La Ley General Tributaria señala que para aplicar la reducción de conformidad de una sanción tributaria (del 30%) se debe firmar, consecuentemente, acta en conformidad. Sin embargo la resolución del TEAC admite la aplicación de dicha reducción en determinados supuestos en que se ha firmado el acta en disconformidad si finalmente la liquidación no se ha recurrido. Así, el TEAC aplica una interpretación finalista y no literal de la norma a pesar de que ello perjudique a Hacienda.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

En vísperas de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos el 25 de mayo de 2018, y con el objeto de adaptar la legislación española a la nueva regulación comunitaria, se ha publicado el Anteproyecto de Ley Orgánica que sustituirá a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). La normativa busca un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos a la protección de sus datos personales y la libre circulación de los mismos, e intenta lograr una regulación más uniforme en la Unión Europea.
La nueva ley orgánica parte de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, teniendo en cuenta la tradición legislativa y jurisprudencial nacional. A pesar de que el anteproyecto nos deja con muchas dudas, es necesario aguardar a la publicación del reglamento que desarrolle la futura LOPD y esperar a que la Agencia Española de Protección de Datos emita las recomendaciones sobre cómo proceder en determinados casos.

El 23 de marzo de 2016 entró en vigor el Reglamento (UE) 2015/2424 por el que se modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria. La reforma, en aplicación desde hace unos meses, pretende hacer más eficiente y uniforme el sistema de marcas de la Unión Europea (UE), además de adaptarlo a los avances tecnológicos, optimizando los procedimientos y aumentando la seguridad jurídica, así como definiendo con claridad las tareas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). El 23 de marzo de 2016 entró en vigor el Reglamento (UE) 2015/2424 por el que se modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria. La reforma, en aplicación desde hace unos meses, pretende hacer más eficiente y uniforme el sistema de marcas de la Unión Europea (UE), además de adaptarlo a los avances tecnológicos, optimizando los procedimientos y aumentando la seguridad jurídica, así como definiendo con claridad las tareas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Algunas disposiciones adicionales entrarán en vigor a partir del 1 de octubre de 2017. Los cambios afectarán a tres ámbitos principales:

• Representación gráfica de la marca: el requisito de representación gráfica de la marca dejará de aplicarse al presentar una solicitud, esto es, los signos podrán representarse de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
• Marcas de certificación: es un nuevo tipo de marca en el ámbito general de la UE, aunque en el sistema español existe desde hace algunos años. La marca de certificación de la UE es la que “permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación”. Su objetivo será indicar que los productos y servicios que llevan dicha marca, cumplen con una norma determinada establecida en los reglamentos de uso y están sometidos a controles bajo la responsabilidad del titular de la marca, con independencia de la identidad de la empresa que realmente fabrica los productos o presta los servicios en cuestión. La marca de certificación conlleva obligaciones y limitaciones adicionales a las de una marca de productos/servicios común: el titular de una marca de certificación no puede desarrollar una actividad empresarial dedicada al suministro de los productos y servicios del tipo certificado y la marca de certificación no puede presentarse con el fin de distinguir productos o servicios certificados con respecto a la procedencia geográfica.
• Cambios en el procedimiento: se aplicarán cambios adicionales a los procedimientos seguidos ante la EUIPO, entre otros, respecto a la reivindicación de prioridad, a la reivindicación de carácter distintivo, a la relación entre el procedimiento de oposición y el de nulidad, a la aportación de traducciones y a la comunicación con la Oficina.

¿Hay conexión entre el mundo universitario y el ámbito empresarial en el fomento de la I+D+i? ¿Qué papel desarrolla el Parc Científic de Barcelona (PCB)?
Uno de los retos de nuestro país es normalizar la conexión entre el mundo universitario y el ámbito privado. El papel de la academia debe ser avanzar en la frontera de la ciencia y el de la empresa generar y explotar nuevos bienes o servicios innovadores adaptados a las demandas de la sociedad. Si no hay conexión entre universidad y empresa, la sociedad demandará productos más avanzados y nuestras empresas no serán capaces de suministrarlos, y serán las empresas extranjeras las que proporcionen estos productos. Por esta razón son importantes iniciativas como los parques científicos y tecnológicos. En particular, el Parc Científic de Barcelona lleva 20 años trabajando en poner bajo un mismo techo a empresa y universidad, junto con todos los medios materiales e inmateriales, para lograr un diálogo real, fluido y constante entre ambas.

¿Cuál es la receta para promover y retener el talento investigador joven?
El talento requiere retos. Sin éstos no hay problemas que resolver ni empleo intensivo en capital intelectual. Es importante que la iniciativa pública haga de tractor en la industria de la innovación, como hicieron los Estados Unidos en la década de los 60 del siglo pasado con la llegada del hombre a la Luna o la creación de Silicon Valley. Por su parte, los jóvenes investigadores deben poner de su parte si no quieren verse obligados a emigrar: muchos de ellos deberán emprender nuevas iniciativas para poner su talento a disposición de la sociedad mediante el desarrollo de bienes o servicios innovadores, en vez de quedarse de brazos cruzados esperando a que alguien venga a contratarles.

¿Está la marca Barcelona suficientemente vinculada a la innovación a escala internacional o es su atractivo geográfico el factor principal de atracción de personal científico?
Opino que hay un poco de ambos factores. Los esfuerzos que se están realizando desde la Administración Pública en promover la marca Barcelona a nivel internacional en el ámbito de la innovación son titánicos, pero no hay que omitir la gran ventaja de nuestro clima si nos comparamos con ciudades como Londres, Copenhague o Múnich.

¿Cree que la Agencia Europea del Medicamento llegará a Barcelona ahora que las negociaciones del Brexit han empezado?
Barcelona tiene todos los elementos necesarios para afirmar que somos una gran candidatura. La decisión está pendiente de negociaciones políticas, ahora solamente nos queda esperar.

¿Es adecuado el trato a la ciencia en nuestro país desde los puntos de vista presupuestario y fiscal? ¿Qué reclamaría a las distintas administraciones públicas?
Desde el punto de vista presupuestario el esfuerzo podría y debería ser mayor. Los objetivos públicos de inversión en I+D a nivel público están lejos de la inversión realizada por el Estado español y muchos de los mayores centros de investigación de Catalunya están recibiendo un ataque fiscal inaudito en materia fiscal y, en particular, en materia de IVA. Sin embargo, hay que reconocer que el tratamiento fiscal que recibe nuestra ciencia es inmejorable, incluso a nivel internacional: buenos ejemplos de ello son la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles (Patent Box) en el Impuesto sobre Sociedades, las deducciones por actividades de I+D e innovación tecnológica y las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador. Estas medidas crean un marco legislativo fiscal único para potenciar la I+D.

¿Qué objetivos se marca tras el primer año de ejercicio del cargo y cuando el PCB celebra su vigésimo aniversario?
Este primer año hemos abordado tres objetivos principales. El primero es que el PCB llegue a la ocupación total del espacio acondicionado de laboratorios y oficinas, un objetivo cubierto sobradamente. El segundo radica en activar iniciativas para crecer en más espacio acondicionado para que nuestro crecimiento no quede limitado. El tercer objetivo ha sido terminar de zanjar algunos asuntos históricos que afectan a la gestión diaria del Parc, en los ámbitos operacional y financiero.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 29 de marzo de 2017, ha confirmado la declaración de procedencia del despido de una trabajadora que -tras reducir su jornada por guarda legal- continuó cobrando lo mismo durante un año por un error de la empresa, y al ser requerida por ésta para que devolviera el dinero (más de 7.000 euros), se negó a hacerlo a pesar de que se le propuso que lo efectuara de forma fraccionada en seis meses.
El tribunal considera que la trabajadora ha cometido una transgresión grave de la buena fe contractual y un abuso de confianza, y que ello justifica su despido, pues lo considera proporcional a la gravedad de los hechos. No constituye éste un caso aislado, pues existen otros supuestos similares en nuestra jurisprudencia y si nos preguntamos qué ocurre con el dinero indebidamente percibido, la respuesta es que la empresa, ante la negativa del trabajador a devolverlo, deberá plantear la correspondiente reclamación de cantidad lo antes posible, puesto que el plazo de prescripción para exigir esta obligación es de un año desde el abono indebido.

Actualmente el régimen de estimación objetiva se aplica exclusivamente a empresarios que cumplan determinados requisitos, y entre ellos el que no hayan superado en el año inmediato anterior los 250.000 euros de rendimientos íntegros para el conjunto de sus actividades económicas, o que las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario no superen los 125.000 euros. Para el ejercicio 2018 estas cantidades se verán reducidas a 150.000 y 75.000 euros respectivamente, por lo que los empresarios que queden excluidos pasarán a determinar su resultado por Estimación Directa Simplificada. El límite de los 250.000 euros no varía para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

El Tribunal Supremo ha establecido mediante sentencia de 19 de julio de 2017 que el empresario o profesional que tiene intención -confirmada por elementos objetivos- de iniciar una actividad económica tiene derecho a la deducción inmediata de las cuotas de IVA soportadas por razón de los actos preparatorios de su actividad, sin necesidad de aguardar a que ésta comience de manera efectiva. Ello será así aunque la actividad económica no diera lugar a operaciones sujetas a gravamen o aunque el sujeto pasivo no hubiera podido utilizar los bienes en operaciones sujetas al impuesto a causa de circunstancias ajenas a su voluntad.

Se ha aprobado el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. Éste recoge determinados cuadros informativos que tradicionalmente se venían informando en el modelo 200 de la declaración del Impuesto sobre Sociedades.Se ha aprobado el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. Éste recoge determinados cuadros informativos que tradicionalmente se venían informando en el modelo 200 de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. Están sólo obligados a declarar el modelo 232 los contribuyentes que deban realizar la declaración del Impuesto sobre Sociedades. Respecto a las operaciones con personas o entidades vinculadas, deben declararse en los siguientes casos:

• Cuando con una misma persona o entidad vinculada el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el periodo impositivo supere 250.000 euros.
• Operaciones específicas: siempre que el importe de cada tipo de operación supere 100.000 euros con una persona o entidad vinculada. Son operaciones específicas las realizadas con contribuyentes del IRPF que determinen su rendimiento por el método de estimación objetiva; las transmisiones de negocios; la transmisión de participaciones en sociedades no cotizadas; y las operaciones sobre inmuebles y sobre activos intangibles.
• Cualquiera que sea el importe del conjunto de operaciones realizadas con una entidad vinculada, cuando con una misma persona se lleven a cabo operaciones del mismo tipo y utilicen el mismo método de valoración cuya contraprestación supere el 50% de la cifra de negocios de la entidad.

Se prevé la exención de información en el caso de operaciones entre sociedades de un mismo grupo de consolidación fiscal, entre otros supuestos, y se incluye un apartado informativo para el supuesto de aplicación de la reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (patent box).

El plazo de declaración -que se efectuará por vía electrónica- para las operaciones del ejercicio 2016 será el mes de noviembre de 2017. Señalar por último que la obligación de información es distinta e independiente de la obligación de realizar la pertinente documentación justificativa de que las operaciones vinculadas se han valorado a precio de mercado.

Cualquier persona puede establecer sus voluntades digitales en Catalunya gracias a una ley pionera en la materia.

¿Qué ocurre a nuestro fallecimiento con las fotos, los archivos y cualesquiera otros contenidos que tenemos almacenados en nuestras cuentas de las redes sociales y de los servicios de almacenamiento en la nube? ¿Qué pueden hacer los progenitores para la protección de sus hijos en el entorno digital? Hasta ahora, si bien algunas de las redes sociales dan -o intentan dar- respuestas a estas cuestiones, no existía ninguna normativa que clarificara los derechos de los usuarios de servicios digitales. El anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio, establece una serie de medidas en relación con los datos de las personas fallecidas. Ello no obstante, la primera ley ya aprobada que aborda la problemática es la Ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales, del Parlamento catalán.
Pionera en España en la materia, la ley catalana establece que cualquier persona puede manifestar sus voluntades digitales para que el heredero, legatario, albacea, administrador, tutor o persona designada para su ejecución, actúen ante los prestadores de servicios digitales después de su muerte o en caso de tener la capacidad judicialmente modificada. Mediante estas voluntades digitales, las personas podrán ordenar las acciones que consideren más adecuadas respecto a los prestadores de servicios digitales. Estas mismas acciones deben poder ordenarse, cuando se goza de plena capacidad de actuar, para el caso de que se produzca una pérdida sobrevenida de esta capacidad.
Respecto a los datos digitales de los menores de edad, la ley faculta a quienes tienen la potestad parental y a los tutores para que velen por que la presencia de los menores y tutelados en los entornos digitales sea adecuada y no les genere riesgos. A tal efecto, deben poder promover las medidas adecuadas ante los prestadores de servicios digitales y solicitar también, con carácter excepcional, la asistencia de los poderes públicos. Para dar respuesta a estas cuestiones, se ha considerado necesario impulsar unas disposiciones que determinen la forma de administrar la presencia de las personas en los entornos digitales durante su minoría de edad y en los supuestos de capacidad judicialmente modificada y de muerte. La introducción de estas novedades supone la modificación del libro segundo y del libro cuarto del Código civil de Catalunya.

Registro electrónico

Las voluntades digitales pueden ordenarse no únicamente mediante testamento, codicilo o memorias testamentarias, sino también, en defecto de disposiciones de última voluntad, con un documento de voluntades digitales que debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales, un nuevo instrumento registral de carácter administrativo que se crea para facilitar e incrementar las vías disponibles para dejar constancia de las voluntades digitales.
Finalmente, se establece la regulación básica del registro en que deben inscribirse los documentos de voluntades digitales, y se establece el régimen de acceso al mismo y la emisión de certificados. La organización, el funcionamiento y el acceso al Registro electrónico de voluntades digitales deberán establecerse por reglamento.

La ausencia de avisos legales o su presencia incorrecta se erige como el principal error legal en los sitios web de autónomos, emprendedores y empresas españolas de cinco o menos trabajadores, según el informe elaborado por  ClickDatos.es. Únicamente dos de cada diez pequeñas empresas cambian mensualmente las contraseñas de acceso a sus equipos informáticos.

FUENTE: SINTESIS DIARIA