La Comunidad Europea ha consi-derado la importancia de proteger los conocimientos técnicos y empresaria les conocidos como “secretos comerciales”, con el objetivo de garantizar la competitividad empresarial y la innovación en investigación en el mercado. Los secretos comerciales abarcan conocimientos técnicos, pero también datos comerciales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios y estrategias de mercado, y son aplicados por las compañías para obtener ventajas competitivas.

Teniendo en cuenta que los secretos comerciales son la modalidad de conocimiento que las empresas más suelen utilizar y, a la vez, la menos protegida por el actual marco jurídico de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado 8 de junio la Directiva (UE) 2016/943, relativa a la protección frente a la obtención, utilización y revelación ilícita de secretos comerciales. Ésta pretende establecer un nivel de protección equi valente en toda la Unión y eliminar las notables diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a la protección de los secretos comerciales.

Las principales bases que sienta la Directiva son: definición y establecimiento del alcance del concepto de “secreto comercial”; definición de las conductas infractoras consistentes en la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales; es-tablecimiento del marco de acciones, procedimientos y recursos que el poseedor de un secreto comercial podrá ejercitar contra el infractor ante las au-toridades judiciales competentes; y establecimiento en seis años de la duración máxima del plazo de prescripción de las mencionadas prácticas ilícitas.

La Directiva entró en vigor el pasado 5 de julio y el plazo para su transposición y su integración en el ordena-miento español finalizará el 9 de junio de 2018.

El pasado mes de julio el Tribunal Supremo ha estimado dos recursos de casación para unificación de doctrina rechazando la postura actual de la Administración Tributaria en la que, para poder aplicar la bonificación del 95% en las participaciones de em-presa familiar en el Impuesto sobre Sucesiones, se exigía que la persona que formara parte del grupo familiar y que cumpliera el requisito de ejercer funciones efectivas de dirección debía, además, ser socio de la empresa familiar.

El supuesto más típico sería el de un matrimonio con hijos en el que los padres tienen el 100% de participa-ción en la empresa familiar pero son los hijos los que ejercen las funciones directivas. Hasta ahora se rechazaba la aplicación de la bonificación por no ostentar los hijos participación alguna en la compañía. A partir de estas trascendentales sentencias, las Administraciones autonómicas -que son las competentes en aplicación del referido impuesto- se verán forzadas a cambiar su postura.

Ha entrado en vigor el “sistema de oposición” en el procedimiento de registro de marcas en México, por el que los titulares de derechos de marca anteriores tendrán la posibilidad de oponerse al registro de mar cas similares. El nuevo sistema pretende incrementar la certidumbre jurídica del procedimiento de registro de marcas.

En China, por su parte, la música de apertura de la Radio Internacional de China se ha convertido en la primera marca sonora registrada por dicho país.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Jus-ticia de Las Palmas dictamina que para despedir a un empleado por la realización de actividades incompatibles durante su situación de baja médica, no basta con probar un hecho puntual o aislado, sino que exige acreditar la duración de dichas actividades y su carácter contraproducente por retrasar la curación, y ello en atención a la sintomatología, tratamiento pautado y limitaciones del empleado.

El supuesto de dicha sentencia es el de una empresa que despidió a una empleada al comprobar que había publicado en Facebook fotografías en las que, estando de baja, aparecía haciendo bricolaje o tocando una guitarra en una fiesta. El tribunal rectifica el criterio del Juzgado de lo Social nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria y declara la improcedencia del despido por los motivos expuestos, si bien hace otro pronunciamiento no exento de interés: declara que la utilización de las fotos por la empresa no implica vulneración del derecho a la intimidad personal ni familiar de la trabajadora, dado que fue ella misma la que expuso públicamente las fotografías en una red social abierta, sin claves de acceso ni restricción alguna.

El pasado mayo se publicó la norma europea de mayor relevancia adoptada en los últimos años en materia de protección de datos. Se trata del nuevo reglamento de protección de datos.

El objetivo principal del nuevo reglamento, además de consensuar a nivel comunitario las garantías de protección sobre los datos de carácter personal tratados por las empresas, es reforzar el control de los usuarios sobre su información privada.

Algunas de las principales novedades que impondrá la nueva regulación son:

• Responsabilidad activa. Las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están cumpliendo con los principios, derechos y garantías que el reglamento establece.

• Nuevo sistema de recogida de datos. Los textos legales aplicados por la empresa deberán adaptarse a nuevas obligaciones informativas, incluyendo en ciertos casos un consentimiento inequívoco y/o explicito, los datos de contacto del Data Protection Office, el plazo de conservación y el derecho a presentar reclamación.

• Ampliación de los derechos de los interesados. Además de los derechos ARCO, se incluyen el derecho al olvido (derecho de los ciudadanos a solicitar que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos) y el derecho de portabilidad (que el interesado pueda solicitar recuperar sus datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable).

• Nuevas obligaciones para los responsables de ficheros. Las entidades que traten datos personales deberán cumplir con nuevos deberes organizativos (designación de un Data Protection Officer; registro de las actividades de tratamiento de datos; notificación de una violación de seguridad en 72 horas; entre otros).

• Transferencias internacionales de datos. La autorización de la Agencia Española de Protección de Datos dejará de ser necesaria para transferir datos a terceros países cuando se usen las “cláusulas contractuales tipo” adoptadas por la Comisión Europea o normas corporativas vinculantes.

• Autoridades competentes. La autoridad de control principal competente será la del lugar donde el responsable cuente con su establecimiento principal (en caso de grupos de empresas multinacionales radicadas en la UE, será la que se corresponda con su sede central de operaciones).

• Nuevo régimen sancionador. Se endurecen las sanciones en caso de incumplimiento, con multas de hasta 20 millones de euros o de hasta el 4% del volumen de negocios a nivel mundial del infractor.

• Ventanilla única. Opción mediante la que los responsables establecidos en varios Estados miembros o que estando en un solo Estado miembro y hagan tratamientos que afecten significativamente a ciudadanos en varios Estados de la UE, tengan una única autoridad de protección de datos como interlocutora.

• Seudonimización. Se introduce el concepto de datos codificados para cuando los datos no puedan atribuirse a un interesado sin recurrir a información adicional, separada y sujeta a medidas de seguridad que garanticen el anonimato del mismo.

• Evaluación de impacto. Las empresas deberán asumir la responsabilidad de evaluar el grado de riesgo que representa para las personas que sean objeto de tratamiento, debiendo realizar una evaluación de impacto cuando se prevea un alto riesgo para los derechos, libertades e intereses legítimos de las mismas

• Se introduce la figura de corresponsable del tratamiento cuando existan varios responsables o encargados que determinen los fines y los medios del tratamiento. Los encargados de tratamiento estarán sujetos a las mismas sanciones que los responsables. La vacatio legis de esta nueva norma es de dos años, por lo que no será obligatoria hasta el año 2018, permitiendo a las empresas prepararse y adaptarse a las nuevas exigencias.

que el Govern prevé aprobar antes de finalizar el año para iniciar el trámite parlamentario lo antes posible, liberaliza el periodo de rebajas y fija un máximo de 75 horas de apertura semanal, tres más que hasta ahora. También hay cambios para las panaderías con servicio de cafetería y terraza y para las paradas de mercados municipales que tengan un espacio para mesas, ya que una vez se apruebe la ley la licencia solo permitirá que el área de degustación equivalga a un 33% de la superficie del local, y en caso de que se requiera más espacio el establecimiento deberá solicitar la doble licencia.

Los juristas trasladan que está teniendo un “impacto brutal ” en las empresas, mientras se preparan demandas de trabajadores. Auguran más costes laborales y menos contratación. Pero es que no está claro si la sentencia afecta sólo a los trabajadores interinos o a todos los temporales, ni si los interinos deberán equipararse con el resto de temporales o con los fijos en el caso de que hagan la misma función que estos, apuntan los expertos. La mayoría de los juristas cree que los jueces tienen la potestad de aplicar la sentencia, pero consideran que sería aconsejable que el Gobierno realice los cambios legales pertinentes y marque una pauta, tarea de momento vetada a un Ejecutivo en funciones y que dejaría encima de la mesa del próximo Gobierno el impulso de una nueva reforma laboral. En lo que sí coinciden todos los consultados es en que este fallo puede llevar a la instauración del contrato único. También muestran su inquietud sectores como el de los call center, advierte del “efecto en el empleo: estamos hablando de incrementar indemnizaciones un 40%. Elevará los costes para el empresario y detraerá la contratación”

Se han producido 124 operaciones de este tipo en el año en curso. La Dirección General de Tributos advierte de la posibilidad de que las plusvalías afloren en la absorción. Una fórmula utilizada para evitar que las plusvalías de una sicav tengan que declararse es fusionar la sociedad con un fondo de inversión. Los socios de la sicav se convierten en partícipes del fondo a través de un canje. Así, invocando el régimen especial de fusiones, estos pueden mantener el diferimiento de las eventuales plusvalías que acumulen en la sociedad. Pero una reciente respuesta vinculante de la DGT pone en jaque que se mantenga esa ventaja. La respuesta de la DGT genera incertidumbre y habría que analizar si realmente las ventajas económicas justifican la operación.

No obstante, dicho administrador puede ser obligado a proteger su red mediante una contraseña  para poner fin a esas infracciones o prevenirlas. El Tribunal de Justicia de la UE confirma que, en caso de que se cumplan los tres requisitos antes mencionados, un prestador de servicios que facilita acceso a una red de comunicaciones no puede ser considerado responsable.

Es decir, casi todos los empleos creados en la primera parte del verano caducaron con el final de la temporada turística, de forma que el verano arroja un saldo positivo de apenas 9.000 afiliados, una muestra de que el empleo que se ha generado en los últimos meses no se distingue por su estabilidad. La duración media de los contratos temporales, que hasta junio era de 51 días, no ha hecho más que bajar en julio y agosto. De esta forma, los contratos firmados en agosto no llegaron de media al mes y medio. Según los datos del Ministerio de Empleo, de los 3,2 millones de convenios firmados en julio y agosto, prácticamente 800.000, el 24,4% del total, tenían una fecha de caducidad de una semana o menos. Y si a ellos se añaden los que duran algo más, el resultado sigue siendo similar: un 40% de los contratos firmados en julio y agosto no llegaban al mes de duración.