Recientemente, el Consejo Europeo de Protección de Datos ha publicado una carta que refleja su compromiso a adoptar una interpretación armonizada sobre los requisitos de solicitud del consentimiento de cookies, de aplicación en toda la Unión Europea, tras recibir varias peticiones al respecto por asociaciones francesas.

El Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, modifica el Estatuto de los Trabajadores (TRET) en materia de contratación con el fin de reforzar la estabilidad en el empleo y reducir la temporalidad. La nueva redacción del artículo 15 del TRET es contundente: “el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido”.

Ahora únicamente podrán celebrarse dos tipos de contratos temporales, por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. En ambos casos se refuerza la causalidad obligando a que se especifique “la causa habilitante de la contratación temporal”, así como “las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista”, con lo que se facilita el control sancionador y judicial. La redacción de la reforma se prevé que provoque una judicialización de muchas controversias que aparecerán en relación al tipo de contrato a realizar dada la indeterminación jurídica de los conceptos por los que se puede contratar temporalmente y que provoca incertidumbre en el tipo de contratación.

El tercer tipo de contrato es el fijo discontinuo. La intención de la reforma es derivar la alta contratación temporal del modelo actual al fijo discontinuo, acotando las causas de temporalidad y con la desaparición del contrato de obra del ordenamiento jurídico. Este nuevo escenario de contratación entra en vigor el próximo 30 de marzo, acompañado de un importante aumento de las sanciones por fraude en la contratación.

“En países avanzados, la investigación solo produce retorno local si tiene nivel internacional”

¿Puede definir el rol que puede ejercer nuestro país, a través del ICFO, en lo que se viene en llamar ‘investigación de frontera’?

En países avanzados como el nuestro, la investigación solo produce retorno local si tiene nivel internacional. El terreno de juego para una sociedad como la nuestra es el mundo o, como mínimo, la Unión Europea. A diferencia de lo que ocurre con actividades muy importantes y necesarias que se basan en productos de proximidad, las empresas tecnológicas operan en entornos globales. Si por desgracia necesitamos un tratamiento de quimioterapia vamos a querer que nos proporcionen el mejor que exista, aunque no esté fabricado en nuestra ciudad. La cuestión es que, cuando un país se dota de investigación de frontera, es para que algunos de tales tratamientos se fabriquen, o por lo menos se diseñen, cerca.

¿Cuáles son las aplicaciones actuales de la disciplina? ¿Y su impacto económico?

La Comisión Europea estimó que las tecnologías fotónicas sustentan más del 10% de la economía de la Unión. Esto se debe a que la fotónica, como la electrónica, son lo que se denomina tecnologías habilitadoras. Por citar ejemplos cotidianos, Internet no existiría como infraestructura de uso universal de ciudadanos y entidades sin la fotónica que hace posible la red que transporta la casi totalidad de las comunicaciones de larga distancia; tampoco los teléfonos móviles serían para nada lo que son, ni lo que permiten, sin su pantalla; ni se podría aprovechar la energía fotovoltaica sin sistemas para captar fotones solares; ni los hospitales tendrían muchas de las herramientas de imagen y diagnóstico de las que disponen; y un largo etcétera. Con frecuencia, la fotónica “está dentro de la caja” y su presencia no es obvia, pero sin ella nuestra sociedad sería radicalmente distinta a la actual.

¿Qué consideración merece la especialidad por parte de la Unión Europea?

La fotónica y sus áreas de aplicación principales –esto es, Medicina y Salud, Energía Solar y Tecnologías de la Información– son absolutamente prioritarias para la UE. En lenguaje de la Comisión, “Health, Digital and Green” son tres de las áreas prioritarias para uso de los fondos NextGen. De hecho, la mayoría de proyectos de investigación que ejecutamos en nuestro centro forman parte de programas estratégicos de la Comisión.

¿La capacidad científica y la existencia de entornos sociales e industriales robustos son vasos comunicantes? ¿Cómo ve Catalunya desde esta óptica?

A la vez, con inmenso potencial y con capacidad de mejora. Durante los próximos años y décadas vamos a asistir a la transformación de sectores industriales y económicos enteros, por ejemplo, en la adopción de industrias, procesos, servicios, productos y energías descarbonizadas. No hay ningún obstáculo no solucionable que nos impida tener un papel protagonista en tal transformación, para beneficio de la humanidad en general y de nuestra sociedad en particular.

Ciencia y filantropía van de la mano a menudo. ¿El apoyo público a la ciencia es y será, en lo intrínseco, siempre insuficiente?

En los países avanzados, el apoyo a la investigación se fundamenta en recursos públicos, gubernamentales. El motivo es que la investigación es un bien común, que beneficia a la sociedad en su conjunto. La filantropía es un acto voluntario, de personas o entidades que deciden donar sus recursos privados a causas concretas que quieren apoyar. Es un acto de gran generosidad que hay que aplaudir. Para nuestro instituto, el apoyo de las Fundaciones Privadas Cellex, Mir-Puig, Caixa, AXA, Cataluña-La Pedrera, Gordon and Betty Moore, y Ribas-Araquistain, entre otras, ha sido capital.

¿Cómo balancear la retención del talento y la captación de materia gris foránea? ¿Qué modelo rige en el ICFO?

En gran medida, la investigación de impacto es una actividad totalmente internacionalizada que en los países avanzados ejecuta personal de muchas nacionalidades. El ICFO no es una excepción. En paralelo, tenemos programas, centrados en jóvenes, restringidos a personas del entorno. Se benefician de ellos, con gran aprovechamiento, muchas personas.

Entre otras, la Ley 2/2021 de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público de la Generalitat de Catalunya, por lo que se refiere a los tributos propios, introduce modificaciones técnicas al Impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas. Por un lado, concreta las condiciones ya vigentes que tienen que concurrir para considerar que un activo es no productivo y, de otra, incorpora a la tributación a las sociedades inactivas que no se encuentren en situación de disolución y liquidación. Con la modificación introducida, no se considera como activo no productivo el que esté arrendado a los propietarios, socios, partícipes o personas vinculadas que satisfagan por la cesión del bien el precio de mercado y acrediten capacidad económica, aunque los destinen al uso propio o al aprovechamiento privado.

También, con efectos de 1 de enero de 2022, introduce un nuevo apartado en el Impuesto sobre viviendas vacías por el que declara sujetos pasivos del impuesto a las personas físicas que tengan la condición de grandes tenedores, considerando como tales a aquellas personas físicas que sean titulares de un derecho de propiedad, de usufructo, de un derecho de superficie o de cualquier otro derecho real que permita la explotación económica de la vivienda, siempre que se superen las 15 viviendas.

Con la publicación en enero de 2021 del Real Decreto 1/2021 se modificaron el Plan General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, siendo de aplicación esta norma para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021.

Las modificaciones realizadas actualizaron los dos planes a los nuevos criterios contables adoptados por la Unión Europea, teniendo un alcance limitado y afectando principalmente a la definición de valor razonable, a las normas de registro y valoración de los instrumentos financieros y al reconocimiento de los ingresos.

Lo más destacable para las empresas que apliquen el Plan General de Contabilidad es:

• Reducción de las categorías de activos financieros, pasando de las seis anteriores a las cuatro actuales: activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, a coste amortizado, a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y a coste.
• Reducción de tres a dos categorías de los pasivos financieros: pasivos a coste amortizado y pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
• Modificación de la norma de valoración de los ingresos por ventas y prestaciones de servicios, introduciendo el principio básico de reconocimiento de los ingresos cuando se produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente y por el importe que se espera recibir, siguiendo un proceso secuencial de etapas. También en el caso de contraprestaciones variables la empresa tomará en cuenta la mejor estimación de éstas hasta que se resuelvan las incertidumbres asociadas.

En cuanto a las empresas que apliquen el Plan General Contable PYME’s, las modificaciones hacen referencia a la regulación del valor razonable, al criterio para la contabilización del resultado en el socio, con un nuevo párrafo sobre intereses y dividendos recibidos, y a la elaboración de las cuentas anuales.

Se incluyen también en el Real Decreto unas disposiciones transitorias con los requisitos de información para la correcta elaboración de las cuentas anuales que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, así como también para aclarar los criterios de contabilización de la primera aplicación de las modificaciones.

El pasado 14 de enero se inició la tramitación del Proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal con el que se pretende transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia e introducir nuevos instrumentos legales ágiles y eficaces que mejoren los actuales y faciliten la continuidad de las empresas viables. De entre las numerosas novedades que se incluyen destacamos las siguientes:

• La sustitución de los Acuerdos de Refinanciación por los nuevos Planes de Reestructuración con el propósito de favorecer la reestructuración en un estadio más temprano, cuando se detecten indicios de probabilidad de insolvencia, sin tener que esperar a que ésta sea inminente.
• El nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas (menos de 10 trabajadores), más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido.
• La reforma profunda del procedimiento de segunda oportunidad respecto del que, entre otras, se introducen las siguientes medidas: (i) la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un “plan de pagos a los acreedores”, permitiéndole, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, siendo autónomo, continuar la actividad, y (ii) la ampliación de la relación de deudas exonerables y la eliminación o relajación de las restricciones de acceso.
• La reforma del procedimiento concursal mediante numerosas modificaciones dirigidas a agilizarlo, facilitando la aprobación de un convenio, la venta de unidades productivas o, en su caso, su liquidación.

Estamos ante la enésima reforma de una norma relativamente joven (2003) que, excepto las coyunturales propias de la crisis sanitaria, persigue idénticas finalidades que las anteriores. Solo su mayor permanencia y consolidación futura acreditarán su bondad y permitirán la tan necesaria seguridad jurídica.

La declaración de bienes en el extranjero del Gobierno de España sufre un revés por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

El pasado 27 de enero salió finalmente a la luz la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea relativa al modelo 720 contra la obligación informativa de declaración de bienes y derechos situados en el extranjero.

La sentencia declara contraria a derecho la imprescriptibilidad de la obligación de declaración como ganancia patrimonial injustificada del valor de los bienes y como desproporcionada la penalización del 150% sobre la cuota pendiente, así como las otras sanciones asociadas al modelo 720.

Como consecuencia de la referida sentencia, el Gobierno ha presentado recientemente una enmienda en la tramitación de la modificación de la Ley 27/2014, sobre el Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que adopta una postura conservadora sobre la obligación de declaración de bienes en el extranjero. Si es aprobada, se sustituiría el anterior régimen sancionador y de prescripción por el régimen general recogido en la Ley General Tributaria -aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dejado una puerta abierta para poder ampliar el plazo de prescripción debido a la mayor dificultad para aflorar bienes en el extranjero-.

¿Oleada de regularizaciones?

Con la aprobación de la enmienda se puede ocasionar una oleada de regularizaciones ya que, de vuelta a la antigua redacción del artículo 39 de la Ley del IRPF en lo relativo a la ganancia patrimonial injustificada, se permitiría a aquellos contribuyentes que quieran regularizar puedan hacerlo sin coste fiscal alguno cuando las rentas procedan de ejercicios prescritos. En este caso el contribuyente solamente se enfrentaría a una sanción tributaria de 150 a 200 euros.

Lo que sí parece es que por el momento se mantendrá la presentación del modelo 720 y, hasta que no se apruebe el nuevo régimen sancionador, también podrían regularizarse los ejercicios no prescritos sin sanción, ya que la aprobación de una norma sancionadora no puede tener efectos retroactivos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. El grueso de las líneas de ayuda y actuaciones de apoyo del PERTE ERHA estarán disponibles entre 2022 y 2023, y los proyectos beneficiarios se ejecutarán hasta 2026. Algunos de los programas ya están en marcha: acaban de superar la fase de información pública cuatro convocatorias dotadas con más de 500 millones en conjunto para el impulso a la cadena de valor del hidrógeno renovable, proyectos pioneros de hidrógeno renovable, proyectos de I+D en almacenamiento energético y proyectos piloto para comunidades energéticas.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Así la ha definido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. La mesa de diálogo se reunirá diariamente esta semana para cerrar el acuerdo antes de fin de año. El Estatuto de los Trabajadores es la norma más afectada en los cambios previstos. Por materias, la reducción de la temporalidad es el objetivo principal. En esta línea se aborda dentro del ET el artículo 15 que pretende colocar el empleo indefinido como el principal del mercado laboral español y limitar los temporales a aquellos picos de producción, previstos o imprevistos, con una causa justificada. Como relevante, se suprime el contrato de obra y servicio. El Gobierno ha renunciado a establecer límites porcentuales por sectores o por empresas de temporales según la plantilla. A cambio, delega en el convenio colectivo establecer dichos límites.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

España, Francia, Italia, Inglaterra, Austria y Turquía han manifestado su intención de eliminar este impuesto y trasladar su política fiscal al nuevo proyecto internacional, liderado por Estados Unidos, en el que ya trabaja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos países esperarán a que se apruebe la nueva normativa fiscal del organismo antes de eliminar sus tasas Google. En el caso de España, ha ingresado 92 millones de euros a las arcas públicas hasta junio, lo que supone tan solo un 9,5% de lo que Hacienda espera recaudar por ello en el conjunto del año. Además, los países que han implementado este impuesto han sido amenazados por la diplomacia norteamericana con aranceles.

FUENTE: SINTESIS DIARIA