El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha cumplido tres años desde su entrada en vigor y una de las novedades más llamativas ha sido el endurecimiento y cuantía de las sanciones. Es indiscutible que, desde entonces, las autoridades de control de cada Estado miembro han interpuesto numerosas multas a todo tipo de entidades, sin hacer ninguna distinción. Las más polémicas han sido dirigidas a reputadas multinacionales y por cantidades multimillonarias.
Google fue sancionada por incumplimiento del deber de información (50 millones de euros) y por falta de consentimiento informado respecto al uso de cookies (100 millones), igual que Amazon (35 millones); H&M por la monitorización de sus empleados, sin que hubieran sido informados (35 millones); British Airways por la ausencia de medidas técnicas y organizativas, que salió a la luz a raíz de una notificación tardía de una brecha de seguridad (22 millones); y Vodafone por sus agresivas acciones comerciales (8,15 millones). No hay que olvidar que entidades bancarias, partidos políticos y sindicatos han sido también multados, por lo que es obvio y deducible que nada previene mejor de ser desorbitadamente sancionado que un buen cumplimiento.
La estricta normativa y su complejidad suponen una dificultad hasta para las multinacionales, que cuentan con elevados recursos materiales y humanos. El cumplimiento requiere de grandes costes para su implementación, siendo uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan y, por si fuera poco, se requiere un esfuerzo continuado con grandes cargas de trabajo.
De todas maneras y pese a que el RGPD pueda parecer desmesurado y un impedimento en el desarrollo de la actividad de las empresas, obligando a rediseñar el funcionamiento interno y las comunicaciones, es evidente que el endurecimiento de la normativa ha ido de la mano de la rápida evolución de las nuevas tecnologías, junto a la globalidad de internet. Todo ello con el propósito de generar a los interesados una mayor confianza y control sobre sus datos personales, permitiendo así mejorar el desarrollo de la economía digital en el mercado interior.
En definitiva, por engorroso y costoso que parezca, una buena adecuación al RGPD no solo puede eludir infinidad de sanciones sino también proteger los datos de millones de usuarios cuya exposición diaria dispondría de menor protección sin esta normativa.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha cumplido tres años desde su entrada en vigor y una de las novedades más llamativas ha sido el endurecimiento y cuantía de las sanciones. Es indiscutible que, desde entonces, las autoridades de control de cada Estado miembro han interpuesto numerosas multas a todo tipo de entidades, sin hacer ninguna distinción. Las más polémicas han sido dirigidas a reputadas multinacionales y por cantidades multimillonarias.
Google fue sancionada por incumplimiento del deber de información (50 millones de euros) y por falta de consentimiento informado respecto al uso de cookies (100 millones), igual que Amazon (35 millones); H&M por la monitorización de sus empleados, sin que hubieran sido informados (35 millones); British Airways por la ausencia de medidas técnicas y organizativas, que salió a la luz a raíz de una notificación tardía de una brecha de seguridad (22 millones); y Vodafone por sus agresivas acciones comerciales (8,15 millones). No hay que olvidar que entidades bancarias, partidos políticos y sindicatos han sido también multados, por lo que es obvio y deducible que nada previene mejor de ser desorbitadamente sancionado que un buen cumplimiento.
La estricta normativa y su complejidad suponen una dificultad hasta para las multinacionales, que cuentan con elevados recursos materiales y humanos. El cumplimiento requiere de grandes costes para su implementación, siendo uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan y, por si fuera poco, se requiere un esfuerzo continuado con grandes cargas de trabajo.
De todas maneras y pese a que el RGPD pueda parecer desmesurado y un impedimento en el desarrollo de la actividad de las empresas, obligando a rediseñar el funcionamiento interno y las comunicaciones, es evidente que el endurecimiento de la normativa ha ido de la mano de la rápida evolución de las nuevas tecnologías, junto a la globalidad de internet. Todo ello con el propósito de generar a los interesados una mayor confianza y control sobre sus datos personales, permitiendo así mejorar el desarrollo de la economía digital en el mercado interior.
En definitiva, por engorroso y costoso que parezca, una buena adecuación al RGPD no solo puede eludir infinidad de sanciones sino también proteger los datos de millones de usuarios cuya exposición diaria dispondría de menor protección sin esta normativa.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha cumplido tres años desde su entrada en vigor y una de las novedades más llamativas ha sido el endurecimiento y cuantía de las sanciones. Es indiscutible que, desde entonces, las autoridades de control de cada Estado miembro han interpuesto numerosas multas a todo tipo de entidades, sin hacer ninguna distinción. Las más polémicas han sido dirigidas a reputadas multinacionales y por cantidades multimillonarias.
Google fue sancionada por incumplimiento del deber de información (50 millones de euros) y por falta de consentimiento informado respecto al uso de cookies (100 millones), igual que Amazon (35 millones); H&M por la monitorización de sus empleados, sin que hubieran sido informados (35 millones); British Airways por la ausencia de medidas técnicas y organizativas, que salió a la luz a raíz de una notificación tardía de una brecha de seguridad (22 millones); y Vodafone por sus agresivas acciones comerciales (8,15 millones). No hay que olvidar que entidades bancarias, partidos políticos y sindicatos han sido también multados, por lo que es obvio y deducible que nada previene mejor de ser desorbitadamente sancionado que un buen cumplimiento.
La estricta normativa y su complejidad suponen una dificultad hasta para las multinacionales, que cuentan con elevados recursos materiales y humanos. El cumplimiento requiere de grandes costes para su implementación, siendo uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan y, por si fuera poco, se requiere un esfuerzo continuado con grandes cargas de trabajo.
De todas maneras y pese a que el RGPD pueda parecer desmesurado y un impedimento en el desarrollo de la actividad de las empresas, obligando a rediseñar el funcionamiento interno y las comunicaciones, es evidente que el endurecimiento de la normativa ha ido de la mano de la rápida evolución de las nuevas tecnologías, junto a la globalidad de internet. Todo ello con el propósito de generar a los interesados una mayor confianza y control sobre sus datos personales, permitiendo así mejorar el desarrollo de la economía digital en el mercado interior.
En definitiva, por engorroso y costoso que parezca, una buena adecuación al RGPD no solo puede eludir infinidad de sanciones sino también proteger los datos de millones de usuarios cuya exposición diaria dispondría de menor protección sin esta normativa.