Este tributo va a gravar los servicios de intermediación, la publicidad y la venta de datos digitales de empresas extranjeras y españolas en España hasta un 5%. Según fuentes conocedoras de su diseño, el impuesto quiere gravar a todas las empresas que ofrezcan estos servicios en España, aunque no estén físicamente en territorio nacional, y que tengan unos niveles de facturación por determinar, umbrales que van a ser mucho más reducidos que los que plantea Bruselas para el impuesto europeo que promueve –al menos 750 millones globales y 50 millones en la UE–. El gobierno prevé aprobar  la tasa Google, a la vuelta del verano en un proyecto de ley.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El crowdlending viene a democratizar la sindicación bancaria, ofreciendo a cualquier la posibilidad de financiar a empresas de la economía real a cambio de una rentabilidad media de entre el 4% al 7%, explica el presidente de la Asociación de CrowdLending Española (ACLE). Esta agrupa y representa a una docena de las principales plataformas de intermediación financiera que, a través de internet, captan fondos de inversores particulares, profesionales e institucionales para prestar dinero a personas o compañías. Una alternativa a la financiación bancaria que están aprovechando especialmente las pymes españolas, que encuentran aquí créditos más ágiles y flexibles aunque usualmente a un precio (7% de interés) algo superior al bancario, como complemento al préstamo tradicional. Y, por primera vez en 2017, este ramo de nuevas firmas financieras tecnológicas (fintech) concedió ya 100 millones de euros en financiación.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Eso sí, el precio a pagar fue un duro ajuste en el mercado laboral con un incremento del desempleo y una rebaja de salarios. Esa es la conclusión que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe de evaluación regional sobre Europa. Esta caída de los costes laborales registrada en España fue también intensa en otros dos países muy castigados por la crisis como Grecia y Portugal (ambos fueron rescatados). «Este ajuste refleja la pérdida de mano de obra al principio de la crisis y los salarios por debajo del promedio a continuación», explica el documento. Por contra, países con una mejor situación fiscal, como Finlandia o Alemania, los costes laborales unitarios relativos aumentaron por el incremento de los salarios sin que perjudicara la competitividad de sus empresas. De hecho, en el caso de Alemania el organismo destaca que siguió manteniendo un «superávit externo» gracias a las exportaciones.

 FUENTE: SINTESIS DIARIA

Así, lo ha propuesto el presidente del Teac en su intervención de la Jornada sobre la Inspección tributaria de las grandes empresas en la que ha considerado que así se lograría una doctrina más próxima en el tiempo a la consulta de la DGT y, con ello, mayor seguridad jurídica para los contribuyentes. Con respecto al recurso de reposición, denostado por buena parte de los asesores fiscales que piensan que no vale para nada, explicó que en 2015, la Aeat resolvió 766.000 recursos de reposición y tuvieron entrada en los TEA 136.000 reclamaciones económico- administrativas, lo que demuestra que tiene su utilidad, máxime si se tiene en cuenta que muchas reclamaciones llegan a los TEA sin haber ejercido el recurso de reposición.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

En concreto, el año pasado notificaron 544 actuaciones delictivas. La mayoría de las irregularidades son operaciones inmobiliarias. Una de las ventajas de los 2.800 notarios es que sus operaciones están parametrizadas y volcadas en el índice único informatizado notarial, que cuenta con 116 millones de documentos notariales. De hecho, esta base de datos es la segunda mayor que existe en España, tras la de la Agencia Tributaria. Para las operaciones empresariales, otra herramienta fundamental con la que cuentan los notarios es la base de datos de titular real. Creada en el año 2012, su misión es identificar quién se encuentra detrás de una sociedad, un dato decisivo en la lucha contra ese tipo de delitos en los que es habitual el uso de testaferros y sociedades pantalla.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Entre las situaciones de estrés, se señala la presencia de jefes tóxicos, que pueden ser cesados. La SGE -sistema de gestión ética y socialmente responsable, ASG- es la primera norma europea, de carácter voluntario, que permite implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ética y socialmente responsable. El clima laboral es el estado emocional y la actitud que comparten quienes trabajan en una empresa, es decir, el nivel de satisfacción o insatisfacción del trabajador en una compañía. Los cambios en la jurisprudencia laboral con la condena de profesionales directivos o instituciones que no hicieron nada o provocaron deliberadamente la continuidad de una situación de mal clima laboral, de acoso moral o estrés y, por tanto, un riesgo psicosocial obligan a una reinvención de las modelos de gestión laboral.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El Programa de Estabilidad 2018-2021 remitido a Bruselas habla de nuevos impuestos, en plural. Es decir, que a la ya anunciada tasa digital se sumarían otros tributos para recaudar, en conjunto, un total de 2.100 millones de euros entre este año y 2019. El Plan apenas concreta mucho más de esas “nuevas figuras tributarias”. Sí hace referencia a que será una fiscalidad indirecta, es decir, que recaerá sobre el consumo, y que se planteará en el marco del Pacto de Toledo y dentro de “iniciativas tributaria europeas”.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

El CERTIFICADO DE NOTORIEDAD DE MARCA es un título emitido por las Cámaras de Comercio  que acredita y reconoce el renombre del que goza una determinada marca en el mercado.

Este documento aporta a su empresa reconocimiento y valor añadido, puesto que además de certificar por escrito el renombre de su marca, puede ser utilizado como prueba de notoriedad en procedimientos administrativos y judiciales.

Cada Cámara de Comercio, del territorio nacional, emite su propia certificación basada en su particular protocolo interno, por lo que la empresa interesada en certificar la notoriedad de su marca podrá elegir cuántos certificados solicitar y en qué territorios en función de sus intereses. Es importante determinar una estrategia para obtener no solo la mejor protección, sino también la más útil.

La intervención de BELLAVISTA consistirá en determinar la mejor estrategia a seguir  y la que mejor se adapte a  su empresa, recopilar toda la información y documentación necesaria,  y llevar a cabo el procedimiento de certificación hasta la emisión del correspondiente certificado.

Si desea obtener más información no dude en ponerse en contacto con ip@bellavistalegal.eu.

Las personas jurídicas que han de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil deberán cumplir este año 2018 con un nuevo requisito -a saber: la cumplimentación de un formulario en el que se identifique al titular real de la sociedad- a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Blanqueo de Capitales y a la obligatoriedad de que la titularidad real se conserve en un registro público.
Están exceptuadas todas aquellas sociedades que coticen en un mercado regulado. En general se entiende por titular real a la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.
Si el control es indirecto por medio de una persona jurídica deberá indicarse la identidad de ésta.
En ejercicios posteriores solo se deberá volver a informar en caso de producirse  variaciones en la titularidad  real.

El llamado derecho de arrastre (o “drag along”, en terminología anglosajona) es un derecho no regulado en la Ley de Sociedades de Capital pero utilizado convencionalmente como instrumento para modificar el régimen legal de transmisión de participaciones sociales.
Este derecho de arrastre permite a un socio que pretenda transmitir sus participaciones a un tercero obligar a los demás socios a transmitir también las suyas a ese tercero en las mismas condiciones, todo ello con sujeción a las normas establecidas previamente en la regulación de dicho derecho de arrastre.
Para la introducción en los Estatutos Sociales de una cláusula que reconozca y regule el derecho de arrastre, la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), de 4 de diciembre de 2017, ha concluido que es necesario el consentimiento unánime de todos los socios de la compañía y no acepta que su aprobación se acuerde por mayoría.
Asimismo, la DGRN ha considerado que dicho consentimiento unánime no puede suplirse mediante la atribución de un derecho de separación al socio que no hubiere votado a favor -por no constituir una mera cláusula de restricción de transmisión de participaciones sociales-, sino que lo considera un supuesto de imposición de obligaciones a los socios a que se refiere el artículo 291 de la Ley de Sociedades de Capital.