nueva medida legislativa.

La nueva Ley de Patentes fomentará y protegerá la innovación en España con el fortalecimiento del sistema de patentes y su equiparación al ámbito internacional, al tiempo que será una alternativa atractiva para la protección de las invenciones. Asimismo y con el objetivo de regular la aplicación de la nueva ley, recientemente se ha aprobado el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo.
Entre las principales novedades que se incluyen en la iniciativa encontramos que se ha modificado el sistema de concesión, estableciendo un único procedimiento con examen previo de novedad y actividad inventiva, así como que se introduce el sistema de oposiciones mediante el cual se podrá interponer una oposición a una patente concedida hasta seis meses después de la publicación de la concesión, además de novedades respecto a las tasas.
Es importante tener en cuenta que estas nuevas disposiciones se aplicarán a todas las solicitudes presentadas a partir del 1 de abril de 2017; todas las anteriores se tramitarán por la legislación anterior, esto es, la Ley 11/1986 de 20 de marzo.

Es una de las principales conclusiones que se desprenden del Informe GEM, documento que subraya que los emprendedores senior tienen un papel cada vez más relevante en las economías de todo el mundo. Por regiones mundiales, el emprendimiento senior es más elevado en África y América Latina que en Europa. Es por ello que, según el estudio, “los niveles de actividad emprendedora son normalmente más altos en las economías impulsadas por factores de producción que en las economías impulsadas por eficiencia o innovación”. Entre ellas se encuentra España.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Un estudio global de Regus, realizado entre más de 20.000 empresarios en 95 países, revela además que el trabajo flexible puede evitar la rotación de personal, ya que el 73% de los encuestados afirma que unas prácticas laborales menos rígidas fortalecen la lealtad de los empleados. Análisis de este tipo confirman que los profesionales -partiendo de un sueldo de mercado aceptable- quieren algo más que una nómina a final de mes. La formación, el desarrollo y, sobre todo, las condiciones laborales son algunos de los ingredientes que consideran imprescindibles para permanecer en su puesto de trabajo.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Así lo hace constar en una comunicación remitida a profesionales y sociedades obligados a tributar por el IVA y, como prueba les aporta la cifra total del dinero ingresado en ellas -total de entradas-y la totalidad del dinero retirado -salidas de las mismas-. Advierte la Aeat en su comunicación, que a lo largo de 2017, se realizará «un especial seguimiento de aquellos contribuyentes que presenten estas posibles incoherencias, pudiéndose realizar un visita destinada a la toma de datos así como, en su caso, el inicio de actuaciones de comprobación.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

En concreto, el impuesto gravará bienes inmuebles, vehículos de motor de potencia igual o superior a doscientos caballos, embarcaciones de recreo de ocho metros de eslora o más, aeronaves, objetos de arte, antigüedades y joyas. Según la propuesta, la base imponible se calcula sumando el valor de todos los activos no productivos. El impuesto no tiene mínimos exentos, el tipo aplicable es progresivo y del 0,21 hasta el 2,75 por ciento. Este año el importe del impuesto computará a partir del 30 de junio, y el resto de ejercicios, desde el 1 de enero.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Código Penal exige que los programas de cumplimiento normativo y prevención de delitos sean sistemas vivos. El proyecto de la norma UNE 19601, que contiene los criterios para certificar estos programas, impone la necesidad de realizar una auditoría anual para verificar su adecuación a los requisitos normativos y la eficacia de su implementación y cumplimiento. El texto de la UNE 19601 será publicado a finales de abril o principios de mayo. Tras superar su fase de consulta pública, no se prevé que la redacción final sufra cambios relevantes.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores. El Supremo estima así un recurso de Bankia contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2014. El Supremo admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, pero “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario, mediante una condena genérica, que obligará, necesariamente, a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte”.

FUENTE: SINTESIS DIARIA