El pasado 9 de febrero el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales. El proyecto ha sido remitido a la Cámara Alta para su tramitación parlamentaria.

La norma, indica su artículo 1, tiene por objeto regular el régimen jurídico básico en todo el territorio español para la protección, garantía de los derechos, y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad.

Sin perjuicio de la aparente bondad de la norma, no ha estado exenta de reproches. En concreto, se destacan las voces críticas que esperaban una norma más ambiciosa y proteccionista y que han visto que el tex- to aprobado restringe su ámbito de aplicación a los animales de compañía y excluye a los perros de caza y a otros animales de trabajo.

Tal y como recoge la última memoria anual publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en 2022 se han impuesto 283 sanciones por un importe total cercano a los 23 millones de euros. Las cifras confirman la escalada sancionadora en esta materia desde 2018, año en que entró en vigor el nuevo Reglamento.
Entre las sanciones más altas se encuentra la de 10 millones impuesta a Google por no gestionar de forma
adecuada las solicitudes de derecho al olvido. La tendencia sancionadora en los países europeos también es al alza, especialmente en Irlanda o Luxemburgo donde se encuentran las sedes de grandes empresas.

Sin duda la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual -unánimemente conocida como la ley del “solo sí es sí”- ha sido, en lo que va de legislatura, una de las novedades normativas que más debate mediático y tensión política ha generado.

El principal cambio normativo que ha introducido es la unificación de los anteriores tipos de abuso y agresión sexual, antes este último delito reservado para cuando hubiera existido violencia o intimidación. La eliminación de tal distinción es poner el foco en la existencia de consentimiento, de forma que, todo acto sexual sin consentimiento libremente expresado por la otra parte se tipifica como agresión sexual con independencia de que medie o no violencia o intimidación.

Sin embargo, es un hecho empíricamente demostrado que la aplicación de la citada norma -en atención al principio constitucional de la retroactividad de aplicar la ley más favorable al reo- ha tenido como efecto adverso una revisión a a baja de las condenas por delitos de agresión sexual e incluso excarcelaciones.

Con ánimo de paliar dichos efectos indeseados, el grupo parlamentario socialista (que ha reconocido de forma pública las negativas consecuencias de la aplicación de la ley y ha lamentado tal situación) ha promovido una proposición de ley para la reforma de la ley del “solo sí es sí” manteniendo el modelo centrado en el consentimiento.

Con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, cambia el procedimiento para gestionar y controlar los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración.

Hasta ahora, el facultativo entregaba dos copias de los partes de baja, confirmación y alta médica a la persona trabajadora para que esta, en un plazo de tres días, lo presentara a la empresa. A su vez, la empresa debía cumplimentar ciertos datos del parte de baja y remitirlos a la entidad gestora.

El nuevo procedimiento, que entra en vigor a partir del 1 de abril de 2023, suprime la copia del parte de baja, confirmación y alta médica para la empresa, así como la obligación de la persona trabajadora de entregarlos a esta. Y será el facultativo quien deberá comunicar la expedición de la baja, confirmación y alta directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por vía telemática en el plazo de un día hábil desde su expedición.

El INSS comunicará a la empresa los datos mediante fichero como máximo en el día hábil siguiente al de su recepción, y la empresa deberá transmitir a la Administración de la Seguridad Social -a través del sistema RED y en un plazo de tres días hábiles desde la recepción de la comunicación de la baja médica- todos aquellos datos adicionales de la incapacidad temporal que sean necesarios para la gestión de la prestación y compensación en la cotización, en su caso, de lo abonado en pago delegado. Por lo tanto, la empresa deberá ir consultando vía electrónica los partes de baja, confirmación y alta de su personal.

De este modo se conseguirá evitar a la persona trabajadora obligaciones burocráticas que pueden ser complicadas de realizar por hallarse en una situación de incapacidad temporal.

El año 2023 trae un nuevo esquema para elegir la base de cotización de los trabajadores autónomos.

El 1 de enero de 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de todas las actividades económicas, empresariales o profesionales.

De acuerdo con el nuevo sistema, la persona autónoma tendrá que elegir su base de cotización en función de la previsión del promedio mensual de los rendimientos netos anuales conforme a una tabla general de bases, fijada cada año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, hay que señalar que las bases elegidas tendrán carácter provisional hasta el momento de la regularización en el ejercicio siguiente, según los rendimientos anuales obtenidos y comunicados por la Administración Tributaria correspondiente.

El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, cuyo objetivo es la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas, globales y coordinadas para garantizar la sensibilización, prevención y detección, así como la sanción y protección integral de la violencia.

En el ámbito de las obligaciones empresariales cabe destacar:

1) La activación de canales de denuncia internos, lo que implica revisar los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Se trata de una cuestión importante porque la empresa puede incurrir en responsabilidad penal por la comisión del delito de acoso sexual o de delitos contra la integridad moral en el trabajo cometidos en el seno de la empresa (incluso por falta de supervisión, en virtud del artículo 31 bis 1 b) del Código Penal).

2) Elaborar y difundir códigos de buenas prácticas, realización de campañas informativas, protocolos de actuación y acciones de formación y sensibilización, negociados con los representantes legales de las personas trabajadoras.

3) Incluir la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 prevé que las entidades con facturación inferior al millón de euros el año anterior apliquen una reducción de tipo impositivo del 25% al 23%, sin que ello sea aplicable a aquellas sociedades que tengan la consideración de entidades patrimoniales.

La gran novedad fiscal radica en la creación de un nuevo impuesto para patrimonios que superen los tres millones de euros y para el que se establecen tres tramos de tributación con distintos tipos impositivos: 1,7% para patrimonios entre tres y cinco millones de euros; 2,1% para lo que exceda de cinco millones y hasta 10 millones de euros; y 3,5% en el caso de patrimonios superiores a 10 millones de euros.

Asimismo, se ha avanzado que la cuota tributaria satisfecha en el Impuesto sobre el Patrimonio será deducible en este nuevo tributo, y que su aplicación será temporal. A fecha de la publicación de esta noticia, está pendiente la aprobación y entrada en vigor de este nuevo impuesto, que según apuntan algunas fuentes será antes de finalizar este año, para determinar las posibles exenciones en participaciones de empresas familiares y las normas de valoración del patrimonio de cara a la presentación de dicho impuesto en junio de 2023.

“España invierte en conservación de carreteras el 50% de la media de los países de nuestro entorno”

¿La actual red de carreteras del país garantiza la movilidad de personas y mercancías?

La red de carreteras constituye el mayor valor patrimonial de las infraestructuras de nuestro país y con sus 167.000 kilómetros -incluidas las vías de alta capacidad, la mayor red de Europa- permiten asegurar la capilaridad y el acceso a los más de 8.000 municipios que lo conforman. La conservación de infraestructuras es imprescindible para alcanzar la movilidad segura y sostenible, objetivo marcado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en un contexto en el que el 95,6% del transporte de mercancías y el 91,6% del transporte de personas se realizan en nuestro país por carretera.

¿Son suficientes las inversiones de las distintas administraciones públicas destinadas a la conservación y mantenimiento de la red viaria? ¿Está garantizada la seguridad vial en términos generales?

El informe sectorial “Conservación de carreteras en España. Comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido” (Acex, 2020) concluye que España invierte 22.489 euros/km, lo que supone el 50 % de la media de los países de nuestro entorno. A pesar de la escasa inversión española, el estado de mantenimiento de nuestra red es muy similar o incluso mejor que el del resto de Estados, algo que Acex interpreta como un milagro de la conservación de carreteras en España que se justifica por la enorme calidad de la ingeniería y la profesionalidad de los ingenieros españoles, la excelente normativa y la existencia de un sector específico y altamente cualificado de conservación integral, que es el elemento diferenciador en relación a los países de nuestro entorno.

¿Cuál es el modelo que defiende Acex en materia de financiación de estas infraestructuras en la doble vertiente de la conservación y la explotación?

El Gobierno incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el desarrollo de un sistema de pago por uso en la red de vías de alta capacidad, con el objetivo de garantizar los fondos necesarios para la conservación de la red de carreteras. Entendemos que este ingreso deberá tener carácter finalista para el sector de la carretera en su conjunto, reconsiderándose la carga impositiva que sufre esta infraestructura (impuesto de circulación y carburantes, entre otros). Y considero importante advertir de las consecuencias de tarificar solo las carreteras nacionales, toda vez que el tráfico se desviará hacia la red regional, empeorando su estado, dada la escasez de recursos económicos de las administraciones autonómicas para su conservación.

¿Está garantizado el equilibrio económico de los contratos de conservación de carreteras plurianuales en un contexto de encarecimiento de materias primas?

Las empresas de conservación de carreteras han experimentado, desde finales de 2021, un incremento del coste de personal, del precio de los materiales de construcción y del combustible. Los contratos públicos, por cinco años, llevan aparejado un coste fijo de mano de obra, establecido por la Administración al comienzo del contrato y que no se actualiza pese a la variación de los precios. Tales incrementos repercuten minimizando los recursos destinados al mantenimiento de las vías y, de prolongarse la situación, podría suponer una merma en la movilidad de los ciudadanos, la competitividad del país y la seguridad de los usuarios.

El de la sostenibilidad es un reto transversal, que afecta a todas las actividades. ¿Cómo afronta el sector esta transición?

Me gustaría dejar claro que la carretera no contamina: contaminan los vehículos que por ella circulan. En la medida en que el parque móvil actual se vaya sustituyendo por vehículos menos contaminantes, mejorará la calidad del aire y los indicadores ambientales.

Hablemos de tecnología y de transformación digital. ¿Se puede pensar en un salto en su implementación en las carreteras? ¿Qué beneficios traería este supuesto?

La digitalización de la carretera permitirá presupuestar, planificar y priorizar mejor las actuaciones de conservación. Asimismo, será posible avanzar en la gestión del tráfico y en la interacción entre el vehículo y la infraestructura. Iniciativas, en el marco de Horizonte 2020 de la Comisión Europea, están desarrollando softwares para monitorear las infraestructuras que, al mejorar el conocimiento del estado de la vía, permitirán prever su estado futuro.

El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) remitió el pasado mes de octubre una carta a la Comisión Europea con una serie de aspectos procedimentales sobre los que propone una armonización a nivel europeo, con el propósito de conseguir una aplicación eficaz del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), maximizar la cooperación transfronteriza de reclamaciones y homogeneizar los procedimientos ante las autoridades competentes nacionales.

Andrea Jelinek, presidenta del CEPD, ha expresado que “el CEPD ha tomado medidas importantes para promover una cooperación efectiva en vista de una aplicación fuerte y rápida del RGPD”. Y tras matizar que “hemos identificado algunos obstáculos fuera de nuestras competencias que pueden requerir una iniciativa legislativa”, ha indicado que “el mosaico actual de procedimientos y prácticas nacionales tiene un impacto perjudicial en la cooperación entre las autoridades de protección de datos”.

La lista elaborada y remitida a la Comisión aborda, entre otros, el estado y derechos de las partes en los procedimientos  administrativos; plazos procesales; requisitos de admisibilidad o desestimación de denuncias; facultades de investigación de las autoridades de protección de datos; y la aplicación práctica del procedimiento de cooperación.