Según explican fuentes del sector, la compensación por copia privada viene a ser diez veces mayor que el importa que podría considerarse justo. La Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) presentaron una petición dirigida al Ministro de Cultura para que se interrumpa el cobro y la aplicación del canon digital. El motivo esgrimido para dicho cese se debe a la ausencia de “un estudio de impacto del daño que se quiere compensar ya que este no se ajusta a los procedimientos establecidos y por estar muy por encima de los importes reconocidos por el propio Ministerio de Cultura en los estudios ya realizados anteriormente”, según se apunta en el referido documento.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Deliveroo, Glovo o Uber Eats están defendiendo que no tienen trabajadores para llevar a cabo el reparto sino que, en realidad, se trata de clientes que usan su aplicación como una herramienta más en su labor. Con el cobro de una especie de comisión por el uso de la plataforma o el cambio teórico de la relación con los repartidores, las compañías buscan alejar la sombra de la relación laboral que, según la inspección de trabajo de Valencia, Deliveroo mantiene con sus riders. No en vano, Empleo ha extendido las investigaciones a gran parte de las compañías digitales y provincias. Una sentencia del Tribunal Supremo del 16 de febrero ha dejado claro que existen indicios de laboralidad cuando es la empresa y no el autónomo el que “toma las decisiones concernientes a la relación con el mercado o el público”; cuando selecciona la clientela o personas a atender y cuando fija “precios, tarifas, horarios” y zonas de actuación.

 FUENTE: SINTESIS DIARIA

Un porcentaje importante a pesar del riesgo que corre un propietario de que le ‘cacen’ ya que Hacienda ha extremado la vigilancia con nuevas herramientas que ponen a la Agencia Tributaria sobre la pista de un posible arrendamiento fraudulento. Los dos perfiles más comunes de defraudadores son los jubilados que alquilan su segunda residencia en negro para completar su pensión y también el que aquellos que compraron su vivienda duran el boom pensando que iba a tener una revalorización y ahora alquilan para pagar su hipoteca con ese arrendamiento sumergido. Gestha avisa sobre este fraude “poco sofisticado” que elimina el derecho a la deducción fiscal y da lugar a sanciones de hasta el 150% de lo defraudado.

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La remuneración de los administradores sociales es un tema muy controvertido desde que en 2014 la Ley para la mejora del gobierno corporativo introdujera importantes modificaciones en la regulación de esta materia. Se han aplicado criterios muy distintos sobre si todo tipo de retribuciones que perciben los consejeros que forman parte del consejo de administración de las sociedades no cotizadas tienen que figurar en los estatutos sociales –ya sea en los iniciales o en modificaciones posteriores- y sobre si la junta general de socios debe controlarlas en cualquier caso. El Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia el 26 de febrero en la que interpreta la normativa y pone fin a una de las grandes polémicas en torno a esta cuestión.

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El pacto prevé la equiparación salarial entre los trabajadores desplazados temporalmente a otro país y los locales, lo que podría suponer una mayor retribución para más de dos millones de empleados. El proyecto de directiva también fija un período máximo de desplazamiento de 12 meses, con posibilidad de prórroga justificada hasta 18. Transcurrido ese plazo, el trabajador podrá acogerse a la legislación laboral del país de destino si es más favorable que la de su país de origen.

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El Pleno de la Sala Primera resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que: a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite. El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes.

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Se trata de un dato muy preocupante, ya que se produce en una época en la que la competitividad atraviesa un momento muy intenso. Aún falta cierta conciencia en cuanto a propiedad intelectual en España, aunque destaca el papel de las grandes empresas. “Las empresas españolas multinacionales están enormemente preparadas para salir a países complicados a nivel de protección intelectual”. Otra cosa, sin embargo, es la situación de muchas pymes, que pueden encontrarse con serios problemas a la hora de operar tanto a nivel nacional como internacional si no cambian de actitud: “No tener un activo que sea clave en el balance suficientemente protegido puede dañar el fondo de comercio”.

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El Tribunal de Justicia de la UE establece que una decisión de despido que se haya tomado, durante el período comprendido entre el comienzo del embarazo y el final del permiso de maternidad, por razones no relacionadas con el embarazo de la trabajadora no es contrario a la Directiva 92/85 si el empresario comunica por escrito motivos justificados de despido y el despido de la trabajadora está admitido por la legislación o práctica del Estado miembro en cuestión. Por consiguiente, los motivos no inherentes a la persona de los trabajadores que pueden alegarse en el marco de los despidos colectivos, en el sentido de la Directiva 98/59, constituyen casos excepcionales no inherentes al estado de las trabajadoras, a efectos de la Directiva 92/85. Seguidamente, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 92/85 no se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a una trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo sin comunicarle más motivos que los que justifican ese despido colectivo, siempre y cuando se indiquen los criterios objetivos que se han seguido para designar a los trabajadores afectados por el despido.

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La no actualización del IRPF había tenido un efecto neutro durante los últimos años, dado que la ausencia de inflación hacía que no fuera necesario deflactar la tarifa. Sin embargo, los precios empezaron a subir con fuerza el año pasado y continuarán haciéndolo este ejercicio, impulsados por el aumento de los precios del petróleo y la recuperación de la demanda interna. Además, la progresiva normalización de los sueldos, junto con el constante incremento del Salario Mínimo, también tirará con fuerza de los precios, haciendo que cada vez sea más necesario ajustar los tramos del IRPF.

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Así lo refleja un estudio de la consultora IDC y Microsoft que analiza la situación de 100 compañías de más de 250 empleados de diferentes sectores de actividad a cierre de 2017. Según estima, las organizaciones españolas van a invertir un total de 140 millones de euros durante 2018 para hacer frente a la adaptación de sus procesos y sistemas al GDPR, lo que supone un 44% más que el año anterior.

FUENTE: SINTESIS DIARIA