El vicepresidente de Aspac, subraya que los costes de las tasaciones –tanto las voluntarias como las obligatorias– o de la compensación para los asesores en los casos más complejos corre a cargo de los administradores concursales. A menudo, según Comendador, dichos costes se revelan inasumibles debido al exiguo tamaño del concurso. “No tiene sentido que me impongan un coste porque yo quiera sacar el máximo valor de una unidad productiva a través del trabajo de los asesores”, ejemplifica. “La disyuntiva está entre hacer mi trabajo bien y pagar a los expertos para acabar cobrando mal, o hacerlo mal para cobrar más”.  Fuentes del Ministerio de Justicia admiten que se debería “avanzar, para la admisión del concurso, en la exigencia de activos suficientes para atender los gastos, como la retribución de la administración concursal o las tasaciones”. Cuando esta capacidad no exista, concede Justicia, “se ha de profundizar en la búsqueda de alternativas”.

Alcanzó las 3.438 personas hasta febrero de 2016, lo que supone un descenso de 5 personas, un 0,1% menos respecto a 2015. El total de empresas que adoptaron medidas de regulación de empleo en los dos primeros meses de 2016 fue de 876, lo que supone un descenso del 36.5% sobre el mismo periodo del ejercicio anterior. El número total de procedimientos fue de 1.004, que supone un descenso del 38,2% respecto a 2015. Los procedimientos finalizados con acuerdo representaron el 92,5%, frente al 7,5% que lo hizo sin acuerdo.

La recaudación de los principales tributos hasta el mes de febrero dibuja una caída del 1,4% respecto al año pasado con bajadas importantes en IRPF (-4,7% en solo dos meses) y Sociedades (-2,1%). Si la tendencia continúa, algo que los expertos dan por hecho por la leve desaceleración que experimenta la economía, la recaudación total del año se situará por debajo de los 170.000 millones, 1.500 millones menos que en 2015. Y lo que es peor: será casi 13.000 millones inferior a lo estimado por Hacienda en las Cuentas Públicas. Sociedades, además, es motivo de preocupación en numerosas instancias. Hacienda reconoce a este periódico que el último trimestre del año 2015 «fue mucho peor de lo previsto porque las empresas dieron menos beneficios de los que en un principio pudiera imaginarse», y la tendencia tiene visos de continuar. Quienes sostienen este tributo son las compañías más internacionalizadas y de mayor tamaño, y los vaivenes en los mercados -especialmente emergentes- están lastrando sus resultados.

Más si se tiene en cuenta que puede eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. El programa implica la implantación de un modelo organizativo adecuado para minimizar el riesgo de comisión de delitos en la empresa y está integrado por un conjunto de normas, políticas y procedimientos en relación con la toma de decisiones, su documentación y el funcionamiento de las compañías. Por otra parte, creemos que no estaría de más certificar la efectiva implantación del programa de compliance conforme a la norma ISO 19600:2014 de ámbito internacional que proporciona orientación para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance eficaz y que genera respuesta por parte de la persona jurídica. Dicho lo anterior, debemos de ser prudentes a la hora de proclamar las bondades de implementar el programa, así como, en su caso, su oportuna certificación externa.

Esto supone el 40% de todas las bajas revisadas. Según los datos incluidos el Informe de evaluación del Pacto de Toledo entre 2011 y 2015, este porcentaje de prestaciones que se han comprobado irregulares fue similar en 2014 y 2013 y ligeramente mayor en 2012 (45%). El control no se produce siempre con la visita a instalaciones médicas del trabajador enfermo, sino que usan métodos de criba para detectar posibles fraudes. Entre estos métodos están contrastar la duración de la baja en cuestión con la duración estándar de esa patología o su duración óptima; el acceso a los historiales médicos por parte de los inspectores médicos del INSS; o el análisis detallado de los trabajadores “hiperconsumidores” de la prestación y de los médicos “hiperprescriptores” de bajas médicas. En el caso de la jubilación parcial, la Seguridad Social controla que no se produzca fraude en connivencia con el empresario, para facilitar el acceso, cuyas condiciones se han ido endureciendo. Así, desde 2012 la inspección de la Seguridad Social ha abierto casi 5.000 expedientes de responsabilidad empresarial, en los que ha reclamado una deuda de 33,2 millones.

El Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Tributaria firmarán en las próximas semanas un convenio de colaboración en materia de formación, investigación y publicaciones para la realización de actividades conjuntas que permitan un mejor posicionamiento para hacer frente los mecanismos de fraude cada vez más complejos y la delincuencia de trasfondo económico.

El que viene caracterizado por el control que ostenta, directa o indirectamente, una sociedad sobre otra u otras y no por la existencia de una unidad de decisión en el mismo. Esta sentencia de 4 de marzo de 2016, es la segunda que se emite y, por tanto, sienta nueva jurisprudencia sobre uno de los asuntos más polémicos entre las indefiniciones de conceptos de la ley Concursal de 2003 (LC).

Una empresa ha tenido que pagar la indemnización de 131.000 euros por despido improcedente que le correspondía a un empleado con 41 años de antigüedad al que la compañía relegó a un puesto de menor responsabilidad. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró conforme a derecho la extinción de la relación laboral a instancias del trabajador por el perjuicio a su formación profesional y menoscabo de su dignidad. La sentencia recuerda que para que el trabajador pueda solicitar la resolución del contrato es necesario que se haya producido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de manera unilateral por el empresario y que esta decisión empresarial resulte lesiva para la formación profesional o la dignidad de la persona trabajadora. Y esto sucede «tanto en los casos en que el empresario no le encomienda tarea alguna, como cuando le asigna funciones de grupos profesionales inferiores, o le impide la adquisición de conocimientos precisos para su desarrollo profesional.

Todos los partidos llevan en sus programas electorales medidas en ese sentido. A los precios bajos se une el hecho de que España es uno de los países que menos grava a la gasolina y al gasóleo.  Los últimos datos de la Comisión Europea revelan que, en el caso de la gasolina de 95 octanos, solo hay siete países (Rumanía, Letonia, Lituania, Estonia, Hungría, Polonia y Bulgaria) que paguen menos impuestos que España, cuya factura fiscal es casi la mitad de lo que pagan Holanda o Reino Unido. En el caso del gasóleo también solo hay siete países (Hungría, Letonia, Polonia, Grecia, Luxemburgo, Lituania y Bulgaria) donde la fiscalidad es menor. La factura en Italia o Suecia casi duplica a la española. El tercer argumento es la lucha contra el cambio climático y la penalización vía impuestos a las energías más contaminantes.

Llegan cambios normativos desde Europa con el objetivo de fortalecer las reglas de buen gobierno y transparencia de las compañías. Uno de ellos es la transposición de la directiva comunitaria sobre abuso de mercado y su respectivo reglamento de aplicación. Actualmente, la legislación española obliga a los mismos vocales a comunicar cualquier transacción de títulos entre las compañías de las que son consejeros. Sin embargo, en la práctica, este requisito es difícil de cumplir y los administradores siempre pueden ampararse en el desconocimiento de la operativa diaria de la compañía, sobre todo, cuando se trata de vocales independientes, que no están en el día a día de la empresa. «Ahora, es la sociedad la que tiene la obligación de comunicar» la transacción. La normativa no se refiere a las participaciones de control, que se regulan por otra ley, pero sí a las pequeñas transacciones (aunque afecten sólo a una única acción), que hasta ahora podían pasar desapercibidas.