La medida llega tras la convalidación del Real Decreto Ley 8/2019.

Desde la sentencia de Bankia -dictada por la Audiencia Nacional a finales del año 2015- hasta el Real Decreto Ley 8/2019 de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, pasando por las sentencias del Tribunal Supremo -que, en 2017, anularon la primera-, y sin olvidar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que en breve se pronunciará sobre este asunto, en el que el Abogado General ya ha concluido que la normativa española se opone a la comunitaria-, parece que, por fin, esta cuestión debería empezar a quedar resuelta.

Texto impreciso
Sin embargo, no va a ser fácil. En primer lugar, por la incertidumbre política de las próximas semanas, que fácilmente podría dar lugar a la modificación o, incluso, la derogación, del nuevo artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores; en segundo lugar, porque la propia regulación está pendiente de desarrollo reglamentario “para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”, y ello puede desdibujarla sustancialmente; y, en tercer y último lugar, porque el texto actual ya es, de por sí, lo bastante impreciso para generar múltiples dudas en su aplicación práctica.
En definitiva, habrá que estar expectantes a lo que pueda acontecer.

Algo que revela que, por el momento, las alzas salariales y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) no se han trasladado a los precios, lo que sí sucederá en los dos próximos ejercicios, cuando la inflación escalará al 1,5% y 1,6%, respectivamente.  La institución previene ante los “efectos adversos” sobre el crecimiento del empleo y la competitividad de las subidas salariales no ligadas a la productividad, al haber detectado subidas medias, y muy generalizadas, en los convenios del orden del 2,2% en febrero, así como “desacoples” entre la evolución de los salarios y la productividad. Además, el informe evidencia, sin alertar, una ralentización del ritmo de avance del empleo. España resiste la incertidumbre global gracias a la demanda interna.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El cambio en la definición del concepto de accidente mortal, que ahora son los fallecimientos que se produzcan en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de su gravedad inicial, y, sobre todo, la incorporación de todos los trabajadores autónomos, suponen una ruptura de las series estadísticas que dificultarán el seguimiento de la evolución de la siniestralidad en España. Los accidentes con baja registraron un aumento del 3,3% en el mes de enero respecto al mismo mes de 2018, sustentado en el aumento de los accidentes en jornada de trabajo, que se incrementan en un 4,5%, frente a un descenso de los in itinere de un -3,9%. En los accidentes mortales se ha producido una importante reducción, pasando de 54 a 44 fallecimientos en enero, lo que supone un descenso de -18,5%.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que, en la dación en pago de un inmueble hipotecado al acreedor del crédito, sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Ni en el supuesto más optimista entrarían en vigor en 2019. No tiene sentido que las empresas tomen medidas para hacer frente a los nuevos cambios legislativos si luego no se tiene certeza de si serán aprobados o no. Tampoco beneficia los vaivenes en la política fiscal a la atracción de inversiones a España, de lo cual no estamos sobrados. La disolución de las Cortes el 5 de marzo de 2019 ha llevado a la caducidad automática de todos los proyectos de ley no tramitados hasta el momento, entre ellos el de la Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) y la del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (ISD). La única medida fiscal de impacto que seguro entrará en vigor independiente de quien gobierne es la derivada de la trasposición de la Directiva 2018/822, en vigor desde el 25 de junio de 2018. En virtud de esta directiva, los intermediarios (o en su defecto los contribuyentes) quedan obligados a declarar determinadas operaciones que pudieran ser consideradas como planificación fiscal transfronteriza.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La nueva LOPD prevé, por fin y expresamente, la licitud de estos tratamientos. En efecto, el artículo 21.1 presume lícitos los tratamientos de datos derivados de cualquier operación de modificación estructural o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, incluida su comunicación previa. Por último, el artículo 21.2 de la nueva LOPD obliga a la entidad cesionaria de los datos a suprimirlos en caso de que la operación no llegue a buen fin. Y ello es totalmente lógico que sea sí, dado que el acceso a los datos habría quedado limitado a la finalidad indicada (el buen fin de la operación), sin posibilidad de que las entidades participantes puedan conservar información personal de otras.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Alto Tribunal, en una sentencia fechada en enero, rechaza así un recurso de casación presentado por CCOO de Asturias contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, sobre los despidos efectuados por la compañía Telecyl, subcontratada por Cajastur -luego Liberbank- para atender el servicio de banca telefónica.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Entre los elementos que sumarán puntos, se encuentran el estar dado de alta y declarar mediante el Suministro de Información Inmediata del IVA (SII), contar con un sistema de compliance, informes de transparencia y un buen historial tributario. Para mejorar el cumplimiento voluntario, Gascón reiteró que la Administración tributaria está estudiando publicar sus criterios en la web de la Aeat para que pueda ser consultada por las empresas con antelación a realizar sus declaraciones impositivas. Y en la misma línea, se proyecta publicar en el BOE las resoluciones interpretativas. También está en estudio la posibilidad de elaborar una lista blanca con los esquemas de planificación fiscal admitidos y otra lista negra con los esquemas ilícitos para general conocimiento.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Anteproyecto será sometido a información pública como a informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado, y, una vez incorpore las aportaciones resultantes de este proceso, volverá al Consejo de Ministros para su aprobación. El Anteproyecto recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas. En ese sentido, el anteproyecto incluye la realización de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso. En base a ese informe, se elaborará una propuesta de calendario para la revisión de tales ayudas y medidas consistentes con los objetivos de descarbonización.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Así se recoge en el borrador del Real Decreto Ley que el Ejecutivo está negociando con la patronal y los sindicatos. La segunda consecuencia es la preocupación que suscita esta medida en la patronal CEOE, porque pueden darse casos de que el padre y la madre trabajen en la misma empresa, y falten los dos durante las seis primeras semanas de la maternidad/paternidad, según explican las fuentes empresariales. Las empresas tendrán tres años para implantar los planes de igualdad y el registro salarial, en función del número de trabajadores.

FUENTE: SINTESIS DIARIA