El Gobierno prevé aprobar bonificaciones de hasta el 80% en el IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta sea inferior a la determinada por el índice de precios de los contratos de vivienda en alquiler, según se recoge en el borrador del real decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Además el borrador retoma la posibilidad de que los ayuntamientos puedan bonificar mediante ordenanza fiscal hasta el 95% de este impuesto para inmuebles con renta limitada por una norma jurídica, que ya se recogía en el decreto-ley que se tumbó en el Congreso.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Según el balance presentado, la ejecución de ambos planes ha dado como resultado, de agosto a diciembre de 2018, la conversión de 61.445 contratos temporales en indefinidos, lo que representa el 76,3% de los trabajadores. Además, se ha incrementado la jornada de 8.824 personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial, lo que supone un 17,5% de los afectados por el Plan de choque contra el uso irregular de la contratación a tiempo parcial. Además de los Planes de Choque, destacan los resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo en la lucha contra la utilización fraudulenta de la contratación temporal. Así, en el año 2018, y al margen de los resultados obtenidos como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Director, se han transformado en indefinidos 132.501 contratos temporales irregulares, 39.576 más que en el año 2017 (42,58% más) y 50.229 más respecto a 2016 (37,90% más).

FUENTE: SINTESIS DIARIA

La nueva normativa que introduce el IVA intracomunitario propone “que los sujetos pasivos del IVA, con el fin de que puedan tener la condición de fiables, cuenten con el reconocimiento a nivel comunitario de lo que se denomina Sujeto Pasivo Certificado”, según explican expertos. La nueva normativa europea “pretende dar uniformidad a una serie aspectos fundamentales del comercio intracomunitario de mercancías bienes”. Además, propone un nuevo sistema de tributación en destino para las operaciones intracomunitarias de bienes. Un sistema que debería entrar en vigor en el año 2022, pero que, “está siendo aún objeto de negociación.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Según una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Valencia, la Agencia Tributaria no puede iniciar un procedimiento de comprobación sobre un contribuyente reclamándole directamente la cantidad a pagar si no tiene datos suficientes para ello, toda vez que este modo de actuar desvirtúa la propia naturaleza del procedimiento de comprobación limitada, y conduce a la indefensión de la interesada al privarle de aportar suficientes elementos en dicho procedimiento para justificar su situación.
Hasta ahora Hacienda trasladaba la carga de la prueba al contribuyente, pero a raíz de esta resolución del TEAR, esto se invierte.

La Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) aprobó el pasado mes de enero las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario de 2019.
Entre las principales novedades, cabe destacar el uso intensivo de la tecnología de datos tipo “Big Data” y la explotación de las nuevas fuentes de información, así como la creación de la Unidad Central de Coordinación de Control de Patrimonios Relevantes, creada con el objetivo de potenciar las actuaciones de control sobre aquellos contribuyentes con grandes patrimonios y con especial atención a los bienes y derechos situados en el extranjero, a los entramados financieros y societarios y a la facturación irregular.

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“Fraude y evasión fiscal son las principales losas de recaudación en España”

¿Cómo desenmarañar el nudo gordiano en el que se sitúa el debate entre el modelo público de pensiones y el déficit en la Seguridad Social?
Es difícil poner en duda que serán la creación de empleo y la reducción de la precariedad laboral, con su consiguiente efecto en el aumento de las cotizaciones sociales, las claves para reducir y llegar a eliminar dicho déficit. En tanto se logra dicho propósito, el mantenimiento del actual modelo requerirá de ingresos compensatorios de tal déficit, a través del sistema fiscal.

La economía sumergida en España supone alrededor de un 20% del PIB. ¿Qué medidas son necesarias para mitigar el fraude?
El fraude y la evasión fiscal son las principales losas de la recaudación en España: la ‘factura’ de la evasión para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar de más en impuestos, para compensar el fraude de otros. Para mitigar las cifras actuales de fraude y evasión, está pendiente la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de prevención y lucha contra el fraude, para su posterior tramitación en el Congreso. Pero al margen de las medidas concretas que éste prevé, serían necesarias iniciativas adicionales: más coordinación entre administraciones tributarias; elaboración de informes oficiales sobre economía sumergida y fraude desagregado por sectores, territorios e impuestos; aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos e incremento del número de efectivos en la AEAT, a la que habría que dotar de estructuras más horizontales y de una capacidad de decisión más compartida para evitar injerencias políticas o económicas.

Su organización defiende la modernización de la Agencia Tributaria. ¿En qué términos?
La plantilla de la Agencia Tributaria este año ocupará el último lugar en la UE en las ratios de efectivos del control tributario utilizados por la OCDE. Así, el proyecto de PGE para 2019 recoge un aumento de los efectivos de la AEAT de apenas 387 personas, por lo que a final de año alcanzarán los 25.916 empleados. España sufre una brecha de 25.504 empleados menos que la media ponderada de Europa, es decir, cuenta con 24.712 efectivos menos para luchar contra la economía sumergida y otras 792 personas menos de apoyo. Es decir, sólo un trabajador por cada 2.836 ciudadanos, frente a la media europea, por la que cada empleado controla a menos de la mitad de ciudadanos.

Si el objetivo es disponer de un sistema fiscal más eficiente y justo, ¿cuáles son los requisitos para alcanzarlo?
De un informe elaborado hace poco más de un año por el FMI se desprendía que el relativo abandono del concepto de la progresividad por parte de la mayoría de los sistemas tributarios en lo últimos años obedecía a las inquietudes en torno a los supuestos efectos negativos que tendría en el crecimiento. Sin embargo, para el Fondo, los resultados empíricos no respaldan este argumento. Las economías avanzadas con niveles relativamente bajos de progresividad en términos del IRPF dispondrían, de acuerdo al propio FMI, de margen para subir las tasas impositivas marginales máximas sin trabar el crecimiento económico. Y en esta situación está España, dado que ocupa el puesto 15 de la UE en cuanto a marginales máximos en el IRPF, por detrás de los países más desarrollados.

Gestha ha denunciado la brecha salarial entre mujeres y hombres. Además de la injusticia intrínseca que ello supone, es evidente que esta realidad acaba por incidir en la recaudación de impuestos y en su vertiente distributiva. ¿Se puede corregir tal anomalía?
Las mujeres ocupan, en mayor medida que los hombres, los empleos a tiempo parcial y los más precarios, de forma que más de tres millones no llegaron a cobrar en cómputo anual, en 2018, una cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional, como destacamos en nuestro informe “Brecha salarial y techo de cristal”. Las medidas encaminadas a reducir la precariedad laboral incidirán, no sólo en la reducción de la brecha salarial, sino también en la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales.

¿Cuál es el papel de los técnicos del Ministerio de Hacienda a los que el sindicato Gestha representa?
Los cerca de 8.000 técnicos destinados en la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y los Tribunales Económico Administrativos, entre otros centros del Ministerio de Hacienda, representan el 75% de los funcionarios habilitados para ejercer las funciones de gestión, inspección y recaudación del sistema tributario estatal y aduanero, la auditoría pública y el control del gasto público y la resolución de las reclamaciones económico administrativas.

El 14 de enero de 2019 entró en vigor la nueva Ley de Marcas. Entre los cambios más significativos que aporta podemos destacar:

• La marca se podrá solicitar por cualquier persona física o jurídica, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia o establecimiento.
• Con la intención de adaptarse a la evolución tecnológica presente y futura, la nueva ley indica que la representación de los signos distintivos podrá realizarse por cualquier medio, sin que este deba ser gráfico exclusivamente. De este modo, se facilita el acceso al registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de las denominadas marcas no convencionales (olfativas, gustativas, táctiles, entre otras).
• Se establece una prohibición absoluta de acceso al registro de signos distintivos que puedan resultar incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas anteriores; y se introduce una prohibición específica de registro de signos distintivos que reproduzcan elementos del nombre de una obtención vegetal ya existente.
• Desaparece la distinción entre notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre.
• Se otorga la competencia directa para la declaración de nulidad o caducidad de marcas a la OEPM, sin dejar de reconocer la posibilidad de plantear una nulidad o caducidad por vía judicial a través de la demanda reconvencional.
•  Se podrá exigir la prueba de uso en el procedimiento de oposición.

Los objetivos de esta nueva ley son facilitar la convivencia de marcas nacionales con marcas de la Unión Europea, agilizar los procedimientos en beneficio de los interesados y, en definitiva, mejorar el funcionamiento del mercado interior.

El pasado 6 de diciembre se publicó en el BOE la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que adapta nuestro ordenamiento jurídico al ya conocido Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y deroga la anterior ley en dicha materia.
Entre las novedades más destacables encontramos que facilita el ejercicio de los derechos, reconociendo específicamente el derecho de acceso y, en su caso, de rectificación o supresión por parte de quienes tuvieran vinculación con personas fallecidas por razones familiares o de hecho y a sus herederos, limitando el ejercicio de estos derechos si el fallecido así lo hubiera dispuesto. Se fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de manera autónoma.
Respecto al derecho al olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes, se exceptúa la supresión cuando los datos hubieran sido facilitados por terceros en el ejercicio de actividades personales o domésticas.
En el ámbito educativo, se refuerzan las obligaciones del sistema educativo para garantizar la formación del alumnado en el uso seguro y correcto de internet. Ello conlleva la exigencia de que el profesorado reciba una formación adecuada en esta materia.
La LOPGDD incluye los sistemas de denuncias internas anónimas, a través de los cuales puede ponerse en conocimiento de la empresa la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa.
Se actualizan las garantías del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo y se refuerzan las mismas ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, de los que se deberá informar a los empleados.
La nueva legislación también se refiere a los ficheros de morosos -se reduce de seis a cinco años el periodo máximo de inclusión de las deudas-, en los que se exige una cuantía mínima de 50 euros para la incorporación de las deudas a dichos sistemas de información crediticia.

El pasado 19 de diciembre entró en vigor el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre de 2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que, entre otros cambios, incorporaba notorias reformas en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda. Sin embargo, la norma no consiguió el respaldo parlamentario necesario y tan solo un mes más tarde de su entrada en vigor, la Cámara Baja no convalidó el texto, quedando derogado automáticamente.
La reforma del alquiler más corta de la historia, como ha sido llamada por la doctrina, ha provocado un escenario cuanto menos singular, pues aquellos contratos que fueron firmados durante la vigencia del citado Real Decreto Ley, es decir, entre el 19 de diciembre de 2018 y el 23 de enero de 2019, se beneficiarán de las reformas introducidas por el texto hasta la finalización del contrato. Entre las reformas más destacadas se encuentra la ampliación de la duración mínima del contrato de arrendamiento.
Resulta curioso observar como este fugaz Real Decreto Ley ha establecido durante sus escasos días de vigencia una regulación singular con aplicación exclusiva a contados inquilinos. Un ejemplo más de cómo la inseguridad política puede generar rarezas jurídicas.