El derecho de los trabajadores temporales a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado ha motivado numerosas sentencias.
Son numerosas las sentencias aparecidas en las últimas semanas relacionadas con el derecho de los trabajadores con contratos temporales a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado en el momento de finalizar su contrato.
Todo arranca de una serie de sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) durante el pasado mes de septiembre. En las mismas, y en resumen, se considera que no está justificada la diferencia de trato que establece el ordenamiento jurídico español entre trabajadores fijos y trabajadores temporales, estimando discriminatorio el TJUE que los fijos tengan derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio y que los temporales carezcan del derecho a ningún tipo de indemnización o a una inferior, tal y como ocurre en algunos contratos temporales que la tienen fijada en 12 días por año.

Ámbito de aplicación
Además, lo que inicialmente se dijo que sólo iba a afectar a los contratos de interinidad y que, incluso, parecía que únicamente afectaría a los contratados por las administraciones públicas, enseguida se ha desvelado como erróneo, pues han continuado apareciendo sentencias que han ampliado cada vez más el ámbito de aplicación de la doctrina del TJUE, y ya pocos dudan que sea aplicable a las empresas privadas, así como que se incluyen otros contratos de duración determinada, en particular el de obra y servicio determinado.
Esto ha provocado un gran sobresalto y multitud de reacciones en el ámbito de las relaciones laborales en España, pues se habla de 2,4 millones de empleados afectados (entre temporales e interinos, funcionarios o no), con especial incidencia en las administraciones públicas, puesto que más de la mitad del casi medio millón de interinos está contratado en este ámbito.
Por todo ello no es de extrañar que -siendo las administraciones públicas las que, paradójicamente, peor uso han hecho de la contratación temporal-, a las pocas semanas la entonces ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, se haya apresurado a declarar que está prevista una reforma legislativa que ponga coto a esta situación.
Legislar a golpe de sentencia no suele dar buenos resultados, máxime si, como ya ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el principio de no discriminación establecido en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es directamente aplicable en nuestro país.

El incumplimiento afecta a todo tipo de compañías, independientemente del tamaño, desde la microempresa –que paga en 92 días– hasta la gran empresa –que lo hace en 109–. “Estamos muy lejos del objetivo del regulador”. Ninguno de los sectores productivos logra colocarse por debajo de los 60 días. La mejora de la situación económica apenas ha tenido impacto. Desde que se intentan reducir los plazos, estos se han estancado en torno a los 90 días, con el máximo en 2013 de 95 días y el mínimo en 2011 de 89. Los retrasos en los pagos a plazos no es algo que se circunscriba únicamente a España. En Europa occidental, el 39% de los pagos se atrasan. “Casi el 40% del crédito comercial entra en mora”, señala el responsable de comunicación en Crédito y Caución.

Fuente: Síntesis Diaria

Ambas centrales han cerrado un acuerdo para pedir un aumento salarial entre el 1,8% y el 3% para 2017. Así se lo han comunicado los negociadores de ambas centrales a sus homólogos de CEOE y Cepyme en la reunión que han mantenido. Los sindicatos defienden que “las rentas salariales deben ganar participación sobre el reparto de la renta”. Para ello defienden que toda la ganancia de productividad y subida de inflación prevista para 2016, un 1,6% entre ambas, se traslade a la subida de sueldos, incluso más. “Solo aumentos salariales a nivel agregado superiores a este dígito permitirán que la participación de las rentas salariales en el PIB aumenten”, expone el comunicado emitido esta tarde por ambas organizaciones.

Fuente: Síntesis Diaria

El ministro de Hacienda ha explicado que estos planteamientos se enmarcan en un paquete de medidas, promovidas por la Agencia Tributaria, que el Gobierno está preparando para la lucha contra el fraude y que “pueden reportar importantes ingresos” a partir de 2017, en respuesta a una interpelación del diputado de Ciudadanos. También se revisarán los aplazamientos en los pagos a la Agencia Tributaria porque, ha explicado el ministro, “no tiene mucho sentido que teniendo la facilidad de crédito que existe hoy las empresas se financien sobre la Hacienda de todos” y quede un volumen de deuda pendiente “de decenas de miles de millones de euros”.

Fuente: Sintesis Diaria

El incumplimiento afecta a todo tipo de compañías, independientemente del tamaño, desde la microempresa –que paga en 92 días– hasta la gran empresa –que lo hace en 109–. “Estamos muy lejos del objetivo del regulador”. Ninguno de los sectores productivos logra colocarse por debajo de los 60 días. La mejora de la situación económica apenas ha tenido impacto. Desde que se intentan reducir los plazos, estos se han estancado en torno a los 90 días, con el máximo en 2013 de 95 días y el mínimo en 2011 de 89. Los retrasos en los pagos a plazos no es algo que se circunscriba únicamente a España. En Europa occidental, el 39% de los pagos se atrasan. “Casi el 40% del crédito comercial entra en mora”, señala el responsable de comunicación en Crédito y Caución.

FUENTE: SINTESIS DIARIA

Ambas centrales han cerrado un acuerdo para pedir un aumento salarial entre el 1,8% y el 3% para 2017. Así se lo han comunicado los negociadores de ambas centrales a sus homólogos de CEOE y Cepyme en la reunión que han mantenido. Los sindicatos defienden que “las rentas salariales deben ganar participación sobre el reparto de la renta”. Para ello defienden que toda la ganancia de productividad y subida de inflación prevista para 2016, un 1,6% entre ambas, se traslade a la subida de sueldos, incluso más. “Solo aumentos salariales a nivel agregado superiores a este dígito permitirán que la participación de las rentas salariales en el PIB aumenten”, expone el comunicado emitido esta tarde por ambas organizaciones.

El ministro de Hacienda ha explicado que estos planteamientos se enmarcan en un paquete de medidas, promovidas por la Agencia Tributaria, que el Gobierno está preparando para la lucha contra el fraude y que “pueden reportar importantes ingresos” a partir de 2017, en respuesta a una interpelación del diputado de Ciudadanos. También se revisarán los aplazamientos en los pagos a la Agencia Tributaria porque, ha explicado el ministro, “no tiene mucho sentido que teniendo la facilidad de crédito que existe hoy las empresas se financien sobre la Hacienda de todos” y quede un volumen de deuda pendiente “de decenas de miles de millones de euros”.

En el momento en que Hacienda tiene conocimiento del desarrollo de un proceso penal sobre los mismos hechos y períodos, si bien referido a un concepto impositivo distinto, debe paralizar sus actuaciones por preferencia del orden jurisdiccional penal, en evitación de soluciones contradictorias sobre los mismos hechos, y debió abstenerse de liquidar y de sancionar en tanto en cuanto no hubiera recaído sentencia en el proceso penal relativo a los mismos hechos. Así lo determina en sentencia de 18 de octubre de 2016, que anula una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de diciembre de 2014. El hecho de que los conceptos tributarios sean distintos no excluye que los hechos imponibles coincidan con unas mismas operaciones y con unas mismas facturas, cuestionadas.

En un comunicado, denuncia que los contratos de obra o servicio y eventuales por circunstancias de la producción acaparan ocho de cada diez contratos totales y nueve de cada diez temporales cada año, “cada vez duran menos y muy habitualmente suplen actividades estables a las que corresponderían contratos fijos discontinuos, tiempo imparcial indefinido o, sobre todo y directamente, indefinido ordinario a jornada completa”. El contrato eventual se concentra en los servicios de comidas y bebidas, agricultura, comercio al por menor; servicios de alojamiento e industria de la alimentación.

La armonización de la base imponible del impuesto de sociedades a nivel europeo, cuya propuesta ha presentado la Comisión Europea, supondría una caída de la recaudación fiscal en España del 0,2% del PIB, algo más de 2.000 millones de euros, según las estimaciones recogidas en el estudio de evaluación de impacto. En concreto, la recaudación en España por el impuesto de sociedades se reduciría en un 0,6% de PIB (6.600 millones), que se compensaría con incrementos en la recaudación por los impuestos sobre el trabajo (0,31%, 3.300 millones), el consumo (0,03%, 300 millones), bonos (0,04%, 400 millones), dividendos (0,01%, 100 millones) y rentas del capital (200 millones). La CE avisa de que las estimaciones del estudio de impacto deben tomarse con precaución, principalmente porque los Estados miembros seguirán teniendo la competencia para reformar los tipos imponibles para compensar la pérdida de la recaudación.