Los delitos cometidos por un empleado contra la privacidad de los datos personales y contra la seguridad de los sistemas de información pueden generar responsabilidad penal de la empresa para la que trabaje, si ésta no ha adoptado las medidas de prevención necesarias para evitar su comisión. Según puso de manifiesto la fiscal jefa de Sala del Tribunal Supremo: “Hay una normativa de protección de datos que hay que cumplir y si su incumplimiento implica responsabilidades delictivas, podría derivarse de él la responsabilidad penal de la persona jurídica”. En la actualidad, se estima que la ciberdelincuencia es el segundo negocio ilegal más lucrativo, solo por detrás de la venta de armas, y multiplicando por tres el dinero que mueve el tráfico de drogas.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Desde Upta, consideran que la inspección está actuando justo en la línea contraria a la filosofía de la Ley, inspeccionando a las empresas que cumplen con lo establecido en las Leyes y dejando en total impunidad a otras muchas que no adoptan los mecanismos necesarios con la legislación. Tan solo tenemos registrados algo más de 10.000 contratos de TRADES en el registro del SEPE, con lo que tenemos más de 290 mil  autónomos dependientes en una situación irregular. Curiosamente son los contratos de TRADES registrados en el Servicio Público de Empleo sobre  los que se está realizando un completo análisis y a los que se está cambiando unilateralmente las condiciones contractuales pasándolos a personal  laboral.

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En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión del Tribunal no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada. Todo ello lleva al Tribunal a afirmar que la previsión contenida en el Real Decreto-ley 12/2012 “ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas –aunque ocultadas a la Hacienda Pública por un gravamen único del 10 por ciento, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales)”. Por tanto, la norma “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” que enuncia el art. 31.1 CE al haber “alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes”. Y lo ha hecho en unos términos “prohibidos” por el art. 86.1 CE.

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Entonces será cuando entre en vigor la marca de certificación a nivel europeo, cuyo objetivo es armonizar la regulación existente en los diferentes países de la UE. En España, explica esta experta, este sistema de protección ya está regulado y se conoce como marca de garantía. Sin embargo, no es igual a la de, por ejemplo, Francia o Alemania. La cancelación de este tipo de marcas que no cumplan con la definición no será automática, ya que los reguladores no revisarán los registros ya aprobados.

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El organismo ha difundido entre sus empleados la Instrucción 1/2017, cuyo contenido determina que la falta de este control horario “no es constitutiva, en cuanto tal, de una infracción del orden social”.El documento, firmado el pasado 18 de mayo, reconoce que después de que el Tribunal Supremo tumbara la obligación del registro -en una sentencia del 21 de marzo; doctrina confirmada en otra del 20 de abril- resulta necesario enmendar el criterio de la Inspección en materia de control del tiempo de trabajo y las horas extra -expuesto en la Instrucción 3/2016-. Trabajo, no obstante, asevera que la no obligatoriedad del registro no exime a las empresas de respetar los límites de tiempo de trabajo, ni impide a los inspectores emplear otros medios de prueba para controlar su cumplimiento. “La Instrucción recuerda que en el ámbito administrativo-sancionador también aplica la prueba de indicios, que jugará en contra de aquellas empresas en las que, ante la constatación de la realización de jornadas superiores a la ordinaria, no dispongan de un registro que lo desvirtúe”.

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La Agencia Tributaria recoge ahora en un informe -con fecha 5 de mayo- que “los gastos abonados por las compañías farmacéuticas para la asistencia a los congresos y conferencias que organiza y a los que asiste el personal sanitario… constituyen para sus destinatarios retribuciones en especie, ya que los abona la compañía que organiza los eventos”. Hacienda indica además que la única duda al respecto es si estos gastos deben considerarse como rendimientos del trabajo o como rendimientos de actividades profesionales. Por este motivo, los médicos habían pedido ya a los laboratorios que éstos transfieran todos los pagos por formación a las sociedades médicas -y no de manera individual- y fueran éstas las que posteriormente gestionaran este dinero con los médicos. “Este enfoque permitiría que este tipo de formación pueda justificadamente no estar sujeta a carga fiscal”, aseguran desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, entidad que agrupa a 42 sociedades médicas.

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Capital Cell, la primera plataforma europea de equity crowdfunding especializada en biotecnología, celebra el próximo 18 de mayo su V foro de Inversión / Demo Day por primera vez en Madrid, tras los éxitos de los foros de Barcelona y Londres.

Bellavista es partner de Capital Cell, con el que estableció una colaboración a fin de ayudar a estructurar y crecer proyectos emprendedores en el sector biotecnológico, uno de los sectores de inversión más rentables en el mundo.

El Tribunal Supremo inadmite el primer recurso de revisión en materia de cláusula suelo de sentencia ya firme, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alegando que no se puede proceder a la revisión de sentencias firmes. Así, quien ya tenga sentencia firme sobre su reclamación de cláusula suelo, ve mermada su posibilidad de reclamación vía recurso de revisión para adaptarse a la sentencia del TJUE.

El arrendamiento de bienes inmuebles se considera como actividad empresarial cuando para la ordenación de la actividad se tiene empleada, como mínimo, una persona con contrato laboral y a jornada completa.
Esta es la modificación introducida por la Ley de medidas fiscales de 2017 de la Generalitat de Catalunya en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y que equipara, de esta forma, el concepto de actividad económica en el ISD al establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El Tribunal constitucional (TC) ha declarado que liquidar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) en los casos en los que no se ha producido un incremento real del valor del terreno, es inconstitucional. Si bien la sentencia del TC se refiere al régimen foral de Guipúzkoa, la normativa sigue las mismas reglas que la común y las demás comunidades autónomas.
A partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, los contribuyentes afectados podrán reclamar el impuesto ya pagado, aportando pruebas suficientes que acrediten que la transmisión del terreno no generó una plusvalía real o generó una pérdida.