Crece la alerta ante la necesidad de planificar disponibilidades de caja suficientes para atender, entre el 1 y el 20 de octubre, los desembolsos requeridos. Mayor aún es la preocupación empresarial ante el mensaje lanzado por diversos expertos tributarios: si la medida es puntual provocará una caída de ingresos al año siguiente. Eso lleva a pensar, que existe una alta probabilidad de que una vez implantadas las medidas se prorroguen al menos en el medio plazo y hasta la recuperación de un mayor equilibrio presupuestario. Existe un problema añadido para las empresas con problemas de tesorería, y es que será más dificultoso obtener de la Agencia Tributaria un eventual aplazamiento de pago. Al tratarse de una medida extraordinaria con carácter de anticipo financiero, muchas solicitudes de aplazamiento pueden verse denegadas, explica el mismo informe.

por el que impondrá un tipo de “al menos” el 20% en los pagos a cuenta de las empresas que facturen más de 20 millones, previsiblemente en el Consejo de Ministros del 23 de septiembre, Así lo aseguró este martes el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria del ramo.  A estas alturas del año no está claro que los anticipos puedan cobrarse en el pago a cuenta de octubre, por lo que numerosos expertos auguran que recaudar 6.000 millones extraordinarios resultará muy complicado. De cualquier manera, solo el gesto de aprobar la modificación legal contendría la furia sancionadora de Bruselas, muy molesta con España por los sucesivos incumplimientos en materia fiscal desde que le abriera el procedimiento infractor por déficit excesivo en el año 2009.

llevar a cabo operaciones en el mercado, como la compraventa de acciones de la compañía, en los 30 días naturales previos a la publicación de la información financiera o de su avance. Tampoco podrán negociar con instrumentos de deuda de la compañía o con derivados u otros instrumentos financieros vinculados, ya sea por su cuenta o por cuenta de un tercero, directa o indirectamente. Ésta es una de las novedades que introduce en España la aplicación desde principios de julio del reglamento europeo sobre abuso de mercado, según explica la CNMV en un comunicado.

El juzgado de lo social nº 3 de Elche da la razón a una trabajadora que fue despedida y le reconoce un salario matemáticamente de acuerdo con la jornada del 80% de la habitual que realizaba, cuando el Fogasa establece unos límites más bajos. La mayor parte de la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia establece que en los contratos con jornada parcial se debe aplicar la tesis del fondo.

en el Impuesto de Sociedades comprometido con Bruselas para tratar de reconducir el déficit público, de los que se desprende que superaría el 20% para poder recaudar 6.000 millones adicionales en 2016 y que tendrá carácter permanente, lo que en la práctica supondrá una subida del impuesto. En el caso del IRPF, el organismo señala que pese a la subida de los salarios, la rebaja del impuesto ha reducido la recaudación un 2%, lo que dejaría el impuesto muy por debajo de lo presupuestado. AIReF cree que el superávit de los ayuntamientos será en 2016 inferior al de años anteriores, debido a la finalización del periodo de aplicación de tipos incrementados en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la relajación en la interpretación de la regla de gasto y la aplicación “poco rigurosa” de las medidas correctivas.

En general, son conscientes de la necesidad de tener el seguro de responsabilidad civil, pero no lo son tanto de la importancia de protegerse de la exposición de su patrimonio ni de la previsión social corporativa ni al realizar ventas al exterior, según se ha constatado en la jornada Impulsado Pymes, que se ha celebrado en Zaragoza. Es importante que las pymes tengan en cuenta tres vertientes de protección. Y también hay que ser consciente de los riesgos que se van asumiendo conforme se transforman los negocios. De hecho, uno de los errores es no protegerse cuando se exporta o se vende por Internet.

(140.322) se podrían haber evitado si se hubiera cumplido con la ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente en España desde hace 20 años. En una nota de prensa, el sindicato afirma que en esos puestos de trabajo los siniestros se produjeron porque no se había realizado la evaluación de riesgos y, por ello, subraya la necesidad de reforzar la prevención en el trabajo. El sindicato insiste en que los accidentes sin baja además de ser más numerosos siguen ascendiendo respecto a 2014, en un 2,4%.

La Sala Tercera del TS ha dictado varios autos en los que plantea cuestión de inconstitucionalidad contra doce artículos de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, al tener dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en dicha norma: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos.

pero tampoco en aquellos países donde el ‘compliance’ está más arraigado. Salvo las grandes compañías del Ibex 35, las empresas españolas no destacan por haberse adaptar al nuevo Código Penal, que establece la responsabilidad de la compañía por los delitos que comentan sus empleados. A nivel internacional, cuatro de cada diez consejeros delegados no tiene entre sus prioridades la prevención de delitos por parte de sus empleados. La percepción de los directivos es que este tipo de herramientas sólo preocupa cuando afecta a nivel económico, es decir, a los objetivos de ventas. Sin embargo, sólo en el 9% de los casos se tiene en cuenta las consecuencias legales de un fraude o un delito de corrupción, a pesar de que un único problema de este tipo puede llegar a suponer hasta la disolución de la compañía por orden judicial.

de los últimos cuatro años, en concreto, desde abril de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015. Así lo cuentan sus abogados y así lo muestran varias sentencias que han estimado sus reclamaciones, ya que la Seguridad Social las deniega. En el caso del transporte, estas compañías han pagado a la Seguridad Social un 6,7% de cotización, tres puntos más de lo debido, cuando este tipo sólo es aplicable a las empresas que tienen en sus plantillas a conductores de vehículos pesados, pero cuya actividad principal no es el transporte por carretera. Esto es lo que se deduce de unas recientes sentencias de la Audiencia Nacional que están sirviendo de base para las solicitudes de devolución, trasladan desde Hispajuris.