Así lo reclama la patronal CEOE y lo piden compañías de los sectores de distribución, telecomunicaciones, energía o construcción, a quienes se suman la Aedaf y el Reaf. Denuncian indefensión jurídica, errores y falta de información en una exigencia de información desproporcionada que les supondrá costes que impactarán en su negocio, y muestran su preocupación con el régimen sancionador -que puede suponer multas del 1% de su facturación-, según han remitido a la AEAT en cartas e informes. La Orden que regula el IVA en tiempo real todavía no se ha publicado en el BOE después de que el proyecto pasara por audiencia pública -con la incertidumbre que supone para empresas y desarrolladores de software-, y el nuevo sistema va a entrar en vigor en País Vasco y Navarra en enero de 2018. Sin embargo, desde Hacienda se muestran inflexibles y subrayan que no van a ampliar el plazo.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El objetivo de la Unión Europea (UE) es cambiar la normativa actual para crear una ventanilla única que permita realizar los pagos del IVA en línea. Este sistema ya existe y se está utilizando con éxito en el apartado de los servicios electrónicos, en la venta de aplicaciones móviles para smartphones, por ejemplo. Mediante este nuevo método, las compañías que se dediquen a la venta online transfronteriza no deberán presentar las declaraciones de IVA en cada uno de los países en los que ofrezcan sus productos, sino que podrán hacerlo a través de Internet para el conjunto de países de la UE.

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El período medio de pago a proveedores de las empresas con más de 1000 empleados es de 119 días, es decir, de unos 4 meses. Para el Sector Público, la cifra no mejora demasiado y se queda en 72 días. Unos 75.000 autónomos cierran sus negocios cada año por culpa de los impagos. Estas estadísticas proceden del Informe de la Morosidad 2016 elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que dan buena cuenta del lastre que supone la morosidad para el colectivo.

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En el marco de tramitación de la Ley de acompañamiento a los Presupuestos, se ha aprobado una enmienda transaccional referida a la Ley catalana de cooperativas. La nueva regulación establece que las cooperativas de trabajo asociado que realizan su actividad mediante la subcontratación de obras, suministros o servicios, establecerán en sus estatutos o en el reglamento de régimen interno la obligación de garantizar las condiciones de trabajo del convenio sectorial de referencia, especialmente en materia retributiva y de jornada, así como la protección social de los trabajadores y trabajadoras en términos equivalentes al Régimen General de la Seguridad social.

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Por ese motivo, la mayor asociación de profesionales médicos del país, Facme, se ha opuesto a que las relaciones económicas de los médicos con los laboratorios farmacéuticos puedan ser publicadas de manera individual, tal como han decidido hacer por unanimidad las compañías farmacéuticas asociadas a la patronal Farmaindustria en el año 2018. Respecto a las dudas fiscales, desde la patronal farmacéutica tienen claro que estas transferencias de gastos en formación seguirán sin tributar como hasta ahora. Para ello, los laboratorios recuerdan cómo recientemente una proposición no de ley aprobada por la Comisión de Sanidad del Congreso instaba al Gobierno a «seguir considerando exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud».

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El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros sustituirá al vigente Real Decreto del 31 de marzo de 2010. La nueva normativa agiliza y simplifica el proceso de solicitud, reconocimiento y abono del incentivo, e implantar un sistema objetivo centrado en el comportamiento de la siniestralidad. Además, se incentiva la adopción de medidas y procesos por parte de las empresas que contribuyan de manera eficaz a la reducción de accidentes o enfermedades profesionales. Las obligaciones que se incluyen ahora presentan un alto grado de objetividad, lo que dotará de mayor seguridad al procedimiento.

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Según el último informe de la OCDE sobre España, esta proporción de empleados es la más baja de todos los países desarrollados y muy por debajo de la media de la UE. España «se caracteriza por contar con una elevada proporción de trabajadores temporales: un 25,7% en 2015», indica el documento. Algo que no ha ido mejor en 2016, cuando la temporalidad repuntó al 26,5%. También se refiere a la ineficiencia de las políticas de empleo aplicadas desde 2012 para fomentar la contratación indefinida. Los trabajadores que pasaron a indefinidos en sus empresas son una pequeña cantidad respecto al volumen total de temporales. En 2016, solo 582.000 empleados tuvieron esta oportunidad, según las cifras del SEPE. Solo suponen el 3,18% del total de contratos temporales que se realizaron en el ejercicio. En 2015, el porcentaje era aún más bajo del 2,79%.

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El sistema inmediato de información (SII) ha recibido ya más de 375.000 registros. Los asesores avisan de las dudas de las empresas, que tratan de adaptarse a marchas forzadas a la nueva herramienta. Los asesores fiscales del Consejo de Economistas explican que habrá que tener paciencia al principio porque hay operaciones especiales, como los pagos anticipados y ventas que no se corresponden con la base imponible que hay que ir perfilando como se reflejan en la nueva herramienta. Expertos en el sector de la informática de gestión están recibiendo consultas de grandes empresas interesadas por saber cómo adaptar sus servidores para acoplarse con flexibilidad a la ley porque ya prevén que la aplicación de la norma les va a llevar en muchos casos a incumplirla para seguir con sus negocios.

 FUENTE: SINTESIS DIARIA

Ello es debido a que la naturaleza, los requisitos y las condiciones del contrato predoctoral se derivan de lo dispuesto en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y, por tanto, no se ve modificada por una mera adscripción administrativa a un código de contrato u otro. Por este motivo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social  ha solicitado a la CRUE que acredite que estos contratos tienen una duración habitual superior a los dos años, con lo cual se concederá la tarjeta sanitaria europea en las mismas condiciones. Además, se ha solicitado a la CRUE que acuerde con representantes de los trabajadores y especifique a la mayor brevedad al Ministerio qué código consideran que se adecúa con mayor precisión a la naturaleza de estos contratos.

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Que se hayan cerrado rondas de financiación elevadas con proyectos sin apenas garantías es una prueba de que quizás se están rozando ciertos límites que alertan de un próximo estallido, similar, según algunos expertos, a la burbuja de las puntocom. Complejo tema, en el que hay tantos puntos de vista como actores implicados. Algunas opiniones de expertos: «no existe una burbuja en España, quizás si a nivel mediático pero no en cuanto a inversiones ni a creación de empresas. La percepción de que hay una burbuja parte del hecho de que hace unos años estábamos muy por detrás de otros ecosistemas similares, tanto en número de compañías como en inversión, y poco a poco nos vamos poniendo a la altura». «No hay una burbuja de startups. El emprendimiento en España ya está muy maduro y es claramente un motor para el desarrollo de la economía. Es un fenómeno que no tiene marcha atrás, no es un boom, sino que responde a un cambio en las formas de hacer las cosas a partir de ahora».

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