La pandemia de Covid-19 dejará rastro en su próxima declaración de la renta. Las prestaciones que se hayan recibido a consecuencia de los ERTE están sujetas a tributación como rendimientos del trabajo”. Expertos recomiendan que se revise si se aplican retenciones del IRPF en las prestaciones de forma adecuada. En caso contrario, puede solicitarse al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que aplique una retención mayor. En cuanto a los derechos consolidados de los planes de pensiones que se hayan rescatado a consecuencia de alguna de las contingencias derivadas de la crisis y que se perciban en 2020, también tributarán como rendimientos del trabajo. A la hora de hacer la declaración, los autónomos también deben tener en cuenta que, si han empezado a teletrabajar, podrán deducirse parte de los gastos de la vivienda relacionados con su actividad económica, en caso de que opten por el método de estimación directa -siempre y cuando estén registrados en su contabilidad y puedan demostrarse con la pertinente factura-, como ya es habitual. La experta de la UOC también pone el foco en otra cuestión importante: la herencia de un plan de pensiones.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Ante el auge del teletrabajo en estos tiempos que corren, algunas empresas se preguntan cómo llevar a cabo su potestad de vigilancia y control sobre sus trabajadores.

Nada impide a la empresa, en aras de asegurar la efectividad y la productividad de sus empleados, acceder a los ordenadores proporcionados e incluso al correo corporativo. No obstante, se deben cumplir ciertos requisitos para no vulnerar el derecho a la intimidad de los empleados, ya que en ningún caso se puede hacer un control indiscriminado.

La jurisprudencia ha ido definiendo algunos requisitos como la imprescindible comunicación a los trabajadores de esta circunstancia, que existan reglas de conducta sobre los usos no permitidos y precisar si cabe un uso personal o no, entre otros. Asimismo, tienen que haber indicios razonables o sospechas sólidas antes de acceder al correo de un empleado.

Si se quieren tomar medidas de vigilancia y control del trabajo de este tipo, es muy conveniente tener presentes todos los requisitos existentes y las garantías que asisten a los empleados. Las consecuencias de no respetar estas y otras pautas, podrían acarrear efectos perjudiciales para la empresa.

El mantenimiento del empleo es el objetivo principal de las normas que en materia laboral se han aprobado desde el inicio del estado de alarma hasta la fecha.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es el instrumento básico y la obligación de mantener el empleo durante seis meses una vez finalizado el ERTE el compromiso del empresario. Por lo tanto, el principio general es que hay que mantener el empleo de los trabajadores afectados por un ERTE durante seis meses.

Una de las consecuencias directas del incumplimiento del mantenimiento de la plantilla es la obligación de devolver las bonificaciones sobre las cotizaciones empresariales aplicadas durante el ERTE, en aquellos casos en que se hayan aplicado, con la incertidumbre, a día de hoy, de saber si la devolución de las mismas afecta simplemente a las cotizaciones del trabajador despedido o a toda la plantilla. Otra de las consecuencias es la calificación jurídica del despido, si ha de considerarse improcedente o nulo.

Las primeras sentencias de los juzgados de lo Social ya han fallado en ambos sentidos, por lo que la inseguridad jurídica también se da en este ámbito. Aunque todo apunta a la calificación de improcedencia, dado que las causas de nulidad están tasadas legalmente, hay que ser cautos a la hora de afrontar un despido y la posible negociación de desvinculación.

No es el mejor momento para subir impuestos o pensar en recortes de gasto

¿Puede valorar la pretensión del Gobierno español de subir los impuestos para sufragar los costes de la pandemia?
Ahora estamos en medio de una profunda recesión y en una situación de muchísima incertidumbre. Seguramente no es el mejor momento para subir impuestos o pensar en recortes de gasto. Pero una vez la recuperación se asiente, necesitamos un plan de consolidación fiscal que nos devuelva gradualmente a niveles de déficit y deuda sostenibles. Eso exigirá tanto medidas tributarias como actuaciones de racionalización y contención del gasto. Entre las primeras podría estar un recargo transitorio sobre el IRPF y quizás el IVA, pero lo más importante sería abordar una reforma en profundidad del sistema fiscal. Una de las prioridades de esta reforma tiene que ser ampliar las bases tributarias, más que subir unos tipos que en general ya son bastante altos. Entre otras cosas, esa ampliación podría incluir una reducción de los bienes y servicios gravados a los tipos reducidos y superreducidos del IVA y la eliminación de regímenes especiales de tributación, como el sistema de módulos o el régimen simplificado del IVA.

Fedea defiende introducir un ‘coronatributo’. ¿En qué consiste la medida?
La expresión se refiere a los recargos transitorios sobre el IRPF y quizás el IVA de los que acabo de hablar. El nombre hace referencia a que esos recargos servirían para financiar parte de los gastos extraordinarios generados por la pandemia.

¿Es suficiente el esquema de avales ICO y ERTEs en el que se fundamenta en buena parte la acción económica y laboral gubernamental en la actual coyuntura?
Ambos instrumentos han sido muy útiles para parar el golpe a trabajadores y empresas en los primeros momentos de la crisis, pero han de adaptarse a la nueva fase en la que estamos para ayudar a promover la reactivación y facilitar el trasvase de recursos hacia las actividades y empresas con mejores perspectivas. Los ERTEs deberán ir haciéndose más selectivos y aportar incentivos para la reactivación de la plantilla y su formación. En cuanto a los préstamos con garantía pública, hay que empezar a pensar en qué vamos a hacer cuando empiecen a llegar los impagos y en cómo facilitar y agilizar reestructuraciones que permitan sobrevivir a las empresas viables y liquidaciones ordenadas de las demás.

¿Qué espera de los fondos europeos? ¿Aboga por su condicionalidad?
El Fondo de Reconstrucción y otros mecanismos de ayuda puestos en marcha por la Unión Europea son una gran oportunidad para reactivar y reestructurar nuestra economía, orientándola hacia un crecimiento sostenido y una mayor competitividad. Espero que sepamos aprovecharlos bien y a ello podría ayudar mucho una condicionalidad sensata que nos obligue a presentar proyectos bien pensados y con una elevada rentabilidad social. No se trata de gastar por gastar, sino de hacerlo en cosas que nos hagan más productivos en el futuro o generen beneficios duraderos de otra índole, como ayudar a combatir las secuelas del cambio climático o acelerar la descarbonización.

¿Cree que la política del BCE de proporcionar liquidez a los mercados financieros está sujeta a un límite cuantitativo?
Seguramente, pero de momento no parece que hayamos alcanzado ese límite.

Alzando un poco la mirada, ¿cuáles son los principales retos que afronta España en el medio y largo plazo?
Además de la recuperación tras la crisis actual, que nos ha hecho más pobres y más desiguales, nos enfrentamos a un reto demográfico importante y a un mundo cada vez más complicado e incierto. Tenemos también problemas políticos internos complicados, incluyendo la situación catalana y una creciente polarización y crispación políticas que empiezan a ser muy preocupantes.

La Dirección General de Tributos, en consulta vinculante del pasado 22 de mayo, ha aclarado las dudas planteadas en cuanto al momento del devengo del IVA en los casos en que se haya renegociado el contrato.

Si las rentas se han aplazado, el devengo del IVA se producirá en el momento que resulte exigible. Si la exigibilidad se ha establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha.

Si se ha condonado la renta con anterioridad o en el mismo momento de la exigibilidad, no se devengará el IVA; pero si la condonación, total o parcial, se produce con posterioridad al devengo de las operaciones, procederá la rectificación de la base imponible en el importe correspondiente.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha emitido una resolución, en unificación de criterio, a través de la que resuelve que si no hay pago no puede haber retención y, por consiguiente, el arrendador no se puede deducir la retención. En el caso de que el arrendatario no haya satisfecho la renta, pero haya ingresado la retención, el arrendador se podrá deducir la misma.

Debido a la situación creada por el Covid-19 y a las dificultades generadas en los países miembros de la Unión Europea, se han retrasado hasta 1 de julio de 2021 las modificaciones previstas en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que debían entrar en vigor el 1 de enero de 2021, referentes a las entregas de bienes o prestaciones de servicios facilitadas por interfaces electrónicas y a los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes.

También se han retrasado a 1 de julio de 2021 las medidas previstas para modernizar el marco jurídico del IVA para el comercio electrónico entre empresas y consumidores en operaciones transfronterizas. Estas modificaciones se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de julio de 2020.

En una portada reciente del ‘The Economist’ se representaba al Covid-19 como una enorme bola empujada cuesta arriba, hacia la cima de una montaña, por un mortal esforzado, con la siguiente frase al pie: “Y después del Covid…, la deuda”.

Pocos fueron los que se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia, anticiparon que iba para largo y entendieron que el virus era a la vez un catalizador y un acelerador de tendencias latentes: no es el Covid-19, sino el cambio climático, no es el Covid-19, sino la globalización, etc.

Algunos países ricos han arbitrado ayudas a las empresas en forma de subvenciones a fondo perdido. España no podía permitirse estas ayudas en vena, por lo que se ha optado por drogar al paciente, con soluciones que diluyan en el tiempo el impacto negativo. Es la filosofía que hay detrás de los ERTE y de las líneas ICO.

Los créditos y préstamos avalados por el ICO (80% de la deuda viva), a un plazo máximo de cinco años, con carencia optativa de capital de un año, están destinados, en general, al mantenimiento de negocios, plantillas y circulante de las empresas.

Como toda solución transitoria y precipitada, las líneas ICO presentan puntos débiles, entre otros, la duración de la carencia, insuficiente para muchos sectores debilitados, que después de 12 meses en blanco no se habrán recuperado.

En caso de incumplimiento del deudor, el procedimiento normal sería que la entidad bancaria le requiera de pago a él y a sus avalistas, y entre estos, al más “sólido” garante: el Estado, que para poder cumplir con su obligación necesitará liquidez. En medio de un ciclo económico deprimido, con baja recaudación, esa liquidez únicamente podrá obtenerse acudiendo a la emisión de deuda pública, que alcanzaría un porcentaje del PIB inimaginable.
En este escenario cabe preguntarse si el Estado no se anticipará y hará uso de su facultad legisladora, para prorrogar la carencia y quizás el vencimiento de los préstamos y créditos por él garantizados.

No sería descabellado; ya se habla abiertamente de prorrogar los ERTE y, puestos a jugar la carta de la esperanza, con la que nos ha caído, ¡un año no es mucho!

¿Literalidad de las cláusulas contractuales o intención de las partes?
Tal es la controversia jurídica que subyace en el episodio informativo veraniego protagonizado por Leo Messi y el F.C. Barcelona.

La cláusula de rescisión unilateral del contrato suscrito entre el jugador Leo Messi y el F.C. Barcelona ha sacado a relucir las reglas generales sobre la interpretación de los contratos, contenidas en el Código Civil, como una de las grandes protagonistas de la crónica deportiva este verano.

La regla general es que la literalidad de las cláusulas contractuales debe prevalecer sobre la intención de las partes. Ello no obstante, la norma prevé que si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, deberá prevalecer la intención de estos.

¿Comunicación en plazo, o no?
Aún a pesar de que se desconocen los términos exactos de la sonada cláusula de rescisión, la controversia jurídica que ha trascendido sobre este asunto para determinar si la comunicación de rescisión enviada por el jugador se efectuó en plazo, o no, recae sobre si debería primar la fecha exacta contenida en el contrato (10 de junio de 2020) o, si por el contrario, debería primar lo que expertos en el sector o la propia defensa de Leo Messi aseguran que es el espíritu o la intención de las partes: conceder al jugador un plazo de reflexión tras finalizar la temporada deportiva.

De ser así, y teniendo en cuenta las alteraciones que ha sufrido la temporada futbolística este año, la comunicación de rescisión por parte del jugador a finales de agosto de 2020 se podría argumentar que se habría realizado en plazo.

Según el Real Decreto Ley 8/2020, los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales se basaban en la fecha de finalización del estado de alarma y a consecuencia de las sucesivas prórrogas de dicho estado, la fecha límite para la aprobación hubiera quedado fijada para final del próximo mes de diciembre y para el depósito, a finales del mes de enero de 2021.

El Real Decreto Ley 19/2020, de 26 de mayo, convalidado el pasado 12 de junio, en su Disposición Final 8ª modifica el RDL 8/2020 y establece los nuevos plazos para formular y aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2019, que han quedado fijados definitivamente.

Con la nueva Disposición, los plazos vigentes definitivos, para aquellas sociedades que hayan cerrado el ejercicio a 31 de diciembre de 2019, son el 31 de agosto de este año para la formulación de cuentas y el 31 de octubre de este año para la aprobación. El depósito de las cuentas en el Registro Mercantil debe realizarse en los 30 días siguientes a la fecha de aprobación y, por consiguiente, la fecha límite será el 30 de noviembre del corriente.