Pero la Diputación Foral de Vizcaya ha tomado la delantera a Gipuzkoa y Álava, tras aprobar su consejo de Gobierno el anteproyecto de norma foral, para la implantación de Batuz el próximo 1 de julio. En esta fecha la puesta en marcha del sistema de control digital será voluntaria y sólo obligará a empresas y autónomos a partir del 1 de enero de 2021. El proyecto se ha remitido a las Juntas Generales de Vizcaya para su tramitación parlamentaria. Además de medidas de control de los rendimientos de las actividades económicas, este sistema integra medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La Agencia Tributaria trata ahora de reducir el importe de dicha factura, tal y como recoge su reciente plan estratégico para el periodo 2020 a 2023. “El pago de intereses a contribuyentes viene impuesto por normativa legal [es del 3,75%], pero resulta un campo de mejora por parte de la Agencia Tributaria”, recoge el documento, que apunta a que “la reducción en los intereses abonados no es sino un exponente de una mayor calidad en la prestación del servicio por la Agencia Tributaria al agilizar la gestión de las devoluciones a los contribuyentes”.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Sería oportuna una revisión normativa, que estableciera un marco propio y que contemplara también las ventajas que las UTES aportan a la ejecución de los contratos públicos, de tal forma que su concurrencia se tomara en consideración por los órganos de contratación como un elemento esencial a la hora de aceptar y fomentar las UTES en las licitaciones públicas. Es necesario que la CNMC, en consonancia con la reciente jurisprudencia, tienda hacia una interpretación más flexible de lo que son prácticas contrarias a la competencia y aplique criterios de razonabilidad, valorando cuando efectivamente se producen efectos restrictivos reales de la competencia en cada supuesto.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La supresión de este precepto, impulsada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, responde a la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al cuidado de personas dependientes. El Real Decreto-ley, aprobado hoy, cumple además con las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en la sentencia del 18 de enero de 2018 ya había advertido a España de que la aplicación de esta modalidad de despido objetivo, por faltas de asistencia justificadas, iba en contra de la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Sucede que pese a haberse configurado como un impuesto indirecto, realmente no lo es, según el consenso de los expertos, y suscitará pleitos de empresas que se consideren doblemente gravadas, al acumularse el IDSD sobre los tributos directos que pagan, así como las de aquellos países con los que España tiene convenio para evitar la doble imposición, que verán gravada su actividad en el país pese a tributar en el territorio donde están domiciliadas.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Una de las actuaciones que va a emprender la Agencia Tributaria en el ejercicio 2020 es el control de las sociedades que, de forma reiterada, declaran bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros. Estas bases imponibles supondrán un ahorro en el Impuesto sobre Sociedades en los próximos ejercicios -al compensarse con los beneficios que se generen- y una merma en la recaudación del tributo para la Agencia Tributaria. Entre los sectores que más bases negativas acumulan están la construcción, la industria y el comercio.
Según la Agencia Tributaria, se centrarán en las empresas de mediano y gran tamaño, aunque sin obviar a algunas menores o desaparecidas. Se prevén visitas domiciliarias en los casos de información opaca o cuando los datos de las sociedades se desvíen notoriamente de la media de su sector.
También se prevé enfocar el control en grandes patrimonios, en especial en aquellos que ofrezcan importantes rasgos de opacidad y deslocalización.

El 28 de diciembre de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 18/2019, por el que se adoptaron determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se prorrogaron para 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva (módulos) para las actividades económicas que engloba, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos; esta prórroga ha evitado que muchos empresarios se vieran expulsados de ese régimen especial.
Al igual que ocurre en el IRPF, en el IVA también se prorrogan para 2020 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
En lo que concierne al Impuesto sobre el Patrimonio, se ha prorrogado de nuevo para el ejercicio 2020 el mantenimiento de su gravamen. Sigue pues pendiente la revisión y reforma de este impuesto, del que se viene reclamando su supresión, o como mínimo su homologación en las diferentes comunidades autónomas, dado que existe un agravio importante entre contribuyentes según su residencia.

“Hemos de dar un voto de confianza al nuevo Gobierno”

¿Cómo valora Fepime el nuevo Gobierno español de coalición liderado por Pedro Sánchez desde la óptica de la economía productiva?
Hemos de dar un voto de confianza al nuevo Gobierno. En el mismo hay personas de contrastada solvencia en gestión económica como el nuevo ministro de Seguridad Social o la vicepresidenta económica. La apuesta por las políticas sociales tiene que ser compatible con el apoyo al mundo de la empresa y ahí está el reto de este nuevo Gobierno. Para ello contará con todo el apoyo de Fepime.

La ministra Calviño integra en su vicepresidencia económica responsabilidades en materia de transformación digital. ¿Puede hacer un diagnóstico de cómo las pymes están gestionando su digitalización?
Este es el gran reto de la pyme a nivel catalán y nacional. Así lo hemos diagnosticado en el 3er Congreso de Fepime Catalunya, focalizado en la digitalización de las pymes. Esta es la principal línea de trabajo en la que estamos centrados. La digitalización tiene que ver con la generación de empleo de calidad, más tecnología significa más empleo.

La patronal que preside lamenta la falta de mano de obra cualificada a disposición de las empresas. ¿Son el sistema educativo y los programas formativos existentes los culpables de esta situación?
Sin duda. Hay una falta de oferta de FP y no se prioriza la FP Dual. Eso lleva a que cualquier joven que empieza estudios ahí no los culmine porque recibe a mitad de su formación ofertas desde el mundo de la empresa. En Catalunya, muchas comarcas no tienen ofertas de programas en FP y eso lleva a las empresas a no poder cubrir las ofertas de trabajo que realizan. Si no abordamos este tema como una prioridad, condenamos a muchas zonas de Catalunya a ser un desierto industrial.

Parecería que con los tipos de interés de referencia en mínimos históricos la financiación empresarial ya no es un problema. Pero ustedes discrepan, al menos en lo que respecta a las condiciones específicas a las que deben hacer frente las pymes.
Efectivamente, la crisis bancaria lleva a que las pymes tengan que hacer frente a unas exigencias tanto de tipo de interés como de concesión de créditos numantinas. Y por otra parte, otras vías de financiación a través de capital privado o inversores siguen siendo en nuestro país aún solo incipientes. Apostamos porque el nuevo Gobierno incremente los fondos ICO que permitan a las empresas dejar de tener problemas de tesorería y tener capacidad para invertir.

¿Cuáles deben ser las prioridades en materia de política industrial y en qué medida los ejes de actuación de las administraciones públicas coinciden con las mismas?
Nos preocupa que el propio ministro de Universidades haya dicho que no es una buena idea separar el Ministerio de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación. El porcentaje del PIB que España dedica a investigación tiene que crecer de forma exponencial si no queremos seguir siendo una economía solo vinculada a la restauración, la hostelería y el turismo.

El temor a una nueva recesión marcó buena parte del año 2019, pero ahora se percibe una simple desaceleración que podría mitigarse conforme avance 2020. ¿Un pronóstico para la economía catalana del año que empezamos?
Hay síntomas de desaceleración que son especialmente preocupantes en el mercado de trabajo, que durante el segundo semestre de 2019 ha decrecido. Las incertidumbres generadas por una posible reforma laboral y por otras políticas del nuevo Gobierno tendentes a la creación de nuevas figuras fiscales pueden provocar un freno en la inversión que, por otra parte, en los últimos años en Catalunya ya ha experimentado un retroceso. El presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, ya ha manifestado recientemente la necesidad de que la Generalitat no implante nuevas figuras tributarias que lastren la capacidad de inversión de la empresa catalana y afecten a la capacidad de consumo de los ciudadanos.

El próximo 7 de marzo finaliza el plazo para que las empresas de 150 y hasta 250 personas trabajadoras tengan realizado el Plan de Igualdad de acuerdo con el RD-Ley 6/2019 (07-03-2019), que amplió la obligación para empresas de menos de 250 trabajadores.
Según informaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) son muy pocas las empresas que durante este año han hecho los deberes para adaptarse a la nueva obligación. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) considera una falta grave no disponer de un plan de igualdad, o tenerlo y no cumplirlo o que éste no cumpla con el contenido mínimo, por lo que la empresa podrá ser sancionada con una multa de 626 a 6.250 euros. Por otro lado, cuando la obligación de realizar el plan de igualdad sea por exigencia de la autoridad laboral (ITSS) la LISOS lo considera como falta muy grave y, en este caso, la sanción puede ser de 6.251 a 187.515 euros.
Recordamos que en marzo de 2021 tendrán la misma obligación las de más de 100 y hasta 150 personas trabajadoras y las empresas de 50 a 100 personas trabajadoras dispondrán hasta marzo de 2022. La propia ITSS, en el marco del plan de trabajo 2020, incorpora el control de la adaptación de las empresas a esta norma como línea de objeto en las inspecciones de trabajo.

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo hace suyo el criterio del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en auto de 10 de diciembre de 2019, estableció que el tiempo de guardia que un trabajador pasa en el marco de las actividades que realiza para un empresario debe calificarse como tiempo de trabajo, y ha aplicado un nuevo criterio sobre la retribución de las guardias de trabajo.
Para ello, ratifica el criterio adoptado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que indica en su sentencia que “…los tiempos de espera, de disponibilidad, de localización, o son tiempo de trabajo o son tiempos de descanso, no pudiéndose admitir una categoría intermedia”, y condena a una empresa de transporte sanitario a que compense a cada trabajador afectado por un exceso de jornada de 210 horas, dejando sin efecto el llamado plus de emergencia, que remuneraba este tiempo de guardia en espera, pero con un precio inferior al precio de la hora normal de trabajo.