Un reciente estudio de Randstad señala que el 62% de los españoles se decanta por una empresa u otra en función de los beneficios sociales que se le ofrece en cada caso. El comparador de seguros Acierto.com ha analizado cuáles son los más deseados por los trabajadores españoles y sus principales ventajas. El 86% de los trabajadores percibe el horario flexible como una condición laboral “muy positiva”. El teletrabajo es un factor clave a la hora de decidir entre ofertas de trabajo. Proveer a los trabajadores de dispositivos tecnológicos modernos y con buenas prestaciones es esencial para muchos.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Las últimas cifras de la Agencia Tributaria, de cierre del año pasado, indican que cada declarante, incluyendo a negocios y autónomos, traspasó al Estado de media 21.000 euros del IVA cobrado a sus clientes. La cifra, sin embargo, se triplica en Madrid y apenas supone una quinta parte en Murcia. El reparto de recaudación regional está distorsionado por la mayor imputación de IVA a territorios con grandes empresas, especialmente Madrid, donde la Delegación Especial de la Agencia Tributaria centraliza todo el impuesto de grandes firmas.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Recientemente tanto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se han manifestado respecto a la información que debe proporcionar una página web que utiliza cookies y la sanción derivada de su mal uso, respectivamente.

El TJUE, a raíz de una petición del Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania, dictó una sentencia en la que se regulan cuestiones como la validez del consentimiento de una casilla premarcada, la relevancia de la información almacenada u obtenida a través de las cookies e indica qué información debe facilitarse al usuario en un aviso de cookies.

Por su parte, la AEPD apercibe al titular de una página web que utilizaba cookies sin mediar autorización por parte del usuario, señalando que la información facilitada sobre las cookies es insuficiente y otorgándole un plazo de un mes para poner al día el cumplimiento de la normativa en su página web sin sanción. No obstante, en otro procedimiento sancionador este organismo ha decidido imponer una multa de 18.000 euros a una reconocida aerolínea, por instalar cookies en los dispositivos de los usuarios sin obtener su consentimiento informado.

La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia 464/2019, de 15 de julio, ha declarado que, en el marco de un contrato de transmisión de una sociedad, la cláusula por la que la parte vendedora se obliga a asumir el 50% de las reclamaciones provenientes de actos producidos con anterioridad a la transmisión no constituye una estipulación a favor de la sociedad objeto de la transmisión. Por esta razón, dicha sociedad no está legitimada para realizar la eventual reclamación a la parte vendedora.
El mencionado órgano judicial entiende que la parte vendedora y la parte compradora se obligan exclusivamente entre sí a hacerse cargo de los costes derivados de las reclamaciones, si las mismas llegaren a existir, y sin atribuir derecho alguno a la sociedad que constituía el objeto de la compraventa, de tal modo que únicamente la parte compradora estará legitimada a exigir el cumplimiento del contrato.

No obstante lo anterior, en nuestra opinión, el criterio de la Audiencia Provincial de Barcelona debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que la propia sociedad objeto de la transmisión firme el contrato de transmisión y de que se pacte expresamente en el mismo que dicha sociedad estará legitimada para iniciar este tipo de acciones.

“Nadie ha preparado a los autónomos para afrontar el reto de la digitalización”

¿Cómo valora la evolución de las cifras del RETA en 2019?
Desde que comenzó el año hasta el mes octubre el RETA ha sumado 17.313 autónomos, una tercera parte de lo que lo hizo en el mismo periodo de 2018, cuando sumó 53.934 autónomos, es decir, un crecimiento en 2019 un 68% inferior al que se produjo en 2018. Ello revela que el dinamismo en el crecimiento de autónomos se ha reducido de forma drástica y confirma -junto al incremento en 100.000 parados y a que se crea un 23,8% menos de empleo que en 2018- el mal ciclo para el empleo.

¿Puede caracterizar al autónomo en pluriactividad? ¿Es una figura emergente?
El autónomo en pluriactividad es aquel que simultáneamente cotiza en el Régimen General y en el RETA y es una figura en auge desde la crisis: desde 2009 se han incrementado en un 41% y en el tercer trimestre de este año ya son 123.984 personas en esa situación. Pero lo relevante es que, si bien la evolución positiva de esta figura durante la crisis podía explicarse por la búsqueda de ingresos adicionales, desde 2013 hasta ahora, periodo donde se producen los mayores incrementos, la evolución responde a la irrupción de la economía digital.

Las elecciones del 10 de noviembre son las cuartas convocadas en el último cuatrienio. ¿Va ello en detrimento de la estabilidad, la confianza y la certidumbre necesarias para la buena evolución del mercado laboral?
La incertidumbre política y la parálisis institucional impactan en la evolución del mercado de trabajo. La incertidumbre afecta a la capacidad de planificación y a la toma de decisiones por parte del autónomo, sobre todo a la hora de contratar. Tanto es así que en lo que llevamos de 2019, bajo el paraguas de los autónomos se han creado 32.000 empleos, un 60% menos que en 2018. Por otro lado, la parálisis institucional impacta sobre la cadena de empresas y negocios que trabajan con la administración pública, al producirse la dilación en la contratación de servicios, así como el tan temible “cierre de caja” y el aumento de la morosidad, que ya se está dando.

Desde la organización que preside se viene denunciando el incumplimiento por parte de las administraciones públicas de la Ley de Morosidad. ¿Ve una solución realista al problema?
Los plazos legales de pago a proveedores no se respetarán nunca si no existe sanción al incumplimiento de los mismos. La tramitación del régimen sancionador quedó en suspenso tras la convocatoria de elecciones a primeros de año, dejando de nuevo este tema sin resolver. En tiempos de desaceleración económica la morosidad es un arma de destrucción masiva del tejido empresarial y lo es aún más para los autónomos, el eslabón más débil. Y sí, hay una solución realista: tolerancia cero tanto en el sector público como en el privado mediante la sanción de cuándo ésta responde a un comportamiento reiterado y no justificado con el fin de financiarse de los proveedores.

¿Cómo interpreta las señales económicas que alertan de una desaceleración de las principales economías desarrolladas? ¿Puede vaticinar los efectos de la misma en materia de empleo?
Ya estamos viendo signos de desaceleración e incluso de recesión en Europa y por desgracia, a las amenazas globales para la economía, el Brexit y las guerras comerciales de Estados Unidos, se suma la inestabilidad política, lo que impide tomar las medidas necesarias para enfrentar tales desafíos. En España, pese a que mostramos cierta fortaleza en cuanto a nuestra economía y al empleo en comparación con nuestros vecinos, si no somos capaces de recuperar la normalidad institucional para enfrentar tanto el desafío territorial como la marcha de la economía, lo primero que se va a resentir es el empleo.

¿El colectivo de trabajadores autónomos puede verse afectado con más intensidad por la brecha digital?
Sí, un claro ejemplo de ello es la crisis del comercio y la caída de autónomos en el sector. Nadie ha preparado a los autónomos para afrontar el reto de la digitalización, no se han destinado recursos a formarlos ni a propiciar el diálogo con la nueva economía digital para crecer de la mano en vez de competir en desigualdad de condiciones. Lo único que se ha hecho hasta ahora es hablarles de términos que no entienden, de herramientas que no saben usar y decirles que deben hacerlo solos. Luego algunos se sorprenden de la conflictividad que se genera entre sectores tradicionales y digitales.

La salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) motivará que las entregas de bienes dejen de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar afectadas por las formalidades aduaneras, lo que implicará la liquidación del IVA en el momento de la importación por la Aduana.
Para evitar una doble tributación en el momento de la retirada de Reino Unido de la UE, las adquisiciones intracomunitarias cuyo transporte se haya iniciado antes de la fecha de retirada, seguirán considerándose como adquisiciones intracomunitarias a pesar de que la llegada de las mercancías al lugar de destino se produzca a partir de la fecha de salida de la Unión Europea.
Por otra parte, las operaciones realizadas entre España y Reino Unido no deberán informarse en el modelo 349 ya que dejarán de calificarse como operaciones intracomunitarias, y las empresas españolas no tendrán la obligación de identificarse mediante NIF-IVA, si bien, deberán disponer de un número EORI para poder realizar operaciones aduaneras.

La Agencia Tributaria tiene previsto enviar a las empresas a partir de 2020 un borrador con los datos del IVA para facilitar la cumplimentación de sus declaraciones. Se empezará a aplicar a un número reducido de empresas incluidas en el Sistema de Información Inmediata (SII) del IVA mensual. Asimismo, a partir del próximo año la Agencia Tributaria cederá los datos fiscales que dispone para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, a fin de facilitar la presentación de las declaraciones.
Este nuevo plan vendrá acompañado de la creación de Administraciones de asistencia Digital Integral (ADI), para atender y asistir al contribuyente por medios electrónicos y telefónicos.

La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece una exención con un límite máximo de 180.000 euros para las indemnizaciones que los trabajadores perciban como consecuencia de la extinción unilateral de la relación laboral. El único requisito era que hubiese previamente un procedimiento de conciliación laboral.
En unas recientes resoluciones, el Tribunal Económico-Administrativo Central y la Audiencia Nacional confirman que un acto de conciliación laboral no determina la naturaleza jurídica de la extinción de la relación laboral. En base a ello, la Inspección Tributaria puede revisar si el despido ha sido una decisión unilateral de la empresa o si ha sido pactado, lo que impediría al contribuyente aplicar la exención.

La Agencia Tributaria, en el marco de su Plan Estratégico 2019-2022, pretende reforzar la ayuda y asistencia al contribuyente para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias dentro del plazo voluntario. En estos momentos se trata de un borrador que cuenta con iniciativas interesantes que podrían facilitar la presentación de las declaraciones.

El envío del borrador de la declaración del IVA para aquellos contribuyentes incluidos en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) y de los datos fiscales en poder de la Administración para la elaboración de la declaración del Impuesto sobre Sociedades son dos de las medidas contempladas para el año 2020.

Lo anterior, unido a la implantación futura del SII para todas las empresas y el sistema de Renta WEB para la presentación de la declaración directamente en la nube con los datos que la Agencia Tributaria dispone, anuncia el camino para que sea ésta la que liquide los impuestos y los contribuyentes los que los presenten.

El proceso de digitalización de la Administración -en modo particular de la Administración Tributaria-, así como la obtención de datos de los contribuyentes, parece ser imparable. Es más, anuncia que terminará siendo de aplicación a todos los impuestos.

El Tribunal Constitucional falla a favor del “despido objetivo por absentismo”, en línea con la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia de fecha 16 de octubre de 2019 por la que se desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de lo social de Barcelona en relación al artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Este precepto regula el llamado “despido objetivo por absentismo”, consistente en que una empresa pueda extinguir el contrato de un trabajador, pagando una indemnización de veinte días de salario por año trabajado, si sus ausencias alcanzan el 20% de los días hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de los días hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

Postura compartida por el TJUE
El fallo ha destacado que se trata de una postura compartida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), recordando que el citado artículo no es de aplicación a los casos de enfermedades graves y de larga duración (así como a otras muchas ausencias, como accidentes de trabajo, maternidad y paternidad, entre otros) y considerando que se trata de una medida necesaria a la vista del coste económico que las bajas intermitentes y de corta duración suponen para las empresas.
La decisión no ha estado exenta de polémica, pues cuatro de los magistrados (un tercio del total) se han manifestado contrarios al fallo.