Ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración. El tribunal ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias dictadas en los últimos días, donde ha examinado los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes para liquidar dicho impuesto de las viviendas que adquirieron en el año 2012.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Frente al constante aumento de prácticas desleales relacionadas con el secreto empresarial, el Parlamento Europeo desarrolló la Directiva (UE) 2016/943 para tratar de ofrecer una protección armonizada del mismo y conservar la ventaja competitiva que otorga a su titular. Ahora esta directiva se transpone a nivel nacional mediante el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, aprobado el 25 de mayo pasado por el Consejo de Ministros.
El proyecto de ley, que entra ahora en su fase de tramitación parlamentaria, busca amparar toda información de aplicación industrial y comercial no divulgada, contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Entre otros puntos, la norma aboga por una protección eficaz del secreto empresarial, lo define, precisa las conductas constitutivas de su violación (junto con sus excepciones), regula su transmisibilidad, su potencial cotitularidad y establece un abanico de medidas de defensa jurídica, tanto a nivel sustantivo como procesal, con especial atención a la regulación de la indemnización de daños y perjuicios.
La iniciativa supone una mejora de la regulación vigente en materia de secretos empresariales sobre todo en el ámbito procesal, volviéndola más protectora y ágil; además de quedar sujeta a la interpretación autónoma y uniforme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Juzgado de lo Social número 6 de Valencia, en fecha 1 de junio -en la que supone la primera resolución judicial a nivel nacional que aborda la cuestión- ha determinado que los mensajeros (‘riders’) de la plataforma de reparto de comida a domicilio Deliveroo son trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores autónomos, de modo que, al finalizar la relación entre la plataforma y el mensajero, en el caso referido, el tribunal considera que debe ser calificado como un despido improcedente.
La sentencia sigue la estela de las actuaciones de Inspección de Trabajo en los casos Uber, Joyners y la propia Deliveroo, así como la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sentencias como la de Uber en Reino Unido y Francia.
A pesar de que se muestran como nuevas formas empresariales sustentadas por la tecnología entre la plataforma y el prestador de servicios (repartidor, conductor, transportista, entre otros), se dan las notas características de la relación laboral: la dependencia (la plataforma marca todas las directrices del trabajo) y la ajenidad (los frutos del servicio son para la plataforma), entre otras.
Señalar que no tan solo la nueva economía digital utiliza la muy dudosa forma del trabajo autónomo para prestar sus servicios, sino que de la mano de la crisis, empresas de todos los sectores se sirven de esta fórmula como un ahorro de costes.
En la actualidad es un objetivo prioritario de Inspección de Trabajo investigar esta fórmula para prestar los servicios. Seguiremos atentamente el curso de este caso de Valencia, que sin duda va a ser recurrido.

“Además de financiación, el MAB proporciona visibilidad y notoriedad”

¿Qué circunstancia fundamental suele motivar la llegada de una empresa al MAB?
Las empresas medianas y pequeñas que buscan expandirse necesitan encontrar nuevas formas de financiación, sobre todo en momentos en los que el acceso al crédito es complicado. Ese acceso a la financiación lo facilita el MAB, además de aportar visibilidad y notoriedad a la compañía ante clientes, proveedores e inversores. Estar admitida en el MAB es una oportunidad única para generar una imagen positiva en el mercado.

¿Cuáles son los criterios de admisión para que una pyme se incorpore a la plataforma? ¿Debe tratarse de una firma de alto crecimiento?
Debe cumplir con unos requisitos de transparencia y compromiso de información (auditoria y due diligence, entre otros), así como designar a dos figuras que le ayudarán tanto en la salida como en la permanencia en el mercado: el Asesor Registrado y el Proveedor de Liquidez. Es necesaria una vocación de crecimiento y un proyecto atractivo para los inversores.

¿Priorizan algún sector de actividad o tipología societaria en cuanto a la procedencia de los proyectos? ¿Permite la actual segmentación del MAB llegar a todo el universo potencial de empresas candidatas?
Aunque en el MAB abundan las empresas innovadoras (TIC, ciencias de la vida, entre otros), está abierto a cualquier empresa con un proyecto contrastado, solvente y con ganas de expandirse, siempre en un entorno de transparencia.

¿Hay en España algún tipo fiscal específico al que puedan acogerse la empresa cotizada y el inversor que aporta financiación mediante la compra de acciones en este mercado?
Hay deducciones por inversión en acciones de empresas del MAB en las colocaciones y ampliaciones de capital en algunas comunidades autónomas (Madrid, Aragón y Galicia), pero sería necesaria su extensión a nivel nacional. Sería imprescindible una actuación decidida de las autoridades públicas para impulsar la inversión en el capital de las pymes y que se concretara en incentivos fiscales atractivos para aquellos que inviertan a través de vehículos especializados o directamente en estas compañías. La estrategia ha dado muy buenos resultados en otros países.

¿La obligación de información y transparencia por parte de la cotizada puede suponer una presión añadida para una pyme que se plantee los pros y contras de esta modalidad de financiación?
Estar presente en el MAB proporciona a la empresa visibilidad y notoriedad, pero para ello es necesario un adecuado nivel de transparencia, que implica hacer pública información importante sobre el funcionamiento del negocio y superar el temor a que la competencia conozca el modelo del mismo. No obstante, los requisitos de información están adaptados también a las particulares características de estas empresas y gozan de una mayor flexibilidad que en la Bolsa tradicional.

¿Qué argumentaría ante quienes afirman que el MAB, en el caso de algunas cotizadas, presenta rasgos especulativos?
El inversor del MAB tiene una mayor propensión al riesgo, pues se trata de empresas más jóvenes y pequeñas que las cotizadas en Bolsa. Su estrategia suele estar orientada al medio/largo plazo, lo que le permite beneficiarse del crecimiento previsible de estas compañías.

En 2021 la plataforma cumplirá 15 años. ¿Qué retos se plantean?
Al finalizar el primer trimestre de este año, el MAB se componía de 92 empresas, con una capitalización o valor de mercado total de 9.561 millones de euros. Entre 2009 y 2017 se han llevado a cabo un total de 157 ampliaciones de capital, captando 1.560 millones de euros. Una cifra relevante, que ha permitido a muchas de ellas sortear la pasada crisis financiera y reforzar su crecimiento. El ritmo de ampliaciones de capital y de nuevas incorporaciones no deja de crecer y una coyuntura económica más favorable ayudará a que lo haga a mayor ritmo. Creemos que el MAB puede desempeñar un papel muy importante en la economía española dando acceso a financiación a un elevado número de pymes y facilitar su crecimiento. Para ello es necesario un esfuerzo conjunto del Estado y los actores privados, incentivando la inversión en estas empresas.

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las sanciones impuestas en España para las personas que no declaran el dinero en efectivo que entran o sacan a través de la frontera son desproporcionadas, al exceder de lo que resulta necesario para garantizar el cumplimiento de obligación de declaración. Tales sanciones pueden llegar a ser hasta el doble del importe no declarado en aduanas.
La normativa vigente establece que toda persona española o extranjera que pretenda entrar o salir de nuestro país con dinero en efectivo o cheques bancarios al portador, por importe igual o superior a 10.000 euros, tiene la obligación de presentar la correspondiente declaración ante las autoridades de aduanas.

A partir de enero de 2019 será de aplicación la nueva norma sobre arrendamientos, NIIF 16, a las cuentas consolidadas de las empresas cotizadas. Ésta obligará a reconocer en el activo los arrendamientos operativos y en el pasivo las cuotas de arrendamiento a pagar, al igual que se hace con los contratos de arrendamiento financiero.
El cambio de criterio implicará que las empresas vean incrementar sus deudas en el balance, al tiempo que se reducen sus gastos de explotación al no contabilizar los arrendamientos operativos como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias, sin bien deberán contabilizar las amortizaciones de los citados activos.
Finalmente, no será de aplicación generalizada a todas las empresas, si bien las grandes empresas pueden aplicar de forma voluntaria la norma.

La Agencia Tributaria informa a través de su página web que a partir de enero de 2019 sólo podrán aplicar el Régimen Especial Simplificado del IVA aquellos empresarios personas físicas cuyo volumen de ingresos en el año inmediato anterior no supere los 150.000 euros. Hasta ahora el límite era de 250.000 euros.
Asimismo, el límite de adquisición de bienes y servicios queda situado en 150.000 euros. Estos límites también operarán para la aplicación del régimen de estimación objetiva del IRPF.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado para su remisión al Senado la proposición de ley por la que se regula un procedimiento específico para acelerar el desalojo y la inmediata recuperación de la posesión de las viviendas ocupadas ilegalmente, siempre que los propietarios sean personas físicas, entidades sociales o administraciones públicas tenedoras de un parque de vivienda de alquiler social.
De conformidad con la regulación propuesta, una vez interpuesta la demanda de desahucio, si el demandante acredita su derecho a poseer la vivienda, la autoridad judicial dará traslado de la demanda para su contestación y, de forma simultánea, instará directamente la entrega de la posesión inmediata al demandante, sin exigir ninguno de los requisitos habituales de las medidas cautelares. De esta forma, y a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, se evita que los ocupantes puedan permanecer durante meses en la vivienda mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
El demandado y los ocupantes de la vivienda podrán oponerse por escrito en el plazo de 10 días. En cualquier caso, ello no afectará a la orden de desalojo inmediato dictada por la autoridad judicial al inicio del procedimiento.

Aún hay tiempo para adaptar los protocolos en el tratamiento de datos, a pesar del obligado cumplimiento del RGPD desde el 25 de mayo.

Tal y como hemos venido informando, y a pesar de su entrada en vigor hace casi dos años, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) es ya de obligado cumplimiento desde el 25 de mayo. Es necesario retroceder hasta el conocido como “Efecto 2000” (Y2K) para encontrar un hito en tecnologías de la información y tratamiento de datos que haya generado tanto revuelo. La razón del desconcierto radica en el hecho de que no cabe ninguna excepción en la norma: si su empresa recaba y/o trata datos personales (esto es, de personas físicas), existe la obligación de cumplir con el RGPD.
Su objetivo es la salvaguarda de los datos de carácter personal de los interesados, además de la preservación de la intimidad personal. Se pretende simplificar las reglas y crear un regulador común a nivel europeo, y en concreto:

• Ampliar su ámbito de aplicación a empresas no establecidas en la UE que realicen tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos que se encuentren en este ámbito geográfico.
• Regular el tratamiento de datos. Deberá basarse en el consentimiento “inequívoco” del interesado a través de una clara acción afirmativa y sin que se admita el consentimiento tácito o por omisión. En algunos casos, como puede ser el caso del tratamiento de datos sensibles, el consentimiento deberá ser explícito.
• Regular dos nuevos derechos: derecho al olvido (derecho de cancelación u oposición en el entorno online) y derecho a la portabilidad (proporcionar la copia de los datos en un formato estructurado que permita su traslado a otro responsable).
• Fijar las condiciones concretas sobre el procedimiento a seguir para atender a los interesados en el ejercicio de sus derechos. Para ello se otorga una especial importancia a la transparencia hacia el interesado: la información a los interesados deberá proporcionarse de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo.
• Establecer algunas novedades respecto a los encargos de tratamiento, un catálogo de medidas de responsabilidad activa, e introducir la nueva figura del delegado de protección de datos.

Finalmente, el RGPD prevé sanciones relacionadas con su incumplimiento, que pueden alcanzar hasta los 20 millones de euros o hasta el 4% del volumen de negocio del infractor.
Es cierto que estos días en los que la aplicación del RGPD ha devenido obligatoria están siendo intensos. Es tiempo, por tanto, de abordar las cuestiones más urgentes e importantes y, sobre todo, adaptar los protocolos internos en el tratamiento de datos sin demora.
Un proceso de cambio tan profundo como el planteado por la nueva normativa debe afrontarse con la debida cautela; más todavía cuando el propio Consejo de la Unión Europea publicó a un mes del inicio de la obligatoriedad (esto es, el pasado 19 de abril) una corrección al reglamento que no solo incluye cambios menores, sino también modificaciones que afectan a la interpretación y al significado de algunas de sus principales disposiciones.

Existen grandes inseguridades jurídicas como los conceptos de tratamiento a gran escala para, por ejemplo, saber si tenemos que designar un delegado de protección de datos, o el concepto de riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas para la comunicación de brechas de seguridad”.”Quizá el error más habitual y que está costando mucho a los departamentos de marketing, es lo que los usuarios hemos sufrido estos últimos días: cientos y cientos de correos electrónicos solicitando de nuevo nuestro consentimiento para la recepción por ejemplo de newsletters”. Muchas empresas se están encontrando en una situación aún más compleja: podían tratar los datos de sus clientes porque tenían el consentimiento, pero aún así, han vuelto a pedirles permiso vía correo electrónico por el efecto llamada: “si los demás lo hacen, será que yo también lo tengo que hacer”.Si el cliente no ha respondido a esa solicitud, ¿nos atreveríamos a enviarle una comunicación comercial?. “Esta situación ha hecho que muchas bases de datos que antes eran perfectamente legítimas, hayan reducido su utilidad a menos de un 10%.

FUENTE: SINTESIS DIARIA