Supondrá que las sociedades de capital definidas como grandes y los grupos que formulen cuentas consolidadas con más de 500 trabajadores tendrán que reflejar en su informe de gestión los datos relativos al impacto medioambiental y social de todas sus sociedades dependientes, que serán además verificados por un tercero independiente. El año pasado 875 empresas españolas presentaron reportes de información no financiera, un 6 por ciento más que en 2016. Las empresas deben analizar cuáles son los requisitos que les faltan por cumplir e identificar si, además de la información sobre políticas, están recopilando y publicando información sobre el rendimiento y los riesgos sobre aspectos medioambientales, sociales y relativos al personal, de derechos humanos, anticorrupción y soborno, así como sobre la sociedad en sus propias operaciones y en la cadena de valor.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Se busca avanzar “hacia la equiparación con el permiso por maternidad, factor decisivo para eliminar la segregación en el empleo por razón de género”.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Randstad Research ha elaborado el Informe de Absentismo Laboral, en el que pone de manifiesto que según los datos correspondientes al segundo trimestre de 2018, en España el nivel de absentismo ha provocado la pérdida de un 4,8% de las horas pactadas, mientras que el absentismo no justificado ha supuesto la pérdida de un 1,3% de las horas pactadas en el período referido. En dicho caso, este 1,3% equivale a que, de media, cada día 256.000 personas no acuden a su puesto de trabajo pese a no estar de baja. El sector industrial cuenta con un nivel de absentismo (5%) dos décimas por encima de la media de sectores.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

España y China vienen negociando un nuevo Convenio desde 2015, acordándose el presente texto en 2018, cuya firma está prevista con ocasión de la visita de Estado a España del Presidente de la República Popular China. El nuevo Convenio, que sustituirá al vigente de 1990, permitirá la adecuación del marco tributario bilateral al presente entorno económico. Su entrada en vigor está prevista con carácter indefinido transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última de las notificaciones mediante las que ambos Estados se comuniquen el cumplimiento de los procedimientos internos exigidos en cada uno de ellos a tal efecto.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado en el mes de octubre la firma de un nuevo convenio entre España y Japón para eliminar la doble imposición en los impuestos sobre la renta y evitar la elusión y evasión fiscal. El nuevo convenio modifica enteramente el existente (en vigor desde 1974) revisando la imposición sobre los beneficios de las empresas; ampliando los límites de la reducción de la tributación de los ingresos por inversiones; introduciendo medidas preventivas de violaciones del nuevo convenio; actuaciones arbitrales en procedimientos de acuerdo mutuo y asistencia en recaudaciones de obligaciones tributarias, y fortalecimiento del intercambio de información sobre asuntos tributarios.
Después de finalizar los procedimientos internos necesarios (en el caso de Japón, será necesaria la aprobación del Parlamento), cada uno de los dos países enviará al otro a través de canales diplomáticos una notificación con la confirmación de la finalización de dichos procedimientos.
El nuevo convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al de la recepción de la última notificación.

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluye que no es acorde al Derecho de la Unión que un trabajador pierda de forma automática sus días de vacaciones anuales retribuidas por el hecho de no haberlas solicitado.
Solo si el empresario demuestra que el trabajador se abstuvo deliberadamente y con pleno conocimiento de tomar sus vacaciones anuales retribuidas -tras haber podido ejercer efectivamente su derecho a éstas- el Derecho de la Unión no se opone a la pérdida de este derecho ni, en el supuesto de extinción de la relación laboral, a la consiguiente falta de compensación económica.
Ello supone un reforzamiento de la jurisprudencia comunitaria ya existente sobre el efecto directo de las directivas, es decir, que tienen aplicabilidad directa en los Estados miembros, creando derechos y deberes para todos aquellos a quienes se refieran, sin necesidad de que los Estados miembros las ratifiquen o las promulguen en su territorio.

Por norma general, los trabajadores quedan sujetos al régimen de Seguridad Social del Estado miembro en el que trabajan, especialmente para garantizar la igualdad de trato de todas las personas que trabajan en el territorio de ese Estado. Esto es así -lo ha dictaminado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- incluso cuando se trate de trabajadores movilizados como sustitutos de otros trabajadores desplazados, y aun cuando dichos empleados no hayan sido enviados por el mismo empresario.
El TJUE declara que, solo cuando se cumplan determinados requisitos, podrá contemplarse la posibilidad de que un trabajador desplazado siga sujeto al régimen de Seguridad Social de su país de origen, para lo que será necesario que previamente se hayan realizado los trámites en la Seguridad Social del Estado miembro donde radica la empresa, con la obtención de los correspondientes certificados.

“El apoyo a la economía productiva mejora los recursos públicos”

¿Puede valorar de forma sucinta el plan presupuestario del Gobierno para el año 2019?
Su orientación hacia el impulso de la economía y el refuerzo de la protección social es correcta, aunque aparece el problema de un diseño del gasto público sin certeza en la evolución de los ingresos públicos. Hay que incidir en el papel y en el diseño del sistema fiscal y también en el efecto sobre el mismo de la evolución económica; y respecto de ésta, tener presente la posición de España en la economía internacional.

El CES ha expresado que la recuperación social en España avanza de forma más lenta que la económica. ¿El proyecto de presupuestos contribuye a mitigar este asincronismo?
El impulso por las políticas públicas de la recuperación social depende, por un lado, de que impulsen una economía productiva y competitiva, el terreno de la I+D+i y la educación. Por otro lado, estarían las políticas sociales: políticas activas de empleo, cobertura del desempleo, dependencia y pensiones. No son terrenos incomunicados: el apoyo a la economía productiva mejora los recursos públicos, y éstos favorecen, además de la cohesión social, la eficiencia económica, porque mejoran el capital humano y refuerzan la demanda interna. Y tan importante como el volumen del gasto público, es que éste se gestione de forma eficiente. Es el terreno de la calidad institucional, que incluye la cooperación institucional. Por eso es importante valorar -junto a la dotación presupuestaria- lo que podríamos llamar la gobernanza del gasto público.

¿Cómo ve la economía del país en un medio plazo modelado por el Brexit, las fluctuaciones significativas en los precios del petróleo, la intensificación de la guerra comercial internacional y el incremento de los tipos de interés en las principales áreas económicas?
Estamos hablando de lo que solíamos denominar factores exógenos, que cada vez lo son menos. Se trata de factores propios de una economía global, y sus problemas son en gran medida de carencias en su gobernanza global, en concreto de gobernanza en la Unión Europea. En todo caso, el impacto de los precios del petróleo recuerda nuestro grave problema de dependencia energética.

La Unión Europea se muestra incapaz de dar una respuesta unitaria al fenómeno migratorio; las soluciones unilaterales y locales devienen un parche ante la envergadura del reto. ¿Cómo hay que afrontar la gestión de la inmigración?
La gestión de las migraciones requiere partir de que estas son inevitables y en gran medida necesarias, si pensamos simplemente en la demografía europea. La necesidad de una gestión compartida de las migraciones en la UE es obvia, y la prueba de que es difícil la tenemos en que, incluso dentro de los Estados, también hay tensiones regionales respecto de la acogida de los inmigrantes. En cualquier caso, es básico reconocer a África como un interlocutor político de la Unión.

¿Es realista plantear un esquema de vaso comunicante entre los flujos migratorios exteriores y la viabilidad de los sistemas de pensiones en un contexto como el europeo caracterizado por el envejecimiento poblacional?
El incremento de la población activa derivado de las migraciones refuerza la base contributiva de los sistemas de protección social. Pero al igual que no cabe la consolidación de los sistemas de pensiones europeos sin las migraciones, ésta no puede depender solo de ellas. Es obligado pensar en reformas de las pensiones que valoren las nuevas condiciones de los mercados de trabajo y en el ensanchamiento de la población ocupada por una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; y esto último requiere igualdad retributiva y medidas de conciliación.

El activismo y la concienciación en pos de la defensa de los derechos de la mujer y su equiparación con el hombre son signos de nuestra época. ¿Hay en España, desde un punto de vista laboral, avances tangibles en materia de equidad de género?
Los avances en materia de igualdad de género requieren asumir que esta igualdad, además de un derecho de ciudadanía sin cuya efectividad se incrementa el descrédito institucional, es un factor de eficiencia económica. Acabamos de hablar de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo como factor decisivo para incrementar el capital humano de la economía. A ello habría que añadir la mejora de este capital humano por un aprovechamiento racional de la inversión formativa que supone la mejora de los niveles educativos de las mujeres. En general, para avanzar en la igualdad conviene tener muy presentes los riesgos que pueden derivarse de una brecha digital que incida especialmente en las mujeres.

El pasado 17 de octubre se publicó el Dictamen de la Comisión que eleva a la Presidencia de las Cortes el recién rebautizado Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Tras el mismo, el proyecto de ley está más cerca de ser aprobado definitivamente, esperamos que en los próximos meses.
Entre los cambios más destacados encontramos: inclusión del Título X referente a derechos digitales; ampliación de los casos en los que es necesario contar con un Delegado de Protección de Datos; tratamiento de la videovigilancia; supuestos en los que se obliga al bloqueo de datos; derechos de los fallecidos y edad mínima del consentimiento que se fija en los 14 años.

El Tribunal Supremo ha declarado en varios procedimientos la improcedencia de determinar la base imponible a través de la aplicación de un coeficiente al valor catastral de un inmueble.
La Ley del Catastro Inmobiliario, tras su reciente modificación, determina que la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva el valor de referencia de mercado para cada inmueble con una periodicidad mínima anual.
En la reforma prevista de las leyes de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones y Donaciones se estima que este valor de referencia de mercado sea, salvo prueba en contrario, el valor fiscal a la hora de determinar la base imponible de dichos impuestos.
De esta forma se pretende acabar con la problemática existente en el momento de determinar el valor de los inmuebles cuando se produce su transmisión.