La vulneración del honor de una compañía puede realizarse de múltiples maneras. Una de ellas fue la que vivió una empresa en concurso de acreedores, a la que la entidad bancaria que le prestó dinero le incluyó en un fichero de morosos. Una acción que el Tribunal Supremo (TS) declara ilegal porque aquella deuda se encontraba en entredicho.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Entre mayo y octubre, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha finalizado 5.363 expedientes relacionados con el registro de jornada y el tiempo de trabajo, un 3,9% más que en el semestre inmediatamente anterior (noviembre 2018 a abril 2019). En estos expedientes, se han constatado 980 infracciones, un 9,8% más que en los seis meses anteriores, lo que supone que se han detectado infracciones en materia de tiempo de trabajo en el 18,3% de las empresas inspeccionadas. En 2020 el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene previsto poner en marcha, en coordinación con las Comunidades Autónomas, una campaña específica sobre control del registro de jornada.

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El Tribunal Supremo ha decidido comenzar a sentar jurisprudencia sobre la posibilidad de que la Agencia Tributaria registre el domicilio de un particular o una empresa, cuya privacidad está protegida constitucionalmente, con motivo de una inspección fiscal. Tras admitir a trámite un caso en el que el fisco basaba su registro en la detección estadística de ingresos anómalos de una taberna, el alto tribunal acaba de dictar sentencia en otro caso aclarando que la necesidad de aprovechar “el factor sorpresa” para evitar el riesgo de “destrucción de pruebas” por parte del contribuyente no es justificación suficiente como para que un juez autorice la entrada de Hacienda en un domicilio.

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Los jueces han visto que se ha vulnerado el derecho a la información del socio y, aun siendo minoritario, debe disfrutar de los mismos derechos que el resto a pedir cuentas y los papeles que considere en caso de ver que las cosas no se han hecho bien. El dictamen de la Audiencia madrileña aclara que la infracción del derecho de información sufrida por el accionista afecta a todas las decisiones que se tomaron en la junta.

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El Círculo de Empresarios alerta del empeoramiento de la economía y prevé que el PIB crezca este año y el siguiente al 2% y al 1,5%, frente al 2,1% y 1,8% del Gobierno. Ante el “empeoramiento” de la situación económica y el “freno” en la creación de empleo observado en los últimos datos de la EPA, los empresarios proponen abaratar el despido y equiparar las indemnizaciones entre trabajadores indefinidos y temporales para impulsar la creación de puestos de trabajo en un momento en el que el paro todavía se sitúa en el 14% y hay tres millones de desempleados.

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Introduce la necesidad de “potenciar” la colaboración entre comunidades autónomas para evitar engaños como la fijación de una falsa residencia fiscal en las regiones que cobran impuestos más bajos pero en las que en realidad el contribuyente no habita. En paralelo, los inspectores confían en que se les acabe permitiendo bonificar a los denunciantes de fraudes, “como ya se hacía en los años 80”, y se les autorice a realizar inspecciones de incógnito, para recabar pruebas antes de que el inicio de una pesquisa oficial ponga al contribuyente investigado en alerta.

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La secretaria de Estado de Comercio en funciones estimó que las ventas de los productos afectados suman un valor cercano a los 1.000 millones de euros. La mayor parte se debe al sector olivarero, el más perjudicado, entre el aceite de oliva y las aceitunas en conserva. La industria vinícola es la segunda que más sufre, seguida de lejos por los sectores del queso y la carne. Por su parte, el Banco de España ha advertido de que los nuevos aranceles recortarán en un 12% las exportaciones de productos agroalimentarios españoles a Estados Unidos, con un impacto negativo aproximado de 100 millones de euros. Ante este revés, se abren distintos escenarios para las empresas afectadas.

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Concretamente, el 36,3%, según un estudio de Asempleo, que se basa en las cifras del INE. Esta sobrecualificación es mayor entre mujeres, donde el porcentaje llega al 41%. Estos datos del segundo trimestre de 2019 son más bajos, explica la patronal de las agencias de colocación, que en periodos anteriores porque el INE ha realizado un cambio metodológico tras la modificación de los niveles de formación hechos por la UE. Con los criterios antiguos, la sobrecualificación alcanzaría el 54,1%. Esta situación trae “una doble ineficiencia del mercado laboral, por una parte no utiliza todo el potencial de sus recursos y, por otra, parece expulsar a aquellos individuos formados para el puesto de trabajo”.

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Como medida inmediata, el informe propone equiparar los tipos impositivos de gasolina y diésel, algo que recomiendan desde hace años los organismos internacionales. Las externalidades de transporte aéreo no están incluidas en el precio de los billetes de avión”. Solo los vuelos domésticos dentro de la UE están sujetos al mercado de derechos de emisiones, que obliga a pagar por el CO2emitido. “Además, el transporte aéreo goza de un régimen fiscal único caracterizado por un bajo nivel de imposición”, añade. Proponen un impuesto sobre los billetes similar al que tienen en marcha países como Alemania.

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Se debe asumir un coste, pero permitirá aumentar la bondad de su producto o servicio, por lo que sus ventas a otros mercados se incrementarán, gracias a la confianza de estas normas en clientes extranjeros. Los recursos, o la falta de ellos, es la dificultad básica a la que apuntan todas las pymes para referirse a la implantación de las normas ISO. Sin embargo, la implantación de los procesos para conseguir la satisfacción de los clientes ofrece un retorno muy efectivo.

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