Ninguna de las disposiciones estatales publicadas hasta la fecha ha previsto ninguna medida para los casos de locales donde se ejerce una actividad económica, ni la posible modificación o extinción de los contratos de arrendamiento de local de las empresas en una situación de fuerza mayor. Ante la falta de regulación no queda más remedio que arrendador y arrendatario acuerden una solución para evitar la extinción del contrato, que puede pasar por la posible condonación total o parcial de las cuotas de alquiler durante un determinado espacio temporal, o el aplazamiento del pago de las cuotas de alquiler, prorrateándolas en el resto de cuotas del año.
Cualquiera que sea el acuerdo, deberá quedar justificado mediante un anexo al contrato.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ha tenido un impacto directo en la Administración de Justicia y, más concretamente, en la práctica procesal.
La disposición adicional segunda de la citada norma establece la suspensión generalizada de los términos y la suspensión e interrupción de los plazos procesales y actuaciones judiciales para todos los órdenes jurisdiccionales, todo ello sin perjuicio de las excepciones previstas. En todo caso, se trata de una medida temporal, de forma que tanto el cómputo de los plazos como las actuaciones judiciales se reanudarán en el momento en que pierda vigencia el citado Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
En este escenario, en fecha 2 de abril de 2020, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado iniciar la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia para cuando se reanude la actividad judicial. Los principales objetivos que busca el citado plan de choque son: i) evitar una situación de colapso generalizada en la Administración de Justicia tras el levantamiento del estado de alarma, ii) agilizar la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda tener un impacto más negativo, así como iii) proporcionar un escenario fiable tras la vuelta a la normalidad.

Recientemente y como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, el Gobierno ha publicado diferentes Reales Decretos-Ley que recogen medidas extraordinarias que afectan a los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales de las empresas.
Según la normativa mercantil, las empresas tienen la obligación de formular las cuentas anuales dentro de los tres primeros meses posteriores al cierre del ejercicio. El Decreto-Ley 11/2020 establece que esta obligación queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo otros tres meses a contar desde esa fecha. Si por ejemplo el Gobierno decreta el fin del estado de alarma el 26 de abril, el plazo para formular cuentas se alargaría hasta el 26 de julio.
No obstante, se permite la posibilidad de formular voluntariamente las cuentas anuales, dentro del periodo de tiempo en el que el estado de alarma esté en vigor.
La aprobación de las cuentas anuales se deberá producir en la junta general ordinaria, celebrada dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que finalice el plazo anterior para formular las cuentas. Posteriormente, el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil se efectuará en el plazo de un mes desde su aprobación. En el ejemplo, este plazo finalizaría el 26 de noviembre.
Finalmente, en cuanto al plazo para el diligenciado de los libros de contabilidad, aunque no se contempla nada expresamente en las nuevas medidas, según interpreta el Colegio de Registradores, considerando la suspensión general de los plazos ordinarios y, en particular, la del plazo para formulación de cuentas con el que está relacionado el plazo límite para legalización de libros, también este plazo quedaría suspendido. Por lo que el plazo resultante sería el de cuatro meses desde la finalización del estado de alarma o sus prórrogas. En nuestro ejemplo, hasta el día 26 de agosto.

Transcurridas varias semanas desde la publicación del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que se aprobó una línea de avales de 100.000 millones de euros por parte del ICO para dar cobertura a la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos, finalmente, en la segunda semana de abril, se ha puesto a disposición el primer tramo de 20.000 millones. La mitad de este importe está destinada a autónomos y pymes y la otra mitad a grandes empresas, siempre que estén relacionados con una reducción de la actividad por la situación de emergencia del Covid-19.
La cobertura del aval es del 80% para pymes y autónomos y entre el 60% y el 70% para grandes empresas. El periodo del préstamo puede llegar a cinco años y el tipo de interés y los gastos de formalización varían según los importes y las entidades financieras, pero siempre en buenas condiciones de mercado.

Llega el segundo tramo
Ante la clara insuficiencia de este importe el 10 de abril se ha publicado una resolución de la Secretaría de Estado de Economía por la que se pone a disposición el segundo tramo de la línea de avales, por otros 20.000 millones. Se dirige exclusivamente a pymes y autónomos -no es de aplicación a las grandes empresas- y podrá aplicarse a renovaciones o a nuevos préstamos.
Las solicitudes podrán realizarse hasta el 30 de septiembre y el precio tiene que ser inferior al de otros préstamos que no tengan la garantía del aval, no pudiendo las entidades financieras someterlos a otras condiciones adicionales de la entidad.

La cobertura máxima será para la financiación a pymes y autónomos que se vean afectados por el coronavirus. De esta manera, atiende en parte las reclamaciones de la banca, que estaba solicitando una horquilla de garantías con el fin de movilizar el mayor volumen de recursos al tejido productivo y mitigar así los efectos económicos de la pandemia. Además, los avales solo estarán disponibles para nueva financiación. En ningún caso para empresas que hubieran tenido problemas de insolvencia con anterioridad a la pandemia. El Ejecutivo quiere evitar que compañías que ya pasaban por apuros se beneficien del plan, ya que se han lanzado para mitigar exclusivamente las consecuencias del virus en la economía.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha modificado su organización para adaptarse a la situación, reorganizando sus recursos para dedicar todos los medios disponibles a la atención de la situación creada por el Covid-19 en el ámbito laboral, en colaboración con las autoridades laborales y sanitarias. La ITSS ha instruido a las Inspecciones Provinciales para que dediquen preferentemente la actuación inspectora a las actividades específicas derivadas del Covid-19 en el seno de las empresas, y para que mantengan el resto de su actividad en relación con las actuaciones urgentes. La actuación inspectora se focalizará en la prevención de riesgos, la protección de derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras y el seguimiento activo de incidencias en las empresas.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La campaña arrancará el 1 de abril, como estaba previsto. Las declaraciones de IRPF, por tanto, comenzarán a presentarse bajo un panorama de excepción, si bien Hacienda alega que es preferible iniciar el procedimiento para no retrasar la devolución de más de 10.000 millones de euros dada la coyuntura.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Foment del Treball recalcó que no se ha tomado “ninguna iniciativa para la suspensión de las liquidaciones fiscales y de las cuotas de la Seguridad Social”. “Todos los sectores económicos de la industria y de servicios se han movilizado en Cataluña para reclamar al Ejecutivo “la suspensión de las declaraciones y liquidaciones tributarias como medida extraordinaria”. La moratoria de 30.000 euros en el pago de deudas tributarias hasta seis meses, con tres meses de carencia en el pago de intereses, aprobada el día que se decretó el estado de alarma, se considera insuficiente porque aquel día “no se preveía la intensidad que la crisis sanitaria iba a tener sobre la actividad económica”.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La gestión de este activo intelectual se venía realizando ya por algunas empresas, pero con la entrada en vigor de la Ley se ha incrementado su uso considerablemente, por parte de entidades de todos los tamaños y de sectores muy diversos, pues da valor a cierta información que antes no se protegía ni se consideraba un activo a tener en cuenta. Se prevé en cualquier caso un aumento de la litigiosidad en materia de secretos a medida que las empresas vayan tomando conciencia de la importancia de este activo intangible e implanten medidas necesarias para su protección y para acreditar que se cumplen los requisitos exigidos. En previsión de lo anterior, la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal de lo Mercantil de Barcelona ha publicado en diciembre de 2019 un “Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles”.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La patronal considera que se ha cometido un “grave error” al publicar de forma unilateral una guía de actuación en el ámbito laboral por el coronavirus que dice que “las empresas deberán paralizar la actividad laboral si hay riesgo grave e inminente de contagio”. Los empresarios han criticado: “Genera alerta y confusión al no corresponder con la valoración del riesgo realizada por el Ministerio de Sanidad”, dice la CEOE y Cepyme en un comunicado conjunto. Los sindicatos, por su parte, lamentan que el ministerio no les haya convocado a una reunión antes de publicar el manual. En cambio, la titular del departamento, ha declarado que su “único propósito” era la “prevención de la salud”.

FUENTE: SINTESIS DIARIA